Caminos interdisciplinarios de investigación en ciencias sociales
para la preservación ambiental

Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades

Área Académica de Trabajo Social

Portada: Campesinos de la localidad indígena de Huitzotlaco realizando una faena de conservación de espacios comunales. Fotografía de Jorge Dolores Bautista.

Este libro fue dictaminado por pares académicos.

Caminos interdisciplinarios de investigación en ciencias sociales para la preservación ambiental

Jorge Dolores Bautista

Raúl García García

(Coordinadores)

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Pachuca de Soto, Hidalgo, México

2022

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Adolfo Pontigo Loyola

Rector

Saúl Agustín Sosa Castelán

Secretario General

Marco Antonio Alfaro Morales

Coordinador de la División de Extensión de la Cultura

Alberto Severino Jaen Olivas

Director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades

Fondo Editorial

Asael Ortiz Lazcano

Director de Ediciones y Publicaciones

Joselito Medina Marín

Subdirector de Ediciones y Publicaciones

Primera edición electrónica: 2022

D.R. © Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Abasolo 600, Col. Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, México, C.P. 42000

Dirección electrónica: editor@uaeh.edu.mx

El contenido y el tratamiento de los trabajos que componen este libro son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

ISBN: 978-607-482-660-9

Esta obra está autorizada bajo la licencia internacional Creative Commons Reconocimiento – No Comercial – Sin Obra Derivada (by-nc-nd) No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Para ver una copia de la licencia, visite https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.

Hecho en México/Printed in México

Este libro es un producto de investigación derivado del Proyecto Prodep No. 2018-0051 “Preservación Participativa del Patrimonio Biocultural de los Territorios Indígenas de la Huasteca Hidalguense: hacia una Estrategia de Políticas Públicas para la Adaptación al Cambio Climático”.

Índice

Introducción general

PRIMERA PARTE: EDUCACIÓN AMBIENTAL

1. Enfoques pedagógicos y procesos de aprendizaje en la acción socio-ambiental

Helio Manuel García Campos y Gerardo Alatorre Frenk

1.1. Introducción

1.2. Educación ambiental, pedagogía y currículo

1.3. Hacia una perspectiva descolonizada de la educación ambiental

1.4. Ámbitos de aprendizaje: algunos rasgos y expresiones importantes

1.5. Uso de una diversidad de espacios educativos

1.6. Construir códigos compartidos para la toma de decisiones

1.7. Relacionar las diferentes escalas de los procesos

1.8. El diálogo de los saberes y la noción de transdisciplinariedad

1.9. Reconocimiento y aprendizaje de lo político

1.10. Conocimiento y manejo de herramientas legales

1.11. El aprendizaje de la esperanza

1.12. Conclusiones y perspectivas

Referencias

2. Educación ambiental en áreas naturales protegidas. El caso de la Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán

Araceli Jiménez Pelcastre, Raúl García García y Daniela Rubio Chávez

2.1. Introducción

2.2. Educación ambiental

2.3. Promoción de la educación ambiental por el sector gubernamental en México

2.4. Áreas naturales protegidas

2.5. La Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán

2.6. La educación ambiental en la RBBM

2.6.1. Procesos de sensibilización, contribuciones

2.6.2. Formación en los espacios escolares

2.6.3. Corresponsabilidad en la gestión

2.6.4. Manejo de la contaminación y retos

2.7. Consideraciones finales

Referencias

3. Educación ambiental: una intervención exitosa para el combate del crimen organizado en un centro de educación y cultura ambiental de Saltillo, Coahuila

Laura Fabiola Núñez Udave y Laura Karina Castro Saucedo

3.1. Introducción

3.2. Formulación e implementación metodológica del programa de intervención educativo-ambiental en el Parque Ecológico El Chapulín

3.3. Los gobiernos de México: reflexiones desde la guerra contra el narcotráfico y la educación ambiental

3.4. Educación ambiental: un proceso de transformación social en el Parque Ecológico El Chapulín

3.5. Investigación-acción: un proceso cíclico de éxitos, logros y retroalimentación en el Parque Ecológico El Chapulín

3.6. Conclusión

Referencias

SEGUNDA PARTE: CAMBIO CLIMÁTICO

4. Cambio climático, bioculturalidad y territorios indígenas de la Huasteca hidalguense

Jorge Dolores Bautista

4.1. Introducción

4.2. El cambio climático, ¿la principal amenaza a la humanidad?

4.3. El consenso internacional para actuar contra el cambio climático

4.4. La bioculturalidad y la esperanza para la vida humana

4.5. Saberes, organización comunitaria y cambio climático

4.6. El cambio climático en territorios indígenas de la Huasteca hidalguense

4.7. La adaptación al cambio climático y otras experiencias de preservación

4.8. Conclusiones

Referencias

5. Experiencia de la adaptación basada en ecosistemas de montaña (ABE) en la reserva paisajística Nor Yauyos Cochas (2012-2016)

Benito Elmer Segura Jiménez

5.1. Introducción

5.2. Enfoque de adaptación basada en ecosistemas de montaña (ABE)

5.3. Reserva paisajística Nor Yauyos-Cochas (RPNYC)

5.4. La metodología: el diagnóstico rural participativo integrado (DRPI) y la etnografía

5.5. Las comunidades

5.5.1. Canchayllo

5.5.2. Miraflores

5.6. Problemática frente al cambio climático

5.7. Medidas AbE implementadas

5.7.1. Medida AbE implementada en Canchayllo.

5.7.2. Medida AbE implementada en Miraflores

5.7.3. Generando los primeros cambios e impactos

5.8. Resultados de la medida “Rehabilitación de humedales y gestión comunitaria de praderas nativas” (Canchayllo)

5.8.1. Infraestructura Verde Gris

5.8.2. Fortalecimiento organizativo

5.8.3. Fortalecimiento de capacidades y comunicación

5.9. Resultados de la medida “Conservación y ampliación de humedales y gestión comunitaria de praderas altoandinas” (Miraflores)

5.9.1. Infraestructura Verde Gris

5.9.2. Resultados de fortalecimiento organizativo

5.9.3. Resultados del fortalecimiento de capacidades y comunicación

5.10. Conclusiones

Referencias

6. Retos de los proyectos sociales de producción rural de Hidalgo en el contexto del cambio climático

Ruy Mario Cuevas Romero y Flora María Cornejo Oviedo

6.1. Introducción

6.2. El estado de Hidalgo

6.3. Retos en el ejercicio de políticas públicas para el sector rural en Hidalgo

6.4. Planteamiento de soluciones

6.5. Un caso de estudio: productores de nopal

6.6. Algunos tópicos del cambio climático y su relación con la producción agrícola

6.7. Breve reseña de un diagnóstico del cambio climático en Hidalgo.

6.8. Estableciendo alianzas en la gestión de proyectos locales

6.9. Conclusiones

Referencias

TERCERA PARTE: GÉNERO Y DERECHOS AMBIENTALES COLECTIVOS

7. Mujeres y territorio: arraigo, identidad y defensa. Andanzas y sueños de mujeres rurales e indígenas en el estado de Hidalgo

Karina Aidé Arriaga Chiapa

7.1. Desarrollo sostenible, ¿para quién?

7.2. Políticas y reformas neoliberales sobre el campo mexicano

7.3. Del contexto: comunidades ñuhus en Hidalgo, pueblos en resistencia

7.4. Andanzas de las mujeres por la defensa y construcción de un territorio digno: desigualdad histórica y multidimensionalidad al significar su relación con la tierra

7.5. De las mujeres que ponen la vida y los sueños en el territorio

Referencias

8. Las mujeres y su actuar en el desarrollo sustentable

Lilia Zavala Mejía y Jesús Andrés Yocupicio Castillo

8.1. Introducción

8.2. Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

8.3. Oportunidades equilibradas

8.4. Desarrollo sustentable

8.5. Mujeres-naturaleza. Desafíos y propuestas

8.6. Ecofeminismo: ¿cómo lograr el equilibrio entre el desarrollo sustentable y la diversidad y la participación de las mujeres.

8.7. Enfoque de equidad de género en el diseño de políticas públicas ambientales

8.8. Experiencia femenina de éxito en manejo de los recursos naturales

8.9. Conclusiones

Referencias

9. Derecho al agua como un derecho humano y fundamental de las comunidades indígenas de México

Ismael Aguillón León y Cinthia Bautista Bautista

9.1. Introducción

9.2. Derechos humanos y fundamentales en la Constitución mexicana

9.3. Protección del derecho al agua desde los derechos humanos y fundamentales en las leyes federales medioambientales mexicanas

9.4. Derechos difusos y colectivos para reclamar el derecho al agua, como un legítimo derecho de las comunidades indígenas

9.5. Desconocimiento de derechos colectivos en la Constitución de 1824

9.6. Evolución de los derechos colectivos en la Constitución de 1857

9.7. Derechos colectivos en la Constitución de 1917

9.8. Los derechos colectivos en la jurisprudencia mexicana

9.9. La lucha por el reconocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos por parte del Estado..

9.10. La política del reconocimiento

9.11. Carta democrática interamericana aplicada en México en pro de los derechos humanos y fundamentales de las comunidades indígenas

9.12. Conclusiones

Referencias

Conclusiones generales

Introducción general

“Cuando el destino nos alcance” (Richard Fleischer, 1973) es el título de una polémica película de ciencia ficción ambientada en el año 2022, en la que se muestra una realidad social caótica causada por el colapso medioambiental, la crisis alimentaria generalizada y el uso totalitario de la tecnología para mantener los privilegios de las clases dominantes. El año en que se narra esta cinta está a la vuelta de la esquina, y si bien no hemos alcanzado el punto del colapso ambiental, hay fuertes indicios, como el cambio climático y la inesperada pandemia de Covid-19, que muestran que podríamos estar muy cerca de eso.

Un sector importante de la humanidad es consciente de este peligro y considera que es necesario tomar cartas en el asunto. Así lo demuestra la firma del acuerdo internacional conocido como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en donde se enumeran los 17 problemas prioritarios que la humanidad debe atender para asegurar su futuro, entre los que se encuentran: la alimentación, el medio ambiente y la tecnología (ejes centrales de la película de Fleischer). Este documento fue firmado en la ciudad de Nueva York en el año 2015, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, con perspectiva transversal. Es decir, que tendrían que ser incorporados a las agendas públicas de los gobiernos firmantes, quienes además tendrían que propiciar la participación ciudadana para su realización. Se considera que ninguno de los objetivos es más importante que otro, por lo que para cumplirlos es fundamental la cooperación y la coordinación. Para asegurar su cumplimiento, serían objeto de seguimiento de acuerdo con las características de cada país, teniendo como eje el desarrollo de metas e indicadores a cumplirse en el año 2030.

Sin embargo, los ODS están muy lejos de ser alcanzados. Así lo confirman estudios e informes que coinciden en señalar que el tiempo transcurre muy rápido y que hay muchos factores en contra de las ambiciosas metas. Entre estos, destacan los que a nivel global implican un cambio en las políticas ambientales causadas por el ascenso al poder de líderes de derecha en países como Estados Unidos y Brasil, los cuales han dado marcha atrás en acuerdos importantes sobre combate a la pobreza, producción de energía y protección ecológica. Incluso, la no ratificación de acuerdos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero por parte de Estados Unidos, ha implicado que el financiamiento hacia las instancias ejecutoras de estos acuerdos se haya visto debilitado, lo que afectó su capacidad de operación. Así mismo, los obstáculos también existen a nivel nacional y local, ya que, si bien los ODS tienen el aval por parte de la gran mayoría de los países del mundo, no todas las naciones tienen las mismas capacidades financieras, políticas y técnicas para incorporarlos en sus respectivas agendas.

De este modo, el panorama luce muy acotado, y si a ello le aunamos lo poco que se ha hecho para dar a conocer la agenda de los ODS entre la población, situación que se repite a nivel de gobiernos estatales y municipales, es muy probable que como con los llamados Objetivos de Desarrollo del Nuevo Milenio, los ODS no pasen de ser más que una agenda de buenas intenciones. Por lo tanto, resulta de la más alta importancia dar un nuevo impulso a esta agenda, con la finalidad de hacer frente a situaciones que requieren acciones urgentes. Entre estas, y probablemente las más importantes, la relacionadas con el cambio climático, un tema que hasta la última década del siglo pasado sólo estaba presente en una reducida comunidad de especialistas del clima y de los fenómenos hidrometeorológicos, y que hoy en día, ha escalado para ser parte de las charlas cotidianas.

Aunque desde finales del siglo XIX se sabe que la naturaleza del clima es inestable y de cambios cíclicos que han causado transformaciones planetarias generalizadas, fue hasta 1975, cuando Wallace S. Broecker publicó un artículo científico, donde se empleó el término “cambio climático” (ver nota 1). Este concepto describe un conjunto de fenómenos que indicaban una transformación climática que, a diferencia de otras, no sería gradual, y cuyas consecuencias estaban muy lejos de ser pronosticadas en el momento que lo escribió.

Desde entonces, han pasado más de cuarenta años y todos sabemos, porque en distintas formas lo hemos experimentado, que el cambio climático ha implicado la transformación de las temporadas de lluvia, calor, viento, sequía o frío. Así lo hemos atestiguado en las últimas tres décadas con la formación de poderosos huracanes como “Gilberto” (1988) que causó graves daños en Centroamérica, el Caribe y el territorio mexicano. Una situación similar sucedió cuando el huracán “Katrina” (2005) destruyó la ciudad de Nueva Orleans, el peor desastre en Estados Unidos ocasionado por causas naturales.

Hemos visto, también, que las ciudades experimentan cada año elevaciones de su temperatura. En contraste, se han presentado oleadas de frío en épocas inusitadas. De igual modo, han sucedido terribles incendios forestales en todo el mundo, como los acontecidos en California y Portugal en 2019, que causaron la muerte de personas que vivían en zonas de alto poder adquisitivo, donde comúnmente el riesgo no solía ensañarse. Por otro lado, los periodos de sequía están socavando la producción de alimentos y vulneran de forma dramática la economía de países cuyo principal sostén es la agricultura, muchos de estos entre los más pobres del mundo.

De todas las manifestaciones que indican que algo está cambiando en el clima, no puede omitirse la que para miles de millones de humanos es una gran calamidad: la escasez de agua. Debido a la inadecuada gestión, el aumento de la población, la poca o insuficiente inversión en infraestructura hidráulica, el desperdicio del agua pluvial y la alteración de los ciclos de lluvia con su impacto en el almacenaje hídrico, una gran cantidad de ciudades de distintos tamaños están al borde de crisis de agua generalizada. El ejemplo más reciente de esto sucedió en 2018, cuando Ciudad del Cabo, Sudáfrica, tuvo que realizar el más radical racionamiento de agua para consumo humano ante la insuficiente cantidad de líquido. En el caso de México, en muchos lugares del país se ha vuelto cotidiano el tandeo y abasto de agua potable en pipas, algo que hasta finales del siglo pasado sólo acontecía en las periferias marginadas del área metropolitana de la Ciudad de México.

Lo anterior muestra un escenario donde el malestar social se hace más evidente; sin embargo, estamos frente a una situación cuya particularidad no sólo implica la movilización ciudadana para la demanda de los servicios. En realidad, estamos frente a un cúmulo de situaciones inéditas que requieren el involucramiento de la gente para revertir, aminorar o detener todo este tipo de situaciones. Es probable que para muchos suene a exageración, pero se trata de realizar acciones para dar esperanza a la humanidad, ya no de un porvenir, sino de evitar un colapso hacia finales de este siglo. Es decir, se trata de evitar que nos alcance el futuro de la historia de la película señalada al principio de este texto.

De lo anterior, resultan preguntas simples, pero fundamentales para que desde las ciencias sociales se diseñen estrategias de producción de conocimiento e intervención ante el desafío planteado. Las preguntas son: ¿qué debemos hacer?, ¿qué podemos hacer? y ¿qué se está haciendo? Con base en estos cuestionamientos, los trabajos de este libro reúnen una obra que describe la importancia de la educación ambiental, la investigación como acción participativa, la colaboración interdisciplinaria y el uso de herramientas legales como elementos para construir confluencias de actores y soluciones creativas, para actuar de manera integral ante la dimensión de los problemas ambientales.

Así mismo, el libro nace como un producto de investigación en el campo del trabajo social, disciplina donde los temas ambientales han adquirido notoriedad durante el presente siglo, debido a la claridad con que se ha mostrado la correlación entre bienestar social y calidad ambiental. En este plano, el libro desarrolla trabajos de investigación cuya estructura teórica y metodológica coincide en la necesidad de que la investigación social construya mecanismos de aplicación del conocimiento, en conjunto con poblaciones que están experimentando preocupantes deterioros ecológicos de sus entornos de vida. Estos trabajos fueron presentados durante distintos momentos de 2019, en el Primer Seminario de Investigación, Acción y Preservación Ambiental, organizado y coordinado por investigadores del Área Académica de Trabajo Social de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Conforme a esto, el libro está dividido en tres partes: Educación ambiental, Cambio climático, Género y derechos colectivos.

La primera sección, denominada “Educación ambiental”, abre con un análisis de la organización colectiva como elemento principal para actuar de manera coordinada contra los problemas socioambientales. Esto es lo que Helio Manuel García Campos y Gerardo Alatorre Frenk abordan en el trabajo titulado “Enfoques pedagógicos y procesos de aprendizaje en la acción socio-ambiental”. Aquí se analiza el papel que tiene la educación ambiental formal e informal para propiciar y fortalecer procesos de sustentabilidad, que en algunos casos pueden estar orientados a formas de “buen vivir”, es decir, a procesos que no sólo tienen como objetivo el bienestar social y el cuidado del medioambiente, sino la construcción de formas alternativas de vida al progreso.

El próximo capítulo establece como eje central que para que toda acción de preservación sea exitosa, debe estar acompañada de procesos de carácter educativo formal propios de las instituciones escolares y de los que se desarrollan en los espacios de conservación. Este tipo de experiencias son las que enmarcan el trabajo de Araceli Jiménez Pelcastre, Raúl García García y Daniela Rubio Chávez, titulado “Educación ambiental en áreas naturales protegidas. El caso de la Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán”. Aquí se hace un minucioso recuento de la inclusión de la dimensión ambiental en los currículos de la educación mexicana. Se hace también un detallado análisis de la inclusión de este componente en la estructura organizativa de grupos de la sociedad civil que se aglutinan en torno a proyectos productivos de carácter ecológico, como los asentados en la Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán, el área natural protegida más importante del estado de Hidalgo.

En el siguiente capítulo se demuestra que la educación ambiental ofrece altas posibilidades de educar a nuevas generaciones en una perspectiva menos depredadora, pero también para rescatar los espacios públicos que han caído en poder de organizaciones delictivas. Esto es lo que presentan Laura Fabiola Núñez Udave y Laura Karina Castro Saucedo, en su trabajo “Educación ambiental: una intervención exitosa para el combate del crimen organizado en un centro de educación y cultura ambiental de Saltillo, Coahuila”. En este caso, se trata el rescate del Parque Ecológico El Chapulín, espacio de recreación y conservación ecológica de la ciudad de Saltillo, que se convirtió en un espacio tomado por los carteles del narcotráfico para la realización de actividades ilícitas. Este es un proyecto en marcha que se realiza en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Coahuila.

La segunda sección, nombrada “Cambio climático”, inicia con el estudio de un proceso de investigación orientado al desarrollo de acciones colectivas que deben ser promovidas en territorios, que por su bioculturalidad, pueden ser considerados como estratégicos para la salud de los ecosistemas, pero altamente vulnerables al cambio climático. Este es el tema que Jorge Dolores Bautista desarrolla en el trabajo titulado “Cambio climático, bioculturalidad y territorios indígenas de la Huasteca hidalguense”, donde se analizan las afectaciones del cambio climático a mediano plazo en torno a la escasez de agua para consumo humano. Se aborda la necesidad de atender las proyecciones que indican que esa región indígena de Hidalgo será la más afectada durante la presente década, por las variaciones de temperatura y precipitación pluvial. Frente a la dimensión del problema, se propone aprovechar el potencial de los saberes colectivos de los pueblos indígenas de la región, como una forma de aprovechar las experiencias que indican que la coexistencia ambiental es posible.

El siguiente capítulo analiza las acciones que han tomado poblaciones campesinas de los Andes Centrales del Perú frente a los efectos del cambio climático en los ecosistemas de la alta montaña. Este es el trabajo de Benito Elmer Segura Jiménez, “Experiencia de la adaptación basada en ecosistemas de montaña (ABE) en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas (2012-2016)”, donde narra una experiencia local de adaptación al cambio climático. En este capítulo se aborda el papel del Instituto de Montaña para desarrollar proyectos de recuperación de tecnologías ancestrales, cuyo uso resulta ser muy benéfico para la salud de los ecosistemas de montaña, y para incentivar procesos de desarrollo rural. Se destaca de manera particular lo adecuado que resulta el uso de metodologías de investigación acción participativa (IAP), para lograr la inclusión de la población local en la resolución de sus propias problemáticas.

En el siguiente capítulo se argumenta porqué los territorios rurales deben ser considerados como estratégicos para la conservación, pero también como espacios productivos que, bajo los principios de la agroecología y la sustentabilidad, brinden beneficios económicos a sus habitantes. Este es el tema que desarrollan Ruy Mario Cuevas Romero y Flora María Cornejo Oviedo, en su trabajo titulado “Retos de los proyectos sociales de producción rural de Hidalgo en el contexto del cambio climático”, donde también abordan las incidencias del cambio climático en la producción de alimentos. Específicamente, se concentran en las zonas productoras de nopal del estado de Hidalgo, donde estudian la organización de los grupos de productores para mantener viva esta actividad, mediante alianzas cuya finalidad es incidir en la formulación de políticas públicas que atiendan sus problemáticas.

La tercera sección, “Género y derechos colectivos”, aborda en primera instancia los procesos de resistencia política que han desarrollado mujeres indígenas de la Sierra Otomí Tepehua, Hidalgo. Esto es lo que Karina Aidé Arriaga Chiapa analiza en su trabajo “Mujeres y territorio: arraigo, identidad y defensa. Andanzas y sueños de mujeres rurales e indígenas en el estado de Hidalgo”, donde examina las situaciones a las que tienen que enfrentarse las mujeres indígenas de la Sierra Otomí Tepehua para defender su territorio. En esa región, las mujeres tienen que enfrentar, además de las violencias cotidianas y estructurales, el embate de la depredación de sus bosques, así como la invasión de sus territorios por parte de empresas energéticas que desarrollan el proyecto del gasoducto Tuxpan-Tula.

Por su parte, Lilia Zavala Mejía y Jesús Andrés Yocupicio Castillo, en el trabajo “Las mujeres y su actuar en el desarrollo sustentable”, abordan la importancia de las mujeres en los procesos de desarrollo sustentable, conservación y conciencia ambiental. En particular, analizan los Objetivos de Desarrollo Sostenible como elemento central que legitima y profundiza la inclusión de la perspectiva de género en todo ámbito público, no siendo ajeno a ello el tema ambiental. Describen la relación del género con el desarrollo sustentable y profundizan en el ecofeminismo, corriente de pensamiento que es contundente en su crítica a las relaciones utilitarias del sistema económico patriarcal con los recursos naturales. Concluyen con un llamado a la formulación de políticas públicas de preservación ambiental con perspectiva de género.

En el último capítulo se analiza el papel de la dimensión legal, sin duda alguna una herramienta fundamental para la efectividad de las acciones colectivas. En este sentido, una nueva generación de derechos humanos se concibe como un conjunto de instrumentos que puede fortalecer la protección del bienestar social y ambiental. Esto es lo que desarrollan Ismael Aguillón León y Cinthia Bautista Bautista en su trabajo “Derecho al agua como un derecho humano y fundamental de las comunidades indígenas de Hidalgo, México.”

El lector tiene una obra completa, que abarca muchas aristas y establece un camino transdiciplinario hacia el conocimiento de lo ambiental como factor esencial para la preservación de la humanidad. Es un libro que recoge varias experiencias, pero sobre todo es enfático en tomar cartas en el asunto para promover la educación ambiental en todos los niveles académicos y los espacios extraescolares, actuar contra el cambio climático, fortalecer la presencia de las mujeres en estos procesos y en usar de manera creativa los elementos de carácter legal para la defensa de los territorios.

PRIMERA PARTE: EDUCACIÓN AMBIENTAL

1. Enfoques pedagógicos y procesos de aprendizaje en la acción socio-ambiental. Por Helio Manuel García Campos1 y Gerardo Alatorre Frenk2

1.1 Introducción

En toda iniciativa o experiencia colectiva donde se conjugan los intereses de las personas en torno a la defensa o el mejoramiento del medio ambiente, de los territorios, de sus recursos, por una mayor calidad de vida o una mejor alimentación, aunque no se enuncien o expliciten, los aprendizajes y la compartencia de saberes siempre se dan, en el contexto de luchas específicas, de las que afortunadamente hay muchas por el país y el mundo, que no siempre derivan en los triunfos o las victorias que se esperan cuando inician. Pero también se aprende mucho de los tropiezos, las frustraciones y las luchas perdidas.

Existen en el ánimo de quienes se involucran en un movimiento o una organización ambientalista, una indignación y el sentimiento de atropello a los derechos que están claramente plasmados en las leyes, o la simple lucha por la sobrevivencia o por la subsistencia digna, pero también están presentes visos de esperanza. Las personas se llegan a preguntar, entonces, si es realmente viable pensar que la sustentabilidad es la respuesta, habiéndose establecido como una perspectiva abarcadora que permitiría superar muchos de los problemas del desarrollo y la modernidad.

Pero la búsqueda de la sustentabilidad u otras perspectivas afines, ahora más conocidas, también con sus diferencias y mayor potencial inspirador, como por ejemplo “el buen vivir”, conlleva aprendizajes y, muy probablemente, los más valiosos de estos se gestan y producen en condiciones situadas y reflexionadas. Conocer y acceder a experiencias existentes que vienen a ser una buena representación de los caminos del ambientalismo de hoy, abona a este aprendizaje necesario. El conocimiento y la sistematización de lo que han construido las organizaciones, las personas y las redes, también en muchos casos con la colaboración de las instituciones públicas o privadas, permiten aportar bases claras para el proyecto social.

El telón de fondo está configurado por la confrontación de diferentes visiones del desarrollo. Por un lado, la visión de un Estado, cuyos actores se amoldan a los discursos de siempre, y a los nuevos, como el de la sustentabilidad; por otro, la de sectores de la sociedad que atestiguan o sufren las consecuencias de los proyectos atentatorios a los derechos ambientales y buscan nuevas vías de intervención socioambiental (Paré y García, 2018:18).

Presentamos aquí una compilación de reflexiones, ensayos, hallazgos y perspectivas que se han ido desarrollando y siguiendo con otros colegas durante los años recientes, en torno al potencial de la educación ambiental para la sustentabilidad en los ámbitos principalmente no formales, tomando en cuenta la experiencia propia y de los colectivos donde se participa y de donde se abreva. Es decir, junto con varios coautores, colegas y cómplices, con quienes se ha reflexionado y escrito sobre este y otros asuntos similares, claramente hemos intentado, desde la academia, establecer que “no somos observadores externos del proceso (…) Hemos participado, desde hace tres décadas, en procesos educativos y de activismo socioambiental en Veracruz (…) A finales de la década de los ochenta surge el movimiento antinuclear; al principio de los noventa, la Red de Información y Acción Ambiental de Veracruz (de cuya lista de correo somos moderadores), y en 2010, la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental” (Alatorre y García, 2019).

Tenemos una fuerte convicción de que lo educativo ambiental es una dimensión clave en el tránsito hacia sociedades sustentables, y por eso también hemos estado atendiendo a la discusión y reflexiones que por muchos años se han venido dando, y que no han dejado de re-editarse ocasionalmente, en torno a las nociones de educación para el desarrollo sustentable (EDS) y de educación ambiental.

En años recientes la educación que ha ocupado el lugar hegemónico ha sido la educación para el desarrollo sustentable (EDS), pues se la ha integrado al discurso de las instituciones de gobierno, de las corporaciones privadas y de numerosas organizaciones de la sociedad civil, que no han construido un enfoque crítico con respecto de las corrientes que, desde el status quo –y con un enfoque instrumental, voluntarista y débil en sus bases conceptuales–, financian diversas iniciativas de educación ambiental.

Al mismo tiempo, se han formado corrientes que sí tienen una mirada crítica, como mostró Lucie Sauvé (2004) en su cartografía de corrientes de educación ambiental. Coincidimos con Lotz-Sisitka (2016) cuando señala que hay toda una gama de actores no estatales que no se dejan llevar por las corrientes hegemónicas. Estos actores no forzosamente enarbolan la bandera de la educación ambiental y han establecido relaciones con organizaciones y colectivos implicados en las luchas en defensa de los territorios: la resistencia ante el embate de los megaproyectos, la búsqueda de estrategias de buen manejo de los bienes comunes, y la incidencia (hasta donde resulte posible) en políticas públicas relacionadas con la agricultura y la amenaza de los transgénicos, la alimentación y la defensa de la biodiversidad y de los bosques, entre otras. Ha resultado evidente que estas experiencias han adquirido relevancia como espacios de aprendizaje, y ofrecen pistas para reforzar las estrategias pedagógicas de las organizaciones movilizadas, independientemente de si reivindican o no el carácter educativo de sus enfoques y su práctica.

Coincidimos por ello (cf. Alatorre y García, 2019) con lo que señalan Sauvé y Orellana (2008) en relación con la imposibilidad de concebir a la equidad, a la justicia y a la ecojusticia al margen de la esfera política. En otras palabras, para evitar la complicidad con un status quo injusto, se requiere hacer una lectura política del espacio público, incluyendo a la educación y al ambiente, y considerar de manera crítica las relaciones de poder que los atraviesan.

La explicitación de la dimensión educativa-pedagógica en la acción de quienes están enfrentando directamente las problemáticas socio-ambientales en el territorio, puede contribuir a profesionalizar estas luchas y a comunicar sus aprendizajes a otros actores involucrados en procesos similares. Los sistemas insustentables cuentan con el respaldo de todo un sistema económico y político, por lo cual resulta difícil transformarlos. La construcción de capacidades técnicas, organizativas, jurídicas y políticas en las organizaciones se convierte en una condición sine qua non, y en esta medida la investigación, la formación y la autoformación, adquieren un papel crucial en el fortalecimiento de los movimientos que buscan la transformación de los procesos.

El enfoque que asumimos para abordar las cuestiones pedagógicas parte de los sujetos y de sus contextos. Vemos lo educativo como un proceso dinámico y dialéctico. Consideramos que sus fines y metodologías deben definirse de manera colaborativa. En este enfoque retomamos aportes de diversas corrientes: la enseñanza situada (cf. Díaz Barriga, 2006), la pedagogía del lugar (cf. Hensler y García, 2017) y lo que Sobel (2004) y Orr (2013) llaman placed based education. Con este herramental conceptual podemos aproximarnos a los procesos de aprendizaje y a las relaciones de estos con lo que las personas y los colectivos viven y sienten, así como con las motivaciones que los hacen movilizarse.

1.2 Educación ambiental, pedagogía y currículo

Para enmarcar lo anterior, es conveniente avanzar en una comprensión de las relaciones entre la educación ambiental y la pedagogía ambiental. Se coincide con Tovar Gálvez (2013), quien identifica una clasificación amplia de tres corrientes curriculares: una de carácter positivista, otra de carácter hermenéutico y una última de carácter crítico. De estas, las dos últimas se consideran convenientes como referencias en el desarrollo de este capítulo, puesto que toman en cuenta a los sujetos y sus contextos, así como un proceso dialéctico en el que se definen esencialmente los fines de los co-aprendedores en el proceso.

Si bien nos podríamos ubicar propiamente en el campo de la pedagogía, es necesario dar cuenta de otras orientaciones que se relacionan con la pedagogía académica, las cuales no logran dar cuenta de las expresiones de otras vertientes que podríamos considerar currículo complejo. Si bien, generalmente, se da por entendido que el concepto de currículo se aplica exclusivamente a lo escolarizado, por su propia naturaleza también supone obligase a romper o transgredir esquemas convencionales de los ámbitos escolares.

Esto último está relacionado con el planteamiento de María Bertely (2014), quien hace referencia a casos que, por su perspectiva estándar escolarizada, tienden a dar preeminencia a los saberes expertos, que se buscaría proporcionar a sujetos destinatarios de la educación. Este es el caso de la educación para el desarrollo sustentable, ya sometida a crítica como perspectiva colonizadora que pretende sustituir a la educación ambiental, al menos en México y Latinoamérica (González, 2008). Partir del concepto de desarrollo sustentable (sobre todo si no se toman en cuenta las diferentes gradaciones propuestas por Gudynas (2009), entre otros, sustentabilidad débil, fuerte y superfuerte), puede llevar a que prevalezca un currículo oculto, impulsado y asumido sobre todo entre sectores que detentan los poderes económico y social, las clases sociales privilegiadas de un país o región, currículo en el que se hacen evidentes las contradicciones que presenta una vida moderna, pero insustentable.

Lo anterior termina condicionando las posibilidades de una educación ambiental cuestionadora y, por lo tanto, favoreciendo visiones de expertos poco críticos y centrados en una sola perspectiva del conocimiento (como la ciencia normal), lo que de manera inadvertida fortalece, la mayoría de las veces, enfoques homogeneizantes y afines al status quo, claramente contrastante con la perspectiva de diversidad que está emergiendo y que promueve, más bien, una equidad epistemológica entre culturas.

La propuesta de Bertely coincide con otros autores en la corriente que puede denominarse las “otras alfabetizaciones”, necesarias de reconocer para enriquecer las perspectivas pedagógicas, curriculares y educativas (alfabetizaciones ética, territorial y jurídica, de los derechos indígenas o locales, etcétera). La noción de otras alfabetizaciones se refiere a una manera diferente de mencionar y sustanciar lo que nosotros podríamos considerar visiones diferentes o corrientes específicas del campo de la educación. En el caso de la educación ambiental, tenemos el caso de la ecopedagogía (Gadotti, 2002; Kahn, 2010) derivadas de una perspectiva freireana de la educación ambiental, e incluso aquella inspirada en Illich, manejada por Conde (2015) como una educación ambiental incidental, y la educación popular ambiental (Esteva y Reyes, 1996; Esteva, 1999). Estas corrientes de la educación crítica permiten, o intencionan, la posibilidad de enarbolar la perspectiva del diálogo de saberes (Leff, 2004), reconociendo implícitamente que al existir una ecología de saberes (Santos, 2009) se le hace mayor justicia a la diversidad y se promueve una equidad epistémica, desde un punto de vista cultural y social.

1.3 Hacia una perspectiva descolonizada de la educación ambiental

De los pendientes que la educación ambiental tiene, dos nos merecen una atención en este momento: primero, el esclarecimiento de los elementos específicos que hay que criticar desde una perspectiva transformativa y transgresiva, y segundo, la búsqueda de los factores que hay que descubrir y renovar para lograr nuevas pautas que contribuyan a concebir y construir sociedades distintas. Uno de dichos factores que demanda un proceso de renovación es el de las visiones de los expertos, pues a pesar de sus contribuciones, no se ha logrado que sus conocimientos tengan suficiente impacto entre porciones amplias de la población. Probablemente porque, como sugiere Kahn (2010), los expertos miran a los problemas como problemas ambientales, de lo que se desprende que hay que contribuir a que se ubiquen, complementariamente, como problemas educacionales, para ponerlos en una perspectiva que eventualmente influiría a la cultura o a las culturas actuales.

En medio de la gran heterogeneidad de espacios educativos, los que nos interesa generar son los que permiten un aprendizaje significativo, puesto que se dan en medio de dinámicas variadas, pero basadas en una muy básica que consiste en el intercambio de información y experiencias. Paulatinamente, los procesos vivos en donde se encuentran las personas y los colectivos se van complejizando. Comienzan a emerger o a consolidarse procesos como la organización y la comunicación más completa, lo que abre posibilidades a otros elementos de los procesos.

Se puede reconocer más fácilmente la noción de comunidades de aprendizaje, constituidas por diversos tipos de actores que se expresan en los diferentes niveles –local, regional o nacional– y paulatinamente visibilizando lo que llegarán a constituir: espacios para la participación ciudadana. Uno de los aprendizajes centrales, como ya señalábamos en Alatorre y García (2019), es que la articulación de un conjunto de actores permite abrir espacios de interlocución con los distintos niveles y sectores gubernamentales, y avanzar de esta manera hacia una democracia participativa.

La promoción y el intercambio de saberes entre actores de diversas culturas, campesinas, indígenas, mestizas o profesionales, posibilita que se superen las jerarquías que suelen otorgar preponderancia a los expertos o asesores, dando lugar al co-aprendizaje. Los técnicos acompañan al desarrollo de sus propios estilos de intervención, aprendiendo a construir una relación diferente a la típica de la transferencia de conocimientos.

Al facilitarse paulatinamente una intencionada perspectiva de horizontalidad pedagógica, quienes por lo general eran considerados como receptores dentro de un proceso formativo se dan cuenta de que también son valorados sus saberes, y que pueden convertirse por ese simple hecho en actores importantes, contribuyendo así a la promoción de la incidencia política de los grupos de base.

Las personas que están más ligadas a los procesos locales y que tienen una perspectiva más clara desde lo local y las culturas propias, también pueden, desde una relación horizontalizante, colaborar recíprocamente con jóvenes universitarios e investigadores civiles, lo que a su vez posibilita que campesinos y mujeres indígenas puedan enriquecer su trama cognitiva e incorporen la “reorganización del conjunto de conocimientos para avanzar en la construcción de un ‘sistema de saber ambiental’ que les permita un manejo integrado y sostenido de sus actividades productivas y de su vida social (...) sin obstaculizar la posibilidad de que éstos accedan a los denominados ‘códigos universales de la modernidad’” (Rebellato en Reyes, 1997).

La articulación entre los diferentes actores de la educación ambiental se traduce en procesos de acción social, o viceversa. Es decir, a partir de la acción social, se posibilitan procesos más enriquecedores como los que quisiera una educación ambiental construida a partir de lo local, y crítica con respecto de los aspectos ocultos o visibles que amenazan a las comunidades o a los territorios locales.

1.4 Ámbitos de aprendizaje: algunos rasgos y expresiones importantes

Los principales aspectos que podemos reconocer, en torno a los cuales se expresan o emergen los principales aprendizajes de la acción colectiva, a tomar en cuenta por las corrientes críticas de la educación ambiental, son los siguientes:

Diversidad de espacios educativos.

Construir códigos compartidos para la toma de decisiones.

Relacionar las diferentes escalas de los procesos.

El diálogo de los saberes y la noción de transdisciplinariedad.

Reconocimiento y aprendizaje de lo político.

Conocimiento y manejo de herramientas legales.

El aprendizaje de la esperanza.

De cada uno de estos aspectos, postularemos algunas nociones o características básicas para definirlas dentro de nuestra perspectiva.

1.5 Uso de una diversidad de espacios educativos

Cada uno de los espacios donde se posibilitan los aprendizajes juega un papel determinante, puesto que en buena medida aporta un grado importante del contexto físico o relacional y permea las condiciones que los procesos adquieren. Las reuniones pueden ser “en corto” para la coordinación interna o el intercambio de información y contenidos que comparten algunas comisiones que juegan el papel de animadores o conductores de los procesos en marcha. Aquí suelen detallarse con mayor profundidad aquellos aspectos que por sus características tal vez sería más difícil socializar en el seno de una asamblea abierta.

Por otra parte, se concretan diferentes espacios deliberadamente centrados en el tratamiento de información que consiguen los expertos, las autoridades o los habitantes del territorio que se busca defender. Pueden ser mesas redondas, conversatorios, foros o encuentros donde predominan formatos más comunes en ámbitos académicos, y suelen ser más apropiados para el manejo de información en mayores volúmenes, o el tratamiento a fondo de ciertos componentes del diagnóstico. En estas reuniones suele ser más fácil aplicar una sistematización en mejores condiciones y para el corto plazo.

Un formato que ha sido reconocido como muy importante, porque logra congregar a un máximo de la diversidad de actores participantes en torno a un proceso de acción colectiva para la defensa o el impulso de propuestas, es el de la asamblea que, si bien no es el mejor para poder manejar muchos temas o profundizar en ellos, es sin duda el que permite concretar, de mejor manera, el ejercicio colectivo en la toma de decisiones y el reconocimiento de estrategias a seguir en términos de una población más amplia. “Además de ser una rica fuente de aprendizaje para los y las luchadoras (…) van modificando imaginarios, visiones y motivaciones de otros sectores” (Alatorre y García, 2019).

Los anteriores no excluyen la utilización de espacios más típicamente educativos, o sea los que se privilegian en las escuelas, como los salones con su equipamiento convencional. También estos abren oportunidades de compartir información y reflexionar sobre tópicos que tienen que ver con las acciones colectivas. Puede tratarse de aspectos teóricos sobre los ecosistemas, el funcionamiento de las cuencas, los problemas de los residuos sólidos, la perspectiva compleja del cambio climático, etcétera, facilitando la posibilidad de diversificar medios para afianzar los aprendizajes.

Las organizaciones y movimientos se posicionan como importantes espacios educativos cuando dejan atrás las posturas de mera crítica u oposición, para construir una capacidad propositiva y asumir responsabilidades en el diseño de opciones socioambientales viables en términos técnicos, financieros y jurídico-políticos, sin por ello abandonar la mirada crítica. Las experiencias de movimientos intersectoriales como la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida, la campaña “Sin maíz no hay país” y el Movimiento Agroecológico Campesino a Campesino, son particularmente fértiles en lo referente a la formación de esta capacidad propositiva.

1.6 Construir códigos compartidos para la toma de decisiones

La colaboración interactoral brinda muchas oportunidades de aprendizaje, pues abre espacios de diálogo y retroalimentación recíproca entre distintos sectores, escalas y sistemas de conocimiento. Es con este tipo de sinergias como será posible salir de la fragmentación de esfuerzos, tan común en nuestro continente. Aciertan Bouwen y Thaillieu cuando señalan que “la complejidad técnica y la inmersión social de estas cuestiones hacen indispensable la colaboración de autoridades públicas, empresas privadas, expertos científicos, grupos de usuarios y grupos de interés, organizaciones no gubernamentales y representantes de actores implicados (stakeholders) en el ámbito ecológico en cuestión” (Bouwen y Thaillieu, 2004, p.137). También identifican que, para lograr esta colaboración, los actores implicados necesitan, de manera interdependiente y consensuada, definir los problemas a abordar, trazar estrategias de acción colectiva y coordinar las diferentes acciones a todo nivel.

Colaborar con quienes tienen perspectivas y lógicas distintas a las nuestras puede resultar difícil (Alatorre, 2017). Cada sector tiene una determinada lectura de la realidad, debe responder a exigencias diferentes y administrar de manera muy distinta sus tiempos y plazos (Alatorre et al., 2016). Lo que muestran experiencias como la de la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida, la de las organizaciones veracruzanas anteriormente mencionadas, así como las iniciativas de colaboración transdisciplinaria para la sustentabilidad (Merçon et al., 2018a y 2018b) es la importancia crucial de construir códigos compartidos para establecer una comunicación fluida y facilitar la toma de acuerdos.

Cuando distintos actores interactúan, se establecen diálogos entre diferentes maneras de ubicarse en el espacio y el tiempo. Se abren opciones de una interacción epistémicamente complementaria entre distintos tipos de conocimiento: los saberes a ras del suelo de quienes caminan el territorio, lo manejan productivamente y resienten en carne propia los impactos de una gestión territorial insustentable e inequitativa; las perspectivas académicas que abordan los territorios con cierto grado de generalidad espacial y temporal, recurriendo a veces a las miradas desde el satélite; y las miradas de quienes, desde la movilización ciudadana, abordan teórica y prácticamente los procesos y luchas regionales, vinculándolas con los esfuerzos a escala planetaria. Por ejemplo, en el caso de la Coordinadora Agua para Tod@s Agua para la Vida confluyen actores locales movilizados en torno a sus demandas específicas, organizaciones de la sociedad civil y académicos que trabajan en temas de gestión de cuencas, sistemas urbanos de abasto de agua, protección de mantos subterráneos, etcétera, y actores que en las escalas nacional e internacional están enlazando esfuerzos para lograr cambios en las políticas hídricas.

1.7 Relacionar las diferentes escalas de los procesos

Algo que resulta muy conveniente como parte de las interacciones entre los actores que coinciden en torno a procesos de acción colectiva es la oportunidad de que se complementen las diferentes miradas o escalas de apreciación que poseen cada uno de dichos actores o sectores que intervienen. “Se han denominado a estos procesos eslabonamientos interescalares” (Berkes, 2003). Es así cuando, por ejemplo, los investigadores aprenden de las prácticas cotidianas de los grupos y organizaciones comunitarias involucradas en ámbitos como la gestión del agua, de los bosques o del territorio. En este proceso, adquieren sentido los aprendizajes teóricos de índole académica. Recíprocamente, los actores locales movilizados aprenden, por ejemplo, de las personas que manejan herramientas técnicas para la gestión territorial, como los Sistemas de Información Geográfica. En esta interacción, los actores comunitarios logran ampliar su alcance social y político, gracias a una creciente visibilidad y un más consistente enlace vía las redes sociales virtuales.

Al compartir luchas se abren posibilidades de que las organizaciones locales enuncien sus saberes, sus apuestas ético-políticas y sus propuestas en lenguajes más potentes. En estos procesos se va estructurando el discurso de las organizaciones y las comunidades, quienes así logran difundir información sobre lo que se vive en las regiones y sobre las luchas y proyectos de vida de la gente. De esta manera se acrecienta la incidencia en la opinión pública y se potencia el cambio social.

1.8 El diálogo de los saberes y la noción de transdisciplinariedad

La apertura de espacios de diálogo transdisciplinario permite que los conocimientos y cosmovisiones de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, adquieran visibilidad y legitimidad. Son procesos que muestran la riqueza de los significados culturales atribuidos al territorio y al agua, los usos locales de la biodiversidad y los sistemas productivos asimilados a la tecnología agrícola tradicional, para retomar el concepto desarrollado por el ingeniero Efraím Hernández Xolocotzi (1985). Por lo mismo, en los espacios donde converge la diversidad de actores, se dan verdaderos debates de tipo intercultural a partir de la exposición de las perspectivas que existen en torno a nociones como: cuenca hidrológica, aprovechamiento y uso de los recursos, ordenamiento territorial, etcétera.

Como se ha observado en el movimiento nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida, en estas confluencias se dan negociaciones entre distintas epistemes. La propia Iniciativa Ciudadana de Ley General Aguas es un claro ejemplo de cómo se logra entretejer los saberes de cuño científico con los que se generan y transmiten en ámbitos familiares y comunitarios. También evidencia la importancia de entrelazar perspectivas políticas, económicas y culturales, para poder diseñar y poner en práctica un buen gobierno del agua y las cuencas.

Para las organizaciones de base que actúan en los territorios, la colaboración con actores académicos es una posible vía de fortalecimiento político y validación epistémica, si bien puede ocurrir que los estudios académicos, por su mirada crítica, saquen a relucir las inevitables deficiencias y problemas que enfrentan, como cualquier proceso organizativo. Con todo, se trata de colaboraciones que abonan al reconocimiento y legitimación de las luchas de base, pues proporcionan elementos para argumentar y fundamentar las exigencias de las organizaciones y comunidades ante las instituciones de gobierno y frente a una gama de actores con intereses adversos.

1.9 Reconocimiento y aprendizaje de lo político

Los espacios interactorales de aprendizaje suponen la relación entre los diversos, entre los diferentes, lo cual predispone u obliga a un ejercicio de convivencia y de tolerancia. Los actores comunitarios construyen, gracias a este tipo de interacciones, una comprensión más cabal de las dinámicas políticas y de los intereses económicos que entran en juego, paralelamente, fortalecen sus capacidades de cabildeo.

También se producen aprendizajes micropolíticos, que adquieren relevancia en los espacios, ya sea urbanos o rurales, donde permean costumbres culturalmente aceptadas como la prevalencia de líderes, dirigentes, caudillos o caciques. No es menor la importancia de un aprendizaje para gestionar la toma de decisiones en colectivos que postulen una toma de decisiones de carácter horizontal o más democrático.

Para los movimientos socioambientales –como hemos visto en el caso de la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida– es cada vez más evidente que se requiere conformar sujetos políticos legítimos en cada región y a escala nacional, que tengan la capacidad de aportar al tránsito hacia una gestión sustentable, equitativa y democrática de los espacios naturales y de los bienes comunes. Esto implica sensibilizar a sectores amplios de la sociedad, activar la participación de la gente, concertar acuerdos de colaboración intersectorial y, de esta manera, modificar la correlación de fuerzas.

Las movilizaciones han mostrado, por un lado, la importancia de evitar las confrontaciones y establecer diálogos, y, por otro, de ejercer presión política para que, quienes no desean sentarse a dialogar –y negociar– con otros sectores, intereses y perspectivas, se vean compelidos a hacerlo.

1.10 Conocimiento y manejo de herramientas legales

La legislación y la normatividad sobre el medio ambiente y los recursos naturales, contienen elementos a partir de los cuales se establecen y se dirime lo relativo a los aprovechamientos, los permisos, las concesiones, y otras cuestiones que entran en juego cuando se perciben amenazas al medio ambiente y las condiciones de vida de los habitantes de territorios y comunidades específicas.

La descodificación de los aspectos legales implicados, por lo general, es una materia de especialistas y quienes no se desempeñan en ese campo pueden verse intimidados frecuentemente por el lenguaje formal con el que se construyen las leyes. De ahí que se requiera dedicar un esfuerzo importante para que la comprensión de la normatividad no sea motivo de inequidad entre los actores participantes en torno a los procesos colectivos y de acción por la defensa ambiental.

Uno de los primeros tópicos acerca de los cuales en los colectivos se procura visibilizar es sobre los apartados relativos a la participación social, como uno de los elementos fundamentales de la legislación y la política ambiental, porque buscan una apertura y democratización en la toma de decisiones y el seguimiento de la aplicación de las leyes. Por ello, un elemento que se va comprendiendo en la medida que se abordan los temas legales alrededor de los asuntos o los conflictos que se presentan, es el de la importancia de que los actores sociales vayan manejando paulatinamente y, en ocasiones sin intermediarios, los antecedentes legales a tomar en cuenta.

Los aspectos más relevantes pueden ser, para su manejo por la mayor cantidad de personas posibles, en torno a ciertos procesos de defensa y acción ambiental, el del ordenamiento ecológico y territorial, el de los protocolos propios de consulta, el de los estudios de impacto ambiental y el desahogo de los procedimientos para la autorización o impugnación, si no se cumplieron precisamente los mecanismos de consulta previstos en la misma ley. Es en estos ejercicios, que conllevan un tiempo como parte para su desahogo, que se dan las oportunidades para esclarecer el papel que juegan las leyes y su manipulación, a favor de los fines de la protección ambiental, y el aprendizaje sobre legislación y el aparato legal involucrado, se convierte en uno de tipo significativo y, por lo tanto, de las mejores formas de incursionar en él.

1.11 El aprendizaje de la esperanza

Buscar proteger los territorios y fortalecer las capacidades comunitarias de frenar la voracidad extractivista en la fase actual del capitalismo es un reto mayúsculo. En el camino, no faltan las derrotas ni las frustraciones que prosperan cuando se lucha de manera aislada. Por el contrario, cuando las movilizaciones se desarrollan de manera articulada, nunca faltan las victorias puntuales que generan esperanza, como tampoco la falta del respaldo recíproco entre las luchas, particularmente en los momentos difíciles. Ha sido factible mantener el impulso, porque se asigna importancia a estas pequeñas victorias, lo cual no implica que se pierdan de vista las perspectivas de más largo plazo y más profundo alcance.

Asimismo, hemos aprendido la importancia de aprovechar ciertas coyunturas clave que se dan en los procesos políticos. Cualquier movimiento de las instancias de gobierno (la presentación de propuestas de política pública, la expedición de decretos y lineamientos, etcétera) puede convertirse en una excelente oportunidad para dar a conocer otras miradas y otras propuestas. Son momentos propicios para dar visibilidad a los problemas, los desafíos y las propuestas ciudadanas, pues la acción gubernamental de alto nivel atrae los reflectores de la prensa y los medios de comunicación están por lo común muy interesados en dar a conocer los debates que suscitan estos eventos.

Quienes en la vida cotidiana están implicados en las luchas por el agua y el territorio, están inmersos, por lo mismo, en procesos de aprendizaje, y de manera explícita o implícita buscan profesionalizarse. Las dimensiones educativa y pedagógica están presentes, aunque no lo estén de manera explícita. Las organizaciones, colectivos y comunidades –e incluso los profesionistas y estudiantes– implicados en estas luchas, probablemente, no relacionan sus aprendizajes con la educación ambiental, pero no cabe duda de que existen procesos de formación en cuestiones socioambientales. Por ello, vale la pena identificar y poner atención en los aspectos pedagógicos de estos esfuerzos dirigidos al fortalecimiento de la ciudadanía.

A partir de lo anterior, se va planteando también la inquietud por conocer cómo es que los movimientos y grupos en defensa del medio ambiente logran crear fisuras en lo que aparentemente ya se encuentra sedimentado o impermeable a otras posibilidades. Así, regresamos a revisar uno de los objetivos de nuestro interés, que es discutir cómo los movimientos sociales pueden fungir como espacio para el aprendizaje y para el ejercicio de prácticas pedagógicas, planteamientos desde los que se matiza: ¿cómo se logra que haya aprendizajes en la praxis de los movimientos sociales, si se reconoce que también están sujetos a grandes amenazas e inconsistencias, propias de cualquier colectivo, puesto que son vulnerables?, ¿cómo estos aprendizajes podrían evitar riesgos de dispersión, de falta de continuidad, de activismo irreflexivo o de aislamiento respecto a otros actores políticos?

Testimonios sobre los complejos procesos implicados en estos ámbitos intersectoriales, muestran que no es común que a los grupos de base les parezca adecuado partir del aprendizaje de conceptos, tales como el de cuenca, microcuenca, ordenamiento territorial o servicios ambientales. Es decir, eligen no partir de una definición conceptual previa, como están acostumbrados a proceder los académicos, en ámbitos que reproducen solo el modelo áulico o escolarizado. Prefieren más bien procesos desde la base, bottom-up, donde se identifica que no siempre es importante explicitar desde el principio lo conceptual, al menos en el marco de procesos de aprendizaje basados en el dinamismo que impone una problemática específica. Esto parece apuntar a la existencia de distintas rutas para la construcción del pensamiento abstracto.

Es claro que en procesos en los que es necesario apuntalar y fortalecer, desde la base, a la organización y a sus actores o protagonistas, no siempre se tendrá que explicitar como condición para el aprendizaje que exista una intervención educativa o institucional. La inferencia y los procesos inductivos suelen ser más eficaces cuando se diseñan en función de las intencionalidades de cada uno de los actores o sectores que intervienen.

Hay una gran afinidad de estas perspectivas con las que plantean, desde una vertiente freireana de la educación, la ecopedagogía y la educación popular ambiental. Y sin embargo, se antoja el esclarecimiento de que hay otras corrientes o alfabetizaciones posibles y necesarias, fundadas en una capacidad para poder leer los territorios, las subjetividades locales o las condiciones específicas culturales que moldean los contextos de dichos procesos de aprendizaje.

En el mismo sentido, se encuentra el hecho de que, ante lo educativo, que sigue invocando fuertemente el papel de lo escolar, puede ser mejor hablar de aprendizajes basados en procesos donde no hay alguien que enseña, o quien aprende, pues en realidad hay procesos que posibilitan esas otras pedagogías que no han sido capaces de penetrar la gruesa coraza de la escolarización. De ahí también la importancia de identificar mejor a los agentes locales o visibles o conductores de procesos de aprendizaje más horizontal.

Conde (2015) ha propuesto el concepto de educación ambiental incidental, que se aviene de manera interesante con aquellas experiencias extraescolares derivadas de tres corrientes importantes en Latinoamérica: la educación popular latinoamericana, la ecología social y la alfabetización ecosófica:

“[Para] arribar a la concepción de la educación ambiental incidental (eai), retomando una categoría central del pensamiento pedagógico de Iván Illich, lo incidental entendido como aquello que surge de las necesidades, intereses y búsquedas genuinas del ser humano en su deseo de aprender más y de ser mejor; y que para huir de la esclerosis institucional se vuelve fugaz, se vuelve incidental (…) en los procesos de eai el control del aprendizaje, el planteamiento programático en cuanto a los contenidos y los procesos de evaluación están en manos de los propios actores, porque son ellos quienes al tener la claridad de los fines que desean alcanzar, son los más apropiados para establecer los medios pertinentes para ello y están en posibilidades de valorar su idoneidad”.

1.12 Conclusiones y perspectivas

En el recorrido realizado por estas experiencias, reconocemos principios que pueden tomarse en cuenta para la reflexión o construcción de la pedagogía ambiental a la que queremos contribuir, entre ellos los siguientes:

La conveniencia de explorar la aplicación de la teoría curricular a casos extraescolares, toda vez que permite reconocer las influencias que tienen los agentes que promueven los procesos educativos, así como los actores, los espacios, los contenidos, las corrientes y los recortes específicos, entre otros, que se concretan en un proceso de formación. Reconociendo su potencial explicativo de la complejidad de los aspectos implicados.

La conveniencia de utilizar enfoques como el de las otras alfabetizaciones que superan el ámbito de las grafías escritas o leídas, incorporando lenguajes y contextos como oportunidades para el aprendizaje complejo.

La importancia de las corrientes que buscan una horizontalidad y la construcción de comunidades epistemológicas en las que los diálogos y las experiencias propias de los participantes de las comunidades (praxis campesina) se abren hacia pedagogías pertinentes y significativas.

Los procesos dialógicos entre participantes de culturas diferentes (étnicas o sociales, profesionales o vernáculas) permiten que se confronten y se concreten procesos de co-aprendizaje, valiosos por su carácter intercultural y transdisciplinario.

El impacto de las corrientes de la educación popular y la investigación, acción participativa, sigue estando presente en experiencias, las luchas de defensa socioambiental y, paralelamente, de manera paulatina, avanza en los ámbitos universitarios y de la educación formal.

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Profesor investigador de la Universidad Veracruzana Intercultural.

Profesor investigador de la Universidad Veracruzana.

2. Educación ambiental en áreas naturales protegidas.
El caso de la Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán. Por Araceli Jiménez Pelcastre3, Raúl García García4 y Daniela Rubio Chávez5

2.1 Introducción

La educación ambiental tiene un poco menos de cinco décadas de haber entrado en la escena mundial. En México se introdujo dos lustros después. Tiene implicaciones en la sociedad en su conjunto. No obstante, en áreas naturales protegidas (ANP) forma parte de las acciones que obligatoriamente se realizan dentro de las mismas. Por tal razón, la investigación comienza con una exposición sobre el proceso que se ha seguido desde las legislaciones internacionales y su articulación con las nacionales, para posteriormente describir la cuestión relativa a las ANP en México. Enseguida, se abordan las características de la Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán (RBBM) y, por último, se describen las prácticas desplegadas en la zona, en torno a la educación ambiental.

Es innegable que los temas que estudian los vínculos entre la naturaleza y los seres humanos ocupan cada vez mayor espacio en las agendas internacionales. Una de las preocupaciones actuales radica en procurar el cuidado de los elementos del ambiente, sin dejar de utilizar los bienes que proporciona. Esto significa que al mismo tiempo que se protegen determinadas áreas naturales, se procura que las personas que en ellas viven lo hagan bajo criterios que no impidan obtener una determinada calidad de vida, especialmente cuando se trata de poblaciones rurales, cuya articulación al espacio se ha desarrollado por años.

Entre los materiales y métodos utilizados para la integración del capítulo, además de recurrir a los documentos especializados sobre el tema, tanto de carácter normativo como resultado de investigaciones académicas, se realizaron recorridos guiados y libres por la zona, con el objetivo de observar las características, las acciones y las situaciones que aportaran información sobre la forma en que se ha desarrollado la educación ambiental en la RBBM. También se realizaron entrevistas semiestructuradas, como medio para contrastar qué ocurría antes del decreto de la reserva, cuando la información y las acciones de educación ambiental no eran parte de la cotidianidad de los habitantes y los cambios que trajo consigo la figura de protección de la naturaleza, los procesos, participación, resistencias, prioridades y demás, que los distintos actores han ido detectando a lo largo de dos décadas.

En la realización de las entrevistas fueron consideradas las autoridades encargadas de la RBBM, tanto en las oficinas de la capital del estado de Hidalgo, como las que trabajan en la sede ubicada en la cabecera municipal de Metztitlán. Los datos aportados permiten visualizar y reconstruir los procesos que han puesto en marcha. Otro sector entrevistado está representado por personas que participan en acciones de educación ambiental y que transfieren conocimientos al público en general. En este caso, se trata de educadores ambientales formados a partir del desarrollo de proyectos productivos en forma de Unidades de Manejo Ambiental (UMA) y que fundamentalmente se dedican a la reproducción y venta de cactáceas en viveros.

El personal de escuelas de diferentes niveles educativos también aportó opiniones sobre la educación ambiental, describiendo de qué manera promueven acciones entre la comunidad estudiantil, ya sea mediante tareas de carácter curricular y/o extracurricular. Finalmente, se conversó con algunos habitantes dedicados a diferentes actividades productivas, entre las que sobresalen agricultores y pescadores, para que informaran de qué manera recibieron educación ambiental, qué acciones realizan respecto del tema, qué cambios debieron introducir en sus prácticas, y por qué consideran que su participación en este sentido es importante para los fines del ANP.

2.2. Educación ambiental

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de México, conceptualiza a la educación ambiental como un proceso formativo, que tiende a incidir en la sociedad en su conjunto. Esto significa que abarca a los actos educativos que ocurren tanto en los espacios escolares, como en el ámbito extraescolar y que aportan a la consolidación de conceptos integrales sobre el ambiente, de manera que orienten las conductas, los valores, las competencias y los conocimientos compatibles con la preservación y el mantenimiento de las formas de vida que existen en el mundo (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2012).

González Gaudiano (2001a) define seis componentes de la educación ambiental. El primero se refiere a la toma de conciencia, esto significa que existe la necesidad de facilitar que las personas en tanto individuos o grupos adquieran una mayor sensibilización sobre el ambiente en general y, particularmente, sobre los problemas que ya existen o que se pueden detonar en caso de realizar alteraciones en el mismo. Este primer elemento va vinculado al segundo, cuya intención es proporcionar conocimientos para comprender el funcionamiento de los elementos naturales, la forma en que las actividades humanas causan impactos y la responsabilidad crítica que, como usuarios de los recursos, tienen cada uno de los individuos. Las actitudes constituyen el tercer elemento de la educación ambiental, para generar valores sociales encaminados a la salvaguarda y el mejoramiento del ambiente.

Las aptitudes son el cuarto componente. Estas permitirán que los grupos humanos cuenten con las habilidades necesarias para resolver los problemas vinculados al ambiente. El quinto elemento se refiere a la participación como una vía para que las personas se responsabilicen y presten atención a los cambios que se suscitan en su entorno, detecten las problemáticas que pueden y deben resolver, y adopten medidas al respecto. El último componente se refiere a la generación de capacidades para evaluar las decisiones y los actos realizados en torno a la educación ambiental, considerando el conjunto de factores: ecológicos, económicos, sociales, políticos, educativos y estéticos.

La educación ambiental, a nivel internacional, se remonta a 1972. En junio de ese año se realizó la Conferencia de Naciones Unidas para el Medio Humano, en la ciudad de Estocolmo, Suecia. Ahí se acuerda la creación del Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA) dándolo a conocer en el documento denominado Resolución 96 (Organización de las Naciones Unidas, 1972). Los participantes consideran que la responsabilidad colectiva es fundamental para proteger y mejorar el ambiente. Para que esto sea posible, sostienen, se requiere difundir información de carácter educativo, hacia todos los sectores: gubernamental, social y empresarial, dando lugar a la regulación de las conductas y los actos.

Tres años después, en 1975, en la ciudad de Belgrado, Yugoslavia, el documento resultado de una reunión, la Carta de Belgrado, fundamenta la necesidad de revisar la noción de desarrollo que había adoptado la sociedad, centrada en la consecución y acumulación de bienes materiales y, por ende, desvinculada de lo relacionado con las nociones y prácticas de los individuos en interacción con el contexto natural y humano (Seminario de Educación Ambiental, 1975). Consecuentemente, la educación ambiental se va a convertir en la herramienta que, se pretende, contribuya a formar valores diferentes a los conocidos hasta entonces, en los que no solamente son importantes las relaciones entre personas, sino también entre estas y la naturaleza. A la vez, se plantea que se requiere transformar las políticas en cada uno de los países, a fin de que la población acceda de manera equitativa a los medios para satisfacer sus necesidades.

Hacia 1977, en un nuevo evento celebrado en Tbilisi (URSS) se acuerda incorporar contenidos de educación ambiental en los programas educativos de cada país (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1977). A cinco años de los planteamientos iniciales en esta materia, se convoca a pasar de los procesos de sensibilización a la modificación de comportamientos, por tanto, se esperan actitudes, valores y prácticas basadas en conocimientos, que incidan directamente en la solución de las problemáticas ambientales que atañen a cada contexto. En este sentido, se articulan los aspectos económicos, políticos y ecológicos que, podríamos señalar, empiezan a apuntar hacia lo que se entenderá posteriormente como desarrollo sostenible.

También en la URSS, pero en la ciudad de Moscú, se lleva a cabo otra reunión en 1987, de la que resulta un documento rector: Educación y Formación Ambiental. A desarrollar entre 1990 y 1999 (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura-Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, 1987). En el diagnóstico se aborda a la pobreza como una de las causas más sobresalientes vinculadas a los problemas ambientales, así como el aumento de la población. Desde una visión crítica se observa que no se tocaron aspectos como la desigual distribución de los recursos y las exclusiones del propio sistema de producción, que a nivel mundial es injusto y excluyente.

Río de Janeiro, Brasil, en 1992, fue sede de la Cumbre de la Tierra. Este evento marca otro hito importante a nivel internacional. La Agenda 21 emanada de la misma y, particularmente, el capítulo 36 convoca a la sociedad para adherirse a procesos de capacitación con la finalidad de incrementar los conocimientos sobre temas ambientales. Hay tres campos y programas en este aspecto: la educación ambiental con un enfoque dirigido hacia el desarrollo sostenible, la sensibilización de la sociedad y el incremento de los espacios para la capacitación (Organización de las Naciones Unidas, 1992).

En el Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, realizado en 1992, en la ciudad mexicana de Guadalajara, se definió que este tema es una cuestión de la política, así como un instrumento que la sociedad puede utilizar para alcanzar la sostenibilidad en lo ambiental y la justicia en lo social. En consecuencia, para procurar el autodesarrollo de las personas y una calidad de vida óptima, el aspecto ecológico es importante, pero también otras dimensiones, como la organización comunitaria y la participación social (González Gaudiano, 2001b).

Otras reuniones que se realizaron paulatinamente en diversos lugares y que también se constituyen en pilares de la educación ambiental, fueron las siguientes: en 1976 Nairobi (Kenia) y Chosica (Perú); Managua (Nicaragua) en 1982; dos años después, en 1984, se realizó la de Cocoyoc (México); Caracas (Venezuela) y Buenos Aires (Argentina), abrieron foros en 1988; Malta y El Cairo (Egipto) en 1991; Chile, Cuba, Paraguay y México, en 1995; Montreal (Canadá) y Managua (Nicaragua) en 1996; Colombia y Argentina en 1997; México 1998; Venezuela y España en el año 2000 (Trujillo Gaviria, 2002). En todos los casos, los elementos detonadores fueron los numerosos problemas ambientales y, en general, se comenzó a proponer que la educación ambiental se desarrollase mediante estrategias pedagógicas que permitan formar a personas críticas, participativas y responsables, de tal manera que existan garantías para que la vida en el planeta continúe (Flores, 2002).

La educación ambiental también es un tema transversal en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), de manera que, permanentemente, se llama la atención sobre la relación y los problemas que se derivan de las interacciones entre los seres humanos y el medio en el que se desenvuelven. Los ODS plantean la importancia de la contribución que se requiere realizar para mantener un equilibrio. Entre otros, los objetivos que están fuertemente vinculados el cuidado del ambiente son: el 6, que aborda la necesidad de contar con agua limpia y saneamiento; el 7, que describe las metas en materia de energía asequible y no contaminante; el 12, que versa sobre la producción y consumo responsables; el 13, sobre cambio climático; el 14, que aborda la vida submarina, y el 15, que trata sobre los ecosistemas terrestres (Organización de las Naciones Unidas, 2015).

De manera general, la educación ambiental no solamente se centra en los aspectos de la naturaleza, también incorpora nociones sobre el medio social y el transformado y, en la resolución de los problemas, implica la responsabilidad de todos los sectores sociales: gubernamental, empresarial y sociedad civil, cuyas decisiones y actos servirán para enfrentar retos desde el corto hasta el largo plazo. En resumen, se define que la educación ambiental abarca “el proceso interdisciplinario para desarrollar ciudadanos conscientes e informados acerca del ambiente en su totalidad, en su aspecto natural y modificado; con capacidad para asumir el compromiso de participar en la solución de problemas, tomar decisiones y actuar para asegurar la calidad ambiental” (Mrazek & García Anaya, 1996, p. 20).

2.3 Promoción de la educación ambiental por el sector gubernamental en México

Desde el nivel internacional, se suman intereses para que se reconozca el derecho de las personas a un ambiente sano, de calidad, adecuado y equilibrado. Se hace un llamado tanto al Estado para que proteja ese derecho, como a la participación ciudadana para que participe en las acciones de protección. También se enfatiza en la articulación entre ambiente y desarrollo. Especialmente, se utiliza la noción de desarrollo sostenible introducido por el Informe Brundtland (Brundtland, 1987). En materia jurídica, se definen los mecanismos para garantizar la efectividad de los derechos ambientales; se regula, especialmente, la protección de elementos del ambiente: flora, fauna y el patrimonio genético; se estable la relación entre el patrimonio natural, el cultural y los derechos de las comunidades originarias para la gestión ambiental; se promueve la participación social, utilizando como mecanismos el derecho a la educación ambiental, a la información, y se incluye la responsabilidad por los daños ambientales que se provoquen.

Remontándonos a 1917, año en que se firmó la Constitución Política del país, encontramos que en ella se habla de utilizar los recursos naturales de manera racional, de modo que se distribuya equitativamente la riqueza nacional, promoviendo, a la vez, su conservación. Concretamente en el artículo 27, se enuncian varias medidas cuyo objetivo es evitar los actos que destruyen a la naturaleza y los daños a la propiedad privada. De manera reciente, el “principio de integridad de la gestión ambiental busca cumplirse mediante la paulatina consolidación del núcleo sectorial. Donde este constituye una plataforma inicial que articula la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales, a partir de la cual se puede inducir una integración de políticas por cuatro vías” (Pérez Campuzano & Valderrábano Almegua, 2011, p. 94).

Para los autores antes citados, manejar adecuadamente los bienes naturales, implica: a) incorporar en las políticas sectoriales la dimensión ambiental; b) desarrollar paulatinamente procesos de gestión ambiental local, vinculados con los diferentes niveles de gobierno; c) involucrar a las organizaciones de la sociedad civil que tengan interés en promover el desarrollo de manera sostenible, y d) educar y capacitar en materia ambiental a la sociedad en su conjunto, y especialmente a quienes interactúan directamente con los ecosistemas.

Desde el ámbito jurídico, el Código Penal Federal (Secretaría de Gobernación, 2009) tipifica como delitos ambientales: invadir u ocupar los espacios territoriales sin atender a las reglamentaciones, realizar actividades discordantes con el uso del suelo, descargar o depositar residuos de construcción, sólidos industriales no peligrosos o de manejo especial, aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, extraer suelo o cubierta vegetal, provocar incendios, derribar, talar o dar muerte a los árboles, emitir gases o partículas a la atmósfera, emitir energía lumínica, térmica, ruidos, vibraciones u olores degradantes.

Los delitos ambientales identificados se pueden denunciar, ya sea ante las instancias que coordinan los gobiernos de las entidades federativas o ante las del país. Se encargan de estos asuntos la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (CNA), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa)” (Pérez Campuzano & Valderrábano Almegua, 2011, p. 113).

En México la educación ambiental ha sido tarea de las instancias gubernamentales relacionadas con la temática, básicamente la Semarnat. El documento que regula las acciones en materia ambiental es la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente (LGEEPA) (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2012). Por otro lado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) incluyó la temática en el ámbito escolar, decantándose por los discursos relativos a la conservación, mismos que forman parte de la educación básica, en las asignaturas de ciencias naturales y geografía. En los libros de texto gratuitos que utiliza el alumnado se abordan como sinónimos al medio ambiente y a la naturaleza, sin embargo, no consideran que los problemas ambientales tienen una dimensión social, situación que limita o deja de lado a la responsabilidad colectiva como detonadora de los conflictos (Flores, 2002).

Otra secretaría de Estado que desde 1983 participa en México educando ambientalmente a la población en general, es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue). Consolidó su trayectoria en 1986, cuando instrumentó el Programa Nacional de Educación Ambiental. Nueve años después creó el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu) y, expandiéndose a los procesos de educación formal, al iniciar el siglo XXI, constituyó el Consorcio Mexicano de Programas Universitarios para el Desarrollo Sustentable (Complexus) y la Academia Nacional de Educación Ambiental (ANEA). Seis años después, inició la Estrategia Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad (Flores, 2002).

Pérez Campuzano y Valderrábano Almegua (2011) reconocen que en México la gestión ambiental se encuentra desarticulada. Por un lado, está lo que dictan las políticas ambientales nacionales, por otro, el diario acontecer de los actores locales, junto con las administraciones estatales y municipales. Por ende, la educación ambiental ha intentado cumplir con las responsabilidades pactadas en la Cumbre de Johannesburgo, organizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), de modo que, en 2005, comenzó el Decenio de la Educación para el Desarrollo Sustentable (DEDS). Para impulsarlo, cada entidad federativa participó en el diseño de planes de educación ambiental, capacitación y comunicación educativa para el desarrollo sustentable, bajo la coordinación de Semarnat, Cecadesu y la Secretaría de Educación Pública.

2.4 Áreas naturales protegidas

Las áreas naturales protegidas (ANP) son territorios cuyos ambientes originales tienen un significativo grado de conservación, debido a que los seres humanos no las han alterado significativamente mediante sus actividades. O bien, se trata de zonas que demandan acciones de preservación y restauración, en consecuencia, operan bajo la protección enunciada en la LGEEPA. Los objetivos de las ANP, enunciados en el artículo 45 de la citada ley, consisten en mantener los ambientes naturales que son distintivos de regiones ecológicas, biogeográficas o con ecosistemas frágiles, de modo que haya continuidad ecológica y evolutiva. Resulta imprescindible proteger la diversidad genética, en especial de aquellas especies que son endémicas, raras, que se encuentran sujetas a protección especial o están al borde de la extinción. Asimismo, con las ANP se pretende garantizar el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y contar con espacios para llevar a cabo investigaciones científicas (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2012).

Lo anterior, fuertemente vinculado a los elementos naturales, se refuerza con objetivos en relación con lo sociocultural, ejemplo de esto son los citados en los apartados V al VII de la LGEEPA:

“Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o nuevas que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional. Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y aprovechamientos agrícolas, mediante zonas forestales en montañas donde se originen torrentes; el ciclo hidrológico en cuencas, así como las demás que tiendan a la protección de elementos circundantes con los que se relacione ecológicamente el área. Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de importancia para la recreación, la cultura e identidad nacionales y de los pueblos indígenas” (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2012, p. 32).

Las ANP en México se clasifican en nueve tipos: 1. Las áreas que los particulares destinan a la conservación de manera voluntaria; 2. Las que se constituyen a nivel municipal o cuyo reconocimiento se establece en las legislaciones locales; 3. Las reservas y parques estatales; 4. Los santuarios; 5. Las áreas de protección de flora y fauna; 6. Las áreas de protección de recursos naturales; 7. Los monumentos naturales; 8. Los parques nacionales, y 9. Las reservas de la biosfera. El artículo 47 de la LGEEPA indica que la Semarnat se encarga de manejar y administrar las ANP, promueven la participación de habitantes, pueblos indígenas, propietarios, organizaciones de carácter civil, privado, público o representativas de los gobiernos locales, cuya finalidad sea propiciar que quienes habitan en los territorios accedan al desarrollo integral, a la vez que se asegure el mantenimiento y la protección de los ecosistemas y su biodiversidad (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2012).

González Ocampo, Cortés Calva, Íñiguez Dávalos y Ortega Rubio (2014) describen el curso de la historia de las ANP en México. Relatan que en el siglo XIX comienzan los decretos para la protección de determinados territorios. El primero es el Desierto de los Leones, que en 1876 se declara como reserva forestal y en 1917 cambia a parque nacional, con la intención de asegurar que abasteciera de agua a los habitantes de la Ciudad de México. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se define el Sistema Nacional de Reservas Forestales y Parques Nacionales, época en la que se decreta la protección de varios parques nacionales que existen actualmente. En la segunda mitad del siglo XX, la Unesco impulsa el programa El Hombre y la Biosfera (MAB), a raíz de ello, casi para finalizar la década de 1970, en México se introduce la noción de reserva de la biosfera y, a partir de 1983, se impulsa la creación de varias ANP bajo esa categoría.

La administración de las ANP ha cambiado paulatinamente. Hace 50 años, en 1970, estaba en manos de la Secretaría de Agricultura y pasó a la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (Sahop). En 1980, se hizo cargo la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue). En 1992, retorna a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH). Poco tiempo después, en 1995, pasa a formar parte de las funciones del Instituto Nacional de Ecología (INE) un organismo que dependía de la que se denominó Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap). Desde el 30 de noviembre de 2000, la Semarnap cambia su nomenclatura por la de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Precisamente, en el año 2000, la Semarnat crea la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para hacerse cargo de gestionar dichos espacios.

Respecto de las leyes concernientes a la cuestión ambiental, en 1982 se redacta la Ley Federal de Protección al Ambiente. Tres años después, se modifica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se introducen definiciones sobre la protección al ambiente, la restauración del equilibrio ecológico y la preservación. Esto dio pauta para que en 1988 se expidiera la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) que rige hasta la actualidad.

Cabe añadir que, en 1992, se crearon otros organismos que se involucraron en las cuestiones de la política ambiental en México: la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Instituto Nacional de Ecología (INE), actualmente Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Ineec), ambos dentro de la Semarnat (ver figura 1). El primero tiene a su cargo las tareas de fiscalizar y vigilar que se cumplan las normas y políticas definidas por el segundo (Micheli, 2002).

Docente del Área Académica de Trabajo Social-UAEH.

Profesor investigador del Área Académica de Trabajo Social-UAEH.

Estudiante de la licenciatura en Trabajo Social-UAEH.

Figura 1. Componentes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Actualmente, la Conanp tiene a su cargo 182 ANP de carácter federal. Organizadas por cantidad, de menor a mayor, se ha declarado ANP a cinco monumentos naturales, ocho áreas de protección de recursos naturales, 18 santuarios, 40 áreas de protección de flora y fauna, 44 reservas de la biosfera y 67 parques nacionales (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 2019). La Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán es una de las 44 de su tipo, y es donde se llevó a cabo la investigación sobre las prácticas de educación ambiental desarrolladas.

Cabe señalar que para Pérez Campuzano y Valderrábano Almegua, aunque el fin primordial de las ANP es el uso sostenible y la conservación de los recursos patrimoniales: naturales, culturales, materiales e inmateriales, en estas se encuentran “algunas áreas naturales protegidas de México ostentan un manejo racional y otras han sido impactadas de manera negativa por falta de planeación que ponen en riesgo la sustentabilidad de los recursos físicos, bióticos, geomorfológicos y culturales que lo integran” (2011, p. 149). También se reconoce que en algunos casos existe una apertura hacia los capitales y el mercado, que prácticamente están haciendo uso indiscriminado de los recursos existentes y que ponen en duda la protección y el control de las áreas, así como otros casos donde se han impuesto restricciones para el acceso y sólo mediante autorización especial es posible transitar por la superficie protegida. El cuestionamiento sobre las acciones humanas es parte de las preocupaciones de la educación ambiental.

El programa federal de ANP sirve para orientar las estrategias emanadas de las políticas ambientales que permitan a las poblaciones humanas adquirir o reforzar los conocimientos sobre la identidad y la cultura, poner en marcha procesos que eduquen para la conservación, sumando a los diversos actores en la gestión, además de comunicar y difundir la importancia de las acciones emprendidas en beneficio de la conservación y el manejo. La política de protección es complementaria con “la política conservacionista, donde el Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas tiene como instrumento al Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (Procodes) que promueve el desarrollo sostenible” (Pérez Campuzano & Valderrábano Almegua, 2011, p. 150).

Las tareas del Procodes se desarrollan mediante la promoción de actividades encaminadas a conservar los ecosistemas, cuya finalidad es mantener la biodiversidad. La población, los propietarios y los usuarios se involucran en la gestión del territorio, el uso adecuado de sus recursos, el manejo, la restauración, la protección y la puesta en valor, en términos económicos, de los servicios ecosistémicos que benefician a los seres humanos. De este modo, se han visto avances en la generación de alternativas para la producción y, por ende, ha ido mejorando la calidad de vida de los habitantes de cada contexto (Pérez Campuzano & Valderrábano Almegua, 2011). Esto significa que las riquezas naturales de las ANP no están vetadas en su uso, todo lo contrario, las sociedades pueden beneficiarse con ellas siempre que cumplan con los criterios ecológicos, sociales y económicos que implica la sostenibilidad.

Estas nociones se corresponden con el contenido del artículo 1 de la LGEEPA, que trata la necesidad de garantizar que ninguna persona viva en ambientes inadecuados para su salud, bienestar y desarrollo. Prácticamente, las políticas ambientales son centrales para definir de qué manera se van a instrumentar las acciones para proteger la biodiversidad y mejorar los entornos en las ANP (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2012). El aprovechamiento sostenible abarca a todos los elementos, vivos o no, incluyendo al agua, el aire y el suelo. Por ende, los beneficios económicos se logran a partir de las actividades compatibles con la conservación de los ecosistemas, a los que se suma el control de la contaminación o su prevención, para no afectar a los elementos del contexto.

2.5 La Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán

Tal como se señaló anteriormente, las reservas de la biosfera forman parte de las ANP, son espacios que resultan relevantes por la condición de sus ecosistemas, en todo caso, interesa que no hayan sido alterados significativamente, que contengan especies amenazadas, en peligro de extinción, endémicas, o que destaquen por su importancia y representatividad para la biodiversidad del país. En las reservas de la biosfera están permitidas las actividades humanas, entendiendo que ya había habitantes antes de realizar el decreto de protección, por tanto, se estimula que se realicen de manera sostenible. Particularmente, el uso de la tierra tiene un valor específico y se procura que aporte en la conservación de las especies que sobresalen por su diversidad (Moreno, y otros, 2007).

En el Decreto de creación de la Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán (RBBM), del 27 de noviembre de 2000, se describe que se trata de un área compuesta por

“cañones excavados por los afluentes del Río Pánuco, siendo este el hábitat de un conjunto de ecosistemas frágiles que contienen una gran riqueza de especies de flora y fauna silvestres de relevancia biológica, económica, científica y cultural, y que su rica biodiversidad se manifiesta en las formas irregulares que conforman el paisaje terrestre de cañón con rasgos geofísicos de gran valor científico y estético, representativo de los ambientes áridos y semiáridos de México” (Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 2000a, p. 15). Y, añade que:

“(…) la cuenca formada por el río Metztitlán proporciona bienes y servicios ambientales de gran valor, como son la naturaleza del suelo, la disponibilidad de agua para riego y la gran diversidad de microclimas presentes que permiten el florecimiento de actividades productivas agrícolas que abastece una amplia región del estado y que la calidad de sus productos es reconocida tanto en el mercado nacional como en el internacional” (Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 2000a, p. 15).

Viajando en dirección sur-norte dentro de la RBBM, fisiográficamente se observa cómo la planicie fue abierta por corrientes de agua, dando lugar a la peculiaridad de su formación, recursos y uso del suelo. El fondo de la barranca es depósito de sedimentos irrigados por varias corrientes de agua, por tanto, el suelo es apto para la agricultura, destaca la proporción de la denominada vega. Una mirada panorámica permite definir los contrastes: verdor en las llanuras del fondo y aridez en las paredes verticales de piedra que lo circundan y que pueden alcanzar entre mil y dos mil metros sobre el nivel del mar, así como sucesivas extensiones con variable grado de inclinación y clima, que ronda entre los 18 y los 22 grados centígrados, en promedio, y es predominantemente seco y semiseco cálido.

También destaca que la precipitación pluvial máxima es de 600 milímetros anuales, debido a que la Sierra Madre Oriental produce un efecto de sombra de lluvia. En la parte norte, y marcando el límite de la reserva, el lago de tipo endorreico –conocido en la región como laguna de Metztitlán– y los terrenos aledaños, son refugio de aves migratorias, situación que le valió la declaración como Sitio Ramsar en 2004, identificado con el número 1337.

La RBBM se registró en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2001). Ahí se define que el territorio tiene dos ecosistemas: el terrestre y el dulceacuícola. En el primero se distinguen seis tipos de vegetación: matorral xerófilo (matorral crassicaule de Cephalocereus senilis, de Stenocereus dumortieri y de Opuntia imbricata), matorral submontano, vegetación ribereña, pastizal, bosque tropical caducifolio y bosque de coníferas (Juniperus faccida, Pinus teocote y Quercus crassifolia). En total, son 83 familias y 465 especies de vegetales. Los animales comprenden tres variedades de peces: 17 especies de anfibios, 46 de reptiles, 60 de mamíferos y 215 de aves. La fauna con importancia en el ecosistema está representada por 22 especies de murciélagos, que, además de los insectos y las aves, sobresalen como polinizadores de la vegetación propia de ambientes áridos (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2001).

Con respecto del ecosistema dulceacuícola, abarca una superficie de 1,500 hectáreas, de las cuales 540 corresponden al lago y el resto a ríos. El lago tiene una zona permanente y otra inundable, esta última da refugio a las aves residentes y las migratorias que en invierno se trasladan desde regiones marinas: gaviotas, cormoranes y pelícanos. La RBBM presenta afinidad biológica con los desiertos de Sonora y de Chihuahua, y pertenece al denominado Corredor biológico de las zonas áridas del Altiplano central de México. Alberga numerosas plantas endémicas que crecen tanto en matorrales secos como en bosques templados. Las especies más representativas de la biota son xerófitas. Destaca la existencia de 62 especies de cactáceas, entre las que sobresalen los viejitos, órganos, cardones y biznagas, que forman parte del matorral crassicaule, así como cuajiotes, copales, copalillos y orquídeas (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2001).

La RBBM se extiende por 96,042.94 hectáreas, entre los 20º 14’ 15” y 20º 45’ 26” de latitud norte, y los 98º 23’ 00” y 98º 57’ 08” de longitud oeste. El municipio con mayor proporción de ANP es Metztitlán. Además, abarca en menor cantidad territorios de los municipios de San Agustín Metzquititlán, Eloxochitlán, Zacualtipán de Ángeles, Huasca de Ocampo, Atotonilco El Grande, Acatlán y Metepec. En total, suman 152 localidades y cerca de 36 mil habitantes. En la zona se da “la intersección de tres provincias biogeográficas: el Eje Volcánico Transmexicano, la Sierra Madre Oriental y el Altiplano Mexicano, de las cuales las dos primeras pertenecen a la región Neotropical y la última a la región Neártica” (Moreno, y otros, 2007, p. 99).

El documento de decreto (Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 2000a), enuncia en el artículo segundo que la Semarnat, a través de la Conanp, está al frente de la administración, el desarrollo y la preservación de los ecosistemas de la RBBM. Vigila que las acciones que en ella se realicen sean apropiadas con los fines propuestos. En el artículo cuarto indica que la suma de esfuerzos de dependencias de la administración pública federal y las correspondientes al estado de Hidalgo, las presidencias de los municipios que comprende y la concertación con el sector social y el privado, son la base de la participación. En este sentido, se busca incidir en el ordenamiento ecológico territorial, la formulación de compromisos, el desarrollo de investigaciones, experimentaciones y monitoreo, la realización de actividades relacionadas con la inspección y vigilancia, “el desarrollo de programas de capacitación y asesoría a los habitantes para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de la región y el desarrollo de acciones y obras tendientes a evitar la contaminación de las aguas superficiales, acuíferos subterráneos y suelos” (Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 2000a, p. 21).

El citado documento, en su artículo décimo, indica que en las zonas núcleo de la RBBM, previamente autorizadas por la Semarnat, deben predominar actividades encaminadas a la preservación de los ecosistemas y sus componentes, y llevar a cabo investigaciones científicas y de educación ambiental. En el artículo décimo quinto señala que “en la ejecución de las acciones de conservación y preservación de la reserva de la biosfera se respetarán los usos, tradiciones y costumbres de los pobladores que la habitan y, en su caso, se concertarán con ellos las acciones para alcanzar los fines señalados en el decreto” (Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 2000a, p. 24).

Las ANP están zonificadas. En las zonas núcleo se encuentran ninguna o pocas alteraciones a los ecosistemas, mientras que, como su nombre lo indica, las zonas de amortiguamiento, forman una protección para las zonas núcleo, por eso tienen la función de mantener a cierta distancia las actividades humanas y las consecuencias que puedan detonar. En las zonas de amortiguamiento encontramos algunas actividades que son tradicionales, otras aprovechan los bienes naturales de manera sustentable, también las hay para el impulso de ecosistemas agrícolas y, lógicamente, existen zonas de uso público, zonas de recuperación y las propias que contienen a los asentamientos humanos (ver figura 2).

Uno de los objetivos que se propuso la RBBM, y lo plasmó en su programa de manejo, fue “mostrar la reserva como un gran laboratorio que permita a la sociedad en general acceder a una educación ambiental y difusión de una cultura de respeto y aprecio a la naturaleza” (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 2003, p. 14). En dicho documento, también se indica que se pueden conjugar entre sí la educación ambiental, la investigación científica y la recreación paisajística, y aprovechar la espectacularidad de las asociaciones vegetales. En consecuencia, el turismo de bajo impacto está permitido en las zonas de amortiguamiento.

Dentro de las políticas de manejo que tienden a la protección, conservación, rehabilitación, restauración y aprovechamiento sustentable, también se consideró la identidad y mantenimiento de ecosistemas, el fomento de la biodiversidad, la protección de cuencas hidrográficas, el mejoramiento del paisaje, la cultura y educación ambiental, los servicios ambientales, la flexibilidad de manejo, la cooperación multisectorial, la participación comunitaria, la participación social y la investigación aplicada. Estos elementos se hallan fuertemente entrelazados.

Figura 2. Localización de la Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán y zonificación

Fuente: imagen tomada del Programa de Manejo (Conanp, 2003).

Concretamente, la política sobre la cultura y educación ambiental, se planteó para conseguir la sostenibilidad dentro de la reserva, de tal manera que, además de favorecer “la apreciación y comprensión de los ecosistemas existentes” por parte de las comunidades locales, se pretendía que los habitantes participaran en la restauración de los espacios, como medida que contribuye a la conservación y por otro lado, que también se beneficien económicamente con las actividades productivas que realizan (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 2003).

2.6 La educación ambiental en la RBBM

En este apartado se describen las actividades realizadas en la RBBM en materia de educación ambiental. Tal como se indicó en la descripción de la metodología, la información procede de entrevistas y observaciones. Debido a la abundancia de datos recopilados, y habiendo triangulado la información entre personas con distintas actividades y responsabilidades dentro del ANP, se hace una síntesis, en la que se destaca qué acciones se han llevado a cabo, de qué manera han contribuido y cuáles son los retos que aún quedan por atender, como se ejemplifica en la figura 3.

Figura 3: Educación ambiental en la Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán

Fuente: elaboración propia.

2.6.1 Procesos de sensibilización, contribuciones

Tras el decreto de creación de la RBBM, los encargados de la administración del ANP consideraron pertinente informar a los habitantes, y recorrieron las 150 localidades –mayoritariamente rurales– ubicadas dentro del área protegida, para convocar a reuniones con antelación. Con el objetivo de garantizar la asistencia, previamente, acordaron las fechas con los representantes ejidales, delegados municipales o ambos. Por otro lado, la administración del ANP generó vínculos interinstitucionales para que a las acciones de educación ambiental se sumaran las organizaciones de productores e instituciones con presencia en la región, fundamentalmente las educativas, de salud, religiosas y presidencias municipales.

La Conanp ha ponderado siempre el uso de metodologías didácticas acordes con el modelo constructivista de aprendizaje (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 2015), de este modo, en las sesiones de trabajo en la RBBM se resaltó la interacción entre los instructores y las personas que acudían a las asambleas comunitarias y a los talleres. De las primeras sesiones, destaca que algunos habitantes no tenían conocimiento del decreto y no sabían que vivían dentro del polígono protegido, y en determinadas localidades ya se habían enterado, pero estaban recelosos, porque creían que no podrían continuar cultivando o aprovechando los recursos, y que serían prohibidas las actividades mediante las cuales obtenían el sustento.

La información transmitida consistía en definir qué es un área natural protegida y las razones por las que la barranca fue incluida como tal. Entre otros elementos, se habló de la conformación de los ecosistemas en el planeta, el valor de la RBBM como zona representativa del semidesierto del país, las especies de fauna y flora endémicas que habían estado subvaloradas, y la manera en que directa o indirectamente todos habían participado en su aprovechamiento e incluso, en algún grado, en su destrucción.

México tiene una gran cantidad y variedad de cactáceas en su territorio, tantas que ostenta el primer lugar a nivel mundial. Los registros informan sobre la existencia de 690 especies. La RBBM ocupa el segundo lugar nacional, superado por el valle de Tehuacán en Puebla, y seguido por la cuenca del Balsas (Becerra, Beristaín, Bernabé, Ortiz & Salvatierra, 2017). En el diagnóstico y problemáticas enunciadas en el PM (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 2003) se informa que, entre las especies más extraídas, para traficarlas con fines ornamentales, estaba el Cephalocereus senilis (viejito), a las que se sumaba una larga lista de cactáceas, apreciadas por sus formas o floración. Varias de las especies anteriormente saqueadas se han declarado vulnerables o en peligro de extinción y se mantienen bajo cuidados especiales.

Precisamente, la población que habita dentro de la RBBM, aprendió mediante aquellas primeras reuniones, el valor científico de las especies que alberga la región, y la importancia de apreciar y participar en su conservación, por representar un banco natural de semillas. En general, se puso en valor el patrimonio cultural material e inmaterial, no sólo biológico, sino histórico, artístico y escénico del área, con lo que se pretendía y se logró afianzar la identidad de los habitantes con el entorno, situación que, cabe destacar, es notoria hasta la actualidad.

En los procesos de sensibilización dirigidos a los habitantes de la RBBM, la administración utilizó la metodología RARE. Se centró en el lema “Campaña por el orgullo”, cuyo objetivo es conseguir que las especies y ecosistemas sean valorados a partir del sentimiento de orgullo que las personas llegan a experimentar, lo cual, a su vez, genera un compromiso para la protección (Arroyo Carvache, 2008). Durante el proceso se eligió a una especie representativa, el Cephalocereus Senilis o viejito, para crear una botarga que diera identidad al ANP. Se le llamó Tlachixketl, cuya traducción del náhuatl es: “El que cuida o vigila”.

Cabe mencionar que la metodología RARE fue una estrategia utilizada en las ANP del país hasta 2016. El proceso inicia con un diagnóstico. En ese paso, en la RBBM se identificaron tres problemáticas: contaminación de superficies por residuos sólidos, cuerpos de agua contaminados y saqueo de cactáceas. Acto seguido, elaboraron un plan de manera participativa, definiendo dos líneas de acción: 1. Estrategias para la sostenibilidad, y 2. Estrategias para la conservación.

Además, el taller “Aprendiendo del árbol” fue uno de los que se utilizaron por varios años. Se trabajó con diferentes grupos, uno conformado por los padres y madres de familia cuyos descendientes estaban inscritos en cualquier nivel educativo de las escuelas de la región; otro se integró con los encargados de ecología de las ocho presidencias municipales que conforman el polígono de la RBBM. También se trabajó con grupos de productores que recibían financiamiento mediante programas de subsidio, y con empresas o grupos organizados y legalmente constituidos, que operan tanto dentro como fuera de la reserva. La intención fue que, a través de esas vías, se compartiera la información con una gran cantidad de personas.

2.6.2. Formación en los espacios escolares

El Instituto Hidalguense de Educación para Adultos (IHEA), los centros de capacitación para docentes de educación básica y, en consecuencia, las escuelas de todos los niveles que operaban dentro de la RBBM en el momento del decreto, apoyaron, y continúan haciéndolo, en el desarrollo de acciones para informar al alumnado sobre los temas que se han transmitido a la población adulta de las localidades. El comienzo de las actividades estuvo definido por reuniones informativas en cada institución, continuando con charlas, talleres, exposiciones y ciclos de vídeo, primero inducidos por el personal adscrito a la administración de la reserva y, posteriormente, implementados por las propias instituciones educativas. También se generaron líneas de acción que desde los diversos colectivos podían emprender para contribuir con la puesta en valor, el aprovechamiento sostenible de los bienes naturales y la reparación de los daños generados por las actividades humanas.

Cabe mencionar que en los programas educativos de los centros escolares se han incluido contenidos desarrollados bajo los denominados procesos de educación formal, de tal manera que todas las generaciones de estudiantes tienen acceso a esta información. Además, las escuelas también participan en las jornadas y actividades extracurriculares que cada una diseña, en función de lo que consideran viable dentro de las localidades y de los recursos a su alcance. Entre estas últimas, cada plantel educativo implementa acciones en los días conmemorativos internacionales, por ejemplo: Día Mundial de la Educación Ambiental (26 de enero), Día Mundial de los Humedales (2 de febrero), Día Mundial del Agua (22 de marzo), Día Mundial de las Aves Migratorias (13 de mayo), Día Mundial del Reciclaje (17 de mayo), Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio) y Día Nacional de las Cactáceas (10 de octubre).

Las escuelas, en vinculación con diferentes sectores, proponen algunas de las actividades culturales y deportivas: desfiles, caminatas, recorridos en bicicleta, exposiciones, elaboración de carteles y recolección de basura. Un evento representativo y esperado por los habitantes es el aniversario de la declaratoria de la RBBM (27 de noviembre), cuya sede en los últimos años ha sido la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, plantel Metztitlán, que convoca a ponentes y especialistas que hayan desarrollado investigaciones en la zona, así como a las autoridades en materia ambiental, productores, artesanos, artistas plásticos, músicos y danzantes, con lo que se desarrolla un programa académico, cultural y de exposición de productos y folletos informativos.

Los festejos del aniversario de la RBBM concluyen con la “Noche luminaria”, en la que se alumbra el sendero interpretativo del jardín botánico o museo botánico, un área natural ubicada en la cabecera municipal de Metztitlán que exhibe placas de identificación de las especies, cuenta con la participación de Procodes respecto de la rehabilitación, y se puede recorrer de manera guiada o autoguiada.

Paulatinamente, la RBBM se ha convertido en un sitio de interés para grupos escolares provenientes de otras regiones, de modo que las autoridades encargadas de la administración atienden esa demanda representada por el alumnado de todos los niveles educativos, desde preescolar hasta posgrado. Independientemente de los viajes de estudio, generalmente con duración de un día, existen grupos de estudiantes y docentes dedicados a la investigación científica, que proceden de diversas universidades y centros nacionales o extranjeros, quienes han tomado como unidad de análisis a la zona y se instalan ahí por temporadas más largas.

2.6.3. Corresponsabilidad en la gestión

Actualmente, los habitantes se han adherido a las diversas acciones de inspección y vigilancia enunciadas en el PM, que en la regla 54 enuncia: “Toda persona que tenga conocimiento de alguna infracción o ilícito que pudiera ocasionar algún daño a los ecosistemas de la Reserva, deberá notificar a las autoridades competentes de dicha situación, por conducto de la Profepa o del personal de la reserva, para que se realicen las gestiones jurídicas correspondientes” (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 2003, p. 127). Este principio permitió que los habitantes sumaran esfuerzos a la gestión del ANP y que, paulatinamente, participaran en el diseño de iniciativas por cuenta propia, para reducir al mínimo los impactos ambientales.

Los habitantes aprendieron que antes de la declaración del ANP estaban comprometiendo la existencia de las cactáceas, como por ejemplo las biznagas, al ser utilizadas para elaborar dulces, así como otras especies de las que tradicionalmente se aprovechan los frutos para elaborar aguas frescas, mermeladas, paletas o helados. Varios especímenes también se encontraban en poblaciones fragmentadas y amenazadas, debido a que se utilizaban como forraje o eran afectados por el sobrepastoreo de cabras. Con respecto de las orquídeas, algunas endémicas, estaban en peligro de extinción por la excesiva recolección y uso comercial.

Se detectó que los saqueadores de cactáceas y orquídeas eran personas ajenas a la zona, algunas procedentes de otros países, que atendían la demanda internacional de los coleccionistas. Estos comercializadores, en el mejor de los casos, pagaban a los habitantes con altas necesidades de ingreso para que participaran en la recolección de ejemplares, cuya venta se realizaba en otras ciudades del país y en el extranjero. A partir de los procesos de educación ambiental, los habitantes comenzaron a informar a las autoridades competentes, sobre cualquier incursión y actividad humana inusual, realizada dentro del hábitat natural de las cactáceas o de otras especies vegetales.

La cacería de aves y pequeños mamíferos para autoconsumo, fue otro aprovechamiento que se realizaba antes de la declaratoria del ANP, pero su práctica estaba alterando las cadenas alimenticias naturales, y disminuyó a partir de los procesos de educación ambiental. Particularmente en la zona cercana al lago, acudían cazadores foráneos que, con fines recreativos, disparaban a los patos y pelícanos. Mediante letreros, se informa a los visitantes que es una actividad prohibida, y los propios habitantes vigilan para que efectivamente se cumplan las disposiciones gubernamentales, de tal manera que la cacería se dejó de realizar.

Los pescadores también señalaron que algunas aves migratorias representaban una fuerte competencia frente a la disponibilidad de los recursos pesqueros, especialmente se veían afectados porque realizaban siembras de alevines y mermaban enseguida. La opción que tomaron fue llevar a cabo el crecimiento en jaulas y liberar los juveniles con un tamaño que implicara menos pérdidas. Además de evitar la cacería de aves, cuidar los nidos, reportar ejemplares heridos o muertos, se aprecian otros cambios en las prácticas de los pescadores, como el seguimiento de las normas oficiales para la realización del aprovechamiento ictícola.

Por otro lado, comenzaron a operar proyectos productivos mediante Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA). Esta fórmula tiene entre sus antecedentes a los ranchos cinegéticos, los cotos de caza y/o los viveros de plantas de ornato. Las UMA, como tal, tuvieron su origen en Hampolol, Campeche, en el escenario del Centro de Conservación e Investigación de la Vida Silvestre (CIVIS). Era el año 2000. En aquel momento la Semarnap justificó su creación, señalando que las comunidades y los propietarios de las tierras habían sido maniatados para aprovechar los recursos a su alcance, y que los reglamentos, normas y vedas, aunados a los controles culturales, estaban segregando social y productivamente a las poblaciones, además de limitar la conservación de la biodiversidad. Jurídicamente, la biodiversidad era considerada propiedad de la nación, en consecuencia, el Estado estaba al frente de su salvaguarda, no obstante, era difícil cumplir dicha tarea, tanto que la sobreexplotación era inminente (Robles de Benito, 2009).

Las UMA son “los predios e instalaciones registrados que operan de conformidad con un plan de manejo aprobado y dentro de los cuales se da seguimiento permanente al estado del hábitat y de poblaciones o ejemplares que ahí se distribuyen” (Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 2000b, p. 6). Este esquema contribuye a la conservación mediante la reproducción de ejemplares, ya sea a través del cultivo de plantas o la crianza de animales en cautiverio. Utilizan algunos de los ejemplares para repoblar el medio y otros benefician a los productores mediante la comercialización. Las UMA, además de aportar beneficios al ambiente, también aportan a la economía y a la sociedad circundante, en tanto esta aprehende nociones que le permiten poner en valor la importancia de las especies, sus funciones en el medio natural y las estrategias para la conservación y aprovechamientos sostenibles.

En la RBBM existen cuatro UMA de producción de cactáceas y una especializada en orquídeas. Las UMA han asumido el compromiso de reproducir y comercializar de manera certificada las especies, como una vía para que los ejemplares no se extraigan del medio natural. También participan repoblando y restaurando espacios degradados mediante la reforestación con especies nativas, y están contribuyendo al desarrollo del turismo a través de las visitas guiadas. En este sentido, las UMA realizan procesos de educación ambiental para inducir a los visitantes al conocimiento sobre la RBBM en general y de las especies vegetales y animales en particular. En definitiva, las UMA son una muestra de las capacidades locales de gestión, generación de medios de vida entre la población rural y una excelente alternativa para el uso, conocimiento y aprecio de la biodiversidad.

2.6.4. Manejo de la contaminación y retos

Con respecto de los contaminantes producidos de manera endógena, en especial los residuos sólidos, la población ha recibido cursos para el tratamiento de los que se generan en los hogares. Entre los resultados destaca la separación de la basura inorgánica, así como el uso de los desechos orgánicos para elaborar compostas y su posterior uso como abono. La agricultura intensiva también produce una gran cantidad de envases vacíos de los agroquímicos. Anteriormente, eran depositados a la orilla de las parcelas e iban a parar a los cauces de agua. Mediante los procesos de educación ambiental se ha conseguido que los agricultores tengan un manejo adecuado de los mismos, colocándolos en los contenedores expresamente establecidos para tal fin.

Sin embargo, este tipo de avances se ensombrecen debido a que las corrientes procedentes del valle de Tulancingo trasladan los vertidos de lacto sueros que desechan las empresas dedicadas a la producción de quesos, y hacia la zona de Zacualtipán ocurre algo similar con las empresas textileras. En ambos casos se trata de contaminantes exógenos, porque las fábricas operan fuera de la RBBM, pero las aguas contaminadas discurren dentro de la misma, afectando al ambiente y a los habitantes. Trabajar con dichas empresas en materia de educación ambiental, para que se adhieran a los programas y adecuado manejo de los residuos que producen, es una tarea que supera a las autoridades del ANP y requiere la participación de otras instancias en materia ambiental.

El uso de agroquímicos es también un tema pendiente. La región pertenece al distrito de riego 08 y reporta una alta producción de maíz, frijol, nuez, calabaza, chile, jitomate, ejote y tomate. A mediano plazo, se pretende incrementar la utilización de abonos orgánicos y generar procesos productivos en los que se empleen menos sustancias tóxicas. Las autoridades han iniciado un proceso de certificación a pequeños productores que se han adherido a estas prácticas y están trabajando con la Agencia Alemana GIZ, un organismo de cooperación internacional presente en la zona.

Otras problemáticas persistentes son los cambios de uso de suelo. Se observa que, durante las inundaciones, los suelos fértiles son arrastrados y los habitantes se ven en la necesidad de deforestar pequeñas parcelas para sembrar, comprometiendo la vida de especies representativas del ANP, entre las que se encuentran varias que son endémicas.

Sin duda, los procesos de sensibilización dirigidos a los habitantes, para utilizar el suelo y los bienes naturales de manera pertinente, no han estado exentos de dificultades. Primero, para capacitar al personal que realizaría las tareas de educación ambiental, aunado al problema de los costos, porque a nivel federal no existe una partida presupuestal etiquetada para la realización de esas acciones. Mediante la alianza con diversas instancias, las autoridades encargadas de la gestión de la RBBM han conseguido reproducir materiales para la difusión, desde trípticos y carteles hasta playeras. Pero, de acuerdo con las metas que en algún momento se propusieron alcanzar, ha quedado pendiente la formación de una red de educadores ambientales con la participación de los que ya trabajan como voluntarios en las localidades, así como la formación y certificación de los docentes que laboran en las escuelas de la región, en temas de educación ambiental.

2.7 Consideraciones finales

La educación ambiental permite entender las interrelaciones entre la naturaleza y la sociedad, es crítica hacia los estilos de vida instalados en la sobreexplotación de los bienes y forma para la acción. La educación ambiental tiene un componente informativo o de capacitación, no obstante, una orientación participativa facilita que las personas se impliquen en proyectos, acciones de conservación y utilicen de manera sostenible los elementos del entorno, como resultado de una reflexión, aprecio e identificación y no de una imposición o para evitar sanciones. Aun cuando falta camino por recorrer, en la RBBM, los habitantes paulatinamente se han adaptado a esquemas de trabajo que han contribuido a reducir los impactos ambientales.

La línea de educación ambiental seguida por la Conanp, evidentemente, ha tenido un enfoque orientado a la valoración de los ecosistemas, los servicios y bienes que proporciona, así como las tareas y cuidados que se deben poner en marcha para el uso sostenible. Consecuentemente, la educación ambiental cumple las funciones pedagógica, normativa, ecológica, científica, ética, tecnológica, económica, cultural y política, y promueve la sensibilización y los cambios de actitud entre los habitantes y los visitantes de la RBBM. No obstante, es una actividad que se debe prolongar, y cumplir permanentemente con las características que le han dado operatividad: ser interdisciplinaria, interinstitucional, transversal, continua y que trascienda las fronteras del ANP.

En la RBBM, área protegida de tipo terrestre, los actores están haciendo lo posible por alcanzar las metas propuestas en el Objetivo 15 de los ODS, entre las que destacan las siguientes: la puesta en marcha de acciones para disminuir la degradación de los hábitats naturales; la conservación de la biodiversidad, el control de la pérdida de especies y la protección especial de aquellas que se encuentran amenazadas, para evitar que se extingan; la adopción de medidas para erradicar la cacería furtiva y el tráfico de los especímenes faunísticos o florísticos silvestres que se hallan protegidos, controlando la oferta y la demanda entre las redes mundiales de venta; el incremento de la capacidad de los habitantes locales para adherirse a actividades de subsistencia sostenibles, entre las que han desarrollado opciones productivas y canales de comercialización de plantas representativas: cactáceas y orquídeas.

Con lo anterior, se verifica que las posibilidades de desarrollo dependen de la conservación de los elementos bióticos, por eso cobra relevancia el cambio de paradigma en las interrelaciones entre las personas y la naturaleza. Precisamente, es ahí donde la educación ambiental permite comprender que las sobreexplotaciones son insostenibles. En el caso descrito, corresponde a los habitantes de localidades rurales proteger la biodiversidad para que haya continuidad en la reproducción de las especies, así como mantener las alternativas de manejo para la conservación y aprovechamiento adecuados. Por otro lado, los procesos de restauración, la promoción y fomento de la participación colectiva, y la transmisión de conocimientos sobre educación ambiental, son tareas que nos corresponden a la generalidad.

Referencias

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3. Educación ambiental: una intervención exitosa para el combate del crimen organizado en un centro de educación y cultura ambiental de Saltillo, Coahuila. Por Laura Fabiola Núñez Udave6 y Laura Karina Castro Saucedo7

3.1. Introducción

Hablar de educación ambiental implica un proceso de enseñanza-aprendizaje que promueve la reflexión en los actores sociales sobre los aconteceres ambientales presentes hoy en día. El ejercicio de la educación ambiental se ha realizado en espacios formales, informales y no formales. En Coahuila, esta práctica se ha impulsado en varios de sus parques urbanos, por tal motivo, el propósito de este estudio es analizar el programa de investigación-acción sobre educación ambiental desde la educación no formal, como estrategia para combatir el crimen organizado en el Parque Ecológico El Chapulín, acreditado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu) como un Centro de Educación y Cultura Ambiental de calidad, ubicado en Saltillo, Coahuila.

Lo anterior, a partir de la formalización de un programa de educación ambiental cuya visión va más allá de identificar al proceso de educación ambiental como sinónimo del cuidado de la flora y la fauna, por lo que las bases paradigmáticas que sustentan a este programa son constructivistas, principalmente las ideas de Decroly y David Ausubel.

Este estudio muestra los resultados de un proyecto de investigación e intervención trabajado desde la propuesta de Kurt Lewin (1944), planificación, identificación de hechos, ejecución y análisis, explicado en ciclos, de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010). Actualmente, el proyecto sigue en marcha y ha sido totalmente financiado por parte de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila de Zaragoza.

El contexto de este estudio es Coahuila, situado al noreste de México, estructurado territorialmente en cinco regiones: 1. Fronteriza-norte; 2. Carbonífera; 3. Centro-desierto; 4. Laguna, y 5. Sureste. Colinda al norte con el Río Bravo, que lo separa del estado de Texas en Estados Unidos; al este, con Nuevo León; al oeste, con Durango y Chihuahua, y al sur, con Zacatecas y San Luis Potosí. Coahuila forma parte del desierto chihuahuense, por lo que en varios de sus municipios prevalecen ecosistemas con características del desierto. De igual forma, otra parte del estado pertenece a la Sierra Madre Oriental, por lo que también es común observar bosques en Coahuila (Salinas, 2011).

Saltillo es la capital de Coahuila. Se ubica en la región sureste y forma parte de una región industrial. El área verde más característica de esta región es la sierra de Zapalinamé, que se localiza en los municipios de Saltillo y Arteaga. Es una zona de transición entre el desierto chihuahuense y la Sierra Madre Oriental (Encina, Encina, Mata, y Valdés, 2008).

3.2. Formulación e implementación metodológica del programa de intervención educativo-ambiental en el Parque Ecológico El Chapulín

La metodología con la que se opera el programa educativo-ambiental del Parque Ecológico El Chapulín es la investigación-acción, ya que con base en el propósito de esta metodología planteada por Alvarez-Gayou, (2009) son detectados y diagnosticados problemas cotidianos e inmediatos, con la finalidad de comprender el mundo social y así buscar mejorar la calidad de vida, además de transformar las situaciones a través de una intervención social.

También se tomaron en cuenta las diez características que proponen Taylor y Bogdan (1987), quienes hacen énfasis en ver al escenario y a las personas bajo una perspectiva holística. En tal sentido, el proyecto contempló al Parque Ecológico El Chapulín como escenario de la intervención, y como participantes a los usuarios, ya que en este parque se vivía una situación de inseguridad y, paralelamente, se observaba en los visitantes desinterés por los temas ambientales.

Desde los principios educativos, este estudio analiza los argumentos teóricos de McKernan (2001), citado en Alvarez-Gayou (2009), que van en tres directrices: la primera afirma que las personas que experimentan una problemática, son los idóneos para abordarlo dentro de su entorno natural; la segunda directriz hace alusión a que el entorno donde se desenvuelven las personas influye para el desarrollo y la construcción de cada una de las conductas, y la tercera directriz explica que la metodología cualitativa es más pertinente para estudiar situaciones y entornos.

En este contexto, el proyecto de educación ambiental de El Chapulín se realizó directamente en el espacio físico y con las personas que presentaban y vivían la situación conflicto previamente diagnosticada, la cual fue inseguridad por la presencia del crimen organizado y apatía por los temas ambientales. Esto hizo que se trabajara en el entorno naturalista del fenómeno de estudio.

Las principales acciones que se realizaron para la formulación del proyecto fueron las del ciclo metodológico que propone Hernández, Fernández y Baptista (2010). Primer ciclo: detectar el problema. Segundo, elaborar el plan. Tercero, implementar y evaluar el plan. Cuarto, realimentar. Las principales técnicas de investigación e intervención que se utilizaron para desarrollar los pasos de este ciclo fueron: investigación, observación participante y no participante, entrevistas estructuradas y no estructuradas; intervención, observación, grupos focales y trabajo grupal.

En el primer ciclo se realizó el planteamiento del problema que en la operatividad se apoyó del buzón de sugerencias. Fue analizada cada una de las quejas y sugerencias que los visitantes tenían en torno a reportes de inseguridad y presencia de un grupo delictivo en el parque. También se observó el número de visitantes, ya que este era uno de los grandes indicadores que dejaba ver cómo era que los visitantes se alejaban cada vez, pues la visitación registrada cada día iba en declive. Otro hecho que permitió confirmar la problemática fueron recorridos de observación que el personal del parque realizó, y que desde luego permitió ubicar a dicho grupo delictivo. Para efectos de conocer la percepción que tenían las personas sobre la educación ambiental, se aplicaron entrevistas cortas a los visitantes, en estas se mostró que en su mayoría los visitantes pensaban que la educación ambiental era un sinónimo del cuidado de flora y fauna. Con estos elementos, el primer ciclo mostró las situaciones conflicto que prevalecían en El Chapulín.

En el segundo ciclo se tomó como base la detección de dos categorías generales: una tenía que ver con el problema que percibían las personas (la inseguridad), y la otra hacía alusión a un problema que a las investigadoras y a las autoridades del parque les llamaba la atención: la percepción que tenían los visitantes sobre el concepto de educación ambiental. Se tomaron como principales categorías de investigación y se diseñaron estrategias para ambas. Para la inseguridad se establecieron vínculos con otras dependencias de gobierno a fin de trabajar de manera interinstitucional y poder liberar al parque del grupo delictivo. Para la educación ambiental se diseñó un programa de intervención, cuyo propósito fue promover la educación ambiental al interior del parque a través de varias actividades educativas y campañas permanentes.

En el tercer ciclo se puso en marcha el programa, se le dio difusión por diversos medios de comunicación y se procuró diseñar estrategias para que llegara a los tres tipos de públicos a los que estaba dirigido: visitantes de fin de semana, visitantes con intereses específicos y el público escolar. Cabe señalar que las actividades educativas se diseñaron con el rigor pedagógico basado en el constructivismo. Las educadoras ambientales utilizaron técnicas como grupos focales y trabajo grupal, valorando las características de los visitantes.

En el ciclo de la realimentación se hizo un corte en el año 2017, periodo también en el que Coahuila cambió de gobernador. En este tiempo se logró identificar, a través de observaciones, los principales logros del programa, en los que sobresale la liberación del parque del grupo delictivo, así como el aumento de la visitación, la creación de una biblioteca en el lugar donde estaban los narcotraficantes, el diseño y operación de un programa educativo, el cambio de hábitos favorables en los visitantes con respecto de la separación de algunos residuos, la elaboración de un manual básico para parques urbanos, tomando como referencia el quehacer del Parque Ecológico El Chapulín, entre otros.

Se identificaron algunos aspectos que deben o pueden mejorar el proyecto, entre los más destacados se puede mencionar que el personal de educación ambiental es insuficiente para la atención. La incorporación de nuevo personal también es un área de oportunidad, pues ya no cuenta con las capacitaciones que recibieron las primeras educadoras ambientales. La visitación de grupos escolares es baja, no se sistematizan los resultados y las actividades educativas carecen de una evaluación objetiva, ya que se queda solo en recuperación de narrativas y observaciones.

3.3 Los gobiernos de México: reflexiones desde la guerra contra el narcotráfico y la educación ambiental

Los últimos dos sexenios presidenciales en México, encabezados por Felipe Calderón durante el periodo de 2006 a 2012, y Enrique Peña Nieto, quien estuvo al mando de 2012 a 2018, representaron un parteaguas en el país en términos de inseguridad y cuidado del ambiente, pues ambos periodos son recordados por características similares en cuanto a la psicosis que se vivió en el país a raíz de la guerra contra el narco, así como la omisión de cuidados en recursos naturales y toma de decisiones que pusieron en riesgo ecosistemas del país.

Se puede analizar de la administración de Felipe Calderón que sí volteaba la mirada a los temas ambientales en relación con la sostenibilidad, sin embargo, también enmarcó el tema del crimen organizado como tópico central en sus estrategias de trabajo. Mencionaba que en su gobierno lucharía para que ninguna entidad federativa fuera rehén del narcotráfico, delincuencia o del crimen organizado. Dentro del estandarte de Calderón constantemente resaltaba que los problemas de narcotráfico traían como consecuencia la inseguridad, la degradación del tejido social y dañaba la salud física y mental de los mexicanos. Con estas situaciones el crimen organizado desafió a los gobernantes convirtiéndose en una amenaza para la nación (Presidencia de la República, 2007).

En la planeación de desarrollo nacional que estableció Calderón, se puede observar que su propuesta gira alrededor de cinco ejes de acción: el primero hace alusión a la seguridad y el Estado de derecho; por su parte, el eje cuatro trata sobre la sustentabilidad y el ambiente. En las otras tres líneas se habla de economía y empleos, la igualdad de oportunidades y la efectividad de la democracia. Esto muestra los principales intereses de trabajo que tuvo esta administración. Sin embargo, también es evidente que pronto se difuminaron cuatro ejes para priorizar al primero, que tenía que ver con la inseguridad del cual se deriva la guerra contra el narcotráfico como estrategia para erradicar esta problemática del país.

Esta situación provocó que en muchos estados de todas las áreas geográficas de la República Mexicana se saliera de control el tema del narcotráfico y la inseguridad. Las situaciones se hicieron más evidentes al norte del país, pues los conflictos violentos con los cárteles de los estados fronterizos trajo conflictos con Estados Unidos (García y Márquez, 2013).

Ellingwood (2008), citado en Vázquez y Corrales (2016), mencionan que durante la administración de Felipe Calderón la violencia se intensificó de tal forma que el crimen organizado empezó a utilizar tácticas más crueles, como decapitaciones, colgamientos en vías públicas y actos de terrorismo, para intimidar a la población y para debilitar la estrategia militar del gobierno. Con este grado de violencia se buscaba aterrar tanto a los competidores en el crimen organizado como a la población civil, y así presionar al gobierno a retirarse de la lucha contra el crimen.

El gobierno de Calderón no bajó la guardia en esta guerra, y cada vez fue cobrando el miedo y terror de los habitantes del país. En esos tiempos era más notorio en el noreste de México, por ser una región fronteriza con los Estados Unidos, y para los cárteles esta región era altamente ubicada como un punto focal de sus negocios. La frontera del noreste de México, conformada por Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, mostró altas cifras de percepción de inseguridad y altos grados de psicosis, todo a causa de los distintos eventos violentos que les tocó presenciar.

La localización geográfica del noreste de México se considera una región geoestratégica potencial para los grupos criminales del Cártel del Golfo y los Zetas, por tres razones: primero, comparte frontera con el sur del estado de Texas; segundo, es la ruta más corta desde Centroamérica y América del Sur para transportar droga por tierra, mar y aire a los centros de distribución en Texas, y tercero, esta región mexicana posee buena infraestructura de carreteras que conecta diferentes comunidades, facilitando la movilidad de personas y mercancías (Vázquez & Corrales, 2016).

Sobre la psicosis y el miedo en esta región, y en otros puntos importantes del país, el INEGI (2013) registró que seis de cada diez personas consideraron la inseguridad como su principal preocupación. Sobresale Nuevo León (74%), Coahuila (70.0%) y el Estado de México (69.2%) (INEGI, 2013). Las mujeres se sienten más inseguras que los hombres en cualesquiera de los ámbitos geográficos en los que transcurre su vida, como su colonia o localidad (46.7%), municipio (65.6%) y entidad (74.7%) (Petrzelová, Chávez, Zapata y Rodríguez, 2015).

En la ciudad de Saltillo, la capital de Coahuila, de acuerdo con una investigación realizada por estudiantes de Psicología, la percepción y el miedo al crimen organizado es elevado: 28.8 por ciento de los encuestados reportó sentirse poco o nada seguro en sus colonias de residencia a consecuencia de estos hechos violentos (González et al., 2008, citado en Petrzelová, et al., 2015). Con estos hechos y por el miedo que les representaba a los coahuilenses, optaron por modificar sus actividades diarias, limitándose a salir de sus casas para solo cuestiones indispensables, y desde ahí estaban al pendiente de las redes sociales y los noticiarios, con el objetivo de estar informados sobre lo que iba pasando día a día en materia de inseguridad.

Al concluir el sexenio de Calderón, el tema de la violencia no se erradicó en México, pues la guerra contra el narcotráfico seguía latente en noticias nacionales y locales, en las que se implicaba la presencia de grupos armados y notas relacionadas con la inseguridad, tanto para civiles como para personajes de altas esferas políticas. Enrique Peña Nieto, presidente que siguió a la administración de Calderón, tomó como base la percepción que tenían los mexicanos respecto de la inseguridad, a fin de plantear su estrategia política.

Sobre la percepción de los mexicanos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que citan al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2012, y tomando como base la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2012, en 2011, el 58 por ciento de la población de 18 años y más, (docplayer.es) consideró a la inseguridad como su principal preocupación. Esta misma encuesta reveló que entre 2010 y 2011 el número de víctimas del delito aumentó de 17.8 a 18.7 millones (Diario Oficial de la Federación, 2013).

Los siguientes seis años de Peña Nieto no fueron la excepción en cuanto a noticias y eventos violentos, pues algunas Organizaciones No Gubernamentales calculan que, durante el sexenio de Felipe Calderón, de 2006 a 2012, se registraron entre sesenta y noventa mil víctimas mortales. En el sexenio de Calderón hubo 121,000, hasta el año 2014. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), durante los primeros 20 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto, del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2014, se registraron 57,899 averiguaciones previas por homicidios doloso y culposo. Los muertos con Peña llegaron a 57,899 en veinte meses, 14,205 más que en el mismo periodo de Calderón. Los datos fueron presentados en el periódico Sinembargo (Zeta, 2014).

En dicho medio, se expuso que en el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron más los eventos de violencia que en el de Felipe Calderón, por lo menos en Coahuila se identificó que la percepción de inseguridad que tuvieron los coahuilenses tuvo distintos comportamientos, pues de acuerdo con datos oficiales de la ENVIPE (2018) se observó que la percepción de inseguridad de personas de 18 años o más sobre la seguridad de su entidad, ciudad y zona, así como también sobre las autoridades encargadas de las funciones de seguridad pública y justicia fueron las siguientes: en 2011, un 64.6 por ciento; en 2012, un 74.6 por ciento; en 2013, el 82.0 por ciento; en 2014, un 78.5 por ciento; en 2015, el 74.9 por ciento; en 2016, un 55.9 por ciento; en 2017, un 56.4 por ciento, y en 2018, un 64.0 por ciento. Como se puede observar en 2011, año que gobernaba Calderón, hay un puntaje más bajo que en 2013 que gobernaba Peña Nieto, sin embargo, en cuanto a la psicosis, bajó la alarma de los habitantes (INEGI, 2018).

En tal sentido, es posible observar cómo los gobiernos marcan su línea principal de trabajo con la cual serán recordados. En el caso de Calderón, fue la búsqueda del desarrollo humano sustentable, y también se puede identificar cómo, en términos operativos, se dejó de lado para enfocarse de lleno a las cuestiones de seguridad y narcotráfico. En el caso de Peña Nieto, engloba los temas ambientales en su cuarta meta nacional “México próspero”, en la que de manera general hace énfasis en el desarrollo sostenido. En algunas de sus estrategias menciona la educación ambiental y sostenibilidad para fortalecerla en sectores estratégicos (Diario Oficial de la Federación, 2013).

Al igual que con Calderón, en términos operativos, Peña Nieto cambió la estrategia central que marcaba en el Plan Nacional de Desarrollo, al enfocar sus esfuerzos en cuestiones relacionadas con las reformas, principalmente en materia de educación, salud, hidrocarburos, entre otras. Con esto se resalta la necesidad de impulsar en los gobiernos el trabajo en términos de sostenibilidad, medio ambiente y educación ambiental, pero no solo en documentos sino en la operatividad también.

De acuerdo con Arendar (2012) de la fundación Greenpeace México, el quehacer profesional de la administración de Calderón en términos ambientales se escudó en una simulación práctica, ya que ni los discursos y foros sobre cambio climático le favorecieron en los indicadores ambientales, pues a lo largo de su administración tomó decisiones que desfavorecieron las políticas ambientales.

Enrique Peña Nieto tampoco se destacó por favorecer los ejercicios de educación ambiental ni de sostenibilidad. Alvarado (2018) realiza un análisis en el que, de acuerdo con Greenpeace México, se califica como una verdadera catástrofe la administración de Peña Nieto, en términos ambientales, al considerarse un sexenio marcado por las pérdidas, el desinterés y la impunidad, además, grandes devastaciones de ecosistemas, riesgos severos para especies en peligro de extinción, así como irregularidades en áreas naturales protegidas, entre un sinfín de barbaridades relacionadas al ambiente.

Tanto en la administración de Calderón como en la de Peña Nieto, estuvo vigente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y en esta, a su vez, el Cecadesu operó sus actividades. Como en otras administraciones, esta dependencia fue el principal centro público que oficialmente daba seguimiento y regulaba los procesos de educación ambiental sistematizada en los parques y centros dedicados a este tema en el país.

Los proyectos del Cecadesu permitieron estructurar las prácticas ambientales que realizaban los colectivos, asociaciones civiles, y otros grupos de ambientalistas que promovían el desarrollo sustentable y los cuidados ambientales, reconociendo la complejidad de los temas y su transversalidad en servicios, usos, personas, especies, ecosistemas y otros sistemas sociales (Semarnat, 2018).

La poca proyección que tiene el Cecadesu en el país es, sin lugar a duda, porque al ser una dependencia pública necesita el apoyo de los gobernantes, y como se menciona en la página de la Semarnat (2018) durante los años 2017 y 2018, no se les asignó presupuesto a algunos de los programas de esta dependencia.

3.4 Educación ambiental: un proceso de transformación social en el Parque Ecológico El Chapulín

Dentro de las acciones de educación ambiental que dirige el Cecadesu, implementan un programa que tiene que ver con la acreditación de CECA, cuyo objetivo es favorecer su fortalecimiento institucional como espacios estratégicos de educación ambiental no formal, que impulsen procesos de aprendizaje social con la consecuente acción comunitaria que contribuya al tránsito hacia la sustentabilidad en México (Semarnat, Convocatoria, 2018).

En este proceso de evaluación, Coahuila ha tenido una participación muy activa, al someter a uno de sus parques urbanos más icónicos al proceso de evaluación, al Parque Ecológico El Chapulín, cuyos resultados han sido favorables al ser evaluado durante tres periodos en los que se puede observar la transición de la acreditación a la máxima reacreditación. Reconociéndolo actualmente como un CECA, es decir como espacio educativo del ámbito no formal, constituido por un proyecto integral, conformado por un programa educativo, ambiental, social y administrativo, un equipo pedagógico, infraestructura y recursos para atender a los usuarios (Semarnat, Convocatoria, 2018).

El Parque Ecológico El Chapulín es un espacio público ubicado en Saltillo, Coahuila, cuyo ejercicio cotidiano se estructura en cinco dimensiones: 1. Administrativa. 2. Infraestructura; 3. Educativa; 4. Ambiental, y 5. Social, esto a partir de la acreditación como Centro de Educación y Cultura Ambiental (CECA), con dicha acreditación el parque hace una sistematización de sus actividades y funcionamiento. Cada dimensión suma elementos para lograr los objetivos del parque, pero fundamentalmente la dimensión tres prioriza la educación ambiental, que resulta ser la actividad fundamental que hoy en día mantiene vivo a El Chapulín.

El parque cuenta con 4.5 hectáreas de extensión. Anteriormente fue una huerta de exquisitas nueces. Hoy funciona como un espacio para la recreación, la salud y la educación ambiental. Está acreditado por la Semarnat como CECA. Contó con la certificación del primer nivel como Espacio Comprometido con la Educación Ambiental (2012-2014). También se le reconoció con la acreditación del segundo nivel, como Centro de Educación y Cultura Ambiental (2015-2017), y desde noviembre de 2018, alcanzó la certificación máxima del tercer nivel, denominada Centro de Educación Ambiental con Certificado de Calidad, para el periodo 2019-2023 (Alba, 2014).

Cada año, este parque recibe aproximadamente 200,000 personas. Cuenta con espacios demostrativos, así como jardines temáticos, senderos interpretativos, una sala de lectura infantil, un salón de usos múltiples y un auditorio para 850 personas. La experiencia educativa que se ofrece fundamenta sus actividades en las características del público al que van dirigidas y de acuerdo con sus necesidades específicas. En tal sentido, este parque recibe tres tipos de sujetos de atención: 1. Público de fin de semana: se inserta en el segmento de la recreación familiar. La oferta para este grupo es en la sala de lectura La Casita del Libro, con actividades como el teatro guiñol, juegos con contenido ambiental, recorridos guiados como observación de aves y diversas actividades de lecturas (Alba, 2019).

El segundo tipo de sujetos de atención es el público escolar, al cual se le ofrece las actividades del programa de educación ambiental del parque, que consta aproximadamente de 32 actividades. Dependiendo de las necesidades del grupo, según el programa educativo de su escuela, se organizan actividades de educación ambiental con los temas: agua, antiguos pobladores, árbol, bienestar animal, cambio climático, reforestación, fauna silvestre, nogal, aves, plásticos, residuos, mariposa monarca, energía, descomponedores, entre otros (Alba, 2019).

El tercer tipo de público es el de intereses específicos, integrado por aquellas personas que se inscriben a cursos y talleres con temas específicos: huertos biointensivos, elaboración de composta, bienestar ambiental, formación de maestros, extracción de aguamiel, disposición de residuos, entre otros (Alba, 2019). Esta estructura prevalece en la actualidad, y es el resultado del programa educativo que inició en 2012, y que ha sido una constante transformación hasta llegar ahora.

De acuerdo con información proporcionada por la maestra Margarita Alba Gamio, directora de Cultura ambiental y del Parque Ecológico El Chapulín (2019), en 2012,

“(…) hubo una alta incidencia de violencia en las calles, que hizo que la gente se metiera a su casa y, por supuesto, esto baja la visitación en el parque El Chapulín. Además, cabe señalar que, en esas fechas, el parque era punto medular del crimen organizado, pues en una de las áreas para niños estaban instalados jóvenes que eran empleados por los cárteles como vigilantes, a fin de reportar todo lo que acontecía a los alrededores. Esto debido a la ubicación del parque, que está en una de las principales avenidas con salida a la carretera Zacatecas. Además, tiene fácil acceso a los principales bulevares de la ciudad y, por si fuera poco, está a cinco cuadras, aproximadamente, de un cuartel de soldados. Esto evidentemente tenía aterrados a los visitantes por lo que la visitación cada vez iba en declive”.

A partir de 2013, la visitación empieza a subir poco a poco, debido a varios factores: primer factor, el gobierno de Coahuila recoge información de noticias y eventos violentos. Ya no la hace tan pública en periódicos, televisores, redes sociales, entre otros medios de información. Entonces la gente empieza a sentir tranquilidad. Esto hace que empiecen a reactivarse las actividades, el comercio, que haya gente en las calles, en las tiendas y, por su puesto, en el parque El Chapulín (Alba, 2019).

Otra de las estrategias para aumentar la visitación fue el diseño e implementación de un programa de educación ambiental, que tomó como base las quejas y sugerencias de los visitantes y los resultados de una evaluación del Cecadesu. La primera actividad que se realizó fue abrir una sala de lectura en el espacio que había sido ocupado por el narcotráfico. Esto fue posible en medida que el Ejército mexicano y la Marina Armada de México apoyaron la destitución de los vigilantes pertenecientes al cártel de narcotraficantes. Este hecho trajo consigo mucha tranquilidad a los saltillenses y comenzaron a regresar al parque. Esto obligó a dar un servicio diferente, de mejor calidad. Por tal motivo, se creó la sala de lectura La Casita del Libro, que se volvió como el centro neurálgico de los fines de semana. Empezaron a llegar muchas familias y niños y niñas (Alba, 2019).

Paralelamente, en el parque se hizo la primera acreditación sin tener casi nada de material para someterse al proceso de evaluación. Aun así, el parque fue acreditado con muchas observaciones que se tenían que subsanar, en dos años, para la siguiente evaluación. En la segunda acreditación se debía tener evidencias de las mejoras y de las observaciones subsanadas. En este inter, como parte de las mejoras que se realizaron, el parque comenzó a mejorar los procesos de fortalecimiento del personal y las actividades de educación ambiental, es decir, se empezó a formar al personal con diplomados y capacitaciones formales constantes en cuanto al tema de educación ambiental y de medio ambiente en general. Antes de esto, las actividades y los procesos de educación ambiental eran vistos como sinónimos de flora y fauna por las educadoras ambientales (Alba, 2019).

Estos procesos mejoran el trabajo y las actividades educativas, ya que por su parte las educadoras ambientales elaboran las actividades con más estructura pedagógica, además de hacerlas más sólidas conceptual, teórica y metodológicamente, es decir se investiga el tema de la actividad y se toma como paradigma rector del Programa Educativo Ambiental al constructivismo.

Para entender al constructivismo, se menciona como premisa base lo que Ortiz (2015) presenta en su artículo, en donde menciona que las personas son activas por naturaleza y con ello están en constante construcción de su realidad (Universidad San Buenaventura, 2015).

En análisis, el construccionismo hace alusión al proceso de construcción que cada persona tiene a partir de la realidad que percibe. Organiza la información percibida y la interioriza a manera de constructos. Este proceso se logra con apoyo del sistema nervioso central (Ortiz, 2015). El constructivismo experimenta un momento dialéctico entre lo que ya conoce el estudiante, reforzado con lo que conoce el educador, estas dos posturas entran en una discusión con dos puntos opuestos que darán inicio a un diálogo y finalizarán con una síntesis que sea significativa, a la que se resumirá como aprendizaje. Este proceso es construido a partir del propio educando, con apoyo del educador (Ortiz, 2015).

Es fundamental que, para hablar de constructivismo, el educador haga partícipe del proceso de enseñanza aprendizaje al educando, a fin de que sea este mismo quien reflexione, asocie, analice y apropie un nuevo aprendizaje. Con esta breve explicación del construccionismo, se hace énfasis en que el Programa Educativo de El Chapulín, implementado desde la educación no formal, toma como referencia las ideas a los constructivistas de la corriente de la Escuela Nueva, específicamente a Ovide Decroly, quien habla de los centros de interés en la educación con niños, esto significa que el tema de interés lo selecciona el niño (Narváez, 2006).

En el caso particular del Programa Educativo del Parque El Chapulín, los centros de interés corresponden a cada uno de sus espacios naturales, senderos interpretativos, jardines, lagos, fuentes y otros, como centros potenciales para propiciar aprendizajes con base en los propios recursos naturales que se tienen, y que promueven el análisis y la reflexión en dichos lugares.

Sin embargo, el programa educativo también toma como referencia las ideas básicas de David Ausubel sobre el aprendizaje significativo citado en (Moreira, 2017) este se refiere a los conocimientos que los niños adquieren, que le sean de utilidad, que los asocie a su vida diaria y le dé un significado que le permita comprenderlos y usarlos.

Estas dos premisas permiten la operatividad metodológica en cada una de las actividades educativas del parque, a fin de garantizar a los usuarios del programa educativo una experiencia significativa y de aprendizajes que promuevan la reflexión y el análisis en relación con las características de su comunidad, o en su caso, a lo que están aprendiendo en la escuela.

Paralelamente, el programa educativo también incluye actividades y campañas permanentes de separación de residuos, principalmente el PET y los restudios electrónicos, además de residuos orgánicos como cáscaras de frutas y verduras para elaborar composta. Estas actividades han mostrado una gran participación por parte de los vecinos del parque, así como de sus visitantes y, en general, de la comunidad saltillense. En cuanto a los residuos electrónicos, la gente lleva sus aparatos a este centro para no contaminar el relleno sanitario o tirarlos a cielo abierto. De igual manera, se puede observar que en las jaulas de residuos de PET únicamente se encuentra este material, lo cual muestra que ya no se deposita en los contenedores de basura general que están en el parque. Esto costó mucho trabajo, cara a cara y de interacción con los visitantes, hasta que reflexionaron y aprendieron la importancia de la clasificación de residuos.

Estas prácticas que conforman el programa educativo de intervención en el parque, son el claro ejemplo de que las actividades ambientales con una estructura educativa y profesional, transforman las sociedades y logran cambios significativos que son capaces de establecer una relación más armónica entre el sujeto y el ambiente. En observaciones realizadas se podía detectar que las niñas y los niños son los principales usuarios de estas actividades, y son quienes promueven la participación de las personas adultas en las actividades del programa.

El concepto que ofrece la Semarnat (2018) sobre educación ambiental se centra en un nuevo enfoque pedagógico que se define como un proceso que forma al individuo para desempeñar un papel crítico en la sociedad, con el objetivo de establecer una relación armónica con la naturaleza, brindándole elementos que le permitan analizar la problemática ambiental actual y conocer el papel que juega en la transformación de la sociedad, a fin de alcanzar mejores condiciones de vida. Asimismo, es un proceso de formación de actitudes y valores para el compromiso social.

El programa de intervención de educación ambiental que se implementa en el parque, pretende romper con las prácticas tradicionales sobre un tema específico de aspectos naturales, a fin de establecer una nueva pedagogía desde la educación no formal, en la que, a través de la triada de teoría, metodología y aspectos pragmáticos, se puedan lograr nuevos aprendizajes en los sujetos y que estos los encaminen a una mejor relación con el ambiente, a ser partícipes y responsables con las sociedades, a fin de responder a las situaciones emergentes que día a día se presentan.

Estas no solo son exigencias a nivel local, sino que dadas las contingencias que se viven en el mundo en relación con el ambiente, los organismos internacionales como las Naciones Unidas (2016) establecen políticas para que cada país se afilie e intente trabajarlas desde sus trincheras. Tal es el caso de la principal política internacional que tiene que ver con los Objetivos Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales representan una llamada de atención que invita a la colaboración para que el mundo adopte estrategias que ayuden a finalizar los problemas de la pobreza, cuidar a la Tierra y garantizar una cultura de paz y prosperidad (PNUD, 2016).

El programa de El Chapulín, toma como referencia para las temáticas de las actividades de educación ambiental a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, cuyos temas centrales tienen que ver con el cambio climático, la disposición de residuos, flora, fauna, agua, energías, incendios forestales, así como con temas y situaciones propias de la región, como los nogales, mariposa monarca, entre otras cuya orientación tiene que ver con generar un análisis en estos temas, a fin de abordarlas como un sistema interconectado con otros subsistemas. Se reflexiona así en los componentes bióticos y abióticos que integran e impactan al ambiente.

Para generar estas reflexiones, la estructura didáctica de cada actividad de educación ambiental que incluye el programa del parque, consiste en puntualizar el tema focal como centro de interés del que habla Decroly. Posteriormente, analizar los factores biológicos que la conforman, luego, los factores sociales y los económicos que influyen en dicho tema. Todo, a fin de que el usuario de la educación ambiental del parque logre integrar una interrelación de todos los aspectos que están presentes en cada tema y, de esta manera, valore al ambiente desde una visión sostenible.

3.5 Investigación-acción: un proceso cíclico de éxitos, logros y retroalimentación en el Parque Ecológico El Chapulín

Actualmente, el parque es un laboratorio de educación ambiental que funge como un centro de referencia para el resto de los parques de Coahuila. Las actividades son diseñadas bajo un formato que exige desde una postura teórica, hasta la evaluación y seguimiento de la actividad. Son diseñadas, elaboradas y piloteadas por el equipo de educación ambiental del parque, y serán modificadas de acuerdo con los resultados del trabajo colegiado. En la aplicación de las actividades se parte de un modelo constructivista que considera los conocimientos previos, promueve la participación de los usuarios a través de actividades lúdicas y concluye con una reflexión.

Con respecto de la formación de educadoras ambientales responsables de implementar el programa de El Chapulín, se fundamentó en su certificación, además de haber cursado un diplomado en educación ambiental, trabajado en coordinación con la Secretaría de Educación Pública de Coahuila, con lo cual se logró la consolidación del equipo pedagógico del parque. Esto ha contribuido para que las actividades educativas estén fundamentadas con bases teóricas de los temas, metodológicamente estructuradas en el constructivismo, y acompañadas de materiales didácticos de apoyo para centrar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los usuarios del parque.

Uno de los éxitos del programa fue sustentar el planteamiento del problema a partir de los resultados de sistematización realizada de todo el ejercicio en el parque, desde 2012 hasta 2018, y someterla a evaluación externa a través de Cecadesu, que emitió recomendaciones para mejorar el quehacer del parque.

Esto representó otro de los principales éxitos, pues el trabajo constante del diagnóstico, formulación del programa, implementación y retroalimentación, trajo consigo la organización de lo que se tenía. Además de identificar áreas de oportunidad en materia de administración, infraestructura, educación, ambiental y social, para trabajar y mejorarlas a través del programa de intervención, el principal éxito fue el reconocimiento del trabajo realizado a través de la obtención de la máxima acreditación que otorga el Cecadesu como Centro de educación ambiental con certificado de calidad (2018-2023).

El incremento de la visitación fue otro de los grandes logros, ya que dicha esta se concentra principalmente en el espacio de La casita del libro, de acuerdo con información proporcionada por la coordinadora de dicho sitio (Aguilar, 2019), La casita se funda en el año 2014 y ese año cierra con un total de 3,037 visitantes. Mientras que en lo que va de enero a abril de 2019, se tiene un total de 1,897 visitantes, lo que a manera de proyección para diciembre de 2019 llegará a 5,691visitantes, aproximadamente.

Profesora investigadora de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Profesora investigadora de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Ilustración 1. Relación de la visitación por año de La casita del libro

Fuente: elaboración propia. Información Secretaría Medio Ambiente de Coahuila 2019.

Se cuenta con una página de Facebook que permite tener contacto con la gente y difundir actividades e información relevante sobre temas ambientales. Actualmente, cuenta con 12,930 seguidores que, constantemente, están comentando y compartiendo las publicaciones que se realizan.

Erradicar la violencia propiciada por la presencia de un cartel del narcotráfico es, sin lugar a duda, el logro más importante que se tuvo. Esto a través de la apertura de La casita del libro, una de las principales actividades del programa de intervención, así como de la formalización de otras actividades para cada grupo de visitantes. Con esto se considera que efectivamente la estrategia de la educación ambiental pudo recuperar al parque como espacio público, y con ello activar de manera exitosa a este Centro de Educación y Cultura Ambiental, a tal grado de convertirse en referente para el resto de los parques públicos de Coahuila. Para ello, se elaboró un manual de parques, con base en el programa de intervención de El Chapulín. El manual se encuentra en la página oficial de la Secretaría de Medio Ambiente.

3.6 Conclusión

Se puede observar que la investigación-acción representa una estrategia de éxito en las comunidades científicas y, sobre todo, en los contextos sociales que son estudiados a través de esta metodología. Así, el trabajo de investigación no termina solo con la recolección de los datos exploratorios, sino que ofrece un seguimiento constante que trae consigo la transformación del fenómeno social estudiado.

Las bondades de la educación ambiental permiten que este tema sea trabajado desde cualquier ámbito, contexto, disciplina o área del saber, ya que la transversalidad que la define es precisamente la que muestra cómo los temas ambientales no meramente son de estudio exclusivo de disciplinas relacionadas a las ciencias naturales, sino que profesiones de las ciencias sociales, como el trabajo social, pueden abordar estos tópicos tanto a nivel de investigación como de intervención.

Sobre esto, se concluye que este estudio se realiza bajo la óptica del trabajo social, en la que se analizan tanto elementos biológicos y ecosistémicos, como políticos, emocionales y, en general, desde la propia tranquilidad y bienestar de las personas. Como lo mencionaron Taylor y Bogdan (1987), el ejercicio de la investigación y de la intervención debe analizarse desde una perspectiva holística, ya que todo está relacionado entre sí y todo impacta entre sí, es decir, lo biológico, lo político, lo económico y lo social, están íntimamente unidos y aunque aparentemente no tenga nada que ver, es importante que haya un equilibrio entre esto para que sea sostenible su relación y pueda darse el desarrollo.

Por otra parte, el perfil de los trabajadores sociales hoy en día debe ampliar la mirada en la intervención de los problemas sociales y entender que las dinámicas de trabajo en este ejercicio son complejas, por tanto, sería bueno tener presente la metodología de la investigación-acción, ya que ésta ofrece un proceso cíclico de constante atención para la transformación social.

De igual forma, se rescata la importancia del perfil profesional de los dirigentes de las dependencias de gobierno, principalmente aquellas que están vinculadas a las cuestiones ambientales, ya que por ser un tema que muchas personas, sienten ajeno a ellas, el reto es mucho mayor para poder despertar el interés en los temas ambientales y aún más por generar un cambio social que implique cuidar al ambiente, para ello el profesionista del trabajo social tiene todo para hacerlo.

Como ya se observó en este estudio, es posible mencionar varios logros realizados a través del programa educativo que se formuló y se implementó con base en la investigación-acción, sin embargo, la satisfacción principal que se tiene en el parque es la propia tranquilidad que vino con la implementación del programa de intervención, ya que fue posible recuperar a El Chapulín como un espacio urbano, pues poco faltaba para que estuviera abandonado y vandalizado, además de convertirse en un centro de operaciones potencial para el crimen organizado.

Este proyecto sigue dando resultados positivos, ya que lo que inició como un proyecto para liberar a un espacio público del crimen organizado, actualmente promueve la educación ambiental y con ello invita a sus usuarios a analizar sobre los temas emergentes derivados de las situaciones ambientales, les lleva a la reflexión y, en su caso, al desarrollo de una relación más armónica con el ambiente, además de un cambio de hábitos favorables para ellos y el ambiente.

El parque El Chapulín es referente para los demás parques urbanos del resto de Coahuila, y para ello existe un manual para parques en el que se plantean cinco líneas de acción para su operación: administrativa, infraestructura, ambiental, social y educativa. En esta última se ancla el programa que se presenta en este estudio, en la actualidad pasó de ser un programa a convertirse en un modelo de intervención permanente para los demás parques.

Se propone que cada parque urbano cuente con un programa de educación ambiental, implementado desde la investigación-acción, en el que a través del diagnóstico se vincule a la educación ambiental con otras necesidades del contexto, además, que se tome en cuenta estas categorías para la formulación del programa de intervención y que durante la intervención se estén identificando las áreas de oportunidad que se deben hacer para que el programa no termine en estos espacios, pues es muy común ver en varias ciudades muchos parque urbanos que están abandonados y vandalizados, dejando de lado el potencia que pueden tener para esparcimiento, convivencia familiar, activación física, y sobre todo, para la sensibilización de las personas en los temas ambientales, por todo esto se considera que la formalización de la educación ambiental es importante.

En el caso de Coahuila, la Secretaría de Medio Ambiente confía en que la educación ambiental es una estrategia que transforma las sociedades, por ello el financiamiento y apoyo en las ideas de este programa de investigación-acción. Este pensamiento favorece e impulsa el crecimiento de los sistemas sociales y, por ende, el desarrollo sostenible. Apostarle a la formalización de la educación ambiental es la clave para garantizar el éxito de los programas educativos y la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues así se rompen paradigmas conservacionistas que consideran que la educación ambiental es sinónimo de flora y fauna, y se desarrollan pensamientos más complejos que analizan y abordan los temas ambientales de manera transdisciplinaria y multidisciplinaria.

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SEGUNDA PARTE: CAMBIO CLIMÁTICO

4. Cambio climático, bioculturalidad y territorios indígenas de la Huasteca hidalguense. Por Jorge Dolores Bautista8

4.1 Introducción

La edad de nuestro planeta es de alrededor de seis mil millones de años, periodo inimaginable durante el que ha acontecido una infinidad de eventos meteorológicos y geológicos que han moldeado la fisionomía terrestre. Estos fenómenos, en combinación con otros de tipo químico, fueron los que dieron origen a las formas de vida primitiva, estableciendo la serie de procesos que han permitido la extinción y aparición de formas de vida hasta llegar a las que a la humanidad le ha tocado conocer. El último gran evento de estas características sucedió cuando los hielos de los polos se extendieron hacia el Ecuador, una glaciación que inició hace unos cien mil años y qué concluyó de manera coincidente con la conformación de las primeras civilizaciones hace unos diez mil años. Puede decirse entonces que la historia del clima es la historia del planeta y en esta se inserta la historia de la humanidad.

Hay que entender que las variaciones climáticas son procesos naturales cuya duración se había desarrollado en periodos de cientos de miles de años. Sin embargo, la mecánica del cambio climático actual tiene características distintas. La actual variabilidad climática ha sucedido de manera veloz, sin precedente alguno, de origen antrópico y cuyo inicio sucedió aproximadamente hace doscientos años con la llamada Revolución Industrial, un cambio histórico que permitió a las sociedades la producción masiva de mercancías en fábricas cuya principal fuente de energía fue el uso de combustibles fósiles que, al ser quemados, emitieron a la atmósfera gases que hoy en día sabemos que son los causantes del calentamiento de la atmósfera a escala planetaria.

Así, si comparamos la historia de la civilización con la vida del planeta, es decir diez mil años contra seis mil millones de años, se podría afirmar que el mundo está experimentado una fiebre súbita. Esta metáfora representa la complejidad de un problema sobre el que algunos sectores de la sociedad han tomado conciencia y han hecho un llamado para detenerlo. Sin embargo, para otros sectores, el calentamiento es algo lejano, no real, y que, en el mejor de los casos, como ha sucedido con otros desafíos humanos, podrá ser superado. Entre ambas posturas, es urgente comprender lo que está sucediendo y realizar acciones para contener lo que podría significar la mayor amenaza para la humanidad.

Conforme a esta idea inicial, en este trabajo se aborda la relación del cambio climático con la bioculturalidad y el bienestar social de comunidades indígenas de la Huasteca hidalguense. De acuerdo con esto, el orden del texto se desarrolla de la siguiente manera. De inicio, se muestra un panorama de algunas de las manifestaciones más mediáticas del cambio climático en los años recientes. Posteriormente se analiza la importancia que ha tenido este fenómeno para la construcción de acuerdos de carácter internacional, los cuales han servido como base para el desarrollo de políticas y estrategias climáticas a nivel nacional y regional. En este apartado, también se hace una aproximación al efecto desfavorable que ha tenido en estos acuerdos los cambios políticos a nivel internacional.

A continuación, se examina el creciente interés sobre prácticas socioculturales de pueblos indígenas que son consideradas como favorables al medioambiente, y que muestran que no todas las prácticas humanas son depredadoras de la naturaleza. En este marco, se describe la importancia que tienen los saberes llamados tradicionales y las formas de organización comunitaria, como elementos que deben ser valorados e incluidos en el diseño de políticas públicas climáticas a nivel local.

Posteriormente, se particulariza en las problemáticas hídricas de la Huasteca hidalguense, región indígena considerada como la más vulnerable al cambio climático durante la década 2020-2030, lo que pone en riesgo a la población y la biodiversidad regional. Así mismo, se hace una aproximación al enfoque de la investigación acción participativa, un método pertinente en la construcción de conocimiento, ya que permite que las experiencias y saberes de la población sean incluidos para la comprensión académica de sus realidades.

Se propone que este tipo de experiencias de investigación sean empleadas en la elaboración de estrategias de adaptación al cambio climático de nivel municipal y comunitario, donde las comunidades indígenas tengan el papel de actores centrales para la protección de sus espacios de vida frente a los pronósticos de cambio climático a nivel regional.

4.2 El cambio climático, ¿la principal amenaza a la humanidad?

No es necesario ser climatólogo para saber que el clima ha cambiado de manera drástica durante el presente siglo. Por todos lados es posible encontrar evidencias de esta situación, basta ver las noticias para encontrar un universo de notas periodísticas sobre sequías prolongadas, incendios forestales, nevadas y lluvias fuera de temporada, que indican que algo está ocurriendo con el clima durante el presente siglo. Incluso, esta situación es tema de conversación entre gran parte de la población: cada año hace más calor, ha llovido menos, algunos productos son más caros y otros son muy escasos. Lo mismo sucede con las vivencias de los habitantes a nivel de territorio o comunidad, quienes tienen que enfrentarse a cambios de clima que a sus antepasados no les tocó vivir.

Tan sólo en 2019, aconteció una serie de sucesos que, al ser difundidos en los medios de comunicación, mostraron de manera dramática los efectos del cambio climático (ver nota 1).

En enero, una onda gélida azotó la ciudad de Chicago y sus alrededores. Los termómetros llegaron hasta menos 50 grados centígrados.

El mes de julio fue registrado como el mes más caluroso de los 150 años de historia de los registros de temperatura. Esta onda de calor generó que países de clima templado, como Francia e Inglaterra, hayan vivido días de calor que llegaron a los 40 grados centígrados.

A través de distintas plataformas de medios de comunicación, la sociedad pudo observar la forma en que famélicos osos polares deambulaban buscando comida por calles de ciudades del norte de Rusia, debido a que en sus zonas de caza los peces habían desaparecido (ver nota 2).

Una manada de perros esquimales jalaba un trineo sobre el agua, mostrando el acelerado deshielo en Alaska.

En Islandia se reportó la pérdida total del glaciar Okjokull, uno de los más representativos de ese país.

Como las anteriores, en distintos lugares del mundo se dieron situaciones que mostraron de manera contundente que las evidencias del cambio climático son palpables. A pesar de ello, hay quienes no creen en la existencia de este fenómeno, lo que es muy peligroso cuando entre estas personas hay quienes tienen poder político y/o económico. Una de esas personas es Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, quien inició su mandato en 2019 con el desmantelamiento de los mecanismos que habían limitado la producción agrícola y ganadera en áreas de la selva amazónica. Esta acción estuvo acompañada de una serie de ataques verbales en contra de los pueblos indígenas que habitan territorios de la selva amazónica, espacio de biodiversidad que regula el clima del mundo, calificándolos como obstáculos del progreso y del desarrollo.

El cambio en la política de ese país ha colocado a poblaciones indígenas y rurales en una situación de vulnerabilidad frente a los intereses de empresarios mineros, ganaderos y agrícolas, quienes ven en las selvas, bosques y otros ecosistemas, espacios desperdiciados para la generación de riqueza económica. Esta vulnerabilidad se convirtió en agresión cuando a mediados del año 2019, fueron incendiadas grandes extensiones de la selva, lo que además provocó una alta contaminación atmosférica que por varios días afectó a grandes ciudades como Sao Paulo y Manaos. Poco después, se supo que esa acción fue organizada por terratenientes, quienes le dieron por nombre el Día del Fuego (ver nota 3).

En esta línea, el arribo al poder de Donald Trump en 2016 como presidente de Estados Unidos, significó la no ratificación de este país de los acuerdos sobre cambio climático celebrados en París durante el año 2015, para evitar que hacia finales de este siglo la temperatura se eleve por encima de los dos grados centígrados. La decisión de Estados Unidos significó la suspensión de sus aportaciones económicas para financiar las acciones en este campo. Es necesario resaltar el simbolismo de que esta acción haya sido avalada por los sectores industriales más contaminantes de ese país. Así mismo, el presidente Trump inició su gobierno con la reactivación de proyectos energéticos suspendidos para evitar la vulneración de territorios indígenas, como sucedió con la intención de atravesar un oleoducto sobre el territorio indígena de Standing Rock, Dakota del Norte. Esto fue impedido gracias a la tenaz resistencia de los pueblos Sioux que ahí habitan, y por el apoyo que recibieron de parte de varios sectores de la sociedad norteamericana.

Como estos ejemplos hay varios en otros países del mundo, lo que muestra que existe una gran cantidad de liderazgos políticos que están aprovechando el desencanto global con el neoliberalismo, para incitar que ciertos sectores sociales golpeados por el neoliberalismo apoyen iniciativas que pueden ser dañinas en términos ecológicos. En torno a esto, se muestra también una situación aún más compleja para la lucha contra el cambio climático: el desconocimiento de la población de lo que significa este problema para su bienestar. Estas situaciones muestran que la humanidad, en lugar de avanzar contra el cambio climático, está dando pasos en retroceso, lo que podría anticipar escenarios apocalípticos durante las próximas décadas.

Para evitar esto, es necesario realizar un esfuerzo sin precedentes en la historia humana y reconocer que, si bien todos tenemos un grado de responsabilidad, no todos contribuimos de la misma manera a este problema. Esto implica precisar que hay regiones del mundo que, aunque no son productoras de gases de efecto invernadero, por sus características geográficas y sociales son más vulnerables a los efectos del cambio climático. Así mismo, dentro de estas también pueden distinguirse regiones y territorios que poseen biodiversidad y prácticas culturales que deberían ser consideradas como estratégicas para frenar el cambio climático, debido a los servicios ambientales que prestan a la sociedad.

En estas se incluyen territorios bioculturales indígenas que, en el caso de México, resguardan algunas de las mejores áreas de biodiversidad y captación de agua del país. Sin embargo, estos territorios también son objeto de presiones económicas y políticas de las necesidades de desarrollo nacional para hacer uso de sus recursos naturales. Esa situación agrega un elemento más de vulnerabilidad, siendo repetitiva en todo el mundo, dejando en Latinoamérica una estela de defensores de la tierra, principalmente indígenas y campesinos, encarcelados o asesinados por oponerse a los intereses económicos.

En suma, el cambio climático es un problema que a mediano plazo representa probablemente la amenaza más grande para el destino de la humanidad. Los acuerdos más importantes entre la comunidad internacional para combatirlo están siendo desmantelados, ocasionando retrocesos en áreas que resultan estratégicas para no superar los dos grados de aumento de temperatura al final de siglo. Estos retrocesos son consecuencia de cambios políticos en las grandes potencias del mundo, principalmente Estados Unidos, y están acompañados por la incredulidad de gran parte de la población que no se muestra dispuesta a realizar cambios significativos en sus modos de vida para frenar el cambio climático. Finalmente, a pesar del deterioro profundo del medio ambiente durante los últimos 200 años, en el mundo existen territorios indígenas que representan espacios de biodiversidad que requieren con la más alta urgencia ser protegidos para que puedan seguir brindando agua y toda la gama de servicios ambientales de los que la sociedad se beneficia.

4.3 El consenso internacional para actuar contra el cambio climático

El efecto invernadero, componente central de la física del cambio climático, fue descubierto a finales del siglo XIX, gracias al trabajo del matemático francés Jean-Baptiste Joseph Fourier (Giddens, 2009). Sin embargo, las implicaciones sociales y ecosistémicas de este fenómeno pasaron desapercibidas durante la mayor parte del siglo XX, hasta que en los años setenta, y a partir del trabajo del geofísico Wallace Smith Broecker (ver nota 4), el concepto pasó de tener relevancia entre una reducida comunidad de científicos del clima, para convertirse en uno de los temas que más ocupa la actividad científica contemporánea. Los resultados de distintas investigaciones científicas coincidieron en que el calentamiento de la atmósfera era atribuible a las actividades humanas, generando desde la comunidad un llamado de alerta sobre las consecuencias que este fenómeno podría tener para el futuro de la humanidad. Este llamado tuvo eco en sectores de la sociedad civil y organismos internacionales, lo que derivó en la realización de reuniones para dar a conocer esta situación y para lograr acuerdos.

En el año de 1992 se realizó en Río de Janeiro la llamada Cumbre de la Tierra, de donde surgió la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, considerado como el primer gran acuerdo internacional sobre variabilidad climático, ya que fue firmado por 175 países en la Asamblea General de las Naciones Unidas. De este acuerdo destaca la siguiente definición: “Por cambio climático se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial” (COP, 03:1992). Este marco entró en vigencia en 1994, y para el año de 1997 le fue agregado el Protocolo para la Reducción de Gases de Efecto Invernadero, conocido genéricamente como Protocolo de Kyoto, acordado en la ciudad del mismo nombre, en Japón, que consiste en una serie de compromisos vinculantes y legales entre los países firmantes, con la finalidad de dotar a la convención marco de una serie de normativas para actuar ante el cambio climático.

Como puede notarse, desde finales del siglo pasado hay un reconocimiento importante sobre el efecto del cambio climático que condujo a que el término fuera incluido como factor de planeación pública, reconociendo que no era un término puramente científico, sino que sus efectos eran de carácter social y económicos, requiriendo con ello los acuerdos políticos a nivel internacional, pero también su inclusión en la agenda de planeación pública de cada país.

Ahora bien, durante este siglo y en el contexto de la firma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible firmados en Nueva York en el año 2015, se definió al Objetivo13 “Acción por el Clima” como un conjunto de metas a llevar a cabo en términos generales a nivel internacional y de modo particular a nivel de país, para evitar el aumento de la temperatura por encima de los dos grados. En ese mismo año, en Francia, se firmaron los llamados Acuerdos de París (COP 21), que son un conjunto de medidas para profundizar la lucha contra el cambio climático, el cual tomó vigencia a partir del año 2020 después del Protocolo de Kyoto.

Conforme a esto, es posible constatar que el aumento de la temperatura no pasó desapercibido en el ámbito científico, y que gracias a la labor de esta comunidad se generó un debate que impactó en la agenda pública, lo que a la postre tendría una creciente importancia entre la sociedad. Así mismo, el efecto de estos acuerdos también ha implicado una legitimidad científica y política que ha permitido la obtención de recursos económicos para la investigación sobre este fenómeno, pero también para la realización de acciones de mitigación y adaptación en zonas con altos niveles de afectación. En este sentido, es particularmente importante la existencia del Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático (PICC), reconocido como el grupo de científicos más importantes de todo el mundo en la investigación sobre este fenómeno.

La existencia de estos grupos es importante, porque su labor contribuye a la elaboración de mecanismos y estrategias para actuar contra el cambio climático en todos los países del mundo. Esto resulta altamente relevante porque ha permitido la creación de instituciones y políticas gubernamentales de carácter específico en la materia. Por ejemplo, en México han incidido para la construcción de la Estrategia Nacional de Cambio Climático (Semarnat, 2013) y la Ley Nacional de Cambio Climático. Instancias como el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INCC), junto con otras instituciones académicas y científicas forman parte del Sistema Nacional de Cambio Climático (SNCC), organismo coordinador de la investigación y las acciones en este ámbito. Los lineamientos de estas instituciones se elaboran sobre la base de la colaboración interdisciplinaria y la realización de acciones locales que involucren a distintos actores sociales.

Debido a esto, el combate al cambio climático en México también incluye la colaboración entre instituciones educativas y gubernamentales. En el caso de Hidalgo, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ha incorporado en su Plan de Desarrollo Institucional (PDI 2018-2023), directrices de planeación y elementos transversales para proteger los recursos naturales y adaptarse al cambio climático. Asimismo, esta institución tiene una fuerte colaboración con el gobierno del estado en este ámbito, lo que ha permitido la construcción de un Plan de Acción para el Cambio Climático (Otazo, et al., 2011), que ha sido empleado para la construcción de la Estrategia Estatal de Cambio Climático.

Como se podrá notar, el consenso internacional en el cambio climático es de alta importancia, porque permite la coordinación de acciones en todos niveles. Por lo tanto, no es un asunto menor que existan estos acuerdos, ya que también dan legitimidad académica para el estudio interdisciplinario del fenómeno. Esto permite que la diversidad de visiones sobre el tema permita construir conocimiento plural que debe llegar a los diferentes grupos de la sociedad, con la finalidad de que la ciudadanía tome un papel activo en este tema.

Sin embargo, ante el contexto actual que vive la humanidad, el escenario político parece ser poco favorable para profundizar el consenso. Esto es lamentable porque los fondos comienzan a ser recortados, particularmente luego de la no ratificación de Estados Unidos de los Acuerdos de París. Esto, por lo tanto, también tiene sus efectos en esta línea de trabajo y pone en riesgo la ampliación de estas acciones a nivel municipal y la coordinación con actores a nivel de territorio. Esto preocupa porque, como veremos a continuación, son los territorios indígenas quienes tienen un papel estratégico en este tema.

4.4 La bioculturalidad y la esperanza para la vida humana

La bioculturalidad es un concepto que muestra que la coexistencia humana y ambiental es posible. Esta coexistencia es ancestral y se ha reproducido a través de la transmisión generacional de saberes y conocimientos que son empleados en las actividades de la vida cotidiana. Son conocimientos que no forman parte del pasado, por el contrario, en diversos territorios indígenas del mundo son parte cotidiana de la agricultura, la gastronomía, la medicina, la vestimenta, los materiales de construcción y, por supuesto, en prácticas rituales donde queda de manifiesto la espiritualidad de los pobladores con sus recursos naturales.

Los modos de vida de las poblaciones indígenas muestran procesos de larga duración que forman parte de una memoria biocultural (Toledo, 2008), donde a pesar de los problemas y las diferencias, los humanos aprendieron a dar respeto a los elementos de la naturaleza, considerándolos como seres vivos e incluso sus semejantes, como lo hicieron sioux, apaches y otros pueblos indios de Norteamérica.

Los conocimientos indígenas, comúnmente conocidos como tradicionales, son parte central de la organización social de los pueblos y, aunque son efectivos para la vida en su más amplio sentido, en pocas ocasiones han sido reconocidos en un estatus de igualdad por la ciencia moderna, dándoles el estatus de conocimientos menores. Por esta razón, desde los tiempos modernos, han sido relegados, acotados y sujetos de ataques que han causado la desaparición práctica de algunos de estos, y otros, como la partería, han resistido a pesar de los ataques gubernamentales de los que fueron objeto en ciertas etapas históricas. La resistencia de los pueblos, en este sentido, tiene un carácter práctico que muestra a estas formas de vivir como procesos en contrasentido de lo que significa la modernidad, en cuanto el ritmo de producción de las mercancías y la valoración de los objetos.

Por ejemplo, en la Huasteca hay comunidades que entre los meses de agosto, septiembre y octubre celebran el Elotlamanilistli o Fiesta del Elote. Se trata de una fiesta ceremonial para celebrar el primer fruto de las siembras de maíz. Esta fiesta forma parte de calendarios agrarios que en distintas épocas del año enmarcan la organización social de la vida de la población en torno a los ciclos agrarios. Así, fiestas como el nahuatilis (Carnaval), la Santa Cruz, las ofrendas previas a la conmemoración del Día de Muertos (Mijkaiuitl o Xantolo), expresan un conjunto de procesos complejos donde es posible encontrar productos de las parcelas, mercancías locales, comidas, objetos rituales, plantas medicinales, entre otras cosas, donde la resistencia tiene una dimensión de gran trascendencia frente a los perjuicios de la vida moderna.

Ante el gran deterioro de los recursos naturales, causado por las prácticas de la vida moderna, los conocimientos indígenas ofrecen un contraste que muestra la posibilidad de poder vivir sin aniquilar el entorno natural. Por tal razón, hoy en día existe un creciente interés por estudiar e identificar en esta gama de saberes, claves que podrían ser utilizadas para brindar soluciones o puntos de partida a los problemas de carácter socioambiental que está experimentando la humanidad, ante lo que desde distintas tribunas se ha definido como crisis civilizatoria.

Estos saberes se localizan en distintas latitudes geográficas, pero son notables los existentes en territorios indígenas cuyas poblaciones viven en una estrecha relación económica, simbólica y cultural con la naturaleza de sus entornos. Son relaciones de carácter cotidiano y profundo que forman parte de la cosmovisión (pensamiento y representación del mundo) que constituye la organización social. En México, estos territorios se encuentran distribuidas en regiones indígenas que son consideradas como espacios estratégicos, porque en ellos se encuentran las principales zonas de biodiversidad y de recursos hídricos con las que cuenta el país (Boege, 2008).

Este carácter estratégico podría ser clasificado de la siguiente manera: a) vital como base de reproducción de la vida comunitaria; b) vital para el equilibrio ambiental; c) vital para la captación de agua, y d) atractivo para la satisfacción de necesidades e intereses económicos de carácter público y privado. Este último factor coloca a estas regiones en la mira de proyectos que los ponen en riesgo de devastación.

Por esta razón, su valor estratégico también debe considerar la preservación no sólo de los recursos naturales, sino la protección de las poblaciones que hacen posible que esas áreas existan. Esto podría representar un cambio en la óptica con la que tradicionalmente se ha mirado a las poblaciones indígenas: pobres, carentes, excluidas, marginadas, atrasadas y necesitadas de ayuda social. Este cambio sería de gran trascendencia porque implicaría modificar la forma en que la sociedad se ha relacionado con esas poblaciones, para dar paso a una interrelación donde los saberes puedan confluir ante lo que, como ya se ha dicho, probablemente podría ser la amenaza más seria para el futuro de mediano plazo de la humanidad: el cambio climático.

4.5 Saberes, organización comunitaria y cambio climático

Nunca antes una especie había tenido tal capacidad de transformación del planeta como la que tenemos los humanos. Desde las sociedades primitivas hasta el momento presente, la humanidad ha transformado paisajes que tardaron millones de años en formarse. Esto ha tenido como consecuencias la alteración de procesos biológicos y geológicos que sólo habían sido posible por las fuerzas naturales del mundo. Al periodo en el que se han dado estas transformaciones se le conoce como antropoceno, al cual, de manera similar al de las etapas geológicas, se le reconoce la capacidad transformadora de la especie humana sobre el planeta. Este es un periodo de grandes incertidumbres que algunos han denominado como crisis civilizatoria (Millán, 2013) (Estermann, 2012), que tiene manifestaciones políticas, económicas, tecnológicas, morales y, por supuesto, ambientales (ver nota 5). Muestran que la humanidad ha extraviado la brújula respecto de sus mejores aspiraciones de bienestar, prosperidad y coexistencia social. No obstante, es menester decir que, en contraste, existen modos de vida históricamente atacados en donde se resguardan algunas de las claves que podrían dar un giro al funesto transcurrir de la historia contemporánea.

Esas formas de vida se encuentran presentes en los pueblos originarios que habitan territorios de África, Asia, Oceanía, y con gran notoriedad en América. En el continente americano, estos pueblos se encuentran desde el norte de Canadá hasta el extremo sur de Argentina. En esta vasta área continental existen miles de territorios campesinos e indígenas que, a pesar de todos los ataques y obstáculos en su contra, han resistido y conservado una cosmovisión que permite reproducir formas de organización social y transitar entre distintas etapas históricas.

Muchos de estos territorios son, en la actualidad, el centro de la disputa de algunas de las luchas más importantes en la preservación del medioambiente, donde lamentablemente se ha dado gran cantidad de ataques en contra de defensores ambientales que incluso han sido asesinados. Incluso, países como México, Colombia y Brasil encabezan la lista de naciones donde más se comete este tipo de crímenes. Esto sucede porque en las geografías de estos territorios indígenas se llevan a cabo o están planeados algunos de los proyectos mineros, energéticos e hídricos más importantes del mundo. Los impulsores de tales proyectos, aunque digan lo contrario, priorizan el interés económico sobre el social, lo que desencadena que, para conseguir sus objetivos, avancen sobre lo que consideran como obstáculos a sus intereses, y atacan a los liderazgos comunitarios y actores aliados que están en contra de la depredación de la naturaleza.

Estos territorios han sido actores destacados en la lucha contra el neoliberalismo. Se logra incluso la atención mundial por la tenacidad de sus luchas, como la rebelión indígena de 1994, cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se alzó en armas en Chiapas, para mostrar que el crecimiento económico de México sólo había beneficiado a unos cuantos y conseguido a costa del abuso y la opresión contra los pueblos indígenas. Ese movimiento fue el preámbulo de otras luchas campesinas cuyas demandas centrales han sido la defensa del territorio en contra de gobiernos y empresas que han intentado la privatización y extractivismo de los recursos naturales, en proyectos que no tienen ningún beneficio para las poblaciones campesinas.

Ejemplo de lo anterior son las luchas encabezadas por miles de indígenas bolivianos que se movilizaron a finales del siglo pasado e inicios de este, para rechazar la privatización del agua y en contra de proyectos para la extracción de gas, que habría significado el arrasamiento de sus territorios. Casos similares se han dado en Ecuador, Perú, Chile, y prácticamente en todo el continente americano, donde las poblaciones indígenas se han tenido que enfrentar a extractivismos que atentan contra de sus cosmovisiones, sus formas de organización social y lo que representa una amenaza a su existencia como pueblos (Leff, 2014).

Lo anterior demuestra que las formas de organización social, en conjunto con el desarrollo de conocimientos de adaptación al medioambiente para la sobrevivencia, son instrumentos fundamentales para defender el territorio. Algunas de las formas organizativas que mayor fortaleza conceden a las poblaciones indígenas son los trabajos colectivos, conocidos en México, según la región donde se practiquen, como tequios o manos vuelta. Estos trabajos son empleados para la realización de trabajos, en los que participan hombres y mujeres, en la producción agrícola, la administración de la comunidad, cuidado de la salud comunitaria, limpieza de linderos, mantenimiento y rehabilitación de fuentes de abasto de agua, obligaciones religiosas, vigilancia de la comunidad, entre otros.

La realización de estas labores es de larga historia y se remontan a las épocas tempranas de la Colonia, cuando la Corona española se adaptó a formas previas de organización social y se diseñó un sistema de obligaciones y derechos en torno a la existencia de Repúblicas de Indios, extensiones territoriales donde las poblaciones vivían con cierto rango de autonomía de gobierno y productivo. Rasgos de este sistema se han mantenido durante los distintos periodos de la historia nacional, como el factor principal de tensiones sociales y políticas derivadas de las contradicciones de los sistemas de usos y costumbres con el sistema legal nacional, donde se delinean elementos importantes para la defensa de las autonomías territoriales frente a imposiciones o abusos hacia los territorios indígenas.

Este tipo de trabajos reproducen al interior de las comunidades sistemas de derechos y obligaciones mediante el cumplimiento de determinadas tareas, ya sea de forma activa, en especie o pagándolas, que identifica a los individuos como faeneros o como miembros reconocidos de una comunidad. Estas asambleas son la máxima organización comunitaria, mediante las cuales se dirimen asuntos de la vida cotidiana de sus poblaciones y se definen las formas de proceder para el resguardo del territorio.

Tales formas de organización social han llamado la atención en la lucha contra el cambio climático, tal como lo han hecho grupos de las comunidades científicas y de la sociedad civil. Sin embargo, cada territorio indígena, de acuerdo con sus particularidades geográficas y socioculturales, enfrenta distintos riesgos climáticos. La vulnerabilidad frente a este fenómeno tiene distintos niveles y, conforme a esto, se requiere actuar en consecuencia. Sobre todo, esto se vuelve necesario en aquellas regiones donde la producción de alimentos, la captación de agua y la biodiversidad enfrentan riesgos graves. Tal es el caso de los territorios de la Huasteca hidalguense.

4.6 El cambio climático en territorios indígenas de la Huasteca hidalguense

En esta sección se hace un acercamiento a los efectos del cambio climático en los territorios indígenas de la Huasteca hidalguense, para hacerlo se retoman datos de investigaciones sobre este tema en la región. Entre estos destacan aquellos cuyo método de obtención de resultados fomenta que la población local participe en algunas de las fases de la investigación, destacando con ello el valor participativo e inclusivo en la producción de conocimiento.

El estado de Hidalgo está dividido en diez regiones, una es la Huasteca que se localiza al norte del estado, en colindancia con las entidades vecinas de Veracruz y San Luis Potosí. Está conformada por los municipios Atlapexco, Huautla, Huazalingo, Huejutla, Jaltocán, San Felipe Orizatlán, Yahualica y Xochiatipan. Abarca una superficie aproximada de 1,560 kilómetros cuadrados, y tiene una población cercana a los 300 mil habitantes, 75 por ciento, indígena, que habita en alrededor de 600 comunidades (INEGI, 2017).

Aunque es una región caracterizada por un paisaje exuberante que indica la existencia de recursos naturales en abundancia, incluso en la plaza principal de Huejutla hay una placa que dice: “Aprovechar el agua, la tierra y al hombre”, vive problemas ambientales que afectan la calidad de vida de la gente, principalmente en lo que concerniente al agua. Según el estudio denominado “Paradoja hídrica de la Huasteca Hidalguense” (Soares, et al., 2006), en esta región se vive una situación de complejidad social caracterizada por la abundancia de recursos hídricos que no cubren las necesidades de la población debido a la inexistencia de planes integrales de manejo de los recursos hídricos, la distribución geográfica de las poblaciones, los extremos climáticos y el deterioro medioambiental.

Estos factores colocan a las poblaciones indígenas de esta región en una situación de alta vulnerabilidad, especialmente en aquellas que viven en las zonas altas de las cordilleras, a donde es más difícil hacer llegar el agua. El insuficiente abasto de agua para consumo humano y el aumento sostenido de las temperaturas en una región tropical de clima cálido, tienen repercusiones en la calidad de vida de las personas. Esto adquiere dimensiones de peligro ante la vulnerabilidad que se tiene a los efectos de lluvias torrenciales, inundaciones, deslaves y crisis sanitarias, como quedó confirmado con el paso de los huracanes Diana, Gilberto y las lluvias torrenciales del año 2013, que derivaron en una declaratoria de desastre (ver nota 6).

Los autores de este estudio advierten del alto grado de deterioro ambiental ocasionado por el crecimiento de la población, la inadecuada gestión de los recursos hídricos y la inexistencia de coordinación entre autoridades municipales y comunitarias. A esto se suma la desigual distribución del agua, que en la mayor parte de los casos se concentra en las cabeceras municipales y en las comunidades cercanas a los cauces de los ríos, en detrimento de las localidades asentadas en las zonas altas. El resultado es una paradoja hídrica que describe una región con alta disponibilidad de recursos hídricos, pero escasos en función de su mala gestión y vulnerables a los efectos de fenómenos hidrometeorológicos.

En términos metodológicos este estudio es importante por la forma en que se desarrolló, ya que se trata de una investigación de carácter participativo elaborada con el fin de analizar las condiciones de la gestión de los recursos hídricos en el contexto regional. Por lo tanto, los resultados son producto de la elaboración de diagnósticos participativos mediante los cuales se logró conocer la percepción de los sectores de la población respecto de los problemas hídricos, haciendo extensiva la consulta a los funcionarios municipales encargados de las áreas de ecología. Se concluye con un llamado a fortalecer la organización comunitaria, la gestión sustentable, la capacitación técnica, la prevención, la educación ambiental, y a invertir en el mantenimiento de los ríos, manantiales y los pozos de extracción.

Por otro lado, existen estudios que son el resultado de investigaciones elaboradas con base en las metodologías propuestas en el ámbito internacional para la elaboración de diagnósticos y estrategias de cambio climático al interior de los países. Este es el caso del Programa Estatal de Cambio Climático del Estado de Hidalgo (Otazo, et al., 2013), un minucioso diagnóstico de este fenómeno en el estado, del que destacan probables escenarios de variación y afectación climática durante la década de 2020 a 2030.

Con base en la determinación de rangos de afectación (bajo, medio y alto) del incremento de la temperatura en los rubros de salud, agua, producción agrícola, ganadería, transporte, turismo y disponibilidad energética en el estado, se determina en términos generales que todas las regiones del estado tendrán afectaciones en el año 2020. Sin embargo, estas serán agudizadas en 2030, año que, según otras predicciones de carácter global, representará un parteaguas en la lucha contra el cambio climático. Entre estos resultados de este estudio, se destaca que las tres regiones indígenas del estado (Valle del Mezquital, Sierra Otomí Tepehua y Huasteca) son las de más alto grado de vulnerabilidad climática ante este fenómeno (Otazo, et al., 313: 2011).

Particularmente, en la región Huasteca se prevé que para el año 2030 se den las incidencias más graves en relación con el aumento de la temperatura. De cumplirse tal pronóstico tendrá efectos muy perjudiciales en la producción agropecuaria y el abasto de agua entre la población. Se prevé que las incidencias de precipitación y temperatura se ubiquen en el rango más alto de afectaciones, algo que ya es cotidiano en la región, como ha quedado demostrado ante los récords de sensación térmica que se experimentan en Huejutla (una de las ciudades más calurosas del país) y que han llegado alcanzar los 60 grados centígrados de sensación térmica, con los respectivos problemas de salud que esta situación genera.

Este trabajo no es puramente descriptivo, sino que es un diagnóstico donde se plantea un conjunto de acciones a realizar en el marco de la denominada adaptación climática, que consiste en fortalecer las capacidades locales, es decir la coordinación entre recursos humanos, recursos naturales y prácticas sociales en espacios delimitados para adaptarse a los efectos de este fenómeno. En el área de investigación existen trabajos sobre el cambio climático y diversidad biológica. A nivel de microcuenca, se describe que en el río Venado, el efecto del cambio climático se verá incrementado debido a la deforestación (García, 2015). Por otro lado, las investigaciones “Los peces de la Huasteca hidalguense” (González, 2010) y “Serpientes de Hidalgo” (Fernández, 2017), documentan la gran riqueza de especies endémicas de peces y reptiles que habitan en esta región. En torno a estos grupos de especies, la población indígena ha desarrollado prácticas de alimentación, prevención y de preservación, que ante el cambio climático se encuentran en grave riesgo de desaparecer.

4.7 La adaptación al cambio climático y otras experiencias de preservación

La adaptación al cambio climático es un método que se ha puesto en marcha en distintos lugares del mundo, que en algunos casos ha tenido resultados notables en el fortalecimiento de capacidades locales (prácticas productivas, ecosistemas y conocimientos locales) para resistir en mejores condiciones los efectos del cambio climático. En esta sección se mostrarán algunas de las más relevantes, por su flexibilidad y cercanía con contextos sociales y ecológicos, que requieren de preservación frente a la amenaza climática.

Perú es un país que posee ecosistemas de montaña, territorio de comunidades campesinas e indígenas que se dedican a la agricultura y a la cría de camélidos (llamas, alpacas y vicuñas). La actividad turística se ha vuelto relevante en las últimas décadas, lo que ha generado una notable derrama económica en torno al ecoturismo y al turismo de aventura. Sin embargo, el cambio climático ha causado estragos que afectan las actividades mencionadas y que, incluso, ha provocado el deshielo de glaciares que llegaron a ser considerados como eternos.

Como parte de una estrategia para atender esta problemática, en ese país se han construido alianzas entre organizaciones no gubernamentales, instituciones gubernamentales y poblaciones campesinas, con la finalidad de proteger glaciares mediante el fortalecimiento de actividades productivas de carácter ancestral, que son consideradas como favorables para la conservación de ecosistemas.

En este caso, el Instituto de Montaña (2017), organización no gubernamental de origen norteamericano que desarrolla proyectos de conservación de ecosistemas de montaña en varios países del mundo, diseñó un plan de acciones que involucra en su realización a los habitantes de poblaciones campesinas de la región de Huancayo, donde el cambio climático había puesto en duda la viabilidad de los medios de vida de esa región. Esta experiencia conjunta conocimientos locales y técnicos para construir una red de investigación transdisciplinaria cuyo objetivo es la construcción de soluciones en torno a lo que se denomina Adaptación Basada en Ecosistemas (ABE).

El ABE consiste básicamente en la identificación de recursos naturales y actividades productivas favorables al medioambiente, con el objetivo de rescatarlas o preservarlas. Esto se hace a través de la conformación de equipos de investigación plurales, integrados por científicos de distintas ramas del conocimiento, quienes, en colaboración con miembros de las poblaciones rurales con alto grado de conocimiento sobre el manejo de los recursos de un territorio, desarrollan estrategias de preservación. Bajo esta premisa, se identifican interacciones sociales con los ecosistemas, buscando fortalecer los lazos comunitarios, proporcionar información científica mediante lenguajes simples, pero sobre todo para contribuir a la formación de acuerdos locales enfocados a tal fin.

Este tipo de estrategias tiene distintas formas de llevarse a cabo y su metodología es flexible, por lo que se puede encontrar en distintos contextos de preservación y restauración de ecosistemas. Asimismo, es compatible con otras estrategias de conservación como las que se desarrollan en torno al abasto de agua, mediante la gestión participativa de los recursos hídricos, indispensables en cualquier parámetro de acción climática, preservación y restauración ambiental (Mathews y Lequesne, 2009).

Se considera que esta metodología ofrece ventajas de identificación de cambios en el ecosistema gracias a que considera el análisis de escenarios pasados, presentes y futuros, que derivan de las vivencias directas de los pobladores en el riesgo. Bajo una adecuada y respetuosa interacción con el conocimiento de especialistas técnicos, es posible reconocer riesgos, vulnerabilidades y también recursos centrales para el desarrollo de procesos de adaptación al cambio climático a nivel local, lo que podría ser convenientemente aprovechado en comunidades, pueblos y municipios.

Si bien en México la Estrategia Nacional de Cambio Climático (Semarnat, 2013), tiene como eje central el desarrollo de procesos de adaptación a nivel local, no precisa los actores sociales con quienes se tendría que llevar a cabo. En ese sentido, sería conveniente que tales estrategias fueran incorporadas a este tipo de instrumentos, ya de que no hacerlo se podrán seguir realizando planes muy ambiciosos, pero que no tendrán sentido sino tienen los canales comunicantes con las poblaciones que directamente están resintiendo los efectos del cambio climático en los espacios considerados como estratégicos por las características de la biodiversidad de sus ecosistemas.

4.8 Conclusiones

Cómo se ha podido constatar en las anteriores páginas, el cambio climático representa un problema de escala global, cuyos efectos serán devastadores para la humanidad. Para el planeta, los efectos del cambio climático se resentirán por algunos cientos de años, pero a largo plazo lo más probable es que se recupere, así lo muestran los miles de millones de su historia. Sin embargo, hay altas probabilidades de que el futuro de la humanidad no corra la misma suerte, por lo que más allá de la retórica se requiere que todos los integrantes de la humanidad realicemos algo para evitar esta fatalidad.

Para las comunidades científicas esto implica varios cuestionamientos y desafíos, uno de los más importantes es lograr que el conocimiento sobre este problema traspase con mayor fuerza el ámbito de comunidades científicas y organizaciones que hasta ahora han encabezado las acciones para frenar el avance del cambio climático. Queda claro que el cambio climático no es competencia de un determinado grupo de especialistas o científicos, ya que sus efectos se hacen presentes en todas las geografías y poblaciones del mundo. El problema es que no queda claro cómo hacerlo, sin embargo, es posible proponer algunas ideas.

Es imprescindible que este tema sea parte de los currículos de todos los campos científicos, implicando esto para las ciencias sociales la interpelación de explicar que la causa del cambio climático es producto de las contradicciones de la organización social.

La lucha contra el cambio climático interpela también a la forma en que se ha venido produciendo el conocimiento científico. Se trata de un cambio en el proceso, en el sentido de involucrar a todos los actores independientemente de su estatus educativo. Es necesario insistir en que la demostración contundente de la coexistencia ambiental se ha forjado a través de una historia milenaria al margen de las prácticas educativas modernas. Se requiere reproducir experiencias que pueden ser consideradas como exitosas, y ahí es donde el enfoque de la investigación de carácter participativo adquiere toda la importancia. Esto indica que es de la más alta importancia realizar intervenciones con base en la combinación de los conocimientos técnicos, pero también con el aprovechamiento de los conocimientos que la población local tiene respecto del medio en el que desarrolla su vida cotidiana.

En gran medida, se trata también de re acreditar a la práctica científica, ya que a pesar de la gran cantidad de investigaciones y de los fenómenos que comprueban que el clima está cambiando (nevadas a destiempo, sequías prolongadas y lluvias ciclónicas inusuales), la humanidad no está haciendo algo importante para revertir esta situación. Por el contrario, está realizando acciones que van en contra de los acuerdos que se habían realizado para evitar una situación de colapso ambiental, que ya no se avizora de mediano plazo, sino de consecuencias funestas para la próxima década. En este sentido, también es fundamental fortalecer el papel que tienen las instituciones de educación superior como propiciadoras de alianzas entre instituciones gubernamentales, sectores productivos e instituciones civiles.

Es necesario, como ha dicho Giddens (Ibíd), partir de los escenarios más realistas para hacer algo efectivo contra el cambio climático, sin que esto implique colocarse en una posición de extremismo político o ideológico. En esencia, hay que volver a los acuerdos logrados por la humanidad y formular políticas climáticas en todos los confines del mundo que alcancen a todos los niveles de gobierno y todos los actores sociales para lograr el objetivo. Desde luego, esto implica dar concesiones que probablemente no serán aceptadas por todos en un principio, una de ellas puede ser que los países con menos recursos económicos por un determinado tiempo, tengan que seguir empleando combustibles fósiles, con la finalidad de poder en un segundo momento realizar y asumir compromisos de mayor alcance.

Es importante reconocer que los recursos naturales forman parte de una disputa entre distintos intereses, lo que de antemano genera un escenario de tensión entre actores políticos, económicos, científicos y defensores del medioambiente, que es muy probable que no cambie en el corto plazo. Debido a esto, se ha socavado la fuerza que tenían los acuerdos ya señalados en este texto, que si bien fueron logrados no sin reticencias se habían convertido en una ruta clara para contener el deterioro ambiental.

La dimensión de esta disputa queda de manifiesto en el incumplimiento de esos acuerdos por parte de Estados Unidos y Brasil, países que se encuentran en un proceso de reorganización caracterizado por la profundización de esquemas económicos y políticos que, a corto plazo, parece ser que benefician a la población, pero que a mediano plazo muestran que son profundamente perjudiciales con los sectores más vulnerables de la sociedad. La combinación de ideologías negacionistas, radicalismos económicos y el resurgimiento de nacionalismos proteccionistas, ha hecho que muchos gobiernos emulen acciones que minan el camino andado en cuanto a los acuerdos ambientales.

Además, en el caso de Estados Unidos, esta acción se inscribe en un ámbito de tensión internacional con otras potencias que genera escenarios de incertidumbre. En Brasil, el cambio político está combinado con acciones de carácter racista y discriminatorio que hacen recordar las políticas de aniquilación indígena llevadas a cabo en épocas que se consideraban ya superadas. Todo esto contrarresta la disposición de otras naciones para profundizar un cambio que contrarreste el cambio climático, principalmente en la producción de energía y las tecnologías de transporte.

Lo anterior muestra que la política es un componente fundamental para lograr el denominado esfuerzo relevante que requiere el cambio climático. Pero, siendo realistas y ante el gran peso de los intereses políticos y económicos en torno al cambio climático, no se percibe que haya las condiciones para realizar en lo inmediato un cambio coordinado a escala global. Ante esto, se vuelve una urgencia actuar en los escenarios nacionales y locales, donde quizá sea posible actuar de tal modo. Los territorios indígenas son los más importantes, ya que ahí se encuentran los conocimientos prácticos para proteger los recursos más preciados del planeta, por lo que resulta de la más alta importancia protegerlos.

Pareciera entonces que las actividades humanas están lejos de toda conciencia ambiental, y que ir sobre la naturaleza es el paso necesario para alcanzar todos aquellos fines de riqueza y prosperidad que persiguen grupos de poder y dominio en todas las naciones del mundo. Esto pone de relieve las significaciones que los seres humanos establecemos con los contextos naturales donde llevamos a cabo nuestra vida, siendo para unos la naturaleza el objeto de la dominación y la riqueza, mientras que para otros la naturaleza es el espacio donde se recrea la vida.

Sobre esto último, se está gestando lo que parece ser una conciencia ambiental global, que por ahora no tiene identificada un objeto central en torno al cual organizarse, que carece también de los instrumentos y de la fuerza para la defensa efectiva de la naturaleza. Esto sucede en el contexto de los efectos que ha tenido la pandemia de Covid-19 en todo el mundo, enfermedad que, según una gran cantidad de evidencia, es el resultado de la invasión humana a los ecosistemas donde habitan especies que han transmitido al ser humanos un virus para el que no existe en este momento medicamentos ni vacunas.

En este aspecto, se ha comenzado a tomar con seriedad el llamado a un cambio de ruta que, en lugar de buscar la prosperidad económica, tenga como objetivo el desarrollo de ciclos vitales más simples y armónicos con la naturaleza. Ese ha sido el pronunciamiento de un grupo de científicos de varios países del mundo en este sentido (Otero, et al., 2020) sobre la gran relación entre crecimiento económico y la pérdida de biodiversidad. Asimismo, muestran que los acuerdos para la preservación ambiental son ambiguos en gran parte de los casos, y sin efectos relevantes en la política económica.

El camino es difícil y dado todos los indicios, el futuro cercano no tiene nada halagüeño. La relación entre seres humanos y la naturaleza en estos momentos de la historia parece ser que está rota o inexistente. No obstante, la esperanza como acto político se hace más que necesaria ante el desafío que no sólo amenaza nuestro futuro sino nuestro presente. La innovación, la disposición, el conocimiento local, la juventud, aspiraciones de buen vivir en lugar de materialismo consumista, son tan sólo algunos elementos que tendrían que ser incorporados a los proyectos de acción climática. Estos mismos, si bien pueden estar organizados en torno a los ejes de la planeación institucional, frente a las circunstancias adversas, también tienen que caminar en el terreno de la autonomía y del territorio para asegurar su continuidad.

En el caso del contexto de este trabajo, esto tiene que ser llevado a cabo en las regiones de mayor vulnerabilidad del estado de Hidalgo, donde la vulnerabilidad climática de los territorios de la Huasteca debe ser enfrentada desde una visión que considera el bienestar social de las poblaciones indígenas, dando prioridad al agua, la salud y la producción de alimentos. Por lo tanto, resulta de la mayor importancia la realización de acciones de adaptación climática que incorporen los conocimientos locales en la gestión sustentable del agua y de la preservación de la biodiversidad. Es indispensable el desarrollo de formas de cooperación entre gobiernos comunitarios y municipales, con base en el cumplimiento al derecho humano al agua y a un medio ambiente sano.

Referencias

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Notas

Nota 1. Fuente: El País. 01/02/19 “Bienvenidos a la era de los extremos climáticos”. https://elpais.com/elpais/2019/02/01/ciencia/1549024663_993992.html.

Nota 2. Fuente: La Jornada. 06/03/19 “Expansión humana en Rusia y cambio climático” https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/06/expansion-humana-en-rusia-y-cambio-climatico-6539.html.

Nota 3. Fuente: El País, 22/08/2019 “Macron tilda de “crisis internacional” los incendios de la Amazonia y quiere que se aborden en el G7, https://elpais.com/internacional/2019/08/22/actualidad/1566501636_486466.html.

Nota 4. El País. 19/02/19 “Muere Wallace S. Broecker, padre del término “cambio climático” https://elpais.com/sociedad/2019/02/19/actualidad/1550592785_709807.html

Nota 5. Fuente: https://es.unesco.org/courier/2018-2/antropoceno-problematica-vital-debate-cientifico.

Nota 6. Fuente: DOF, 27/09/13.

Declaratoria de Desastre para 31 municipios del estado de Hidalgo. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5315625&fecha=27/09/2013.

Profesor investigador del Área Académica de Trabajo Social-UAEH.

5. Experiencia de la adaptación basada en ecosistemas de montaña (ABE) en la reserva paisajística Nor Yauyos Cochas (2012-2016) . Por Benito Elmer Segura Jiménez9

5.1 Introducción

El presente escrito es la descripción de los resultados de las medidas de la adaptación al cambio climático implementadas en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas (RPNYC), a través del programa global “Adaptación basada en Ecosistemas de Montaña (ABE)”, liderado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como el apoyo financiero del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad Nuclear del Gobierno Alemán (BMUB).

En Perú, el programa se implementó con liderazgo por encargo del Ministerio del Ambiente (MINAM) y fue ejecutado en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, con apoyo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y el The Mountain Institute (TMI), por encargo de la UICN y en estrecha coordinación con la Jefatura de la RPNYC, fue responsable de la implementación de las medidas adaptación en las comunidades de Canchayllo y Miraflores.

En ese sentido se cita el enfoque ABE: descripción del contexto, mención de las metodologías, las estrategias de la medida implementada, así como los cambios y resultados inmediatos. En la RPNYC fue una gran experiencia la implementación de las medidas bajo el enfoque ABE, puesto que ayudó a incorporar y transversalizar la variable cambio climático en los diferentes documentos de gestión, como el Plan Maestro y otros. Asimismo, mejoró el acercamiento a las comunidades, ya que los habitantes percibían como imposición la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad, ahora los habitantes del Área Natural Protegida (ANP), entienden que la conservación y restauración de los ecosistemas les genera beneficios ecosistémicos, sociales y económicos, más aún porque ellos dependen de la naturaleza y el clima.

Las comunidades como Canchayllo y Miraflores, en principio, dudaban de la implementación del programa, porque habían sufrido constantes fracasos con los proyectos. Fue una dura labor de la RPNYC-Sernanp y el equipo del proyecto ABE Montaña, sensibilizar y capacitar a la población sobre los efectos del cambio climático y la necesidad de adaptarse a los cambios. En este trabajo fue importante la metodología utilizada por el Instituto de Montaña, entre ellos la Investigación Acción Participativa (IAP), que incluye a los habitantes locales en el proceso de la investigación. En este caso, fue para realizar diagnóstico a nivel científico y desde la percepción local, la planificación de las actividades, la implementación, hasta el cierre del proyecto. Esto ayudó al fortalecimiento de la organización, al empoderamiento de los actores locales, al fortalecimiento de las capacidades y para sustentar mejor sus argumentos en las discusiones del proyecto y asuntos comunales.

Existe una abrumadora información generada por la implementación del programa, y en líneas posteriores tratamos de sintetizar y resumir la experiencia. Nos centramos con la descripción de las comunidades de Canchayllo y Miraflores. Ambos tienen características complementarias y divergentes. Es importante la intervención para el análisis y la propuesta de implementación de nuevos proyectos con este enfoque.

5.2 Enfoque de adaptación basada en ecosistemas de montaña (ABE)

La adaptación basada en ecosistemas (ABE) consiste: en la utilización de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, de una forma planificada que apoye a la humanidad a adaptarse a los efectos negativos del cambio climático (CBD, 2009). Su propósito es disminuir la vulnerabilidad e incrementar la capacidad de resiliencia de los ecosistemas y personas que se benefician o aprovechan de la gestión sostenible, la conservación y restauración de los ecosistemas.

La ABE reconoce la importancia de integrar y mantener los saberes locales y los valores culturales. Puede ser aplicada a niveles regionales, nacionales y locales, tanto a escala de proyectos como de programas, proyectos y acciones que pueden brindar beneficios y resultados a corto, mediano y largo plazo (Ibíd).

Ejemplos de acciones de ABE incluyen: restauración y conservación de manglares para disminuir las inundaciones y la erosión costera; gestión y manejo sostenible de cabeceras de cuenca para conservar o mejorar la provisión, regulación y calidad del agua; reforestación para la estabilización de terrazas y declives de tierra, y prevenir derrumbes; diversificación agropecuaria para enfrentar a los efectos del cambio climático, y conservación de la agrobiodiversidad para conservar pools de genes para la adaptación de los cultivos y el pastoralismo (CBD, 2009: 41-50).

5.3 Reserva paisajística Nor Yauyos-Cochas (RPNYC)

La zona protegida y reservada Alto Cañete-Cochas, se creó el 4 de enero de 1999 mediante D.S. Nº 001-99-AG. Posteriormente, obtendría la categoría de Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas, el 01 de mayo de 2001, publicado en el diario oficial El Peruano el 03 de junio de 2001, mediante D.S. Nº 033-2001, cuando era presidente de la República Valentín Paniagua y Ministro de Agricultura Carlos Amat y León. Abarca los siguientes distritos: por la región Lima, provincia de Yauyos, los distritos Alis, Carania, Huancaya, Laraos, Miraflores, Tanta, Tomas y Vitis. Por la provincia de Huarochirí, el distrito de San Lorenzo de Quinti. Por la región Junín, provincia de Jauja, los distritos Canchayllo, unidad de producción Cochas, hacienda Pachacayo y Llocllapampa. Por la provincia de Yauli, el distrito de Suitucancha (INRENA, 2006: 27).

Está ubicada en los Andes centrales del Perú, en los departamentos de Lima y Junín. Abarca 221.268 hectáreas, entre los 2,500 y 5,860 metros sobre el nivel del mar; la altitud más elevada de la RPNYC es la cumbre del nevado Pariacaca, deidad tutelar desde tiempos pre-inca, y venerado hasta la actualidad (INRENA, 2006). El principal objetivo del área natural protegida (ANP) es la protección y conservación de los recursos naturales y culturales de la cuenca alta del río Cañete, y la subcuenca del río Pachacayo, importantes para la provisión y regulación hídrica, generación de energía eléctrica y diversos servicios ecosistémicos (Ibíd). Por su condición de Reserva Paisajística (la primera en ser creada en esta categoría en el país, equivalente a la Categoría V de IUCN), ha sido clasificada como un área protegida de uso directo, es decir, “se faculta aprovechar o extraer los recursos, en lugares y ecosistemas definidos por el plan maestro del área” (INRENA, 2006: 21) (figura 1).

Antropólogo adscrito al Instituto de Montaña, Lima, Perú.

Figura 1. Mapa de comunidades de intervención en la Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas

Fuente: Sernanp-RPNYC, 2015.

5.4 La metodología: el diagnóstico rural participativo integrado (DRPI) y la etnografía

La metodología utilizada fue el diagnóstico rural participativo integrado (DRPI). Esta herramienta fue elaborada a partir del diagnóstico rural rápido (Appraisal), el diagnóstico rápido participativo (Chambers, 1997; Towmnsley, 1996) y herramientas como línea de tiempo y tendencias, calendario de actividades, diagrama organizacional, entrevistas semi-estructuras y visitas de campo, para registrar datos biofísicos y sociales. El DRPI se construyó, por medio de acciones de facilitación, como un espacio de debate horizontal entre el grupo de investigadores locales reconocido por la asamblea comunal y el equipo de especialistas externos en hidrología, manejo de pastizales, sistemas productivos, arqueología y antropología. La implementación de dicho DRPI fue entre junio y setiembre de 2013.

Esta fuente de información, debate y decisiones, se complementó con trabajos etnográficos, visitas cortas y continuas durante la implementación de las medidas de adaptación al cambio climático. Los instrumentos permitieron reconstruir sistemas de producción, condición de ecosistemas, beneficios que generan estos ecosistemas, instituciones de acceso a los recursos, percepción de problemas en general y específicamente impactos del cambio climático, así como soluciones identificadas por la propia población. Esta información se usó para el diseño de las medidas de adaptación basada en ecosistemas (ABE) a partir de los intereses diversos en la comunidad, los saberes locales y el conocimiento científico (Zapata, et al., 2015).

5.5 Las comunidades

En Perú las medidas de adaptación al cambio climático con enfoque ABE se implementaron en varias comunidades de la RPNYC. Sin embargo, nos centraremos en describir dos comunidades donde se ha tenido experiencias en su implementación.

5.5.1 Canchayllo

La comunidad de Canchayllo está ubicada a una altitud de 3,614 metros sobre el nivel del mar, en la subcuenca del río Cochas-Pachacayo, en la cuenca del Mantaro, en el ámbito de la provincia de Jauja, región Junín. Su territorio comunal abarca 7,670 hectáreas (IGN, Minedu y Cofopri, 2013). Tiene una población de 1,774 habitantes (INEI, 2007), siendo 228 de ellos comuneros, dedicados a la ganadería, piscicultura, agricultura, comercio y minería. Canchayllo recibe ingresos monetarios por el alquiler de sus terrenos a la empresa extractiva de minerales no metálicos SILICE SAC, así como de la Empresa de Generación Eléctrica Canchayllo (EGECSAC) que opera en su territorio. La organización comunal está compuesta por la Asamblea General de Comuneros, Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y comités especializados como el de Yanaututo, Pumapanca, de Educación, de Vicuña y otros (IM, 2015b).

El manejo del territorio comunal está divido de la siguiente manera: a) Zona alta o granja comunal. Estos pastizales están destinados para usufructo con la granja comunal de ovinos, pero al mismo tiempo utilizan como echaderos con vacunos y equinos de los comuneros dedicados a la ganadería. b) Zona media. Son los sectores de Yanaututo y Pumapanca. Es usufrutuada por los comuneros mediante parcelas donde se dedican a la crianza de ovinos y vacunos a campo abierto, y en cercos con pastos cultivados. c) Zona baja, comprende el pueblo y sus alrededores. Así, mediante parcelas, también se dedican al cultivo de tubérculos y cereales, además de la crianza de ovino y vacuno (IM, 2013b).

Figura 2. Mapa de ubicación de la medida AbE de la comunidad de Canchayllo

Fuente: proyecto AbE Montaña 2018a.

5.5.2 Miraflores

La Comunidad de Miraflores está ubicada al norte de la provincia de Yauyos, de la región Lima provincias, a una altitud de 3,655 metros sobre el nivel del mar, con una población de 441 habitantes (INEI, 2007), de los cuales 80 son comuneros (activos y pasivos). Su territorio comunal tiene 1,3031 hectáreas (IGN, MINEDU y COFOPRI, 2013). Se dedican a la actividad agropecuaria con la crianza de camélidos, ovinos y vacunos, así tienen sectores agrícolas de rotación en andenes y terrazas que dependen en gran medida del clima. Miraflores es un pueblo habitado desde hace un siglo por los pobladores de la antigua ciudadela de Huaquis, que migraron debido a la baja disponibilidad de agua, incendios provocados en zonas adyacentes al pueblo, por su ubicación en una cima rodeada de cultivos y herbazales. Percibe ingresos monetarios por venta de animales de la granja comunal, comercialización de papas nativas e ingreso de animales a los pastos en conservación. Su organización comunal está compuesta por una asamblea general, junta directiva, 4 cuadrillas, comités de riego, granja comunal, feria agropecuaria, entre otros. Además, es conocida por su adecuada gobernanza (IM, 2015b).

Su territorio comunal maneja de la siguiente manera: a) Zona de Puna. Es de uso comunal destinado para los animales y usufructúan con camélidos, ovinos y estacionalmente con vacunos. b) La zona Aisha. Es de uso comunal y destinado para el cultivo en secano, como papa nativa con abono orgánico, aprovecha épocas de lluvias. c) La zona de Maguay. Es de uso parcelado y utilizan pastos introducidos y cultivos mediante riego durante el año. d) La zona Maizal. Es de uso parcelado, compuesto por un sistema de andenes, terrazas, reservorios y canales de riego destinados al cultivo de maíz y calabaza (IM, 2013b).

Figura 3. Mapa de ubicación de la medida AbE de la comunidad de Miraflores

Fuente: proyecto AbE Montaña 2018b.

5.6 Problemática frente al cambio climático

Necesidad de disponibilidad de agua durante sequías, es decir en meses de verano disminuyen los caudales de agua debido al retroceso de glaciares, lagunas, ríos, manantiales y otras fuentes de agua, sin embargo, requieren agua para bebederos de animales, agricultura, acuicultura y otras actividades (IM, 2013b). Cambios demográficos, las poblaciones tienen migración, principalmente de los jóvenes, por educación, trabajo y nuevas oportunidades. La población que se dedica a la actividad ganadera es adulta y adulta mayor, en su mayoría (Ibíd).

Problemas de sobrepastoreo con la crianza animales, por encima de la capacidad de carga de los pastizales. Asimismo, las escasas prácticas de técnicas como pastoreo rotativo, abonamiento, conservación, revegetación, trasplante y otros, para el mejoramiento de la condición de los pastos (Ibíd). Pastos en condición buena en la zona alta y pobre en zonas media y baja. Debido a cambios en los modos de vida, las personas prefieren vivir en el pueblo para acceder a servicios básicos y medios de comunicación. Por lo tanto, han abandonado la zona alta, donde se encuentran pastos en mejor condición, sin embargo, generan mayor presión en zonas medias y bajas por estar cerca de los pueblos (Ibíd).

Debilitamiento de la gobernanza para el manejo de recursos naturales y organizativos. Las comunidades atraviesan por cambios bruscos y continuos a nivel social, influenciadas por aspectos globales y efectos del cambio climático. No respetan los estatutos comunales para la gestión y manejo de pastos, agua, tierras agrícolas, bosques y otros recursos comunitarios. Algunos bienes y recursos son concesionados a empresas privadas (Ibíd). Por lo tanto, factores naturales climáticos y sociales explican la condición del ecosistema en las comunidades, pero son ellos quienes deciden la gestión, uso y manejo de los recursos de su territorio.

5.7 Medidas AbE implementadas

La selección y diseño de la medida AbE ha sido con la utilización de metodologías participativas como la investigación acción participativa (IAP). Involucra a los mismos actores (en este caso los beneficiados) en la investigación e implementación del proyecto, así como en la consulta y en la toma de decisiones, en la elaboración de un diagnóstico rural participativo integrado (DRPI), que consistió en el trabajo de consultores (investigadores externos, expertos locales, investigadores locales), Sernanp, universidades, comunidades y gobiernos locales. Además de reuniones, talleres, focos grupales, visitas de campo y otros.

Después de reuniones y trabajos de investigación, se han seleccionado las medidas a implementar: conservación y ampliación de humedales y gestión comunitaria de praderas altoandinas, en Miraflores, y rehabilitación de humedales y gestión comunitaria de praderas nativas, en Canchayllo. Estas medidas tienen tres resultados: 1. Desarrollo de infraestructura verde-gris, que consistía en la recuperación de tecnologías ancestrales como restauración o protección de diques antiguos, así mismo, cercos para la revegetación y recuperación de la condición de pastos. 2. Fortalecimiento institucional, la realización de talleres y elaboración de planes de manejo de pastos agua. 3. Componente 3: fortalecimiento de capacidades y comunicación, con la realización de talleres en evaluación de pastos, condición de pastos, técnicas de trasplante de pastos nativos; así como acciones de comunicación, mediante videos, teatro, vitrinas informativas, publicaciones y otros (IM, 2013a). En los cuadros 1 y 2 se resume las actividades implementadas en las comunidades de Canchayllo y Miraflores:

Figura 4. Diseño de Medida AbE

Fuente: IM, 2013a.

5.7.1 Medida AbE implementada en Canchayllo

A continuación, mencionamos las actividades implementadas en la comunidad de Canchayllo, donde además la comunidad aportó recursos financieros, humanos, logísticos, equipos y maquinarias para la implementación de las actividades.

Cuadro 1. Rehabilitación de humedales y gestión comunitaria de praderas nativas (Canchayllo)

Medida implementada

Componente 1. Desarrollo de infraestructura verde-gris

Componente 2. Fortalecimiento Institucional

Componente 3. Fortalecimiento de Capacidades y Comunicación

Reparación del alero del dique de Laguna Chacara, que presentaba filtraciones. Rehabilitación del Canal Chacara-Jutupuquio (2,855 metros). Instalación de tres parcelas piloto (una hectárea cada una), cercadas para la investigación aplicada a través de la observación de prácticas de recuperación de pastizales, tratamientos, abonamiento y resiembra de pastos nativos (como el chilhuar).

Elaboración participativa del Plan de Manejo de Pastos y Agua (PMPA), que incluye: Organización y reestructuración de nuestra comunidad (10 proyectos). Ganadería responsable y sostenible (7 proyectos). Cuidar, mejorar y recuperar la calidad de pastos (5 proyectos). Cuidado y manejo sostenible del agua (9 proyectos). Información, capacitación para el manejo de los recursos naturales (5 proyectos).

En capacidades se realizó: talleres de evaluación agrostológica participativa, en época húmeda y seca, para evaluar la condición de pastos, para comuneros de Canchayllo. Dos talleres sobre sistemas de producción y manejo sostenible de pastizales, para comuneros de Canchayllo y Miraflores: (1 para socios locales, y 1 para guardaparque). Tres conversatorios sobre sistemas pastoriles (2 en Lima y 1 en Huancayo), para comuneros de Canchayllo, Miraflores, Tanta y Tomas. Una maqueta 3D de la comunidad. Vitrina informativa.

En comunicación: Diagnóstico y plan comunicacional participativo. Vitrina informativa. Talleres de teatro. Videos participativos: a) Sembrando futuro; b) Usos del territorio comunal de Canchayllo. Spots de radio- La Noche de Arte: Reencuentro con la Pachamama. Producción de materiales de comunicación.

Fuente: IM-UICN, 2016a.

5.7.2 Medida AbE implementada en Miraflores

A continuación, mencionamos las actividades implementadas en la comunidad de Miraflores, donde además la comunidad aportó recursos financieros, humanos, logísticos y maquinaria, para la implementación de las actividades.

Cuadro 2. Miraflores “Conservación y ampliación de humedales y gestión comunitaria de praderas altoandinas”

Medida implementada

Componente 1. Desarrollo de infraestructura verde-gris

Componente 2. Fortalecimiento de la institucionalidad y organización comunitaria

Componente 3. Fortalecimiento de Capacidades y Comunicación

Reparación de dos kilómetros de tubería de agua de Yanacancha, hasta Curiuna, y ampliación de 2.4 kilómetros adicionales de Curiuna a Tuntinia y Huaquis.

Ampliación de la zona de protección de los bofedales, lagunas y diques ancestrales en Yanacancha, tres a cinco hectáreas. Se reparó y extendió el cercado usando malla ganadera para evitar el ingreso de los animales (principalmente vacunos y caballos).

Sectorización (ver nota 1) de 80 hectáreas de pastoreo en Curiuna, Pampalpa, Colulume y Tuntinia, por medio de un cerco de 2.3 kilómetros para proteger la zona Aisha (ver nota 2) del ingreso de los animales.

Rehabilitación de los abrevaderos de Curiuna y Wayacaña y construcción de tres abrevaderos en Pampalpa, Tuntinia y Colulume.

Elaboración participativa del plan (ver nota 3) de manejo de pastos y agua (PMPA). Incluye:

Organización y compromiso de la comunidad (siete proyectos).

Recuperación de pastos naturales y manejo de pastos cultivables (seis proyectos). Siembra y cosecha de agua (10 proyectos).

Capacitación para el adecuado manejo de los recursos naturales y la ganadería (11 proyectos).

Capacitación para el adecuado manejo de los recursos naturales y la ganadería (11 proyectos).

Taller participativo de evaluación agrostológica en época húmeda, para evaluar la condición de pastos, para comuneros.

Dos talleres sobre sistemas de producción y manejo sostenible de pastizales, para comuneros de Canchayllo y Miraflores: (01 para socios locales y 01 para guardaparques).

Conversatorios sobre sistemas pastoriles (dos en Lima y uno en Huancayo), para comuneros de Canchayllo y Miraflores, para informar de los resultados del proyecto y la presentación de los planes de manejo.

Una maqueta 3D de la comunidad.

Fuente: IM-UICN, 2016b.

5.7.3 Generando los primeros cambios e impactos

A continuación, presentamos los cambios e impactos inmediatos al año 2016, por la implementación de medidas de adaptación al cambio climático en las comunidades de Canchayllo y Miraflores. En síntesis, la comunidad de Miraflores ya percibe los beneficios de los ecosistemas, mientras que en Canchayllo perciben los beneficios los comuneros dedicados a la actividad ganadera.

Sin embargo, la gobernanza y la organización comunal son primordiales para tener éxitos en la implementación de proyectos de adaptación al cambio climático, la gestión, el uso y manejo del territorio. Estos deciden cómo, cuándo y con quienes utilizar los recursos. Como agentes externos facilitamos la discusión, el análisis, el debate y brindamos información desde el conocimiento local y científico para la toma de las decisiones.

5.8 Resultados de la medida “Rehabilitación de humedales y gestión comunitaria de praderas nativas” (Canchayllo)

5.8.1 Infraestructura Verde Gris

Incremento en la capacidad de almacenamiento y reservas de agua de la comunidad. La laguna de Chacara aumentó su nivel por la reparación del dique. En septiembre de 2015 se registró un caudal de 184 litros por segundo. Aumento de la disponibilidad de agua en la zona alta de la comunidad. Formación de humedades y abrevaderos en la zona de manejo colectivo de la granja comunal. Recuperación de canales ancestrales, abasteciendo de agua a 560 hectáreas de pastos nativos en la granja comunal y los sectores de pastoreo de Yanaututo, a través de la excavación de una zanja más profunda —de manera que pudieran coexistir tanto la tubería de PVC como la zanja de infiltración— con funciones de distribución y regulación hídrica (ver nota 4).

Disminución de la probabilidad de incendios gracias a la mayor humedad en los pastizales. Esto se verificó en agosto de 2015, cuando se registraron incendios en la zona alta de la comunidad y se redujo su propagación en la zona de influencia de la medida gracias a la mayor humedad de los pastos. Distribución de agua a otros sectores de la comunidad mediante una red ya existente de pequeños canales/surcos abiertos, aportando la infiltración de agua a los pastizales y manantiales cercanos. Recarga de lagunillas temporales en el sector de la granja comunal y alrededores en época seca, de acuerdo con la distribución y manejo que se realiza en la granja comunal y en las canchas de pastoreo de los comuneros de Yanaututo (regulación hídrica). Recarga de agua en sumideros (en Chancadora) mediante la infiltración de agua que recorre por el canal de Jutupuquio-Jaracancha-Chancadora (regulación hídrica), con influencia en la microcuenca de Jaramayo (Hidroandes, 2015).

El avistamiento de aves, como patos (anas flavirostros) en las lagunillas o qochas formadas gracias al agua transportada por el canal y el sistema de zanjas restauradas. Recuperación de prácticas organizativas como faenas comunales, en beneficio comunitario, durante los trabajos de restauración de la infraestructura hidráulica. Protección de 3 hectáreas de pastos nativos, recuperándolos de manera natural y permitiendo que éstos puedan semillar. Capacitación a 20 comuneros y comuneras (de los cuales cuatro son investigadores locales y tres guardaparques) en técnicas en recuperación de los pastos. Esto también aportó al incremento del nivel de conocimientos y aplicación de prácticas en manejo sostenible de pastos. Generación de ideas de proyectos familiares entre comuneros dedicados a la ganadería, interesados en replicar estas prácticas (ver nota 5).

5.8.2 Fortalecimiento organizativo

Elaborar y publicar el Plan de Manejo de Pastos y Agua (PMPA). Dicho documento contiene cinco componentes y acciones a seguir para su implementación. En el proceso participaron 150 personas de la comunidad. Los talleres para elaborar los PMPA permitieron que las personas involucradas analicen y visualicen la problemática y las necesidades de la comunidad, además de sensibilizarse en cuanto a la situación del manejo de sus recursos y la organización de la comunidad, e incluir los componentes y acciones de pastos y agua en el presupuesto participativo del municipio para el año fiscal 2016. Creación del comité de usuarios de agua Chacara-Yanaututo en la microcuenca del río Jaramayo, y el sector de la granja comunal para la operación y mantenimiento de la infraestructura y la distribución del agua entre los usuarios.

Desde la implementación de las actividades en este componente, se registró un aumento de aplicación de prácticas en manejo de pastos —incluyendo evaluación de pastos, cercos y recuperación de pastos— tanto a nivel familiar como comunal. Para ilustrar este punto, el 53 por ciento, 56 por ciento y 52 por ciento de personas encuestadas en el monitoreo en septiembre de 2015, señalaron que mejoraron su nivel de aplicación de prácticas a nivel familiar en evaluación de pastos, cercados y recuperación de pastos, respectivamente. El 86 por ciento, 40 por ciento y 24 por ciento de las personas encuestadas señalaron que mejoraron su nivel de aplicación de prácticas a nivel comunal en la evaluación de pastos, cercados y recuperación de pastos, respectivamente (IM-UICN, 2016b).

Generación de un documento con recomendaciones técnicas para el manejo de los pastos de la granja comunal (ganado comunitario) de forma participativa con los comuneros y personal de la RPNYC, el mismo que recoge un diagnóstico de estos recursos y las prácticas relacionadas, así como las recomendaciones técnicas basadas en los saberes locales y los estudios realizados durante el proyecto. Trabajo más estrecho entre las comunidades y la RPNYC para el manejo sostenible de los pastizales nativos y el agua.

5.8.3 Fortalecimiento de capacidades y comunicación

Capacitación a 15 personas de la comunidad y a 12 guardaparques, en evaluación de la condición de los pastizales realizados en campo y gabinete. A partir de esta capacitación se generaron conocimientos y sensibilización respecto de la situación por los pastos. Las personas comuneras, más conscientes de la condición real de los pastos y con mejores conocimientos sobre cómo evaluar los pastos y conocer su condición. Se registró aumento del nivel de conocimientos en evaluación de pastos, aplicación práctica en cercos, aplicación práctica en técnicas de recuperación de los pastos. Para ilustrar este punto, el 20 por ciento, 90 por ciento y 72 por ciento de personas encuestadas en el monitoreo de septiembre de 2015, indicaron que mejoraron su nivel de conocimientos en evaluación de pastos, cercos y recuperación de pastos, respectivamente (IM y UICN, 2015b).

Alrededor de 232 personas, incluyendo socios locales, autoridades locales, otras comunidades, sector académico, instituciones regionales y nacionales, participaron en estos eventos, para contribuir al fortalecimiento de capacidades de comuneros y otros actores vinculados a los sistemas de producción pastoriles en estos ecosistemas andinos; compartir experiencias exitosas de manejo de ecosistemas de pastizales nativos alto-andinos como una alternativa para la adaptación al cambio climático y mejora de los medios de vida locales; generar un espacio de diálogo entre diversos actores –comunidades campesinas, gobiernos y agencias gubernamentales, academia e investigación, ONGs y sector privado para potenciar sinergias para el financiamiento y apoyo técnico en el manejo sostenible de ecosistemas de pastizales (con énfasis en los PMPA de Canchayllo y Miraflores); aportar a la zonificación del territorio comunal para la elaboración del PMPA, y como herramienta para futura planificación territorial de la comunidad.

Asimismo, la sensibilización e información de las actividades del proyecto. Incremento del conocimiento y capacidades locales, así como revalorización de los saberes locales. Fortalecimiento de las capacidades de los jóvenes videastas para grabar y editar videos elaborados de forma participativa y de trabajos en equipo. Afianzamiento de los vínculos y lazos entre comuneros y guardaparques, colaborando con la sensibilización y participación comunitaria.

Se informó de los problemas de los pastos y agua a escala local, nacional e internacional, entre las personas de Canchayllo, y también en las redes sociales como Facebook. Aumento de la autoestima de los estudiantes, quienes vencieron el temor de expresarse en público. Entablar un diálogo intergeneracional entre jóvenes y adultos de la comunidad respeto de la realidad de la comunidad. Mayor sensibilización de toda la población de la comunidad sobre la importancia de cuidar de manera organizada los recursos naturales, especialmente pastos y agua, propiciando también una mayor participación en el resto de las actividades. (IM y UICN, 2016b), (Zapata y Gómez, 2015), (Alvarado, 2015), (Hidroandes, 2015), y (IM y UICN, 2015b).

Secuencia 1 de imágenes del trabajo realizado

Foto 1. Derecha: dique sin construir el alero (inicios de octubre de 2014). Foto 2. Centro: excavación del dique para sellar filtraciones (mediados de octubre de 2014). Foto 3. Izquierda: dique con el alero construido (finales de octubre de 2014) en la comunidad de Canchayllo. Autoría propia.

5.9 Resultados de la medida “Conservación y ampliación de humedales y gestión comunitaria de praderas altoandinas” (Miraflores)

5.9.1 Infraestructura Verde Gris

Cinco hectáreas de pastos nativos protegidas en las zonas cercadas, que servirán como semilleros de pastos para revegetar áreas degradadas. La cobertura vegetal en la zona de cercado muestra una tendencia de mejoramiento pasando de 69 por ciento a 90 por ciento. También así, en el bofedal cercado de Yanacancha, la condición de los pastos para vacunos muestra una tendencia de mejoramiento, pasando de muy pobre (septiembre, 2013) a pobre (septiembre, 2015), y de muy pobre (setiembre, 2013) a regular (setiembre, 2015) para ovinos (IM y UICN, 2015c). En época seca, los bofedales servirán además de reserva de pastos para los animales.

Los pastos recuperados ayudarán también a mejorar la infiltración, almacenamiento y provisión de agua, tanto para el consumo de la población de Miraflores (cuenca abajo) como para la actividad ganadera en los sectores de Lona, Curiuna, Pampalpa, Colulume y Tuntinia. La reparación de la tubería incrementará el abastecimiento del agua en Curiuna-Anta. La tubería reparada-construida, la sectorización y los abrevaderos, permiten contar con disponibilidad de agua en las zonas de Curiuna, Wayacaña, Pampalpa, Colulume y Tuntinia. Esto permite que los animales tengan agua para beber durante la época seca en diferentes sitios. También ha generado que la comunidad se organice y mejore la rotación del ganado en su territorio comunal, disminuya la presión por pastoreo en la zona de Curiuna, que estaba fuertemente degradada, favoreciendo la recuperación de los pastos en los sectores de Curiuna, Wayacaña, Pampalpa, Colulume y Tuntinia.

La disponibilidad de agua permite que funcione la tubería que conduce agua hacia Marcaya, favoreciendo también a los animales que pastorean en ese sector. El agua también llega hasta la entrada de Huaquis, sitio en el que se construyó una gruta de agua como atractivo turístico para que los visitantes al pueblo antiguo puedan hacer uso del recurso. Se conservan y recuperan 160 hectáreas de pastos nativos por ocho meses anualmente (época seca), por acuerdo de la comunidad. Por ejemplo, en los sitios monitoreados (Curiuna, Pampalpa y Parahuichao) se muestra una tendencia de mejoramiento de la condición de los pastos para vacunos y ovinos, pasando de muy pobre (septiembre, 2013) a pobre (septiembre, 2015) (Ibíd). Contar con abrevaderos listos para que los animales beban agua durante el pastoreo. Al incrementar el número de abrevaderos, se incrementó también el área de pastos disponible con agua para ganado (aproximadamente un total de 160 hectáreas).

5.9.2 Resultados de fortalecimiento organizativo

Elaborar y publicar un PMPA, mediante una metodología que abarca ocho pasos. El plan contiene cuatro componentes y acciones a seguir para su implementación. En el proceso participaron 44 personas comuneras. Los talleres para elaborar los PMPA permitieron que analizaran y visualizaran la problemática y las necesidades de la comunidad, además de sensibilizarse respecto de la situación del manejo de sus recursos y la organización de la comunidad. Conformación de un comité de gestión del PMPA (conformado por ocho personas) y un comité de monitoreo (seis personas). Planificación de actividades del plan a largo plazo, e identificar objetivos de conservación que se alinean con los objetivos de conservación del plan maestro de la RPNYC. Con apoyo de los comités de gestión y de monitoreo del PMPA, se priorizaron siete proyectos del PMPA que se incluyeron dentro del plan operativo anual comunal, cuatro de los cuales han sido o son implementados a la fecha (ver nota 6).

El comité de gestión, con liderazgo del alcalde distrital, logró priorizar dos proyectos en el presupuesto fiscal del año 2016 (IM y UICN, 2016b). El municipio estableció un monto de S/. 45.000 (nuevos soles) para los dos proyectos. Desde la implementación de las actividades en este componente, se registró un aumento de aplicación de prácticas en manejo de pastos —incluyendo pastoreo rotativo, evaluación de condición de pastos y cercado— tanto a nivel familiar como comunal. Para ilustrar este punto, el 59 por ciento y 45 por ciento de personas encuestadas en el monitoreo, en septiembre de 2015, señalan que mejoraron su nivel de aplicación de prácticas a nivel familiar en pastoreo rotativo y cercados, respectivamente. También así, el 86 por ciento, 33 por ciento y 81 por ciento de las personas encuestadas indicaron que mejoraron su nivel de aplicación de prácticas a nivel comunal en pastoreo rotativo, evaluación de condición de pastos y cercado, respectivamente (Ibíd). Trabajo más estrecho entre comunidades y RPNYC para el manejo sostenible de los pastizales nativos y el agua.

5.9.3 Resultados del fortalecimiento de capacidades y comunicación

Concientizar acerca de la condición real de los pastos y mejorar el conocimiento de los comuneros, sobre cómo evaluar los pastos y conocer su condición. Así, el 95 por ciento, 66 por ciento y 77 por ciento de personas encuestadas en el monitoreo de septiembre de 2015 (IM y UICN, 2015c), indicaron que mejoraron su nivel de conocimientos en pastoreo rotativo, condición de pastos y cercados (ver nota 7). Alrededor de 232 personas, incluyendo socios locales, autoridades locales, otras comunidades, sector académico, instituciones regionales y nacionales participaron en estos eventos. Contribuir al fortalecimiento de capacidades de comuneros y otros actores vinculados a los sistemas de producción pastoriles en estos ecosistemas andinos.

Compartir experiencias exitosas de manejo de ecosistemas de pastizales nativos alto-andinos, como una alternativa para la adaptación al cambio climático y mejora de los medios de vida locales. Generar un espacio de diálogo entre diversos actores –comunidades campesinas, gobiernos y agencias gubernamentales, academia e investigación, ONGs y sector privado– para potenciar sinergias para el financiamiento y apoyo técnico en el manejo sostenible de ecosistemas de pastizales (con énfasis en los PMPA de Canchayllo y Miraflores). Incremento del conocimiento y capacidades para la planificación territorial. Incremento del conocimiento y capacidades locales, así como revalorización de los saberes locales.

Expresar y resaltar los saberes, emociones y perspectivas de los comuneros desde sus miradas y opiniones, respecto de la gestión del territorio, pastos y agua. Descubrimiento y fortalecimiento de capacidades de los videastas para realizar videos participativos y realizar trabajo en equipo. Fortalecimiento de los lazos entre comuneros y guardaparques, aportando también a la sensibilización y participación comunal. Aumento de la autoestima de los estudiantes, quienes vencieron el temor de expresarse en público. Entablar diálogo intergeneracional entre jóvenes y adultos, además del respeto de la realidad de la comunidad.

Mayor sensibilización, compromiso y participación de los jóvenes en otras actividades del proyecto, como la realización de videos y algunas reuniones comunales. Mayor sensibilización de la población comunitaria sobre la importancia de cuidar de manera organizada los recursos naturales, especialmente pastos y agua, propiciando también una mayor participación en el resto de las actividades del proyecto (ver nota 8). (Zapata y Gómez, 2015) (Alvarado, 2015) (IM y UICN 2015a).

Mediante estos resultados, la adaptación basada en ecosistemas busca que las personas se adapten a los cambios del clima, mejorando o restaurando los ecosistemas. Es decir, un proyecto es AbE cuando busca ayudar a las personas a adaptarse a los efectos del cambio climático, mediante la mejora de los servicios ecosistémicos.

Secuencia 2 del trabajo realizado

Fotos 4 y 5. Antes y después del cercado en Curiuna en Miraflores. Autoría propia

5.10 Conclusiones

El enfoque de adaptación basada en ecosistemas, sitios de Montaña, busca ayudar a las personas para adaptarse al cambio climático mediante la conservación o restauración de los ecosistemas. En este caso fue mediante conservación, rehabilitación y ampliación de bofedales, manantiales, pastos nativos, así como almacenamiento de agua en diques ancestrales. Esto permite mayor disponibilidad de agua, mejoramiento de la cobertura y condición de los pastos.

La metodología participativa, como la investigación acción participativa y otros, fue importante para lograr los objetivos. Durante el proceso se conformaron en las comunidades el grupo de investigadores locales (comuneros), quienes investigaron y discutieron junto a los investigadores externos (consultores). En conjunto se elaboraron los diagnósticos, el diseño, la planificación e implementación de la medida AbE. Esta forma de trabajo ayudó al empoderamiento de la población en la implementación de las actividades y se escuchar decir: “Hemos hecho, hemos participado, hemos construido”, y no se escucha decir: “Ellos hicieron, el proyecto X ha hecho”. Este apropiamiento y esfuerzo ayudó a la sostenibilidad de las acciones implementadas.

En el espacio que se describe, la RPNYC y las comunidades son quienes gestionan y manejan el territorio con normas estatales, y desde usos y costumbres ancestrales, en ese sentido ocurren divergencias, sin embargo, el proyecto ayudó a mejorar el entendimiento mediante la zonificación y el uso del territorio. Asimismo, la organización comunitaria es fundamental cuando se trabaja en territorios comunales, porque son ellos quienes utilizan los recursos: pastos, agua, bosques, tierras agrícolas, y otros donde nuestra labor es facilitar el diálogo, la información y perspectivas desde el conocimiento tradicional y científico para el análisis, la discusión y la toma de decisiones.

Las medidas implementadas están basadas en la disponibilidad del agua y mejora de la condición de la cobertura de pastizales. El retroceso de glaciares, cambios en los patrones de lluvia y reducción de bofedales disminuye la disponibilidad de agua. Así como el exceso de animales domésticos, sobrepastoreo, calor intenso y heladas, influyen en la pobre y muy pobre condición de los pastos. A ello se suma el debilitamiento de la organización comunal, para el aprovechamiento ordenado de los recursos. Por eso fue necesario el desarrollo de infraestructura Verde Gris, con la restauración de diques, represas, proyección de humedales y bofedales, rehabilitaciones de canales ancestrales, instalación de cercos, construcción y habitación de abrevaderos. Fortalecimiento de la organización comunal, mediante talleres, análisis de la problemática local y elaboración de planes para el manejo de pastos y agua. Fortalecimiento de capacidades y comunicación con la realización de actividades de sensibilización sobre los efectos del cambio climático, talleres para evaluar la condición de pastos, técnicas de trasplante de pastos nativos y otros.

Los cambios e impactos inmediatos y primordiales al 2016 son: mayor disponibilidad de agua, mejoramiento de la condición de pastos de pobre a regular y bueno, mayor infiltración y regulación de agua, fortalecer la organización comunal en Miraflores, donde practican el pastoreo rotativo con animales (vacunos) en al menos cuatro sectores. En Canchayllo ocurrieron cambios a nivel familiar, donde se replicó la instalación de cercos para pastos nativos y cultivados. Y en fortalecimiento de capacidades mejoraron los conocimientos sobre pastos y agua, así como mayor sensibilización sobre la gestión y manejo de los recursos naturales.

En todo este proceso, el quehacer antropológico es importante porque ayuda al acercamiento y entendimiento de las comunidades y las diversas instituciones que interactúan sobre el territorio. El diálogo de saberes entre expertos locales y externos fue importante, por hacer contribuir al diálogo entre la ciencia moderna y el conocimiento ancestral, así como el rescate y la revaloración de los conocimientos comunitarios. Además de aportar a la construcción de herramientas de facilitación, aplicaciones de metodologías participativas, incluso la incidencia política en distintos niveles de gobierno.

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Notas

Nota 1. La sectorización es la instalación de mallas ganaderas en forma lineal que divide un sector de pastoreo comunal en dos sectores. Este cercado permite aprovechar la estructura natural para establecer sus límites (no es circular). Genera una mejor distribución del uso de los pastizales durante el año y permite su recuperación.

Nota 2. Aisha: zona de cultivo en secano, ubicada entre los 3,700 a 3,950 metros sobre el nivel del mar, donde se practica la rotación de cultivos (papa, oca, olluco) y luego el terreno descansa ocho años.

Nota 3. Como resultado del trabajo realizado, la comunidad aportó faenas y mano de obra no calificada para la ejecución de las obras de infraestructura.

Nota 4. El agua que alimenta la zanja de infiltración proviene de algunos puquiales en la parte alta, así como de la propia precipitación. En el caso de la tubería, el agua que transporta hasta Jutupuquio proviene de la laguna de Chacara (Zapata y Gómez, 2015).

Nota 5. Algunos comuneros ya habían construido cercos para el cultivo de forrajes y cercos de pastos nativos en los sectores de Yanaututo, Pumapanca y Canchayllo.

Nota 6. a) Actualización del reglamento interno; b) conformación del comité de mantenimiento de infraestructura instalada (cuatro personas); c) limitación de animales vacunos y equipos, y d) construcción de abrevaderos para animales en la zona de Marcaya.

Nota 7. a) Mejoramiento integral del sistema de riego y reservorios en Patihuisinca y del canal Maizal, y b) capacitación y mejoramiento de pastos naturales y cultivables. El municipio estableció un monto de S/. 15 000 y S/. 30 000 (nuevos soles) de gasto directo para los proyectos, respectivamente.

Nota 8. Por ejemplo, luego de la Noche de arte, mejoró notablemente la participación de los comuneros y comuneras en las faenas para realizar las obras de infraestructura.

6. Retos de los proyectos sociales de producción rural de Hidalgo en el contexto del cambio climático. Por Ruy Mario Cuevas Romero10 y Flora María Cornejo-Oviedo11

6.1 Introducción

Diferenciar o delimitar lo rural de lo urbano no es asunto menor, ni sencillo de abordar. Sería tema suficiente para un tratado, por lo cual nos ceñimos a citar lo esencial. Cada vez es más problemático fijar fronteras físicas y aún conceptuales de los límites entre lo urbano y lo rural. Lo anterior no tendría mayor importancia si no determinara en muchos casos la elegibilidad de algunos grupos sociales para acceder a determinados programas o proyectos.

Lo anterior se complica a tal grado que surgen nuevos términos como semirural, semiurbano, periurbano, en transición, etcétera. Se prefiere trabajar con términos como territorio o región. De acuerdo con el INEGI (2009), poblaciones menores a 2,500 habitantes serían consideradas rurales y, como es de esperar, esta tipificación poco ayuda a focalizar el estudio de la ruralidad donde se traslapan las poblaciones. Tampoco ayuda considerar que en lo rural se privilegien las actividades agropecuarias, forestales o acuícolas, debido a que cada vez son más frecuentes las actividades no agropecuarias en el campo. Sin embargo, actualmente este parámetro es oficial y se utiliza en nuestro país como referencia para el ejercicio de las políticas públicas.

En la actualidad, ha cobrado mayor vigencia la conciencia sobre los impactos del cambio climático sobre toda actividad humana y enfáticamente, sobre la producción de alimentos, lo cual obviamente repercute en la viabilidad de la vida tal cual la conocemos. Sin embargo, en lo inmediato, simultáneamente nos tenemos que enfrentar a múltiples desafíos adicionales que impiden el desarrollo de la sociedad y de su soporte alimentario desde el territorio rural. El conjunto de retos que se suman al ambiental, representa un rompecabezas difícil de armar, donde deben alinearse intereses personales y colectivos, desde lo individual, lo familiar, la comunidad y desde las instituciones, donde se diseñan, arman y ejecutan la mayoría de los proyectos sociales. Si no se asumen los riesgos de forma objetiva y con base científica, y si no se afrontan con voluntad, convicción y perseverancia, las brechas de desigualdad seguirán aumentando y, entre otros aspectos, serán más evidentes los impactos negativos de la pobreza y de sus caras más dramáticas: la malnutrición y el hambre.

Para este caso, entenderemos la gestión como la serie de acciones realizadas por entes privados o públicos para hacer llegar a grupos sociales, bienes o servicios que permitan superar necesidades específicas y que contribuyan a mejorar su calidad de vida. Para hacer llegar los bienes o servicios que demanda la población rural, se requiere que múltiples circunstancias concurran para estos fines. Tenemos la existencia de múltiples variables que condicionan a un objetivo planteado para que se cumpla cabalmente y tenga impactos positivos, sea sostenible y, mejor aún, sirva como modelo y ejemplo para repetir esquemas en otros lugares.

Como marco de referencia, a nivel mundial, de manera enunciativa, se pueden citar retos globales, entre los que se encuentran el aumento de la población, menor disponibilidad de agua, aumento en la presentación de plagas, deforestación y salinización de los suelos, disminución de superficie agrícola y abandono de tierras cultivables, volatilidad en los precios de energéticos y alimentos, alta dependencia de importaciones de insumos y alimentos, oleadas de migraciones, mayor necesidad de almacenamiento, inequidad en el reparto de riqueza, deterioro de recursos naturales, bajo aprovechamiento de potencial productivo y, en general, política públicas desacertadas y excluyentes.

La región latinoamericana, México y, por lo tanto, el estado de Hidalgo, por la globalización, no escapan a la problemática general a nivel mundial. De acuerdo con la FAO, un país debe producir cuando menos el 75 por ciento de sus alimentos para tener una aceptable seguridad alimentaria. Sin embargo, México está 10 puntos debajo de esa meta. De acuerdo con el mismo organismo, para el año 2050 el mundo tendrá más de nueve mil millones de habitantes, y la producción global deberá crecer cuando menos un 60 por ciento de lo actual.

Lo anterior implica elevar la eficiencia, es decir, antes que la producción lo que debe elevarse es la productividad, lo cual tiene impacto directo en la rentabilidad y en la competitividad. Esto quiere decir que con la misma superficie se produzcan mayores volúmenes de granos, y con el mismo número de animales se produzca más carne. Visto de otra manera, la FAO cita que, en los años de 1950, con una hectárea se alimentaban dos personas, para el año 2018, una hectárea alimenta a cuatro personas, y para el 2050, la misma superficie deberá alimentar a seis personas.

Lo anterior va ligado a la reducción de las pérdidas y desperdicio de alimentos que a nivel global representan casi el 30 por ciento del volumen producido. La pérdida se considera desde la siembra hasta la cosecha, y el desperdicio, a partir de la post cosecha, donde incluimos lo que se echa a perder en nuestros refrigeradores domésticos.

Por otra parte, consideremos los cambios en los patrones de consumo globales, donde países como China o India tienen una población creciente en su clase media, que demanda productos que antes no consumía, como el caso de la proteína animal (carne, leche y huevo) y al contar con una alta población ocasionan una recomposición comercial a nivel mundial que cambia flujos de exportaciones y precios.

Los cambios en patrones de consumo también incluyen la creciente tendencia a solicitar productos con trazabilidad definida, de mayor calidad que incluya la inocuidad, transitando por la demanda de productos naturales o con certificación orgánica. En estos casos, va incluida mayor información al consumidor, que lo hace más exigente y dispuesto a la elección de productos sanos, aunque pague a un precio mayor.

Es reconocible que las condiciones del campo mexicano se han pauperizado de forma gradual, pero consistentemente, en los últimos años, de acuerdo con la CEPAL, México está entre los países con más habitantes en pobreza. Se advierte que entre 10 por ciento y 15 por ciento de los mexicanos vive en pobreza extrema, un porcentaje que está entre los más altos de la región. A partir de 2015, este fenómeno se ha acentuado.

Existen dos versiones de nuestro campo mexicano, según se quiera ver, como corresponde a su bipolaridad atribuida: por una parte, se presentan los resultados de los grandes productores y agroindustriales, donde se menciona que después de un cuarto de siglo con balanza comercial deficitaria, a partir de 2015, México logró una balanza comercial agroalimentaria positiva con el mundo y para el primer trimestre de 2019, representó un superávit de 2,735 millones de dólares.

Lo anterior se logró con la incursión de algunos productos rentables y de producción industrial como el aguacate; agricultura protegida, sobre todo en jitomate; frutos rojos conocidos como berries; algunos productos emblemáticos de origen rural, como tequila, mezcal y cerveza; ganado en pie y en cortes, entre otros.

El sector primario y agroindustrial ha crecido en su valor de exportaciones en valores cercanos, al 10 por ciento, en los últimos cuatro años, según cifras del Banco de México (Banxico), representando valores alrededor de 15,000 millones de dólares por año. Tan solo en 2015, esas cifras fueron la principal fuente de divisas, por encima de las remesas de familias en el exterior, exportaciones petroleras y del turismo.

En cifras aproximadas en cerveza, la producción es de 105,000 millones de litros anuales, equivalentes a llenar diez veces el estadio Azteca o 4,200 albercas olímpicas, lo cual representa casi tres mil millones de dólares. Ocho de cada diez litros se van para el vecino del norte y representamos el cuarto productor mundial y el primer exportador. El aguacate es el segundo producto de exportación hacia 34 países, aunque el 80 por ciento también se va para Estados Unidos. En este producto, México es el primero a nivel mundial.

El jitomate es nuestro tercer producto estrella, somos el lugar 10 a nivel mundial con 2.6 millones de toneladas promedio por año, y el 99 por ciento se va para el norte. El cuarto lugar es para nuestro tequila, que vende alrededor de 160 millones de litros al año. Al contar con denominación de origen, solo México lo produce. Como quinto producto de exportación, somos el sexto productor de carne de res a nivel mundial, con casi dos millones de toneladas al año. El 90 por ciento se va para Estados Unidos.

Los berries fresa, frambuesa, arándanos y zarzamora, son el sexto producto de exportación, y somos quintos en la producción mundial con 600 toneladas que generan la nada despreciable suma de 1,500 millones de dólares anuales, a pesar de ser productos con apenas unos diez años de importancia nacional. Con base en estos datos, podríamos decir que el campo ha sacado la cara por la economía mexicana en los recientes años, siendo el sector más dinámico que ha fortalecido en forma consistente regiones específicas del territorio nacional, aunque ha creado problemas colaterales como se explica adelante.

La otra cara de la moneda que merece una reflexión cuidadosa, es la creciente pobreza e inequidad, presentes en amplias zonas rurales, con la exclusión de numerosos grupos sociales. La presencia de territorios con núcleos poblacionales alejados de mínimos indicadores de bienestar, con hambre y malnutrición, sin acceso a servicios de comunicación, de educación, de sanidad y ahora más evidente, de seguridad en su propia vida y patrimonio. Se han generado caldos de cultivo propicios para el resentimiento y desconfianza en las instituciones con amplias zonas de ingobernabilidad, donde la actividad agropecuaria de productos lícitos, es poco aspiracional para los jóvenes que son atraídos por actividades en zonas urbanas o por la delincuencia, como una salida a su panorama poco alentador. Este es el escenario real de la bipolaridad del campo mexicano que está allí, con necesidades acuciantes, que espera intervenciones más concretas para lograr un desarrollo digno. A este panorama, de por sí complejo, se suma una diversidad de factores que enrarecen el panorama, dentro de los cuales solo se citan los que se consideran de mayor impacto.

6.2 El estado de Hidalgo

El estado de Hidalgo es reflejo de la problemática presente en el mundo y en Latinoamérica. Con aproximadamente el uno por ciento del territorio nacional, la entidad posee aproximadamente dos millones de hectáreas, de las cuales 600,000 son cultivables y sólo 150,000 de riego. Se aporta el 1.4 por ciento del PIB nacional agroalimentario; el 47 por ciento de la población rural; hay 4,714 localidades, 97 por ciento de las cuales están debajo del umbral urbano con menos de 2,500 habitantes; el 60 por ciento de residentes están en localidades de menos de cinco mil habitantes; 786 localidades son eminentemente indígenas y rurales, y en la entidad, el sector primario genera el cuatro por ciento del PIB. En el campo hidalguense prevalecen unidades económicas rurales en condiciones de producción primaria, con reducidos casos de transformación, industrialización o valor agregado, con escasa apropiación de tecnologías, lo cual propicia reducida rentabilidad, productividad y competitividad. Lo anterior tiene especial significado en una entidad donde casi la mitad de la población se encuentra en zonas rurales y, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2016), el 52 por ciento de la población presenta condiciones de pobreza. Los principales productos agropecuarios del estado de Hidalgo son: maíz, cebada, alfalfa, maguey, leche y ovinos.

Existe en términos generales una dispersión y atomización de predios rurales, que los marginan del acceso a determinados alimentos y servicios. Aun para el inicio de la tercera década, en Hidalgo, se reconoce que nacer en el campo es generalmente sinónimo de pobreza y de reducidas oportunidades, por lo que la migración del campo a la ciudad o al exterior, en la mayoría de los casos, es por expulsión antes que por decisión. La falta de dinamismo en el sector agrícola de alta marginación afecta principalmente a los pequeños propietarios de predios rurales, la población más empobrecida, entre esta la indígena, y caracteriza los regímenes de subsistencia y autoconsumo. Lo anterior explica por qué tenemos en el campo una base promedio de campesinos cercanos a los 60 años, con pocos jóvenes y más mujeres que hombres.

El cambio climático provoca incertidumbre en ciclos agrícolas, desaliento por siniestros (lluvia, sequía, heladas, granizo, incendios), pérdidas de alimentos, menor producción, rentabilidad, productividad y competitividad, persistencia o aparición de plagas y enfermedades, además de abandono de la actividad. En cuanto a los recursos naturales, es cada vez más evidente el deterioro por prácticas inadecuadas, contaminación por insumos como lo herbicidas, sistemas primitivos de producción, presión de ecosistemas por urbanización e industrialización, y una estrecha conexión con la salud pública y calidad de vida. En aspectos de seguridad, las condiciones actuales desalientan la producción (abigeato, robo de cultivos, transportes, extorsiones, cuotas), se abandonan los predios y, por otra parte, existe una distorsión de los mercados por precios ficticios o volátiles, lo cual desmotiva las actividades legales y provoca rupturas en el tejido social (huachicol y reclutamiento).

En Hidalgo destaca la problemática de las aguas negras en el Valle del Mezquital debido a las condiciones insalubres para los cultivos de hortalizas que están prohibidos, pero en muchos casos aún se realiza con las implicaciones sanitarias que implica. En este caso, se requieren estudios sistemáticos para el estudio del problema.

El nivel de organización de los habitantes del sector rural, e incluso su nivel de información y educativo, son determinantes debido a que les impide acceder a economías de escala, al negarse a formar frentes comunes en grupos organizados, ya sea informales o formales, con figuras jurídicas específicas que les permita detentar una personalidad definida legalmente ante la autoridad, y que los haga susceptibles de apoyo, de acuerdo con reglas o requisitos de participación en programas gubernamentales o de otra índole.

Existen otros factores limitantes para la gestión del desarrollo, como la falta de proyectos sustentados en el conocimiento, lo anterior va ligado a una insuficiente asistencia y asesoría técnica que está ligada a la reducida apropiación de innovaciones y tecnología, lo cual en buena medida también está determinado por una deficiente vinculación por los centros generadores de investigación y de transferencia de conocimiento, con los productores y con las acciones de gobierno. De tal manera que no se logra concretar la aspiración hacia una triple hélice funcional.

Catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Escuela Preparatoria No. ,1 ruymariocuevas@yahoo.com.

Departamento de Innovación Tecnológica, Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo, fcornejo@itsoeh.edu.mx.

Figura 1. Esquema de la triple hélice

Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, en el rubro de factores estructurales se reconocen esquemas distorsionados de mercado y comercialización, donde en algunos casos las cadenas de valor están afectadas por excesivo intermediarismo. La tenencia de la tierra es otro factor que determina las formas de gobernabilidad al interior de las comunidades, que eventualmente son factor de freno para su expansión productiva y, en este caso, es interesante citar el papel de la mujer rural, que en su mayoría no es poseedora de la propiedad por usos y costumbres, donde el varón es el heredero natural en la familia, dejando a la mujer en el papel de acompañante del jefe de familia y, por lo tanto, sin personalidad jurídica como productora, ya que en el papel no posee tierra para trabajar o recibir un proyecto agropecuario, marginando su desarrollo personal y su capacidad jurídica.

Un aspecto de vital importancia en el campo mexicano e hidalguense es la existencia de organizaciones sociales que se ostentan como gestores de proyectos productivos para el supuesto beneficio de grupos de campesinos o de zonas periurbanas, todos ellos en condiciones de alta marginación con múltiples rezagos. Estos grupos ingresan en una dinámica clientelar donde una cantidad importante de recursos públicos no llegan al destino considerado en los programas. De lo anterior, surge la postura de considerar que la problemática del campo no es precisamente por falta de recursos, los cuales han sido profusos, sino por la deficiente aplicación de los mismos.

6.3 Retos en el ejercicio de políticas públicas para el sector rural en Hidalgo

En todas las sociedades, el Estado interviene en la regulación de la dinámica agroalimentaria, en alguna medida, debido a que se considera estratégica e incluso de seguridad nacional. A través de la políticas públicas, ejerce recursos recaudados de la población para brindar beneficios a través de programas y proyectos. Aquí también encontramos retos adicionales y áreas de oportunidad, entre los que citamos los siguientes:

Diagnósticos erróneos. Es común presentar programas y proyectos que son diseñados desde los escritorios, sin metodologías que incluyan el comportamiento histórico de ejercicios anteriores y sin la participación de expertos. Lo anterior induce a defectos en la focalización.

Visión de corto plazo. La dinámica política cargada de periodos electorales provoca el diseño de obras visibles en poco tiempo, pero sin un impacto duradero. Los proyectos estratégicos de mayor relevancia, por definición, son de curso lento, de largo plazo y multianuales, lo cual requiere mayor inversión, no resulta atractivo para las administraciones de gobierno.

Visión clientelar. Con el afán de mantener aceptación popular inmediata, se opta por programas de beneficio instantáneo, como la entrega de bienes de consumo, donde se ejercen recursos significativos.

Falta de planeación estratégica participativa. En la mayoría de proyectos y programas, no hay una participación ciudadana para elegir los beneficios derivados de apoyos gubernamentales.

Servicio público ineficiente (perfiles). Es también común encontrar improvisaciones en la designación de funcionarios, sin experiencia, sin conocimiento y sin capacidad en el rubro a desarrollar, con el predecible impacto negativo en la aplicación de programas. Lo anterior conduce a un desequilibrio técnico-político, donde los proyectos no poseen una base en el conocimiento, sino en la ocurrencia.

Reparto inequitativo. En repetidas ocasiones, los recursos ejercidos se orientan a organizaciones sociales o a empresarios ya consolidados, sin que el recurso tenga un verdadero impacto en la base poblacional de menos recursos que requiere mayor atención.

Apoyo a bienes privados y no públicos. Recursos entregados a una persona o a una familia, distraen apoyos que podrían ser aplicados en bienes públicos.

6.4 Planteamiento de soluciones

Ya se han citado múltiples factores que inciden en la problemática del sector rural, que impiden su desarrollo y que a la vez se constituyen en retos, pero al mismo tiempo son áreas de oportunidad a focalizar para la propuesta de soluciones que deben aplicarse en el corto plazo, como una tarea apremiante que signifique su abordaje como actos de justicia sin los cuales no es posible el desarrollo de la sociedad en general.

Existe la necesidad de avanzar hacia modelos que permitan comprender mejor y diseñar sistemas de producción agrícola y de transformación a escala territorial, que hagan realidad en cada región no solo el derecho a la alimentación, sino la implementación e inclusión de esquemas de cooperación pública, privada y sociales, tendientes a fortalecer la seguridad alimentaria nacional.

Existen diversas posturas o teorías que refieren metodologías para resolver problemáticas a partir de enfoques territoriales, productivos o de participación social, los cuales nos pueden servir en forma complementaria como un marco teórico de apoyo para encontrar soluciones en la gestión para el desarrollo rural. Aquí solamente nos limitamos a citar cuatro de ellos:

Distrito industrial como concepto. Fue acuñado por Alfred Marshal en The principles of Economics (1890), donde se plantea como concentraciones de sectores económicos especializados en localidades específicas. Los negocios se benefician por ventajas en su localización con parámetros medibles, como la productividad, crecimiento e innovación, obteniendo eficiencia en costo gracias a una extrema división social del trabajo.

Aquí entra en escena, en 1998, el economista Porter con el concepto de cluster, que son empresas relacionadas en una zona geográfica determinada, que aprovechan sus externalidades positivas, ahorro en costos de transacción, entre otros factores.

El enfoque en términos de SIAL, o sistemas agroalimentarios localizados, ha constituido inicialmente un instrumento de análisis para hacer énfasis en la valorización de recursos (Muchnik et Sautier, 2008) y estudiar formas de anclaje territorial de los productos agrícolas, construyendo un valor simbólico territorial.

Concepto de ciudad-región. Emily Mattheisen defiende que los vínculos urbano-rurales se pueden impulsar mejor con cambios reales en el sistema alimentario. El propio sistema de alimentación es complejo y posee muchos estratos, incluyendo flujos, intercambios e impactos –transversales entre zonas rurales y urbanas– desde la producción de alimentos, su distribución, procesamiento, comercialización, consumo y generación de residuos, hasta la infraestructura de apoyo. Un cambio revolucionario en el sistema alimentario no es global, es a pequeña escala y basado en lo local.

Como se puede ver, los dos primeros conceptos tratan de explicar la existencia y desarrollo de modelos a partir de determinantes eminentemente económicos, donde el mercado manda por sobre todas las cosas. En los dos últimos conceptos se observa una humanización de la economía, donde los aspectos culturales y sociales cobran vida y determinan la viabilidad de sistemas productivos ligados a lo rural y agroalimentario.

Ninguno por sí solo puede plantear soluciones absolutas, pero en conjunto son de gran utilidad para extraer de cada marco teórico las mejores recomendaciones para casos específicos del campo hidalguense. Por otro lado, aunque es pequeño, es muy diverso en su orografía y caracterización socioeconómica, por lo cual cada caso requerirá trajes a la medida. Con base en lo anterior, ahora se propone de manera concreta hacia dónde debe enfocarse la atención en la aplicación de las políticas públicas en la gestión del desarrollo rural, en los siguientes puntos:

Énfasis en la educación, capacitación y extensionismo (desarrollo humano).

Fortalecimiento de la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico (generación y transferencia de conocimiento).

Inversión en infraestructura básica y productiva de amplia cobertura (transversal en bienes públicos).

Fuerte promoción a productos regionales (consumo local y circuitos cortos).

Eliminación de barreras al desarrollo de mercados (reducción de intermediarismo y capacitación empresarial).

Visión integral u holística (ver el bosque y no el árbol).

Enfoque multidisciplinar e interinstitucional (integración real de la triple hélice).

Separación de objetivos e instrumentos de desarrollo productivo y del social (apoyos diferenciados).

Planeación a mediano y largo plazo (continuidad con presupuestos y programas multianuales).

Políticas y programas orientados a la productividad y rentabilidad, no solo de asistencialismo.

Está claro que la perspectiva debe ser integral u holística, sin dogmas o limitaciones ideológicas, de tal manera que logremos una visión objetiva de la realidad y asumir que trabajar en lo rural implica un compromiso de justicia hacia un sector con rezagos ancestrales. Los recursos destinados al campo deben verse como una inversión que es más eficiente para superar rezagos sociales que la inversión en otros sectores. Sin la inversión en el campo se agudizan las desigualdades que en cualquier momento se revierten con inestabilidad social con múltiples manifestaciones negativas, como se ha señalado a lo largo de este escrito.

Resolver los problemas del campo es una tarea que debe ser impulsada por grupos interdisciplinarios especializados, interinstitucionalmente, por una clase política no improvisada y con sensibilidad, acompañados por diagnósticos certeros que emanen de los actores que viven la problemática, entre los que hay que subrayar a los mismos productores en estrecha vinculación con la academia. Las condiciones económicas de la entidad requieren tiros de precisión en el ejercicio de recursos, de tal manera que impacten en regiones marginadas, con proyectos que mejoren la calidad de vida en la mayor población posible. Por último, ante la actual pandemia de Covid-19, los expertos adelantan que es muy probable que toda Latinoamérica está en riesgo de una severa crisis alimentaria de proporciones mayúsculas, por eso cobra mayor importancia que la sociedad en su conjunto valorice el aporte del campo en la alimentación humana y demande la atención que merece.

6.5 Un caso de estudio: productores de nopal

La baja movilidad de los humanos por condiciones de la pandemia de Covid-19 sin duda contribuye a la disminución de emisiones de CO2, al igual que las imágenes de animales caminando por calles sin humanos causa admiración, y distrae la reflexión del origen de estos sucesos en un intento de acercarse a un análisis, podrían ser: el incremento de condiciones antihigiénicas en sitios de venta de alimentos, escasez de programas de manejo de la vida silvestre, la invasión del ser humano de los hábitats naturales, el desorden en la planeación urbana, el consumo humano de especies no domesticadas que ocasiona enfermedades zoonóticas y, por último, el tema de cambio climático, que en las últimas décadas llama la atención por los impactos negativos (eventos climáticos extremos) cada vez más evidentes. Finalmente, retratan que el consumismo, los estilos de vida no sustentables, los límites planetarios y la escasa aplicación de políticas, tendrían que ser problemáticas contundentes para tomar acciones que lleven a disminuir su impacto adverso en las poblaciones silvestres y humanas, en el manejo y producción de alimentos, y en el deterioro de ecosistemas por el cambio climático.

La apuesta desde la Teoría de Sistemas es considerar al planeta como un Sistema, donde sus componentes interactúan en diferentes niveles de complejidad. Así, los recursos naturales deben administrarse y conservarse desde la visión de la ciencia, la política y la sociedad, para fortalecer la construcción de políticas públicas, leyes, planes y programas que desarrollen estrategias junto con las comunidades, para que sigan obteniendo servicios ambientales del ecosistema y alimentos de forma sustentable. Abordar los problemas de forma interdisciplinaria y multidisciplinaria es un imperativo. La colaboración entre diferentes sectores (gobierno, empresa, sociedad, academia) puede contribuir a disminuir las vulnerabilidades (económicas, sociales y ambientales) de los sectores productivos, y es una prioridad para la acción-reflexión, en una realidad en donde la única certeza, es el cambio.

6.6 Algunos tópicos del cambio climático y su relación con la producción agrícola

Para aproximarse al entendimiento del cambio climático resulta necesario iniciar con una definición. La Organización de las Naciones Unidas propone: “Un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima, observada durante un periodo de tiempo comparable” (ONU, 1992).

La anterior definición, necesariamente, lleva a tratar de estudiarlo, más aún a acercarnos a predecir el cambio climático, desde la Teoría General de Sistemas, el clima se presenta como un sistema complejo, compuesto de diversos elementos que tienen una estructura y funciones especializadas y que además interaccionan entre sí. Dadas sus conexiones, resultan diversos escenarios que impactan la condición natural y esta a su vez se modifica por la acción humana.

Figura 2. Los sistemas interrelacionados

Fuente: tomado de Sancho, 2015.

Así, encontramos que la Tierra tiene diferentes sistemas interrelacionados: atmósfera, hidrosfera, litosfera, criosfera y biosfera, y los antrópicos son: economía, sociedad y cultura, cada uno interactuando entre sí, con procesos de flujo de materia y energía que producen el comportamiento variable y brusco del clima, sumando los impactos generados por la actividad humana. La variabilidad climática suele expresar los cambios naturales del clima, y el cambio climático está referido a las transformaciones que se producen por actividades humanas, sin embargo, el sistema no es la suma de sus partes, sino la interacción entre esas partes, más la energía entrante y saliente, entonces el sistema se vuelve complejo por sus interacciones, con comportamiento aleatorio y de auto organización, por lo que se dificulta predecirlo (Sánchez-Santillán et al., 2015).

A nivel mundial, el Panel Internacional de Cambio Climático (IPCC) es el organismo internacional con reconocimiento para este tema, y tiene como función revisar y evaluar la información científica, técnica y socioeconómica más reciente producida en todo el mundo y relevante para la comprensión del cambio climático (IPCC, 2019). Existen diversos elementos del clima: humedad, viento, temperatura, precipitación pluvial. Es conocido que la combinación de las variables son las que determinan los patrones climáticos en las diferentes regiones del planeta. En particular, la temperatura y la precipitación pluvial, son las principales variables que más se han estudiado y medido por el IPCC para observar los cambios del clima a nivel mundial. A partir del análisis de estos datos, se crearon modelos o escenarios para el clima mundial por el incremento de la temperatura.

Respecto de la composición y comportamiento de los gases planetarios, se conoce que la atmósfera está compuesta por 78 por ciento de nitrógeno (N2), 21 por ciento de oxígeno (O2) y uno por ciento de otros gases, como el dióxido de carbono, metano, hidrógeno y gases nobles, los cuales impiden que la radiación infrarroja salga del planeta, que al acumularse produce el efecto invernadero natural, es decir la atmósfera se calienta porque existe un equilibrio entre la energía que se absorbe del Sol y la energía infrarroja que se emite y mantiene la temperatura que permite la vida en el planeta.

Sin embargo, cuando en la atmósfera se acumulan gases provenientes de actividades humanas como el cambio de uso del suelo, la deforestación, el uso de combustibles fósiles, la ganadería, los rellenos sanitarios, entre otros, se incrementan los gases de efecto invernadero (GEI), ocasionando un aumento gradual de la temperatura mundial por la radiación retenida, se produce así un efecto invernadero antrópico que afecta el clima, a los seres vivos y a las mismas actividades humanas. Conforme transcurre el tiempo, los impactos de este incremento no se limitan a donde se desarrollan las actividades industriales, sino se distribuyen por todo el planeta, resultando el efecto del calentamiento global.

La Organización Meteorológica Mundial es el portavoz autorizado de las Naciones Unidas sobre el clima, y usa el periodo de 1880-1900 como referencia para las condiciones preindustriales como las primeras observaciones para estimar los cambios en la temperatura planetaria. Con base en lo anterior, el quinto informe del IPCC reportó que de 1880 a 2012, la temperatura media mundial aumentó 0.85 °C, de ahí que en su informe especial presentó los impactos de un incremento de la temperatura media mundial a 1.5 °C, y sugirió que se deben tomar acciones rápidas.

La atmósfera, además de regular la temperatura, modifica el suelo y determina el clima, lo que necesariamente influye en la producción de alimentos. Así, el tipo de vegetación y la producción de alimentos influyen en el tipo de clima de una región debido a las propiedades termofísicas de los materiales y a su albedo. Las prácticas agrícolas se convierten en una causa que puede o no favorecer el cambio climático (IPCC, 2019). Es conocido que a escala global la producción de alimentos sin un manejo sustentable tiene graves consecuencias por la producción de GEI como dióxido de carbono y metano a nivel mundial. De ahí la necesidad de identificar cultivos y prácticas que coadyuven con la disminución de los efectos del cambio climático.

6.7 Breve reseña de un diagnóstico del cambio climático en Hidalgo

México propone diferentes acciones para enfrentar el cambio climático, entre estas, la Ley General de Cambio Climático expedida en 2012 y ejecutada a través del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, con las alianzas institucionales y los acuerdos internacionales como vías para generar acciones de mitigación, adaptación y evaluación de la política sobre cambio climático.

En 2013, en el estado de Hidalgo se estableció la Ley de Mitigación y Adaptación ante los efectos del cambio climático, y en ese mismo año, junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado publicaron el Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático de Hidalgo (Semarnath-UAEH, 2013).

La vulnerabilidad de la entidad ante el cambio climático se estudió de manera integral, es decir, revisaron actividades como el consumo de energía, las actividades agropecuarias, el consumo del agua, la salud pública, el transporte y la industria. Y su análisis fue mediante la regionalización geocultural del estado, la cual presenta una similitud con el estudio de datos de 117 estaciones meteorológicas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), reportaron que la vulnerabilidad climática en cuanto a temperatura y precipitación de la entidad es debida a su orografía, encontrando las zonas cálidas en la Huasteca y regiones serranas, la zona fría en el Valle del Mezquital y Valle de México, siguiendo la precipitación un patrón similar, siendo mayor en zonas cálidas y en las zonas frías menor humedad.

Figura 3. Actividades agropecuarias de impacto para el estado de Hidalgo

Fuente: basado en el modelo de clima A2, elaboración propia.

Los escenarios climáticos (figura 3) reportaron que, en los próximos 80 años, en la entidad habrá un aumento general de la temperatura, de la sequía y disminución de la precipitación, se presentarán eventos extremos de mayor potencia, como inundaciones y tormentas. Dadas las condiciones anteriores, se espera que la vulnerabilidad sea agrícola e hídrica, en el cambio y abandono del tipo de cultivos, cambio en los volúmenes y rendimiento de producción, incremento en plagas, déficit de agua de riego, con impactos en migración, cambios en la PEA y el PIB sectorial.

De acuerdo con el estudio referido, las regiones de Hidalgo con un impacto muy alto por el cambio climático, para 2030, son: región Huasteca, Sierra Otomí-Tepehua (Tenango), Sierra Alta, Sierra Gorda, Valle del Mezquital y Valle de Apan (Altiplanicie pulquera), donde se encuentran las tres principales poblaciones de grupos indígenas de la entidad (figura 4). En la Sierra Baja, el Valle de Tulancingo y la Comarca Minera el impacto se clasificó como alto. Es decir, casi toda la entidad se verá afectada por el cambio climático, a excepción de la cuenca de México, que ya tiene una problemática por su cercanía a la zona metropolitana del Valle de México.

Figura 4. Regiones del estado de Hidalgo

Fuente: tomado de (INAFED, s/a).

En el mismo estudio reportaron para el sector agrícola, en 2030, una muy alta vulnerabilidad y baja adaptabilidad en la región Huasteca, Sierra Alta, Sierra Gorda, Sierra Otomí-Tepehua y Valle del Mezquital. Como se puede observar en la figura 4, existe coincidencia entre vulnerabilidad y regiones mayor al 75 por ciento en situación de pobreza, donde se encuentran 23 municipios que representan el 27 por ciento del total de los municipios de la entidad.

Las regiones menos vulnerables en la entidad son: Sierra Baja, Valle de Apan (en la Altiplanicie Pulquera), Valle de Tulancingo y Comarca Minera, que tienen una vulnerabilidad media alta y una alta adaptabilidad.

Resulta necesario desarrollar políticas públicas sustentables diferenciadas para la atención de estas regiones ante los impactos del cambio climático. La elaboración de programas transexenales, intersecretariales y la colaboración entre sectores sociales, debe estar enfocada en las certezas para disminuir la incertidumbre del cambio.

Figura 5. Población del estado de Hidalgo en situación de pobreza, 2010

Fuente: tomado de Coneval, 2013.

Lo anterior, deja manifiesto que las regiones prioritarias para su atención en políticas, planes, programas y acciones preventivas ante el cambio climático son las regiones donde existen los tres grupos indígenas (náhuatl, tepehua y otomí), y además se reporta un 50.6 por ciento de población en pobreza, y un 31.9 por ciento vulnerable por carencias sociales. Es decir, 71 municipios (de 84) presentan más de un 50 por ciento de la población, en situación de pobreza (Coneval, 2013), viviendo en zonas de muy alto impacto por el cambio climático, poniendo en riesgo la producción de alimentos para su sustento.

Es imprescindible establecer relaciones entre el gobierno, instituciones de investigación, comunidades y empresas, para fortalecer los esfuerzos a través de proyectos de investigación, de desarrollo tecnológico e innovación, que inicien con un diagnóstico participativo preciso de las condiciones que prevalecen en el campo en la producción de alimentos, en el manejo del ecosistema agroalimentario, para desarrollar estrategias con acciones sustentables y participativas, de transferencia de conocimiento, más que de subsidios y apoyos de manera individual que representan el 11.6 por ciento del PIB agropecuario en México, en contraste con el 1.5 por ciento del PIB agropecuario asignado a servicios generales (como investigación, sanidad, infraestructura) (BID, 2019), que lleven a disminuir y/o mitigar los efectos del cambio climático.

6.8 Estableciendo alianzas en la gestión de proyectos locales

En 2015, desde la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagroh) del gobierno de Hidalgo, a través de la Coordinación de Proyectos Estratégicos, inició la conformación de un grupo de trabajo (red) para fortalecer la atención a diversas problemáticas del campo y enfocar esfuerzos a través del desarrollo de proyectos de investigación, además de identificar la gobernanza territorial de la acción de diferentes programas de gobierno y participación de instituciones. De ahí, se construyeron alianzas estratégicas con diferentes instituciones de educación superior que tenían relación con los temas prioritarios de la Sedagroh. Dadas las características del Sistema Producto Nopal-Tuna, la atención se canalizó a los productores de nopal.

Figura 6. Modelo de alianza estratégica.

Fuente: elaboración propia.

A nivel nacional, en 2015, se contabilizaron 50,000 productores de nopal, distribuidos en 13 estados de la república. El estado de Hidalgo conforma una región importante de producción de nopal, junto con los estados de Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala, Estado de México, CDMX y Querétaro. El cultivo de nopal en el estado de Hidalgo representa una derrama importante para más de 200 productores de nopal y sus familias, con una superficie de 32.5 hay una producción de 80 toneladas por hectárea cada año (SIAP, 2013). Los municipios con producción de nopal reportados fueron: El Arenal, San Agustín Tlaxiaca, Zempoala, Cardonal y San Salvador.

Es así como se inició el trabajo de recuperar la historia de organización del Sistema Producto Nopal-Tuna de Hidalgo. Cuentan con el Consejo Hidalguense de Nopal y Tuna A.C. que se originó en 2011 por la organización de Productores Unidos del Rincón SPR en el municipio de El Arenal. Inició con 23 socios y una procesadora con maquinaria y equipo para su línea de producción. Es una organización que trabaja la producción de nopal verdura bajo agricultura protegida, y se contabilizaron en 2017 alrededor de 50 hectáreas de producción, junto con otras cuatro organizaciones (El Caño, Nopales verdes, Paje y La Rialeña). Los productores se interesaron en trabajar conjuntamente para mejorar la producción, realizar compras consolidadas y lograr un producto orgánico que los hiciera más competitivos.

Se inició el trabajo con el Sistema Producto Nopal, en la comunidad de El Rincón, municipio de El Arenal, y con el apoyo de tres extensionistas a través de un servicio de extensión (Agencias de Gestión de la Innovación, AGI) se trabajó la atención en la producción de nopal verdura para consumo humano bajo agricultura protegida. Cabe mencionar que el nopal ha ido desplazando la producción de maíz en el sitio. Se formaron grupos de trabajo que permitieron hacer el diagnóstico de las condiciones de producción, así como de las relaciones y formas de organización entre los 160 productores y ocho módulos de producción que estuvieron registrados en la AGI.

El programa de la AGI fue exitoso, porque las personas productoras identificaron un esquema de producción con tendencia hacia lo orgánico, implementaron tecnologías innovadoras como la elaboración de la composta, el manejo eficiente del agua por goteo con el uso de cintilla, entre otras, y sirvió para conocer las generalidades del sistema, como variedades cultivadas, manejo y uso de agroquímicos, organizaciones existentes, líderes, recursos naturales (olla de agua, trabajos de reforestación en la sierra que les permite mantener su nivel freático), infraestructura productiva (túneles y una planta procesadora para 40 toneladas), etcétera.

El nopalito de esta zona presenta características que son reconocidas por las personas de la región, debido a su mayor vida de anaquel, y es apreciado en los mercados regionales (Actopan, Ixmiquilpan, Pachuca, principalmente).

Fotografías 1 y 2. Diagnóstico con productores de nopal verdura de El Rincón, municipio El Arenal, Hidalgo. AGI, 2015

Autora: Flora María Cornejo Oviedo.

El diagnóstico del sistema productivo, de las organizaciones y los recursos naturales, permitió conocer que alrededor de Productores Unidos había otras organizaciones que requerían atención. Se identificó con el paso del tiempo que el tejido social organizativo y el liderazgo se habían deteriorado. La planeación de la producción la realizan en relación con los apoyos de los programas gubernamentales, los técnicos no se profesionalizan en el sistema producto y falta habilitar la infraestructura agroindustrial para producir productos de mayor valor agregado. También se identificó la poca consolidación de las organizaciones y la baja formación empresarial.

Algunas áreas de oportunidad fueron: identificar la superficie potencial con base en condiciones agroecológicas, desarrollo de trabajos hacia la sostenibilidad, poca capacitación en manejo orgánico del cultivo, pocos recursos para investigación y transferencia tecnológica en tecnificación de huertas, manejo y uso eficiente del agua de lluvia, manejo de residuos, así como la identificación de eslabones de la cadena productiva y la promoción del consumo.

A partir de estos hallazgos, una alianza estratégica fundamental fue la colaboración con el doctor Gerardo Torres Salcido y su grupo de trabajo del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM para la activación del Sistema Agroalimentario Localizado (SIAL) de la producción de nopal verdura.

Los SIAL tienen la intención de estudiar a las comunidades en torno a los alimentos originarios que se establecen como una alternativa de producción en las propias comunidades, lo cual les permite enfrentar entornos de pobreza y mejorar sus condiciones de vida.

El trabajo del doctor Torres consistió en el análisis de la principal organización de productores y los liderazgos. Encontrándose que los esfuerzos fueron encabezados por un líder, con el objetivo de aumentar la importancia del nopal en los mercados urbanos. La historia de las organizaciones se remonta a la década de 1970, y a pesar de haber trabajado en la transformación y procesamiento del nopal, fueron organizaciones que no se constituyeron como autogestivas, sino con relaciones muy verticales ante de las diversas instituciones que atienden el sistema de producción, ocasionando que las organizaciones se fueran quedando sin socios, donde se presenta el individualismo y por supuesto poca claridad en metas comunes.

El análisis FODA realizado con las organizaciones observó que reconocen su realidad en cuanto a sus fortalezas en infraestructura y producción, están conscientes de las oportunidades que se les presentan ante nuevos mercados, pero sus debilidades las identifican en la desconfianza, dispersión de esfuerzo y poco compromiso.

El doctor Torres concluye que, aunque las características del sistema productivo pueden generar un SIAL, la condición de las organizaciones, la gestión vertical y los esfuerzos atomizados, han disminuido la confianza entre los actores. Por lo anterior, la construcción del SIAL resulta precaria para establecerlo como sistema (Torres, 2018).

6.9. Conclusiones

A través de los años, la mayoría de los subsidios y apoyos han profundizado la pérdida de organización autogestiva de las sociedades productoras rurales. Es indispensable el desarrollo de trabajo hacia las organizaciones de productores de nopal de la zona, para reestablecer las relaciones de compromiso, el desarrollo de la autogestión, de construirse como responsables. Asimismo, que las instituciones de apoyo (Sagarpa, Sedagroh, entre otras) tengan un trabajo de vinculación y cooperación con instituciones de educación superior, centros de investigación, organismos de la sociedad civil, fundaciones, etcétera, que lleven a la participación y desarrollo de trabajos en la gestión y construcción de organizaciones de personas productoras proactivas, el aumento de la producción, la conservación de sus recursos naturales, la mejora de sus relaciones sociales, a través de la inversión en proyectos de investigación-acción participativa, de desarrollo tecnológico, de innovación y transferencia de conocimiento. Es necesario acompañar a los grupos organizados para enfrentar sus vulnerabilidades para la adaptación a los cambios y así eleven su calidad de vida.

Referencias

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Blacutt, M. (2013). El desarrollo local complementario. Un manual para la Teoría en acción. Recuperado de: http://www.eumed.net/libros-gratis/2013/1252/1252.pdf.

Coneval (2013). Monitoreo y Estado. Entidades Federativas Hidalgo. Pobreza municipal 2010, Hidalgo. Recuperado de: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Hidalgo/Paginas/pob_municipal.aspx.

Financiera Rural (2011). Monografía del Nopal y la Tuna. Recuperado de: http://www.financierarural.gob.mx/informacionsectorrural/Documents/Monografias/MonografiaNopal-Tuna(jul11).pdf

https://nube.siap.gob.mx/gobmx_publicaciones_siap/pag/2018/Atlas-Agroalimentario-2018.

Inafed (s/a). Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México. México. Recuperado de: http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM13hidalgo/regionalizacion.html.

IPCC (2019). The Intergovernmental Panel on Climate Change. Recuperado de https://www.ipcc.ch/about.

ONU (1992). Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Recuperado de: https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf: FCCC/INFORMAL/84*.

Sánchez, T. (2015). La influencia antropogénica en el cambio climático bajo la óptica de los Sistemas Complejos. Iberoamérica de Ciencias, 69 - 84Vol. 2 No. 6.

Sancho, C. (2015). Sistemas Complejos, Sistemas Dinámicos y Redes Complejas. Recuperado de Blog: http://www.cs.us.es/~fsancho/?e=64.

Semarnath-UAEH (2013). Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático de Hidalgo. Pachuca, Hgo. Recuperado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/170327/2013_hgo_peacc_parte1.pdf: Semarnath.

SIAP (2018). Atlas Agroalimentario 2018. México: Sagarpa-SIAP.

Torres, G. (2018). Organización y liderazgo en la construcción de un Sistema Agroalimentario Localizado. Un estudio de caso sobre el nopal en Hidalgo, México. Estudios Sociales. Revista de Alimentación Contemporánea y Desarrollo regional, 1-34. N. 51, Vol. 28, enero-junio.

TERCERA PARTE: GÉNERO Y DERECHOS AMBIENTALES COLECTIVOS

7. Mujeres y territorio: arraigo, identidad y defensa. Andanzas y sueños de mujeres rurales e indígenas en el estado de Hidalgo. Por Karina Aidé Arriaga Chiapa12

“A lo largo de los siglos,

América Latina no solo ha sufrido del despojo

del oro y de la plata, del salitre y del caucho, de cobre y del petróleo:

también ha sufrido la usurpación de la memoria.

Desde temprano ha sido condenada a la amnesia por quienes han impedido ser.

Memoria del fuego (Galeano, 1982:1)

7.1. Desarrollo sostenible, ¿para quién?

En México, como en otros países latinoamericanos, comunidades y pueblos, se enfrentan a una tendencia de sus gobiernos de priorizar y promover la inversión de sectores económicos que encajan con un perfil extractivista. El panorama se vuelve turbulento pues este tipo de acciones se han ejercido frente a una categórica violación a los derechos humanos y colectivos, enmascarados bajo un discurso de contribución al desarrollo, así como la mejora de ingresos económicos. En este contexto, es necesario preguntarse ¿qué oportunidades quedan para pensar y construir el tan añorado desarrollo sostenible?

Merece la pena apuntar que estos procesos de despojo tienen como uno de sus principales escenarios a los territorios de pueblos y comunidades indígenas con abundancia de lo que han dado en llamar recursos naturales (bajo esta lógica economicista), pero que para los pueblos y comunidades tienen un componente identitario y de arraigo mucho más profundo, lo que los ha conducido a su defensa y resistencia contrahegemónica.

La expansión de las prácticas de acumulación por despojo, además de la inminente violación a los derechos humanos y colectivos, acentúa las relaciones de dominación y dependencia, lo cual debería leerse bajo la lupa de la serie de reformas y adecuaciones implementadas para garantizar el saqueo. Sin embargo, la vía legal, esto es, a través de las reformas y demás recursos jurídicos y de carácter político, no ha bastado para dejar el camino libre, por lo que han recurrido a vías aún más violentas, tales como el uso de la fuerza pública y militar. Situación que nos lleva a la necesidad de desenmarañar prácticas, eufemismos y discursos encubiertos.

Un objetivo es que el presente capítulo se vuelva un instrumento de reflexión sobre estas nuevas formas de dominación, realizando la lectura desde un enfoque de género. Así, caben las siguientes preguntas: ¿cuáles son los procesos de dinamización en los que se ven insertas las experiencias y los roles de las mujeres rurales e indígenas?, ¿en dónde y de qué maneras se puede entender el desarrollo sostenible bajo el contexto de lo que pinta ser una crisis de carácter civilizatorio?

Con base en lo anterior, el trabajo está compuesto por los siguientes ejercicios: historizar y desmantelar el curso y fines de las políticas y reformas neoliberales sobre el campo mexicano. Así como la visibilización y reconocimiento del papel de las mujeres en la defensa del territorio (aún sin contar con la tenencia de la tierra).

Se utilizaron técnicas de información testimonial y observación participante. Vale decir que se arranca desde una visión y ejercicio hermenéutico donde se subraya el carácter histórico de las mujeres y, por lo tanto, la capacidad propia para interpretar su realidad.

Así es como el capítulo muestra una serie de reflexiones y experiencias de resistencia de mujeres que han defendido su pueblo y territorio en la región Otomí- Tepehua frente al intento de imposición del paso del gaseoducto Tuxpan-Tula.

El vínculo con las comunidades lleva tiempo de haberse establecido, son cerca de trece años de trabajo y seguimiento sobre sus realidades. Algunas reflexiones han quedado plasmadas en un trabajo de tesis de la maestría en desarrollo rural, por lo que un par de referencias que se incluyen en ese capítulo fueron retomados de dicha investigación.

Las narrativas ayudan a sustentar el posicionamiento manifestado de manera previa de que, para el caso de los pueblos y comunidades indígenas, los vínculos con su territorio poseen un arraigo precolombino distante de los modelos dominantes actuales de propiedad y supuesto desarrollo. Modelos determinados por concepciones occidentalizadas sobre la relación con la naturaleza.

Por último, la imagen como herramienta cobra especial relevancia dentro de la investigación. Tiene un poder narrativo equivalente a los testimonios que las mujeres comparten. Los dibujos que se incluyen sostienen un diálogo con los testimonios, son cortesía de un artista visual de la región, quien además acompaña ceremonias y prácticas en la Otomí-Tepehua, con el objetivo de revitalizar entre las nuevas generaciones la cosmovisión ñuhu en su relación con la naturaleza y su defensa. Así pues, los testimonios y la imagen son las herramientas metodológicas fundamentales que posibilitan las relecturas y la reivindicación histórica del papel de las mujeres en la defensa del territorio.

7.2. Políticas y reformas neoliberales sobre el campo mexicano

La palabra política se ha manoseado tanto

que significa todo y no significa nada.

Entonces desconfío mucho de la etiqueta política.

“Escribo cuando me pica la mano” (Galeano en Lavquen, A. 2013).

El campo mexicano, así como las personas que lo habitan y significan, se ha visto históricamente en condiciones de desigualdad. Para comprender este fenómeno cobran especial relevancia las reformas sobre la Constitución Política Mexicana. A continuación, se pasa revista de algunas de estas y su conexión con la problemática actual del campo y sus actores.

En el año de 1992, el artículo 27 constitucional sufrió una reforma en la que se establecían nuevas formas de propiedad, usufructuo de la tierra y disfrute de los recursos de todo el país. Autores como Téllez (1993) o Warman (1996) afirman que este paso representó una incorporación a la vía liberal, al plantear una apertura del territorio mexicano a la gran inversión tanto extranjera como nacional de carácter capitalista.

Siendo presidente Carlos Salinas de Gortari, en 1991, se hacía público el decreto de reforma el cual sostenía: “El campo es el ámbito de la nación donde el cambio es más apremiante y más significativo para el futuro del país […] La decisión […] está inserta en una transformación mundial de inmensas proporciones” (Crónica parlamentaria de la Cámara de Diputados, 1991: párr.1).

Instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial cobran especial relevancia en este momento, pues se sostiene que detrás del decreto están, también, las reglas de un juego impuesto por estas, ya que establecieron medidas que condicionaban cualquier apoyo financiero si se desregulaban las economías, abriendo paso al libre mercado de tierras, por ejemplo. El posicionamiento de aquel gobierno reconocía una necesidad de capitalizar al campo. El mismo decreto del Ejecutivo federal (1991) defiende la idea de reforzar la producción a través de unos cambios que reconocían importantes, tales como:

“[…] nuevas formas de asociación donde imperen la equidad y la certidumbre, se estimule la creatividad de los actores sociales y se compartan riesgos […] conviene eliminar los impedimentos a las sociedades mercantiles para dar capacidad a los productores de vincularse efectivamente en las condiciones del mercado” (Crónica parlamentaria de la Cámara de Diputados, 1991: sección 3, párr. 10).

La apuesta, continúa el decreto, privilegiaba un nivel de asociación que permitiera responder a las demandas de producción que exigía el mercado.

Con esto, se abría un nuevo capítulo en las relaciones entre territorio y mundo campesino. Las inversiones a gran escala y los cambios en los tipos de propiedad se convertían en la entrada a un esquema de producción y de relaciones muy particular: el neoliberalismo.

Esta reforma da paso al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), del cual la Procuraduría Agraria justificaba su necesidad bajo el argumento de brindar “certidumbre en la tenencia de la tierra y libertad para decidir sobre su uso y destino, el gobierno promovió la reforma al Artículo 27 constitucional, bajo el principio de brindar mayor justicia al medio rural del país” (Procuraduría Agraria: 1996). Sin embargo, veintinueve años después de la Reforma, según datos del Anuario del Fundar (2018) se tiene que 13.5 por ciento del territorio nacional ha sido concesionado y, al mismo tiempo, importantes extensiones del Golfo de México se encuentran en manos de compañías que buscan extraer hidrocarburos. Por su parte, el campo sigue siendo uno de los ámbitos que sufre mayor abandono en la planificación e implementación de políticas públicas. Tierra fértil, agua limpia y ejemplos de organización colectiva, son apenas algunas de las principales aportaciones del campo a la nación y, sin embargo, por ejemplo, la mitad de los alimentos que se consumen en el país se importan, situación que da cuenta del abandono y la nula apuesta al campo.

Un siguiente paso vino con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Corría el mes de enero de 1994 y con él se facilitaba el establecimiento de empresas agroalimentarias, algunas trasnacionales, que se encargaron de imponer un modelo de producción y consumo de alimentos donde predomina la dependencia agroalimentaria. Así, el sistema de producción del campo mexicano se vio influenciado por las condiciones establecidas desde una esfera económica, política y social, que considera al humano más como un ser de consumo que como un actor que en colectividad pudiera trabajar en la garantía de su soberanía alimentaria. Las privatizaciones y aperturas comerciales, más que la mejora de la calidad de vida, han fomentado la desigualdad social, los niveles de pobreza multidimensional adquieren nuevas formas de expresión, por ejemplo, a través del despojo de tierras y agua.

De manera más reciente, en 2013, se implementó una reforma energética que coloca al país, y nuevamente al campo, en una posición de desigualdad frente a las corporaciones trasnacionales, donde el despojo y la dependencia se acrecentaron al permitir que ya no fuera exclusivamente la nación la que lleve a cabo la explotación del petróleo e hidrocarburos. Por lo tanto, se otorgaron concesiones en materia de electricidad a particulares, lo que ocasionó la continua transformación de la propiedad ejidal en propiedad de las corporaciones. Aumentaron así los efectos sobre el entorno natural y amenazaron la sostenibilidad de la vida a través del despojo de tierras, la contaminación de ríos, manantiales y océanos a cambio de supuestas ofertas de desarrollo.

Con base en lo anterior, ¿cómo se podría hablar de desarrollo?, ¿cómo hablar así de la idea de sostenibilidad?, ¿cómo confiar en que las políticas implementadas al campo podrían ser de beneficio si hoy se observa despojo, hambre, pobreza y un nivel de participación del Estado cada vez más débil?

7.3. Del contexto: comunidades ñuhus en Hidalgo, pueblos en resistencia

La región Otomí-Tepehua resalta por ser un territorio multicultural que tiene como escenario los municipios de San Bartolo Tutotepec, Tenango de Doria y Huehuetla. Vargas (2011) señala que en esta región habitaban otomíes, tepehuas, totonacas y chichimecas, pero fue en el siglo XVI cuando esta diversidad se vio disminuida. Actualmente, en los municipios que componen la región predomina la población otomí y, en el caso de Huehuetla, también es posible ubicar población tepehua. El mismo autor puntualiza que “los otomíes serranos no fueron conquistados por los mexicas, y por su incomunicación geográfica eludieron la conquista española, más tarde fueron los sacerdotes quienes lograron la dominación espiritual y cultural” (Vargas citado en Arriaga, K. 2017:139).

Vázquez (2008) añade que la población pasaba largas temporadas en los bosques cuidando su sistema milpa. Esta es otra de las razones por las que la evangelización fue más compleja que en otros territorios. Vargas (2011) subraya que la región tuvo importantes conflictos y rebeliones en el proceso del reparto de tierras, lo que dejó un sistema ejidal con dificultades en las formas de organización colectiva. Actualmente, apenas un par de localidades de Tenango de Doria, todas con población ñuhu, tales como El Nanthe, San Pablo El Grande, Ejido López Mateos, La Cruz de Tenango Santa Mónica y San Nicolás, cuentan con núcleos agrarios ejidales donde sobresalen actividades de producción de traspatio, cafetal, forestal y desde luego el sistema milpa (Espinosa, 2013). Son las localidades de Santa Mónica, así como San Nicolás y sus experiencias de organización, resistencia y lucha, las que motivan el presente capítulo.

En un ejercicio donde el eje central fue la construcción activa de la memoria local a partir de una serie de testimonios, permite reconocer que en las comunidades ñuhus sobresale su resistencia ante diferentes embates culturales. En un primer momento, señalan que los primeros habitantes de la localidad llegaban de las lejanas montañas que hoy reciben el nombre de La Concepción. “Ahí no llegaban los conquistadores” (Arriaga, K. 2017:17). En el mismo trabajo se hace manifiesto que la comunidad de San Nicolás, por ejemplo, se organizó para defender sus tierras y liberarlas de una familia que poseía la gran mayoría. En resumen, los testimonios refieren con gran orgullo que se trata de una las luchas que hoy les permite contar con tierras de territorio ejidal y comunal, resultado de una defensa que emprendieron los abuelos (op cit. 19 y siguientes).

Los procesos de habitar la comunidad se ven implicados en un conjunto de prácticas que les permiten significar los espacios así. Por ejemplo, las calles de la localidad hoy llevan los nombres de algunas personas que han encabezado algún tipo de liderazgo. En estas, lo mismo circulan autos motorizados que animales que ayudan a las labores del campo. Dependiendo de la hora del día, se puede observar a hombres y mujeres que van a trabajar a sus cafetales o milpas; niños o niñas que corren con cubeta en mano para llevar su nixtamal al molino. La mujer que regresa del cerro con un poco de medicina y herbolaria tradicional; el hombre que, acompañado de su mascota y con gran concentración, carga la leña para el fogón y el temazcal; la mujer o el hombre que dibujan y bordan su costura multicolor con la cual guardan la esperanza de que al venderla podrán complementar su ingreso familiar; la juventud jugando basquetbol en sus canchas o haciendo faena. Estas y muchas otras actividades dotan de significado a las localidades y sus habitantes.

En el mismo sentido se debe abordar el ámbito de la religión. Este elemento determina de manera importante la dinámica y relaciones dentro en las localidades. Sabemos que las personas habitantes se internaron en las profundidades de sus montañas para resistir al proceso de colonización. Galiner (1987) reconoce que el acceso a la localidad y su geografía dificultó el adoctrinamiento espiritual; sin embargo, como lo hemos visto, los sacerdotes tuvieron un papel importante en el proceso de la adopción o de la religión católica.

La década de 1950 fue determinante para los procesos de transformación de la dinámica comunitaria. En el año de 1955 se instaló el Instituto Lingüístico de Verano (ILV). De acuerdo con testimonios que se obtuvieron en la localidad de San Nicolás, sobresale el hecho de que Richard Blight (1925-2021) se situó en la comunidad. Al paso del tiempo, aprendió la lengua local y realizó la traducción del Nuevo Testamento del castellano al ñuhu. Según A. Del Valle, se sabe que las personas que se postulaban para formar parte del ILV debían contar con un perfil altruista, eran capacitados para traducir la Biblia, se les preparaba para los climas a los que fueran a exponerse y, de manera adicional, tomaban un curso de medicina elemental (A. Del Valls, 1928: 127 y 128). Actualmente, hay un gran aprecio por el legado que dejó Richard Blight, pues justamente las cualidades previamente descritas fueron las que le facilitaron su labor de evangelización.

Cabe mencionar que algunos testimonios refieren que una explicación sobre el cambio religioso obedece a que, durante muchos años, cuando la religión hegemónica era la católica, se imponían modelos de organización (los cuales implicaban gastos, por ejemplo, las mayordomías) que fueron debilitando su posición en lo local. Su presencia rebasaba el campo de la fe, se podía hacer presente en algunos otros ámbitos de la vida cotidiana, por lo que muchas familias expresaron inconformidad. Hoy la religión católica es una opción más entre otras. Tal es el caso de que en Santa Mónica se identifica la práctica de cuatro religiones, mientras que en San Nicolás, siete. Giménez (2009) sostiene que el peregrinar en estos mundos religiosos se entiende a partir de la idea de que un rasgo de la identidad religiosa moderna es su propensión a la conversión (Giménez, G. 2009: 212).

En el mismo tenor de ideas, la migración es otro de los procesos históricos de gran protagonismo, y con el cual se asocian muchos de los cambios de las localidades sobre su paisaje cultural y la dinámica comunitaria. Tal es el caso de San Nicolás, quienes tienen en los Estados Unidos una comunidad denominada El pequeño San Nicolás, la cual funciona como una red de apoyo trans territorial. La solidaridad se hace presente desde el momento en el que migran. Por ejemplo, las personas que ya se encuentran en algún estado del país norteamericano suelen realizar préstamos para el pago de coyote y otros gastos. Por otro lado, durante los primeros días o meses, mientras el migrante encuentra trabajo, alguien más le apoya con vivienda y alimentos. Igualmente, suelen organizarse para cubrir gastos funerarios o para apoyar alguna causa de beneficio en la localidad en México. Sobresale el hecho de que incluso pueden llegar a conmemorar su fiesta de carnaval en los EEUU.

La migración ha resultado una estrategia de resistencia tanto familiar como comunitaria de amplia relevancia que reestructura de manera permanente la dinámica, por ejemplo, con la demanda y gestión de nuevos servicios. Sin embargo, es necesario visibilizar que esta estrategia obedece también a un proceso de desigualdad social, pues en lo local muchas familias no encuentran suficientes oportunidades para satisfacer sus necesidades básicas.

Hasta este momento tenemos a la migración, la diversidad religiosa, el trabajo campesino, los tipos de propiedad y los vínculos establecidos con la tierra como algunos de los elementos que forman parte constitutiva de su identidad. Pero adicional a esto, se debe hacer mención sobre la serie de rituales que también se encuentran presentes, tales como la práctica del temazcal, elemento que ha logrado resistir y permanecer vigente desde su ancestralidad precolombina hasta nuestros días. Se trata de una práctica que, además de asociarla con un componente de purificación, protección y medicina, permite fortalecer el tejido social entre las familias.

Las localidades cuentan con ceremonias tradicionales de agradecimiento a la naturaleza, se practican danzas, como El Carrizo del Sol, las cuales están en riesgo y son portadoras de un conocimiento inmaterial que se ve reflejado en su vestimenta, la cual consta de bordados como el pepenado, punto de cruz y puntada de gallo, que al entrelazar los hilos cuentan historias de sus abuelos, de la naturaleza y de su cosmovisión.

En resumen, observamos territorios indígenas en resistencia histórica: tenemos a pueblos que huían a las montañas para escapar de la colonización; por otro lado, observamos a comunidades que son de las pocas en contar con tierras comunales y ejidales producto de su lucha; igualmente, reconocemos a habitantes que no dejan de realizar prácticas rituales y ceremonias que los anclan en una relación con la naturaleza, que además de dotarle de sus alimentos, es su medicina y medio de purificación. Vemos, también, a mujeres y hombres que a través de su patrimonio cultural inmaterial siguen contando su historia precolombina de lucha por sus derechos. Lo anterior, a partir de un elemento central que les facilita la reivindicación de su historia, la tradición oral, desde su lengua y cosmovisión.

Fernando Ibarra Molina (artista visual, así como aprendiz y acompañante de los abuelos en las ceremonias y rituales de la región) habla de la resistencia a través de sus trazos. Representa a una mujer que es la guardiana de su patrimonio cultural inmaterial, ella borda su naturaleza y con cada puntada rinde honor a su ancestralidad. En la imagen también se puede ver un temazcal listo para sanar y reforzar el tejido social. Se incluye un acontecimiento de relevancia, esto es, la conversión religiosa, representada a través de la avioneta desde la cual, según testimonios, se dejaban caer libros del Nuevo Testamento. La memoria local se visualiza en el nombre de sus calles, estas rinden un tributo a personajes que han influido de manera importante en la conformación de su historia comunitaria. La flora y fauna, así como las murallas naturales que protegen a las localidades, están manifiestas igual que sus pasos de pueblo migrante hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy, estos pueblos y comunidades buscan en su historia de resistencia el aliento necesario para seguir defendiendo su territorio y cosmovisión ñuhu.

Defensora de los derechos humanos y agente contra todas formas de discriminación. Feminista, socióloga, maestra en Desarrollo rural y docente. Actualmente colabora para la Dirección General de Arte Popular e Indígena de la Secretaría de Cultura de Hidalgo.

Gráfico 1. Comunidades ñuhus en Hidalgo, pueblos en resistencia

Dibujo de Fernando Ibarra Molina, artista local, inspirado en los testimonios.

7.4 Andanzas de las mujeres por la defensa y construcción de un territorio digno: desigualdad histórica y multidimensionalidad al significar su relación con la tierra

Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.

El libro de los abrazos (Galeano, 2000:111).

De acuerdo con el observatorio Fundar de la Universidad Nacional Autónoma de México, existe un total de 760 movimientos de defensa territorial en América Latina, de los cuales la mitad está en México. Las mujeres tienen un papel central al hacer frente al atentado contra la autodeterminación y la decisión del tipo de desarrollo que las comunidades prefieren. Una informante (ver nota 1) declara:

Las mujeres siempre estamos luchando, en nuestras casas, con nuestras familias y ahora en nuestros territorios… Las políticas nos están declarando la guerra. Pero no vienen solas, vienen con división, con mentiras, con la compra de la memoria y dignidad… los pueblos y sus habitantes somos los últimos en enterarnos y cuando nos organizamos entonces comienza una lucha (SC- febrero de 2019).

La informante permite dar un siguiente paso en este análisis, esto es, la lucha constante en la que las mujeres se ven inmersas y que obedece, todo indica, a su condición de ser mujer, por citar un ejemplo, no contar con la titularidad de la tierra.

En la Ley Federal de Reforma Agraria de 1971 se reconoce la igualdad entre hombres y mujeres para ser miembros de ejidos. Sin embargo, para 1980, únicamente uno por ciento de las mujeres contaba con títulos de propiedad. Hoy en día es el veinte por ciento. Las formas a través de las cuales las mujeres pueden obtener estos títulos son mediante herencia o por cesión. A esta desigualdad es necesario sumar aquellas generadas por razones culturales, como la discriminación, lo que dificulta su inclusión en la toma de decisiones y en la ausencia de consulta sobre, por ejemplo, los proyectos extractivistas.

Pero la tierra y el territorio, según los testimonios de las mujeres, es uno de los espacios sociales y simbólicos que les permiten construir sus sueños y derechos, mismos que rebasan los títulos de propiedad y que, sobre todo, no limita su poder como agentes de defensa, a lo que una informante más sostiene: “Las mujeres somos quienes damos vida y mantenemos nuestras tierras. Nosotras nos conocemos en nuestras capacidades, nos descubrimos porque defendemos lo que amamos” (JS- comunicación personal, febrero de 2019).

Para el año 2015, se anunciaba la puesta en marcha del proyecto “Gasoducto Tuxpan-Tula en los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo” (Proyectos México: 2015). Con base en las fuentes oficiales, el proyecto incluye el diseño, gestión, operación, así como el mantenimiento de un gasoducto para transportar gas natural desde Texas hasta los estados previamente mencionados.

El plazo del contrato sería por 25 años, con una inversión de 9,160 millones de pesos, bajo contrato con Transportadora de Gas Natural de la Huasteca y la empresa asociada Transcanada. Proyectos México (2015) puntualizaba que el inicio de operación sería el 31 de diciembre de 2019; sin embargo, la movilización de las comunidades indígenas lo impidió, pues apelaron a sus derechos colectivos.

Tras el anuncio de la obra, las comunidades decidieron organizarse. Para el caso de San Nicolás, la constitución del Comité de Defensa incorporó a dos mujeres que contaban con estudios de nivel medio superior: “[…] cuando fue la reunión para conformar el comité, eligieron a dos mujeres que habían terminado el bachillerato y las personas confiaron en ellas para defender contra el gasoducto, por lo mismo de su preparación” (R- comunicación personal, enero de 2020).

La comunidad se preparó, solicitó ayuda profesional de muchas disciplinas, se empezó a hablar de derechos humanos y a cuestionar sobre esa doble dimensión del desarrollo sostenible pues, por un lado, desde la página oficial de Proyectos México, el resumen de sostenibilidad señala: “El gasoducto contribuirá a la creación de una inversión para generar energía limpia y de menor costo […] Se seguirá un plan de manejo ambiental para conservar la calidad del aire y acústica; y un plan de inversión social que podría contribuir con el desarrollo local” (Proyectos México, 2020).

Sin embargo, tenemos a las comunidades afectadas quienes sostienen que, de implementarse dicho proyecto, los impactos tanto sociales como culturales amenazan a la comunidad, así como a las generaciones del pasado, presente y futuro:

“Qué pasaría con nuestros muertos, con nuestros espacios donde ya descansan, qué va a pasar con nuestros cerros sagrados y con las medicinas que ellos nos dan, dónde van a vivir nuestros hijos e hijas. Sin tierra no tenemos nada. A base de mentiras, donde también participa el gobierno, nos dicen que no va a pasar nada, que se trata nada más de un tubo que pasará por debajo de nuestras tierras, pero ese tubo no es bueno para nuestros alimentos y sin alimentos qué nos queda; la muerte. Por eso, ese proyecto de muerte no se va a permitir, nos quita nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro”. (LPR- comunicación personal, marzo de 2019).

Con base en estos dos posicionamientos, cabe la comparación sobre las maneras de significar el desarrollo sostenible. Autores como Escobar (2007) puntualizan la necesidad de cuestionar los modelos de desarrollo impuestos, propone confrontarlo, ya que ha significado el progreso (y mantenimiento) de las relaciones de poder y no así el crecimiento de los pueblos y comunidades. Pareciera entonces que esta bandera es ante todo un instrumento para reproducir la dominación, despojo y dependencia.

El testimonio de LPR permite reconocer que el arraigo a su tierra y territorio habla de una dimensión simbólica y afectiva que no encaja con la lógica del capital. En resumen, su preocupación y necesidad de defensa es por la vida. La vida pasada, la vida presente, la vida futura.

Gráfico 2. Confrontar el desarrollo: megaproyectos y sus amenazas a la vida pasada, presente y futura

Dibujo de Fernando Ibarra Molina, artista local, inspirado en los testimonios.

La resistencia de estas comunidades es un claro ejemplo de confrontación a los modelos de desarrollo, de acuerdo con Escobar. La sublevación, la movilización y su organización representan una crítica a lo que desde proyectos neoliberales se ha ofrecido como vía única para alcanzar el tan anhelado (o vendido) desarrollo. Estas resistencias surgen en lo cotidiano desde las comunidades, antes que desde proyectos políticos externos, pues siguiendo el posicionamiento de Long, “las sendas precisas del cambio y su importancia para los implicados no pueden imponerse desde fuera” (Long, 2007: 43).

Las mujeres han tenido que sortear varios retos frente a su compromiso de defensa. Adicional a las amenazas externas, se enfrentan a miradas y juzgamientos que emergen desde la propia comunidad. Así, no sólo cuestionan el proyecto de gaseoducto, sino que también los modelos del ser mujer, esperados por su entorno más inmediato. Una informante declara: “[al estar aquí] aprendemos de derecho y cosas técnicas, aprendemos a no sentirnos menos frente a los hombres o a las autoridades y los empresarios. Ya no nos intimidan. Aprendemos a tenernos confianza y a cuidarnos entre nosotras (LPR- comunicación personal, marzo de 2019).

Un enroque más que pone de manifiesto el posicionamiento político se reconoce en el siguiente testimonio:

[…] derecho indígena agrario y sobre tierras aquí fue donde aprendí más, las organizaciones que protegen a las comunidades indígenas todo eso lo conocí en esta lucha. Entonces cuando aprendo y veo este proyecto me da coraje porque las personas que firman estos proyectos ya conocen nuestros derechos como indígenas y aun así no nos lo respetan, eso da mucho coraje y tristeza, no les importa nuestra forma de ser y sentir, sólo quieren imponerse sobre un lugar […] pero mi comunidad avanza poco a poco, aquí los hombres y las mujeres no vamos a dejar que atenten contra nuestras formas de ser. (R- comunicación personal, enero de 2020).

Con los testimonios anteriores se deja constancia del reto que ha implicado a lo interno de las localidades el reconocer que las formas de participación son y deben ser diversas. En el mismo sentido, se observa que la construcción de la intervención política de las mujeres en los espacios públicos también se genera en medio de importantes negociaciones, cuestionando los modelos patriarcales de participación históricamente implantados en las sociedades mexicanas.

Las formas de enfrentar el conflicto requieren una postura abierta, dinámica y que contemple la multiplicidad de actores. Vivir y decidir en comunidad, requiere escuchar y comprender la diversidad de historias y posiciones desde las que se comparte y defiende. Es, también, una oportunidad para ganar y consolidar espacios de participación dignos donde tengan cabida todas las voces. Así podemos ver que las mujeres que defienden el territorio defienden también la idea de una vida digna que supera estereotipos y deconstruye realidades machistas y patriarcales.

7.5. De las mujeres que ponen la vida y los sueños en el territorio

La utopía está en el horizonte.

Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos

y el horizonte se corre diez pasos más allá

¿Entonces para qué sirve la utopía?

Para eso, sirve para caminar.

Fernando Birri, cineasta argentino (Galeano en decrecimiento, 2012).

El acceso a la tierra en condiciones de igualdad es una cuestión fundamental de los derechos humanos. Garantizar a las mujeres el derecho a la tierra y a la toma de decisiones podría resultar una modificación estructural y sistémica, sobre la situación de vulnerabilidad en la que actualmente se encuentra un amplio porcentaje de mujeres que viven y defienden el territorio.

Las mujeres rurales e indígenas en Santa Mónica y San Nicolás reconocen el territorio desde un carácter polisémico; además, del elemento material, el territorio es, especialmente, un espacio donde se comparten visiones de vida (del pasado, presente y futuro). El territorio es también algo espiritual y simbólico, significaciones que han sido construidas de manera histórica y son diametralmente opuestas a la lógica capitalista que abandera el gaseoducto.

Los testimonios y experiencias de estas mujeres permiten sostener que se deben desaprender algunos roles. Las condiciones como el no tener derecho a la tierra, no poder participar de manera activa en las asambleas, orientar las labores de las mujeres a ámbitos principalmente domésticos o privados se deben cuestionar y transformar. Las mujeres también están defendiendo el territorio y al mismo tiempo transforman los mecanismos que hasta ahora han sido de exclusión.

“Sueño a nivel comunitario con tener una asamblea que nos tome más en cuenta. No es suficiente con nuestra presencia, necesitamos que nuestra opinión cuente. Sueño con que las niñas no tengan miedo de participar. Y que las mujeres de hoy perdamos el miedo de manifestar nuestras ideas ante los malos gobiernos. (JS- comunicación personal, febrero de 2019).

Gráfico 3. Las mujeres que ponen la vida y los sueños en el territorio.

-Dibujo de Fernando Ibarra Molina, artista local, inspirado en los testimonios.

Sueño con que logremos que nuestros abuelos y abuelas se sientan orgullosos de que defendemos el territorio que ellos también defendieron. Sueño con que nuestros hijos e hijas vean que también ellas tendrían que defender. Sueño con que se reconozca que lo que hay aquí son bienes comunes, no privados ni para empresas. (LPR- comunicación personal, enero de 2019).

Se espera que este tipo de acompañamientos desde la academia apuntalen la necesidad de abrir debate para colocar la justicia hacia las mujeres rurales en las agendas políticas. Este capítulo muestra cómo pareciera que la política trabaja bajo la lógica de los intereses del capital y, por otro lado, desde las luchas de las mujeres que aquí se retratan se invita a la creación de alianzas con quienes ponen la vida y los sueños en el territorio. En el mismo sentido, impera la necesidad de cuestionar el proyecto civilizatorio y su apuesta de sostenibilidad. La academia, especialmente en ciencias sociales, debe investigar para construir justicia social.

Referencias

Banobras (2019). Diseño, construcción, equipamiento, instalación, operación y mantenimiento del gasoducto Tuxpan-Tula en los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo Sector: Hidrocarburos. México: Banco Nacional de Obras y Servicios. Recuperado de https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/766-cfe-gasoducto-tuxpan-tula.

Congreso de la Unión (1971). Ley Federal de Reforma Agraria. México: Congreso de la Unión.

Espinosa, R. (2013). El valor de lo local en los procesos de capacitación: el caso de las mujeres otomíes de Santa Inés, Huehuetla, Hidalgo. Tesis de maestría en Desarrollo Rural. México: Universidad Autónoma Metropolitana- Xochimilco.

Fundar (2018). Anuario 2017. Las actividades extractivas en México: minería e hidrocarburos hacia el fin del sexenio. México: Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.

Galeano, E. (1982). Memorias del fuego I. Los nacimientos. México: Siglo XXI Editores.

Galiner, J. (1987). Pueblos de la Sierra Madre. Etnografía de la comunidad otomí. Clásicos de la Antropología, No. 17. México: Instituto Nacional Indigenista.

Lagunas, D. (2003). La tepehua en su diferencia: etnología en la sierra otomí-tepehua. Revista Nueva Antropología, XIX (63), 137-152.

Long, N. (2007). Sociología del desarrollo: una perspectiva centrada en el actor. México: Colegio de San Luis y CIESAS.

Salinas, C. (1992). Iniciativa de ley agraria. México: Presidencia de la República.

Téllez, L. (1993). Nueva legislación de tierras, bosques y aguas. México: FCE.

Vargas, P. (2011). Pobreza, migración y desempleo: mujeres en la región otomí-tepehua de Hidalgo. Revista Nueva Antropología [en línea], XXIV (Julio-diciembre). Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15924195006.

Vázquez, E. (2008). Los Tenangos: mitos y ritos bordados. Arte Textil Hidalguense. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Warman, A. (1996). El artículo 27 constitucional. México: Estudios agrarios 2.

Informantes

Profesor Miguel Patricio †- comunicación personal, agosto de 2014.

Líder de la Iglesia Séptimo día- comunicación personal, abril de 2014.

Jorge, joven migrante- comunicación personal, diciembre de 2014.

Profesor Calixto- comunicación personal, febrero de 2019.

LPR- comunicación personal, enero de 2019.

SC- comunicación personal, febrero de 2019.

JS- comunicación personal, febrero de 2019.

R- comunicación personal, enero de 2020.

Notas

Nota 1. Los nombres de todas las mujeres que proporcionaron información fueron modificados por solicitud expresa.

8. Las mujeres y su actuar en el desarrollo sustentable. Por Lilia Zavala Mejía13 y Jesús Andrés Yocupicio Castillo14

8.1 Introducción

En el presente texto se aborda la vinculación de la perspectiva de género con el desarrollo sustentable, concebida como la participación de mujeres y niñas en la defensa y conservación de los recursos naturales. Es un tema de gran importancia, ya que cuando se debe elegir entre la opción más adecuada, con frecuencia esas voces son anuladas al ser mujeres quienes encabezan esas acciones.

Un rasgo distintivo de este tipo de relación entre mujer-naturaleza es demostrar que se puede contribuir al mejoramiento del medio ambiente sin que este se vea amenazado. Para acercarse al tema, lo más conveniente es dirigir el análisis de su origen desde diferentes posturas. Una de estas se refiere a la perspectiva de género, es decir, desde la mirada inclusiva de las mujeres, incorporando los aspectos sociales, culturales y políticos. La investigación de esta problemática se dirige hacia el conocimiento de nuevas estrategias en favor del medio ambiente, desde la creciente participación de las mujeres a lo largo del tiempo.

En la primera parte del documento se muestran los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, formulados por los países integrantes de las Naciones Unidas. En seguida, el texto se enfoca en el quinto objetivo del desarrollo sostenible relativo a la igualdad de género, mostrando las ocho metas planteadas para conseguir dicho objetivo. En el apartado sobre desarrollo sustentable se hace un breve recorrido sobre el concepto, en su intento por vincular los recursos naturales con el progreso económico y social, sin afectar el entorno.

A continuación, se hace un análisis en cuanto a la relación mujeres-naturaleza y medio ambiente, el cual pretende identificar el actuar de las mujeres para un desarrollo sustentable y, al mismo tiempo, resaltar los obstáculos a los cuales se enfrentan. Posteriormente, se aborda la ecofeminismo, reconocido por conceptualizar la relación de las mujeres con la naturaleza. Destaca el fuerte vínculo y recupera un principio femenino. En el tema siguiente se expone la manera en que han ido evolucionando las políticas públicas en nuestro país a favor de la inclusión en materia de género, en asuntos relacionados con el medio ambiente. Finalmente, el ejemplo de una experiencia de éxito, de un proyecto encabezado por mujeres hidalguenses donde se vincula la relación del uso y conservación responsable del medio ambiente.

8.2 Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La Agenda 2030 surge a partir de las necesidades constantes, a lo largo de los últimos años, en la mayor parte del mundo. En ese sentido, los distintos países que conforman la Organización de las Naciones Unidas aprobaron y establecieron los 17 objetivos del desarrollo sostenible que conforman la Agenda 2030, “la cual establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental” (ONU, 2018).

Para el tema que nos ocupa, resalta el Objetivo 5, que consiste en trabajar aspectos relacionados con la igualdad de género. Engloba temas de problemáticas asociadas a las mujeres. En seguida, son abordadas con mayor generalidad las metas establecidas para lograr este objetivo.

8.3 Oportunidades equilibradas

Un tema de actualidad en la Agenda del Desarrollo Sostenible, relacionada con la problemática femenina y la perspectiva de género, ha sido la incorporación de uno de los objetivos de la Agenda 2030, el cual establece una serie de metas para conseguir “el empoderamiento de las mujeres y niñas y alcanzar la igualdad entre los géneros” (Naciones Unidas, 2015:1). Se plantean siete metas para lograr lo anterior de acuerdo con los Objetivos del Desarrollo Sostenible planteados por la Organización de las Naciones Unidas (2019):

Acabar con prácticas dañinas como el matrimonio de niñas y mutilación genital en mujeres.

Visibilizar el trabajo doméstico y de cuidados sin remuneración, proporcionando los mecanismos públicos y sociales para desarrollar esa actividad de manera equilibrada por todos los integrantes de los hogares.

Garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones, en todos los ámbitos de la vida política, económica y pública.

Hacer efectivos los derechos sexuales y reproductivos de la población.

Realizar ajustes en materia económica que garanticen igualdad de oportunidades en los recursos económicos, acceso a su control y propiedad de bienes.

Facilitar el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones propiciando una mayor participación femenina.

Incidir en las legislaciones que favorezcan la equidad de género y participación de mujeres y niñas de todos los sectores sociales.

Se puede apreciar en cada una de las metas anteriormente citadas, la urgencia del reconocimiento del papel que juegan las mujeres activamente en varios procesos de las distintas esferas políticas, económicas, sociales y culturales. En ese proceso, la participación de las mujeres es fundamental para mejorar sus condiciones de vida y de su entorno social de manera más equilibrada (Rico, 1998).

En este trabajo se intenta abordar la relación mujeres-medio ambiente, y lo que gira en relación con esas variables, ya que por un lado se reconoce la importancia de las mujeres para la toma de decisiones, y cómo se involucra a partir de diferentes formas de acción, mediante distintos roles. Por otro lado, también se aborda el acceso a los recursos naturales de una manera equitativa, además de sustentable, como estrategia para combatir la crisis ambiental agravada en los últimos años. Aunado a lo anterior, se revisarán de manera breve conceptos como desarrollo sustentable y ecofeminismo.

8.4 Desarrollo sustentable

El desarrollo sustentable, como tema de investigación y estudio, ha adquirido importancia desde hace aproximadamente cuatro décadas, los resultados obtenidos han aportado ideas y favorecido acciones para instrumentar políticas en beneficio de la preservación y equidad del medio ambiente. En este sentido, se puede describir al desarrollo sustentable como:

“El aprovechamiento racional e integral de los recursos, sin comprometer su uso futuro, sin agotarlos o contaminarlos y sin depredar. El desarrollo sustentable aspira a satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, sin comprometer las generaciones venideras: suficiente para el presente y suficiente para el futuro” (Inmujeres, 2003: 7).

Es decir, crear propuestas para el progreso económico y social, sin dejar de lado la preservación del medio natural, y de esta manera garantizar la equidad en cuanto a su obtención. Sin embargo, desde finales de la década de los ochenta se ha venido distorsionado o reformulando el significado de desarrollo sustentable, puesto que al mismo tiempo que comenzó a ganar mayor espacio el sistema neoliberal, al menos en la mayoría de los países de América Latina, las necesidades económicas que el mismo sistema estimula se han tornado diferentes, provocando con esto la reformulación dicho concepto. A manera de ejemplo se encuentra lo planteado por la Comisión de Brundtland, misma que en el año de 1987 se convirtió en una de las propuestas más empleadas por políticos, burócratas y organismos internacionales, ya que surge de la controversia entre crisis ambiental y capacidad de preservar el crecimiento económico, por lo tanto, aparece con una acepción ecológica establecida con el fin de poner freno a la destrucción ambiental (Tuñón, 2003).

No obstante, tiempo después, el concepto modifica el paradigma, influenciado esta vez no solo por aspectos ecológicos, sino políticos, sociales y sobre todo económicos, que tienen su origen en el sistema neoliberal, dando oportunidad al Banco Mundial de hacer su propuesta sobre el crecimiento económico ilimitado en una sociedad de consumo, donde los productos de la actual economía no persiguen la satisfacción de las necesidades básicas, sino las creadas, y que propician adicciones pasivas, es decir, actitudes y comportamientos inducidos por los medios de comunicación y favorecidos por la mercadotecnia, que convierten a las personas en consumidoras (Tuñón, 2003:48).

El concepto de desarrollo sustentable abarca abiertamente el universo de las áreas relativas a la creación de políticas. Tanto la perspectiva de género como el manejo adecuado de los recursos naturales están interrelacionados, y debido a la amplitud de temas transversales que abarcan, involucran a los encargados de diseñar los programas sociales, por tanto, su atención requiere de enfoques multidisciplinarios. Ante tales circunstancias, se requiere una mirada puntual para intervenir bajo temáticas que requieren atención inmediata con la participación de diversos sectores involucrados (Rico, 1998: 31).

Esto lleva a repensar la interrogante: ¿Cómo afecta la degradación del medio ambiente, particularmente el caso de las mujeres?, y ¿cómo pueden contribuir a la sustentabilidad de los recursos naturales? De la pregunta ¿cómo vivir sin degradar?, se pasó a ¿cómo evitar que el ambiente se convierta en límite del crecimiento económico?, y al transformarse en una sociedad consumista, por ende, se provoca la degradación ambiental, la de los recursos naturales e indudablemente la desigualdad tanto económica como social.

8.5 Mujeres-naturaleza. Desafíos y propuestas

Como se ha venido mencionando desde el inicio, el sistema neoliberal, ha traído como una de sus consecuencias la degradación y limitación de la integración de las mujeres y su participación en los contextos, social, político, económico, cultural y ecológico, mismos aspectos que indudablemente crean una brecha que las incluye entre los grupos vulnerables.

Para las mujeres, la lógica del modelo económico vigente fortalece el sistema patriarcal, se extiende a sus instituciones, por lo que estas siguen perdiendo. Pareciera que el desarrollo sustentable las deja fuera de sus planteamientos, sin embargo, habría que analizar la forma en la que se busca entender las relaciones que existen entre los géneros y el ambiente (Tuñón, 2003: 50).

Justo cuando comienza a asociarse la perspectiva de género a temas ambientalistas, inicia el surgimiento de movimientos, y temas como el ecofeminismo, como una propuesta de inclusión dentro de las estrategias del desarrollo sustentable, desde la conceptualización de la estrecha relación entre naturaleza y mujeres, desde la armonía, la diversidad y la sostenibilidad.

La vinculación de la perspectiva de género con el tema del medio ambiente fue reconocida hasta hace muy poco tiempo por organismos internacionales, en la década del noventa del siglo pasado. Las propuestas colocaron la participación de las mujeres en un primer sitio como gestoras de los recursos naturales y defensoras del entorno, proponiendo así su contribución con voz y voto en el diseño y aplicación de las políticas ambientales (Inmujeres, 2003: 14).

En el esquema 1 se puede identificar con mayor claridad cuáles fueron los inicios en la inclusión de las mujeres en distintos temas tomando en cuenta algunos tratados y acuerdos internacionales, principalmente en lo relacionado a cuestiones de sustentabilidad del medio ambiente.

Profesora investigadora del Área Académica de Trabajo Social-UAEH

Estudiante de la Licenciatura en Trabajo Social

Esquema 1. Tratados y acuerdos internacionales para la inclusión de las mujeres en temas ambientales

Fuente: elaboración propia con base en: Equidad de Género y Medio Ambiente. Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres, 2003).

Es entonces a partir de esas y otras propuestas como fue surgiendo la vinculación entre la participación de las mujeres y el entorno ambientalista, al mismo tiempo que se fueron creando planteamientos y debates para incluir el enfoque de género en dicha esfera. El camino que ha seguido la vinculación de la temática femenina y el desarrollo a su vez permitieron avanzar en la relación con el medio ambiente. También emergen aspectos centrales que colocan a las mujeres en igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo y el manejo y control de los recursos.

Mientras tanto, el Banco Mundial, adoptó la visión de género como medio para alcanzar un desarrollo que fortalezca la democracia social y todo lo que esta implica. En este sentido, se requiere reorganizar la gestión ambiental, es decir, tomar en cuenta las necesidades de mujeres y hombres en el diseño de estrategias para el manejo conveniente de los recursos naturales (Inmujeres, 2003). Incorporar la perspectiva de género significa establecer relaciones equilibradas considerando el resto del entorno social, económico, generacional y étnico, por mencionar algunos. Algunas de las herramientas para la promoción ambiental con enfoque de género, propuestas por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) se visualizan en el esquema 2.

Esquema 2. Herramientas para la promoción ambiental con enfoque de género

Fuente: elaboración propia con base en: Equidad de Género y Medio Ambiente. Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), 2003.

La participación de las mujeres y los papeles que desempeñan en la adopción de decisiones, así como la gestión y la dirección, son fundamentales para “los procesos de desarrollo sostenible y la gobernanza en los planos local, nacional e internacional, donde pueden ser eficaces agentes del cambio. Diversos estudios realizados en países desarrollados han constatado que las mujeres, a causa de su estilo de vida y pautas de consumo, parecen preocuparse más por el medio ambiente y tienen un mayor sentido de responsabilidad hacia el logro del desarrollo sostenible. Hay indicios de que las mujeres suelen ser consumidoras más responsables, y es más probable que reciclen y utilizan el transporte público con mayor frecuencia que los hombres” (Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, 2011: 2).

En la región, desde el punto de vista de una política de generación de conocimientos y de información respecto de la interrelación entre género y medio ambiente, los principales obstáculos se centran en: a) escaso uso de las fuentes de información generadas por los censos, encuestas de hogares y fuentes estadísticas diversas; b) incomunicación entre quienes realizan los estudios; c) carencia de objetivos estratégicos; d) escasa inversión y disponibilidad de recursos; e) temáticas poco investigadas (Rico, 1998; 30)

En la región latinoamericana las mujeres han sido reconocidas por ser quienes se ocupan de administrar de manera continua el medio ambiente. Conferido también un papel fundamental en el cuidado y promoción del medio ambiente, sin analizar las desventajas que por su condición de género padecen, también se les ha visibilizado cómo un factor económico o un indicador para las estadísticas. De igual manera, han sido consideradas como víctimas y, por lo tanto, como potenciales salvadoras del medio ambiente. También han sido consideradas como las principales depredadoras a partir de las múltiples tareas domésticas que realizan, haciendo uso de los recursos naturales a su alcance como una forma de enfrentar la pobreza en la que viven. Estas etiquetas deberán ser analizadas a la luz de las distintas concepciones ideológicas respecto del vínculo entre las mujeres y el medio ambiente, que es importante conocer con mayor profundidad para evitar aseveraciones fuera de contexto (Rico, 1998).

Sobre las bases de las ideas expuestas, se pudiera comprobar que la igualdad no está teniendo valor alguno, al estar hablando de recursos naturales como un medio de sobrevivencia para hombres y mujeres se habla de igualdad en cuanto a la manera en que estos serán aprovechados (Vázquez, 2010) menciona que las consecuencias generadas en el manejo de los recursos representa un problema para las mujeres, como por ejemplo, la actividad diaria de recoger agua implica casi siempre que las mujeres recorran distancias considerablemente largas. En cambio, los hombres no participan de dichas actividades. Para que exista un desarrollo sustentable en la sociedad se necesita la igualdad de participación de ambos géneros en cuanto al manejo de los recursos naturales.

Ante el supuesto de la escasa participación de las mujeres, condicionado por el nivel socioeconómico, es preciso relativizar y contextualizar. Por ejemplo, se aprecia lo que sucede en alguna zona de la selva Lacandona, los intereses económicos son dirigidos por los varones, mientras que las tareas de cultivo son asignadas a mujeres, diferenciando entre aquellas quienes registran niveles menores de vida, y en contraste a las que presentan un nivel de vida alto, dentro de esta misma zona, sus actividades principales van encaminadas a prestar servicios como enfermeras y maestras (Daltabuit, Vargas, y Santillán, 1994).

8.6 Ecofeminismo: ¿cómo lograr el equilibrio entre el desarrollo sustentable y la diversidad y la participación de las mujeres

“El ecofeminismo es considerado por establecer la relación de las mujeres con su entorno natural, suponiendo un estrecho vínculo entre ambos y defendiendo la recuperación de un principio femenino que implica armonía, sostenibilidad y diversidad” (Rico, 1998:22).

Se puede afirmar que la relación de las mujeres con la naturaleza va más allá de una conexión de oposiciones, es decir, en la actualidad han surgido distintos temas que abarcan opresión contra las mujeres y la naturaleza, dando lugar al surgimiento organizaciones en defensa de ese vínculo que sitúa preferentemente a las mujeres más cerca del contexto natural con respecto de los varones. El ecofeminismo fue usado por primera vez en 1976, cuando feministas francesas declaraban los daños que habían sufrido por un desastre natural.

Ahora bien, el Banco Mundial fue uno de los principales grupos encargados del financiamiento de proyectos de desarrollo sustentable, en su momento ofreció el apoyo necesario para instrumentar dichos proyectos en materia de políticas de desarrollo en países del tercer mundo, propiciando con ello, un fuerte endeudamiento económico y ahondando graves problemas de pobreza limitando con ello el crecimiento económico. Por tal motivo, es recomendable tomar en cuenta al desarrollo ambiental si se pretende tener un crecimiento económico, reducir el uso de los recursos para que la sociedad no lo vea como una necesidad humana sino como un instrumento económico (Flores, Demo, y Zapata, 2003).

Una de las principales ideas del Banco Mundial en cuanto a la obtención del crecimiento económico y ambiental, se refiere a la privatización de los recursos, con la finalidad de que organizaciones independientes del Estado pudieran intervenir en el control y manejo de los mismos, sin percatarse de la contradicción que esto implica, ya que con o sin la participación de la sociedad o de las propias mujeres, estas acciones se aplicaron sin siquiera tomar en cuenta la opinión de estos grupos, tal y como sucedió en algunos casos como el de Chicapa- Chimalapa, donde el Banco Mundial financió en una de las regiones más importantes con sistemas hidrológicos y más tarde los pobladores terminaron bloqueando el proyecto por las afectaciones ocasionadas a los recursos ambientales (Flores, Demo, y Zapata, 2003).

La especie humana pretende ejercer un control creciente sobre el ambiente, manipulando la capacidad de las fuerzas productivas de la sociedad y modificando el equilibrio natural de los ecosistemas; así se convierte en el agente decisivo de la evolución de la biosfera y en el principal depredador del planeta al que degrada hasta amenazar su propia supervivencia. El ser humano, por defecto, es denominado por padecer necesidades que debe satisfacer, Y, ¿cómo lo hará? Apoyándose de los recursos externos de los que se rodea. De esa manera se le ha llegado a denominar una plaga para el medio ambiente (Vázquez, 2016).

La importancia del tema ambiental no se percibía aún durante los siglos XVII y XIX, las conceptualizaciones al respecto carecían de valor, sobresalía la economía proveniente del modelo capitalista, en tanto el gobierno no mostraba interés alguno.

“El agotamiento de los recursos naturales siempre ha sido menospreciado por la idea de la producción sintética de sustitutos artificiales, como el nylon por el algodón; sin embargo, el agotamiento de los recursos naturales representa un límite a la expansión sostenida del capital.” (Vázquez, 2016:14).

Resulta significativo que se les otorgue la importancia necesaria a los recursos, ya que algunas empresas se dedican a la sustitución de las riquezas naturales, ignoran las consecuencias. Ahora bien, no solo basta con ignorar la importancia de los recursos naturales en un grupo lamentablemente atraído por un mundo capitalista, sino además querer tener el control sobre estos. Tal como lo menciona (Paz, 2017) los bienes naturales como bosques, tierras y aguas, han sido históricamente objeto de confrontación entre aquellos que buscan su control y quienes se resisten a ser despojados del mismo, o bien intentan recuperarlo.

8.7 Enfoque de equidad de género en el diseño de políticas públicas ambientales

Se habla con mayor frecuencia de que los recursos naturales se están acabando debido a la sobreexplotación que cada vez aumenta y se presenta como el origen de nuevos conflictos políticos, desde contextos regionales hasta internacionales. Las propuestas para erradicar la degradación ambiental a partir la perspectiva política, consisten en reorganizar el acceso a los recursos naturales, propuestas basadas esencialmente en la ideología liberal.

En este contexto, algunas instituciones como el Consejo Civil Mexicano de Silvicultura Sostenible, consideran necesario que a nivel nacional es preciso adecuar el aspecto legal y la manera de instrumentar los apoyos en los ámbitos forestal y agrícola. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa), Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), son los sectores federales que a partir de sus reglas de operación se encargan de designar los recursos en conjunto con las instancias estatales y municipales enfocadas en el mejoramiento de las condiciones de las mujeres (Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, 2018).

En ese sentido, en México han sido diversos los momentos desde el contexto institucional, donde se ha visto reflejado en las políticas públicas “el enfoque de género, a partir del año 1995, con el Programa Nacional de la Mujer, más tarde se estableció el Programa Nacional de la Mujer: Alianza para la Igualdad 1995-2000 (Pronam), destacando el enfoque de género en la planeación estratégica. A la par, otras organizaciones como la denominada Comisión Nacional de la Mujer”, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Red Mujer y Medio Ambiente, sentaron las bases para incorporar el enfoque de género en el diseño de las políticas públicas en lo relativo al medio ambiente. Finalmente, en 1999 se logró elaborar un primer documento denominado Declaración Política de Equidad de Género para el Sector, con el compromiso de integrar el enfoque de género en el desarrollo sustentable (Herrera, 2016).

Posteriormente, en el año 2001, se consignó la ley del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), reiterando la importancia de promover la temática de género en el diseño estratégico del desarrollo a través de programas y presupuestos en todos los órdenes de la administración pública, mediante las diferentes instituciones y dependencias (SEGOB, 2013).

En ese mismo año, las dependencias federales “Semarnat e Inmujeres, consiguieron la firma de un documento orientado a la institucionalización de la perspectiva de género en la política ambiental para el desarrollo sustentable. Posteriormente, dicho documento se convierte en el Programa de Equidad de Género, Medio Ambiente y Sustentabilidad (Pegmas)” (Herrera, 2016).

Otra de las propuestas y/o ejemplo de políticas públicas que se han puesto en práctica para el caso de México es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, las cuales conforman casi la totalidad de los temas en pro de la equidad de género, resaltando aquellos con atribuciones del orden jurídico para ser incorporados al Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (Proigualdad) que posibilita diseñar políticas públicas a partir de la institucionalización de la perspectiva de género en todas las dependencias y programas sociales derivadas del Plan Nacional de Desarrollo (Herrera, 2016).

Dentro de la estrategia y líneas de acción de Proigualdad, y conforme al Artículo 1° constitucional, en el esquema 3 y 4 se muestran:

Esquema 3. Estrategia 1.1 de Proigualdad

Fuente: elaboración propia con base en Herrera, (2016: 25).

Esquema 4. Líneas de acción de la estrategia 1.1

Fuente: elaboración propia con base en Herrera, (2016: 26).

En el esquema 5 se muestra lo relativo a la estrategia 3.1, relativa a la promoción de las mujeres al acceso:

Esquema 5. Líneas de acción de la estrategia 3.1

Fuente: elaboración propia con base en Herrera, (2016: 27).

En los esquemas 6 y 7 se muestra lo relativo a la estrategia 5.5.

Esquema 6. Líneas de acción de la estrategia 5.5

Fuente: elaboración propia con base en Herrera, (2016: 27).

Esquema 7. Continuación, líneas de acción de la estrategia 5.5

Fuente: elaboración propia con base en Herrera, (2016:28).

Lo anterior, expone la manera en que han ido evolucionando las políticas públicas para el caso de México a favor de la inclusión en materia de género, en asuntos relacionados con el medio ambiente. Sin embargo, aún queda mucho por entender, quizá no estemos ni a la mitad del camino. Aunque las bases ya se han ido creando, el reto es mejorar las propuestas y, sobre todo, vigilar su aplicación de forma eficiente, ya que solo de esta manera podrá cerrarse la brecha que hasta ahora ha existido para las mujeres en distintos asuntos relacionados con lo político, social, cultural y económico, por mencionar algunos, y que la consecuencia esperada sea en favor del desarrollo de todos y todas.

8.8 Experiencia femenina de éxito en manejo de los recursos naturales

Históricamente, las mujeres han tomado un papel sumamente importante en cuanto al manejo de los recursos naturales, no obstante, esta participación ha sido invisibilizada como resultado de la organización patriarcal imperante. El reconocimiento institucional de la contribución de las mujeres ha sido mínimo. “En México, dentro del medio rural habitan 27.5 millones de personas, de las cuales 13.9 millones son mujeres, lo que corresponde que solo el 26 por ciento de mujeres logra tener derechos a propiedades ejidales” (Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, 2018: 2), es decir, las mujeres tienen menos derecho en cuanto a la distribución de la propiedad de la tierra.

En el estado de Hidalgo se localizan distintos grupos conformados por mujeres, quienes se han encargado de resguardar y proteger áreas naturales. Tal es el caso de las mujeres recolectoras de hongos (Sihuamejtlatequite) que con su esfuerzo han impedido que se siga deteriorando el suelo donde dichos hongos son reproducidos naturalmente. Cristina Martínez Cruz, presidenta del grupo, refiere que anteriormente estos productos eran maltratados e incluso destruidos sin detenerse a reflexionar que los hongos reflejan el arduo trabajo y la vida de las mujeres indígenas (Michel, 2017).

Se requiere, por ejemplo, de trabajadores sociales ampliamente capacitados para atender nuevos enfoques que vinculen el medio ambiente y los recursos naturales frente a la emergencia de problemáticas y necesidades sociales, los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 no son ajenos a dicho quehacer profesional.

8.9 Conclusiones

A lo largo de la historia el rol de las mujeres no siempre ha tenido el reconocimiento que se merece, y aunque su participación siempre ha sido fundamental, hasta hace muy poco tiempo han logrado ser visibilizadas por amplios sectores de la sociedad, como resultado de las propias demandas encabezadas por grupos organizados en diversos ámbitos de la sociedad, que van desde lo político, laboral, ambiental, de salud, entre otros.

En algunas regiones, no solo del país sino del resto del mundo, todavía el acceso a los recursos y toma de decisiones por parte de las mujeres son restringidos, convirtiéndose en personas más vulnerables con respecto de los varones. En el contexto del medio ambiente y desarrollo sustentable, las mujeres son excluidas principalmente de algunos programas de equipamiento, infraestructura, créditos, arrendamientos, apoyos económicos por pagos de servicios ambientales, etcétera. Y no son contempladas en la toma de decisiones para la organización de las actividades agropecuarias (SEGOB, 2013).

Aunque culturalmente se ha caracterizado a las mujeres como las proveedoras del cuidado y la alimentación, además de vincularlas a la idea de una afinidad especial con la naturaleza, es necesario replantear la relación mujer-naturaleza y de esta manera identificar los desafíos que enfrentan, sobre todo, las propuestas para la inclusión en las agendas políticas adoptando el enfoque de equidad de género, principalmente en las políticas públicas ambientales, sin dejar de lado sus características individuales y colectivas.

“La educación ambiental, desde un enfoque de género, es un requisito indispensable para incorporar el desarrollo humano sustentable. Dicho de otra manera, no puede haber un desarrollo humano sustentable si no se tiene en cuenta la igualdad de género. Esta perspectiva puede aportar claves importantes y una mirada distinta de la dominante en los procesos educativos” (Melero, 2012; 246-247).

Referencias

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9. Derecho al agua como un derecho humano y fundamental de las comunidades indígenas de México. Por Ismael Aguillón León15 y Cinthia Bautista Bautista16

9.1 Introducción

Sin duda, el tema del agua es de suma importancia para quienes vivimos en comunidades rurales, el campo o las grandes ciudades, considerando que todos tenemos derechos de consumir agua suficiente de óptima calidad para satisfacer las necesidades de cada persona, de ahí la importancia que este tema se aborde desde un punto de vista jurídico, así como desde la óptica de los derechos humanos, cuestión que plantea grandes desafíos para dar respuestas a las diversas problemáticas.

Dado que no todas las comunidades cuentan con dicho recurso, a pesar de que sí se cuenta con el derecho al agua, como se plasma en diversos ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales, prueba está en la carencia de este recurso en las comunidades indígenas del estado de Hidalgo, si bien nuestras leyes primarias y secundarias incluyendo los tratados internacionales lo plasman en sus textos, en la realidad deja mucho que desear por la falta de recursos materiales, humanos o financieros, para afrontar esta falta del vital líquido, independientemente de que la Federación, los estados y los municipios tienen la obligación de dotar a las comunidades de este derecho, no siempre se lleva a buen puerto por la carencia de los recursos antes mencionados.

9.2 Derechos humanos y fundamentales en la Constitución mexicana

Los derechos humanos y fundamentales pueden ser analizados desde diferentes enfoques, uno de ellos es el dogmático que se dedica al “análisis de las normas que integran un sistema jurídico específico, se puede decir que son derechos fundamentales aquellos que están consagrados en la Constitución Política de un Estado Nacional, por ser el documento jurídico fundamental dentro de ese sistema jurídico” (López, 2009: 13-14). El derecho se regula por documentos como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), los códigos y las leyes, así como tratados nacionales e internacionales, siendo estos los que contienen las pautas de conducta para vivir en sociedad.

En los últimos años los derechos humanos se convirtieron en principios de validez universal, al grado de ser considerados como parte indispensable para el establecimiento y el fortalecimiento de cualquier Estado, incluso para poder reclamar un derecho a estos que tienen que proporcionar a sus gobernados. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) define a los derechos humanos como un conjunto de “prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyes” (CNDH, 2020a: 1).

Todas las personas estamos obligadas a respetar los derechos humanos, de acuerdo con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Cabe resaltar que quienes trabajan en el servicio público tienen mayor responsabilidad en dar cumplimiento a la ley, ya que, desde la perspectiva jurídica positivista, los derechos humanos son fundamentales y se pueden apreciar en el capítulo primero del título primero (Denominación del capítulo reformada DOF 10-06-2011) de dicha constitución que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, que de acuerdo con el texto vigente de la última reforma publicada DOF 28-05-2021, establece: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano” (CPEUM, [Const.], 2019: 1).

Además, también establece que todo lo relativo a las normas de derechos humanos se tendrá que interpretar conforme a esta constitución (CPEUM) y con los tratados internacionales en los que México participa, siempre teniendo como objetivo la protección de las personas. También destaca que las autoridades tienen la obligación de garantizar y respetar los derechos humanos, de acuerdo con sus principios de universalidad, indivisibilidad, progresividad e interdependencia.

La expresión derechos humanos puede ser utilizada en contextos doctrinales diferentes, considerados como “aquellos derechos que no requieren a su vez un fundamento o una justificación, o por lo menos que no requieren un fundamento o una justificación jurídica positiva” (Guastini, 2001: 222). Entonces estos derechos fundamentales son también derechos naturales o morales. De tal manera que en esta noción de “derechos fundamentales se da una combinación de ideas iuspositivistas, e iusnaturalistas. Los derechos naturales son, al mismo tiempo, derechos constitucionales, […] como lo es el derecho al agua como un derecho humano y fundamental” (Guastini, 2001: 223).

A menudo se suele utilizar como sinónimos los términos derechos humanos y derechos fundamentales; sin embargo, son diferentes entre sí, ya que los derechos fundamentales “son todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; […]; y por status [se debe entender] la condición de un sujeto” (Moreno, 2007: 15), y son consideradas por una norma jurídica positiva que legitima que una persona es titular de situaciones jurídicas.

Los derechos humanos se refieren “a la protección de los intereses más vitales de toda persona, con independencia de sus circunstancias o características personales” (Carbonell, 2015: 37). Además, algunas de las características que tienen los derechos son “la universalidad la inalienabilidad, indivisibilidad e interdependencia” (Carbonell, 2015: 39), los cuales son más que necesarios para alcanzar el desarrollo humano y social.

Es así como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes a nivel nacional e internacional (a través de tratados internacionales firmados por México) se reconoce y garantizan los derechos humanos por parte del Estado. También Vasak (1993) aborda el tema haciendo énfasis de los antecedentes desde Roma y que estos se contemplan en el derecho moderno como derechos humanos de tercera generación, y el Estado Mexicano se compromete a proteger por ser de interés social máximo.

Cabe mencionar que en la actualidad se habla de una globalización en donde no se puedan proteger estos derechos (por una cuestión de índole comercial más que de orden judicial), en donde el dinero tiene un impacto mayor que el de las leyes, como en el caso del agua que, si bien se presume como un derecho sin lucro alguno, en la actualidad ya es vendida para su consumo por empresas que la mayoría de las veces son de procedencia extrajera.

9.3 Protección del derecho al agua desde los derechos humanos y fundamentales en las leyes federales medioambientales mexicanas

En México, dentro del orden nacional en materia de protección del medio ambiente se encuentra una serie de leyes, que son el marco jurídico y normativo para la defensa del agua, las cuales están concentradas en la siguiente imagen.

La Declaración de Río (1992) establece en su principio número 16 que las autoridades nacionales tendrán que “fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en consideración el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación (…) internacionales” (Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1992: 16).

La Constitución Mexicana, en su Artículo 27, hace referencia a la conservación y preservación de los recursos de índole natural. Hace hincapié en la propiedad privada, es decir, si bien todo el territorio es propiedad de la nación (aguas, tierra, recursos renovables y no renovables), a partir de la reformas del sexenio de Carlos Salinas de Gortari al presente artículo, se permite a los particulares el domino directo de estos bienes, así como lo menciona (Brañes R. 2000), se le otorga el dominio directo a los particulares, reservando la facultad de reunificar lo que se había desmembrado a través del derecho de reversión que existe en nuestra legislación por medio de la expropiación.

Investigador del Área Académica de Trabajo Social, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, UAEH.

Catedrática del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, UAEH.

Gráfico 1. Marco jurídico que protege el agua

Nota: elaboración propia con base en Baqueiro, R. E. (2001). Introducción al Derecho Ecológico Mexicano (pp. 6-7). México: Oxford. Y González, M. J. (1997). Nuevo Derecho Ambiental Mexicano. México: Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.

De igual manera, en México, el derecho ambiental se encuentra plasmado en nuestra máxima ley en el artículo 73, en sus fracciones XVI, bajo la idea de contaminación ambiental. En el numeral 25, párrafo sexto de nuestra Carta Magna, también figura el derecho ambiental, en el cual se protege al medio ambiente y sus recursos como el agua, pero desde una connotación económica, la cual refiere que con base en criterios de equidad social, sustentable y productiva, se “apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sustentándolos a las modalidades que dicte el interés púnico y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuando su conservación y el medio ambiente” (CPEUM, [Const.], 2019: 28).

También, en el Artículo 4 constitucional, quinto párrafo adicionado en el DOF, el 28 de junio de 1999, y reformando el 8 de febrero de 2012, se establece que las personas tienen el derecho de acceder y disponer del agua, ya sea para consumo personal o doméstico, la cual debe de ser accesible, suficiente, salubre, aceptable, y el Estado garantizará este derecho. “La ley definirá las bases, los apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades y los municipios, así como la participación de la ciudadanía” (CPEUM, [Const.], 2019: 10).

En esta generación de derechos humanos plasmados en la Constitución mexicana se encuentran varios de los derechos a los que una persona debe acceder, como el derecho al medio ambiente, el derecho al agua, el derecho a la seguridad social, el derecho de los consumidores, el derecho a la calidad de vida, la libertad informática, el derecho a la autodeterminación, el derecho al desarrollo de pueblos como lo menciona Karel (2013). Sin embargo, no se dice de qué forma se llevará a cabo, si bien se encuentra en la Constitución, no se percibe la eficiencia en las leyes secundarias que lo implementan, ni por el gobierno federal, ni por el estatal o el municipal.

Ferrer (1998) advierte que la tercera generación de derechos se fusiona con los valores sociales y se complementa a los derechos de primera y segunda generación oficiales, como en el caso de juicio de amparo de nuestro país que en defensa contra cualquier acto de autoridad se puede interponer como una de las acciones legales para defender el derecho al agua, como un derecho fundamental de todo ser humano. Carbonell (2014) hace mención que los derechos humanos son más extensos como categoría, y que la aplicación de los mismos suele hacerse con menor rigor jurídico que la de los derechos fundamentales. Sin embargo, ambos son complemento unos de los otros, ya no podrían subsistir si unos faltaran.

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos (2004), después convertida en la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (2008) y actualmente, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, conceptualizaba al desarrollo como un “proceso de cambio para ‘vivir mejor’, lograr ‘mejor calidad de vida’ y obtener ‘bienestar’ […] [Que] parte de la organización comunitaria y la planeación de acciones basadas en necesidades y potencialidades detectadas por medio de consultas y diagnósticos comunitarios y regionales” (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos, 2004: 23-24), haciendo alusión a que el desarrollo debe ser integral. Por lo que, siempre se ha considerado el cuidado del medio ambiente en planeación de proyectos sustentables que los mismos pobladores definirán con base en sus problemas y necesidades sociales, con el objetivo de preservar y defender sus recursos naturales, como el agua.

9.4 Derechos difusos y colectivos para reclamar el derecho al agua, como un legítimo derecho de las comunidades indígenas

La doctrina jurídica no se pone de acuerdo en cuanto a derechos difusos y colectivos, ambos posen características diferentes y pueden presentar problemas jurídicos. Hacen alusión a bienes indivisibles, como el aire, el agua o el medio ambiente, por mencionar algunos. También tienen diferencias y se distinguen fundamentalmente de que los derechos fundamentales son de interés difuso y son de difícil determinación, es decir, se refieren al sujeto “como miembro de un conglomerado más o menos amplio, creándose una pluralidad de situaciones comunes; en cambio, los intereses colectivos atienden a colectividades o grupos limitados y circunscritos. […] [y] suelen ser determinables” (Ferrer, 2004: 11-14).

En realidad, la distinción de las situaciones difusas y colectivas no siempre son tan precisas y claras. Los dos obedecen al fenómeno supraindividual, porque la pertenencia a muchos o a todos escapa “de la dimensión individual, pues siempre repercuten en las personas como tales, pero también debe considerarse que se rompe con la concepción clásica individualista del derecho subjetivo, al trascender de la esfera subjetiva y proyectarse al grupo, categoría o clase en su conjunto” (Montero, 1994).

En todo caso, sean difusos o colectivos, lo esencial, “es que nadie es titular, y al mismo tiempo todos los miembros de un grupo o de una categoría determinada son sus titulares” (Pauda, 1976: 191-221). Por otra parte, en México son llamados derechos colectivos (como los derechos comunales) aquellos relativos a las comunidades agrarias, así como a personas comuneras y, en el caso de la comunidad, es “atribución a varias personas de uno o más derechos o bienes, la comunidad constituye el género del que la copropiedad o condominio constituyen la especie” (Pina, 2014).

Siguiendo el párrafo 2 de la fracción VII del Artículo 27 constitucional y el artículo 106 que dice: “Las tierras que corresponden a los grupos indígenas deberán ser protegidas por las autoridades, en los términos de la ley que reglamente el Artículo 4 y el segundo párrafo de la fracción VII del Artículo 27 constitucional” (Ley Agraria, 1992: 20) el cual señala que los juicios y procedimientos agrarios donde todos los grupos sean parte, se tomará en su práctica y sus costumbres jurídicas, preceptos que al menos ya hablan del reconocimiento de ciertos derechos y obligaciones a grupos indígenas, a diferencia de nuestras primeras constituciones como un país independiente después de la Colonia española.

9.5 Desconocimiento de derechos colectivos en la Constitución de 1824

Los derechos colectivos tienen como origen histórico el colectivo indígena y “los encontramos en el derecho a la tierra, con Fray Bartolomé de las Casas en el siglo XVI” (Pennington, 1993): 10). Además, en el mismo tiempo, “el teólogo español Francisco De Vitoria (1483-1546), en un ensayo titulado De India et Jure Belli Reflections, publicado en 1532 [arguyó que] las naciones indígenas fueron las verdaderas dueñas de las tierras y territorios y, como tales, no pueden ser despojadas de esas posesiones mediante la doctrina de descubrimiento de tierras baldías” (López, 2012: 3).

Cabe mencionar que las repúblicas que se formaron en Latinoamérica “invocaron el principio Uti possidetis juris, que significa “lo que poseíste conforme a derecho lo continuará poseyendo”, para reclamar sus territorios, pero internamente aplicaron la noción de res nullius […] [significa] tierra de nadie, para justificar el despojo de las tierras” (López, 2012:20).

Por otro lado, después de “la independencia, cuando México se convierte en una nación soberana, el país está dividido en muchos pueblos con culturas diferentes. Es un país heterogéneo y plural. Incluso, era entonces común hablar de la nación tlaxcalteca, de la nación maya, de la nación tarasca” (Villoro, 2002: 1). De tal manera que la Constitución de 1824 va a cohesionar esos elementos que como nación se necesitaban en ese momento, a partir de dicho documento con matices y también, por qué no decirlo, con sus claroscuros compuestos por “siete títulos y 171 artículos, que establecía la forma de República federal” (CNDH, 2020b).

Esta constitución se caracterizó por ser el reflejo de un país que venía saliendo de un conflicto, ya que no tenía un equilibro entre poderes, aunque contaba con libertad de expresión y la imprenta, aún mantenía privilegios para el clero y el ejército.

Para 1824, en México se expide el acta constitutiva que establecía un sistema federal, este “modelo de las constituciones de los Estados-nación europeos, modelo de una estructura Constitucional que es homogénea, que obedece a la idea de que a todo Estado –forma de poder político– debe corresponder una nación –unidad cultural– y a toda nación debe corresponder un Estado” (Villoro, 2002: 1). Y muy a pesar de que fue una Constitución modelo, por decirlo así de avanzada, en la Constitución de 1824 no quedan plasmadas en ningún momento, pues “las llamaban naciones indígenas” (Villoro, 2002: 1) , mucho menos sus derechos.

Incluso en este documento “se concibe al Estado-Nación nuevo como un Estado homogéneo en el que todos los ciudadanos tienen exactamente los mismos derechos y son considerados iguales” (Villoro, 2002: 1). Constitución de corte moderno para su época, que sigue los lineamientos de Constitución Gaditana de 1812. Esto es explicable porque Miguel Ramos Arizpe, redactor del proyecto definitivo de la Constitución, que votó y finalmente promulgó, había sido diputado constituyente, en 1811-1812, a las cortes de Cádiz, y ahí tuvo una gran participación, junto con otro constituyente de allá, y de acá, José Miguel Guridi y Alcocer, tribuno tlaxcalteca, por lo que deben de haber abrevado en tal documento, separándose en este punto de la gran Constitución de 1824.

La Constitución de 1824 tuvo una azarosa vigencia sin haber sufrido reforma alguna a partir de 1824 a 1826 y hasta 1835, fecha en la que Mariano Michelena propone la última de estas, y que se fueron centrando en el Congreso, sin que jamás se llegara a discutir ninguna (Tena, 1998). De ahí que se le llamara a esta Constitución la “intocable”, ya que en ningún momento se tocaron ciertos principios como la soberanía, la forma de gobierno y la división de poderes (Carbajal y Alberto, 2002: 468).

Pero si bien fue una Constitución intocable, por lo cual tampoco se les hizo mucha justicia a los indígenas que lucharon por la independencia de nuestro país tanto que se les pagó con la exclusión en ese documento tan importante, de hecho, la elaboración de esta la realiza el pueblo mestizo y criollo quien promulgó una Constitución mediante representantes, dejando de lado a la mal llamada nación india. A tal grado que solamente se habla del tema de los derechos indígenas, de manera sistemática, en la sección quinta de las facultades del Congreso general, en su artículo 50 fracción XI, que a la letra dice: “Arreglar el comercio con las naciones extranjeras, y entre los diferentes estados de la federación y tribus de los indios” (Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 [Conts.], 1824: 7).

9.6 Evolución de los derechos colectivos en la constitución de 1857

De acuerdo con la Constitución Política de la República Mexicana de 1857 [Conts.], número 48881 Febrero 12 de 1857.- Constitución Política de la República, representa un gran avance en comparación con sus anteriores versiones, porque reconoce que los derechos de las personas son la base (y el objeto) de las instituciones sociales y están garantizados. Destacan derechos como la libertad de enseñanza en el Artículo 3, la libertad de profesión, la manifestación de las ideas en el artículo o la libertad de escribir y publicar escritos en los artículos 5, 6 y 7, respectivamente.

Asimismo, la Constitución Política de la República Mexicana de 1857 [Conts]. Número 48881 Febrero 12 de 1857.- Constitución Política de la República, dice que “la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo y que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio” (Constitución Política de la República Mexicana de 1857 [Conts.]. (1857): Art. 39). Además, reconoce la división de poderes y la elección directa de representantes, así como los derechos del hombre en los artículos del 49 al 70 y del 94 al 107; cabe mencionar que en el Artículo 117 otorga libertad y soberanía a las personas. Por otro lado, Ferrer y López (1998) citado en Cuevas (2005) menciona que el Constituyente llegó a excluir de la constitución las voces de los indígenas, y expone así mismo que la alusión que se hace al Artículo 111, fracción I, que hace referencia a la acción de los estados, apuntando que “no pueden: celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado, ni con potencias extranjeras. Exceptuase la coalición que pueden celebrar los Estados fronterizos, para la guerra ofensiva o defensiva contra los bárbaros” (Cuevas, 2005: 142).

Por consiguiente, al igual que en la Constitución que antecede a esta, no se hace mención a los derechos que tienen los pueblos indígenas, ni mucho menos hablan de derechos de este colectivo. Si bien toman como bandera los derechos del hombre y del ciudadano, no tomaron en cuenta los derechos de los indígenas.

9.7 Derechos colectivos en la Constitución de 1917

Para los constituyentes de 1916, “los indígenas eran campesinos y, por lo tanto, no ameritaban un tratamiento diferente al resto de la clase, por eso cuando Venustiano Carranza convocó a un Congreso Constituyente en la cual la cuestión indígena no era un tema prioritario en la agenda nacional” (Fuentes, 2016: 7-8), tanto que no fueron incluidos, por lo que no se profundizó en las etnias existentes en el país para tomarlos en cuenta respecto de sus derechos y únicamente “plasmarlos en el texto constitucional. […] [Que] habrían de quedar englobados dentro de la clase social campesina, exclusivamente relacionados con el problema de la tenencia de la tierra, al que se le dio respuesta con el artículo 27 constitucional” (Fuentes, 2016: 7-8).

Por otra parte, el 29 de julio de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que adiciona el artículo 17 constitucional, incorporando a su texto el párrafo tercero en el que manifiesta expresamente que el Congreso de la Unión “expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos” (CPEUM, [Const.], 2019: 20).

Con esta reforma se reconoce la necesidad de tutelar los intereses jurídicos respecto de los derechos colectivos. De tal manera, se percibe que esta adición es a raíz del reconocimiento de una realidad que demanda atender una dinámica de relaciones sociales, culturales, económicas y políticas, que están envueltas en adelantos científicos y tecnológicos, tanto a nivel local como regional, nacional e internacional.

Los derechos humanos (de tercera generación) voltean a ver la protección del ambiente a la sustentabilidad, a procurar espacios públicos de esparcimiento para las personas y minimizar el impacto de la contaminación generada por el hombre en la naturaleza. Por lo tanto, se requiere mejorar las estrategias de acceso a la impartición de justicia y dar pleno reconocimiento a los derechos colectivos. A propósito, sobre la justificación del reconocimiento de las categorías del interés ilegítimo y los colectivos, es de reconocerse que a todas las personas (o sujetos de derecho) se reconozcan y respeten los mismos, entonces se puede apuntar que en “situaciones jurídicas constituyentes, por actos extraños, de modificaciones en su estatuto jurídico o de perturbaciones en su estado de hecho, se les confiere relevancia en orden a establecer medios de defensa para evitar o reparar los perjuicios que las mismas originen” (Gozaini, 2005: 18).

9.8 Los derechos colectivos en la jurisprudencia mexicana

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 10 de agosto de 2011, publicó una resolución del pleno de la primera sala, respecto de un juicio de amparo directo en revisión, y determinó la constitucionalidad de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en el que habilita a los ciudadanos para tener acceso al “sistema de impartición de justicia para hacer la defensa del medio ambiente; caso en el que cualquier persona, miembro de una comunidad afectada, puede hacer tal defensa, […]. [Siendo que] se trata de la implementación de un mecanismo de defensa para la protección de los derechos difusos […]” (Rodríguez y Gutiérrez, 2012: 12-13).

Aunado a este amparo, la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 2, establece que la nación mexicana es indivisible y es única, además tiene “una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas” (CPEUM, [Const.], 2019: 2-4), y que el reconocimiento que se da a la identidad indígena será un criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones, pues son “comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica, cultural, asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres” (CPEUM, [Const.], 2019: 2-4).

Este mismo artículo, en el apartado B fracción IX que fue reformado DOF 14-08-2001), dispone que para garantizar se cumplen las obligaciones “la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben” (CPEUM, [Const.], 2019: 5). Además de establecer los procedimientos necesarios para que las comunidades sean partícipes en el ejercicio y vigilancia de los mismos.

Los derechos de las personas indígenas, que de forma específica incluye la Constitución de 1917, refieren un momento importante en la relación del Estado con los Pueblos indígenas. Si bien es cierto que la actual Constitución ya estipula que el desarrollo se llevará a cabo por los tres órdenes de gobierno, todavía existen pueblos indígenas aislados cuya supervivencia se basa en los sistemas naturales de sus territorios. En algunos artículos de la ley se exponen los derechos colectivos, por ejemplo, el Artículo 27 dice: “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada (…) [Fracc. VII]., La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas” (CPEUM, [Const.], 2019: 30-34).

Por otro lado, el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos asienta que sus estados deben adoptar (en su régimen interior) “la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, (…) [y] las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley” (CPEUM, [Const.], 2019: 116-118).

Respecto de las legislaciones de carácter secundario, se encuentran las principales leyes que contienen diversos derechos, destinadas a la protección de los indígenas en lo particular, el Código Federal de Procedimientos Civiles en sus artículos 24.- Por razón de territorio es tribunal competente, 222 bis, 271, 274 bis. (Código Federal de Procedimientos Civiles, 2014). Así también el Código Penal Federal de 1931 con texto vigente y última reforma publicada DOF 01-06-2021, en su artículo 51, menciona que entre los límites que fija la ley, “los jueces y tribunales aplicarán las sanciones establecidas para cada delito (…). En los artículos 60, fracción VI, 61, 63, 64, 64-Bis y 65, y en cualesquiera otros en que este código disponga penas en proporción a las previstas para el delito intencional consumado” (Código Penal Federal [CPF] de 1931 con texto vigente y última reforma publicada DOF 01-06-2021. México: 18).

En la Ley Agraria (1992), en los numerales 106, disponen: “Que las tierras que corresponden a los grupos indígenas deberán ser protegidas por las autoridades en los términos de la ley que reglamente el artículo 4° y el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 27 constitucional” (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1992: art. 106), mientras que el artículo 164 (Artículo reformado DOF 22-06-2011) de la misma ley dice que en las resoluciones de controversia que sean expuestas ante los tribunales, se sujetarán al procedimiento de la ley y quedará por escrito, ya que “I.- Los juicios en los que una o ambas partes sean indígenas se considerarán los usos y costumbres de los pueblos o comunidades indígenas a los que pertenezcan mientras no contravengan lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta ley” (Cámara de Diputados [Artículo reformado DOF 22-06-2011.], 1992: 32). El mismo tribunal asignará a los indígenas un defensor y traductor de forma gratuita, que deberán conocer su cultura, hablar su lengua y el idioma español para explicar el alcance y consecuencias del proceso que siguen.

Por otra parte, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2003, Última reforma publicada DOF 07-04-2016, en su Artículo 2, menciona que dicha comisión “tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” (Cámara de diputados [DOF 07-04-2016], 2003: 1).

También en la Ley de Planeación. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1983, texto vigente. Última reforma publicada DOF 16-02-2018, en su Artículo 1, y las disposiciones de esta ley son de interés social y de orden público, que tienen por objeto establecer: “I.- Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo y encauzar, en función de ésta, las actividades de la administración Pública Federal” (Cámara de Diputados [DOF 16-02-2018], 1983: 1).

9.9 La lucha por el reconocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos por parte del Estado

Dentro de las constituciones modernas se ha alcanzado a reconocer los derechos de los pueblos indígenas, de acuerdo con Jürgen Habermas 1999, citado por Cuchumbé (2008), estas se caracterizan por otorgar vigencia a “los derechos que los ciudadanos deben concederse recíprocamente si quieren regular de modo legítimo su vida en común con los medios del derecho positivo. […] los derechos que de ahí se derivan garantizan la vulnerable integridad de cada uno de los sujetos jurídicos” (Cuchumbé, 2008: 113).

Una constitución puede entenderse como un proyecto histórico que los ciudadanos prosiguen en cada generación. En “el estado democrático de derecho, el ejercicio del poder político está doblemente codificado. [Por] la reivindicación de los procedimientos institucionalizados […] en la búsqueda de soluciones a los problemas […] [y por] la mediación regulada, a partir de los procedimientos institucionalizados” (Cuchumbé, 2008: 109).

También para Habermas (1999), citado en Cuchumbé (2008), “la escena política, se encuentran enfrentados los actores políticos que discuten sobre fines colectivos y sobre la distribución de los bienes colectivos” (Pág. 114). Además, agrega (Jürgen Habermas 1999, citado en Tello Navarro, 2011) que sólo ante los tribunales y en el discurso jurídico se ponen en juego los derechos individuales, y el derecho vigente debe de cambiar y evolucionar conforme lo demanda la sociedad. Por tanto, en “esta disputa sobre la interpretación y realización de las pretensiones no satisfechas históricamente es una lucha por derechos legítimos en la que de nuevo están involucrados actores colectivos que oponen resistencia al desprecio de su propia dignidad” (Tello, 2011: 54).

A esta cuestión, Charles Taylor (1993) distingue “dos versiones del Estado democrático de derecho que denomina Liberalismo 1 y Liberalismo 2. Esta denominación sugiere que la segunda versión favorecida por él sólo corrige una comprensión inadecuada de los principios liberales. Si se mira más de cerca, ataca estos principios en sí mismos, y cuestiona” (Taylor, 1993: 9), el núcleo individualista de la comprensión moderna de la libertad.

9.10 La política del reconocimiento

Respecto de la política del reconocimiento, la siguiente afirmación de Taylor (1993) resulta indiscutible, ya que para el “pleno reconocimiento público como ciudadanos iguales pueden requerir dos formas de respeto: 1) el respeto a la identidad única de cada individuo, cualquiera que sea su sexo, raza o etnicidad, y 2) el respeto a aquellas actividades, prácticas y modos de ver el mundo” (Taylor, 1993: 7), en especial de los grupos vulnerables. “Se vincula de forma normal el no reconocimiento cultural con una pronunciada subprivilegiación social” (Habermas, 1997: 27) a raíz de ignorar a todos aquellos que son diferentes a nosotros.

También el autor De La Maza Samhaber, Luis (2010), en su texto “Actualizaciones del concepto hegeliano de reconocimiento”, retoma a Habermas (1999) y refiere: “Bajo esta premisa, una teoría de los derechos correctamente entendida reclama precisamente aquella política del reconocimiento que protege la integridad del individuo incluso en los contextos de vida que configuran su identidad” (De La Maza, 2010: 78).

Dicha realización no sería posible sin los movimientos sociales y las luchas políticas propias del Estado social, algo así pasa también con el tratamiento del reconocimiento igualitario de hombres y mujeres indígenas (Charles, Taylor, 1993).

Desde un punto de vista normativo, sin democracia no hay Estado de Derecho, por tanto, el proceso democrático debe ser institucionalizado jurídicamente, mientras que la soberanía exige aquellos derechos fundamentales, sin los cuales no puede darse un derecho legítimo en general como el de iguales reconocimientos o de las libertades subjetivas de acción, que presuponen una protección completa y jurídica individual. “Ahora bien, la teoría de los derechos mantiene en realidad una absoluta prioridad de los derechos frente a los colectivos, de tal modo que […] sólo pueden ‘triunfar’ sobre los derechos subjetivos si por su lado pueden ser fundamentados a la luz de derechos prioritarios” (Dworkin, 1977: 13).

9.11 Carta democrática interamericana aplicada en México en pro de los derechos humanos y fundamentales de las comunidades indígenas

El reconocimiento a los derechos de las comunidades indígenas, como ya se mencionó con antelación, tiene que ver con esa voluntad política, social y jurídica, pero también con ese reconocimiento que desde los tratados internacionales México firma y aplica, como la carta democrática interamericana, redactada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), la cual brinda a las comunidades indígenas un instrumento internacional para hacer valer los derechos colectivos que el Estado de Derecho mexicano no ha podido proporcionar en el sentido de reconocimiento, apoyo y desarrollo a partir de las colectividades. En este sentido, la Carta Democrática Interamericana reconoce que los pueblos de América “tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. Esta declaración es el punto de partida de la Carta Democrática Interamericana, cuya aprobación, en septiembre de 2001, ha marcado el inicio de una nueva era del Sistema Interamericano” (Organización de los Estados Americanos, 2001: 2).

Ya en su Artículo 1, establece que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla; la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas” (Organización de los Estados Americanos, 2001: 9).

También enlaza a la democracia con los derechos humanos, siendo esta, el desarrollo integral y el combate a la pobreza beneficios de los derechos de los colectivos. Asimismo, en el Artículo 8 enuncia que “cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos han sido violados, pueden interponer denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos conforme a los procedimientos establecidos en el mismo” (OEA, 2001: 11).

En su Artículo 9 establece que “la eliminación de toda forma de discriminación, […], así como la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana” (OEA, 2001: 11).

9.12 Conclusiones

Si bien los gobiernos federales, estatales y municipales, están obligados por ley a defender, y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos y fundamentales para todas las personas, sobre todo de las comunidades indígenas, en la ejecución no son llevados a cabo. A pesar de ser su obligación, no cumplen con ese mandato conferido.

Es así que desde una visión socio jurídica coincidimos que a las comunidades indígenas se les debe de avalar el completo acceso a los derechos humanos y fundamentales que otorgan todos los tratados internacionales firmados por México, y que establece la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Una de las vías de participación y organización ciudadana es aplicar el principio de exigibilidad mediante acciones colectivas, que desde el punto de vista social permite el ejercicio de otros derechos que la ley faculta. Por ejemplo, está el derecho de asociación que marca la Constitución en el Artículo 9, que establece el derecho a manifestar las ideas y a la información; el Artículo 6 define el derecho a difundir estas ideas por escrito o en cualquier medio, para reclamar estos derechos; el Artículo 7 expone que se puede exigir por medio del derecho de petición por escrito a la autoridad, en donde se manifiesta ese derecho consagrado en el Artículo 8 constitucional referente a la petición.

Aunado al reclamo del cumplimiento de los derechos fundamentales, también se debe tomar en cuenta el punto de vista social comunitario a través de las acciones colectivas, ejercido como instrumento de presión hacia el Estado mexicano para que se cumplan los acuerdos nacionales e internacionales que ha adquirido, con la finalidad de comprometerse a respetar y hacer valer los derechos de nuestras comunidades indígenas, para que el acceso al agua sea un derecho humano y un derecho fundamental.

Bajo esta lógica, se busca alcanzar la cimentación de una vida más digna que se construya de acuerdo con las circunstancias, características e historias de cada comunidad, y que la educación, la salud y otros componentes del bienestar humano, sean el papel fundamental para lograr una sociedad más igualitaria.

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Conclusiones generales

Como se ha podido notar, los capítulos que integran este libro son trabajos de investigación cuya estructura teórica y metodológica tiene como objetivo central desarrollar procesos de investigación cercanos a las poblaciones que experimentan deterioro ambiental. Se considera que este tipo de investigación es también un deber de la academia para con la sociedad, y los autores coinciden en que el medio ambiente representa el centro de todas las complejidades sociales, políticas y económicas del mundo contemporáneo.

De acuerdo con esto, ha llegado el momento de recuperar las preguntas establecidas en la introducción de este trabajo: ¿Qué debemos hacer? Esta pregunta alude específicamente a la función del sector académico en su forma de deber social para atender lo que consideramos son los principales problemas de la humanidad. Si bien existe un gran campo de problemáticas sociales, que de manera acertada están identificadas en los ODS, consideramos que dentro de la academia se debe mayor impulso a los objetivos que conforman el eje Planeta: agua limpia y saneamiento, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina y vida de ecosistemas terrestres.

Esta sugerencia representa también un cambio de óptica que considera que los trabajos de investigación deben ser elaborados también con la finalidad de darse a conocer a una audiencia más amplia, y especialmente con personas, organizaciones o colectivos que han contribuido al desarrollo de los procesos de investigación. Día a día se producen decenas, quizá cientos de artículos de investigación cuyo conocimiento sólo es relevante entre sectores académicos, se han vuelto en buena medida un lugar común.

Es importante en estos términos apelar a los principios de la investigación participativa y de intervención social que consideran que los resultados sean devueltos, cotejados y verificados por los grupos sociales copartícipes de los procesos de investigación. Esto representa, al mismo tiempo, otra dimensión de legitimación social de la actividad académica, sobre todo en estos tiempos turbulentos en que las cuestiones de tipo presupuestal afectan la realización de actividades científicas en todos los campos del conocimiento. En este aspecto, la investigación de las ciencias sociales tiene la posibilidad de hacer aún más grande la distancia de lo que a finales del siglo pasado se consideraba como una crisis en este campo de conocimiento. Para esto, es necesario que la colaboración sea un eje a fortalecer en este ámbito, y en buena medida este trabajo es una aportación que demuestra que es posible el diálogo y la colaboración entre académicos de distintos campos del conocimiento, incluso no siendo de las ciencias sociales.

Lo que debemos hacer es también una emulación de las colaboraciones que con creatividad realizan grupos de la sociedad y activistas ambientales en la preservación de los entornos de vida. Particularmente, esto tiene profundo sentido en torno a la protección de las fuentes de agua, el saneamiento y la conservación de áreas de producción de alimentos, cuya lógica no se enmarca en los procesos de las cadenas agroalimentarias del mercado mundial. La tarea, entonces, consiste en buscar y propiciar el encuentro con estos actores sociales.

En cuanto a qué podemos hacer, existe un universo de posibilidades para hacer de la investigación un campo de acción en favor de un cambio de perspectiva que modifique el sentido de la protección ambiental. En primer lugar, es necesario ampliar la idea de que lo ambiental es también social y político, lo que implica un posicionamiento que va más allá de acciones que en el mejor de los casos son bien intencionados, como las campañas de reforestación o de no tirar basura en los espacios públicos, o más recientemente en una conciencia ambiental que ha hecho de los popotes y bolsas de plástico el objeto de sus luchas. Esos actos son importantes, pero en la respuesta a la pregunta de si debe incluirse el acompañamiento y el compromiso a las acciones de preservación ambiental que se desarrollan en las ciudades, las colonias, los barrios y, fundamentalmente, las acciones en territorios indígenas, ejidos o tierras comunales, donde los modos de vida ahí existentes satisfacen las necesidades cotidianas y a la vez permiten la continuidad de servicios ambientales que son imprescindibles para toda la sociedad.

Por lo tanto, no basta pronunciarse para que no haya más basura en las calles o asegurar el abasto de agua, ya que la basura, como se ha hecho hasta ahora, podría ser depositada lejos de los ojos de la ciudadanía y así olvidar momentáneamente el problema a costo de la contaminación de los subsuelos y de la degradación de la calidad de vida. Lo mismo pasa con el agua, porque se podría asegurar el abasto de agua de ciudades o barrios a costa del despojo o desabasto que otros experimentan, lo que también está marcado por aspectos de desigualdad social. Algo similar sucede con el drenaje, ya que no es suficiente sólo alejar las aguas de desecho de nuestras casas. En realidad, se debe hacer que estas aguas sean tratadas de manera adecuada para que no contaminen ríos ni suelos, ni tampoco afecten la calidad de vida de poblaciones que viven cerca de los cauces de ríos, presas y desagües, que actualmente son empleadas como drenajes. Así, esta pregunta implica un marco de ética e incidencia social cuyas acciones no impliquen la solución de una demanda para crear perjuicios mayores y, por consecuencia, la ampliación de la cantidad de personas que ahora podríamos considerar ya como damnificados ambientales.

Así, la tercera pregunta: ¿qué se está haciendo?, ha quedado respondida con las distintas experiencias de investigación que aquí son presentadas. Por supuesto que no se trata de respuestas únicas, ya que en realidad lo que aborda cada trabajo es un proceso de investigación que conjunta teoría y metodología para abordar la complejidad de un problema socioambiental que afecta en distintos escenarios: una escuela, una reserva natural, un parque, una microcuenca, grupos de productores y preservación de saberes, resistencia y defensa del territorio, mujeres y el uso de la materia legal en defensa de los recursos naturales. Que la respuesta podría ser otra no hay duda, pero las aquí presentadas muestran también que son fruto de una reflexión profunda cuya perspectiva es la de los otros, siendo estos otros sujetos que no son pasivos frente a las circunstancias.

Resulta fundamental que la educación ambiental sea también una estrategia para la formación de ciudadanos cuyo ideario se forje más allá de la autorrealización material y económica. De lo que se trata, entonces, es desarrollar desde la niñez una conciencia que muestre al medioambiente como espacio de autorrealización y del bienestar social. Esta educación tiene en las juventudes sus principales aliados, quienes han sido injustamente señaladas de apáticas y desinteresadas. Sin embargo, en muchos casos, es con ellos donde se encuentran infinidad de propuestas y acciones creativas para la preservación de los entornos de vida. Es necesario que a los conocimientos no reconocidos formalmente en el contexto de la institucionalidad académica se les de crédito como una educación efectiva para coexistir con el medioambiente.

Es increíble que las mejores áreas de biodiversidad de todo el mundo se encuentren precisamente en aquellos lugares habitados por poblaciones indígenas. Esto quiere decir que esos modos de vida milenarios son altamente efectivos para la coexistencia ambiental frente a los trescientos o cuatrocientos años de modernidad, que para los ecosistemas han significado aniquilación y una indeterminada gama de sufrimientos para las poblaciones que ahí vivieron o viven.

Por otro lado, el cambio climático, aunque fenómeno natural, muestra también el más grande desajuste planetario causado por las actividades humanas. De alguna manera, también muestra el más lejano umbral traspasado por el raciocinio radical de la modernidad que, al haber puesto sus esfuerzos en el descubrimiento de las leyes de la naturaleza para dominarla y ponerla al servicio de la humanidad, causó paradójicamente la ruptura del equilibrio de todos los elementos del clima en el planeta. Las consecuencias de este desequilibrio están por doquier, pero a pesar de esto los principales líderes del mundo no están haciendo lo adecuado para evitar el colapso. Por el contrario, algunos son negacionistas de este fenómeno y se lanzan de manera feroz en contra de quienes están luchando por un cambio que permita modificar las cosas. De esto quedó constancia cuando la célebre activista Greta Thunberg fue atacada de manera atroz por su decidida lucha en contra del cambio climático, y a la que se han sumado millones de jóvenes de todo el mundo. Todo esto es un gran peligro que a pesar de las calamidades de Covid-19 y su posible relación con la alteración de ecosistemas que dieron pie al traslado de virus presentes en animales al ser humano, podría quedarse corto frente a la eventual liberación de virus desconocidos que debido al descongelamiento de los polos podrían quedar liberados durante los próximos años.

El llamado es urgente y, en este texto, se han presentado experiencias que describen el papel que tienen las mujeres en la conservación del planeta. Estas experiencias nos muestran que, en una infinidad de circunstancias de deterioro ambiental, las mujeres tienen una perspectiva mucho más clara del vínculo de la vida con la naturaleza y, por lo tanto, su lucha ambiental es política con respecto de la preservación de los recursos del territorio. Junto con ellas, personas de origen indígena de todo el mundo están mostrando de manera concreta formas de coexistir con los recursos naturales, una lucha cuyo significado y trascendencia, en muchas ocasiones, es a costa de la vida propia. Por lo tanto, el uso del derecho representa en este sentido uno de los últimos umbrales para frenar el deterioro ambiental. Este uso, en su forma creativa y ética, tiene frente a sí adversarios de tamaño descomunal que, a pesar de la catástrofe, no tienen reparo en continuar con sus proyectos. Probablemente sea una de las últimas arenas de las luchas por el medio ambiente.

Finalmente, para el trabajo social hay un interesante campo de acción en estos temas que, dentro de la disciplina, son considerados como emergentes. Frente a un escenario de instituciones públicas devastadas por el neoliberalismo, se han sumado al conjunto de necesidades de bienestar social de los ciudadanos las que son causadas por el deterioro o destrucción ecológica de sus espacios de vida. Estas necesidades muestran en toda su amplitud el impacto que en la calidad de vida tienen problemáticas como las aquí señaladas y a las que no hay institución gubernamental que ofrezca respuestas que solucionen las necesidades específicas de la población. Por lo tanto, para la disciplina, este campo es una oportunidad que aspira a ser puente para la colaboración interdisciplinaria y el aporte de la experiencia en intervención frente al tamaño de la complejidad del deterioro ambiental y lo que representa la gran lucha por el porvenir de la humanidad.

Caminos interdisciplinarios de investigación

en ciencias sociales para la preservación ambiental,

se terminó de diseñar en el mes de febrero de 2022,

en los talleres gráficos de la Editorial Universitaria de la UAEH.

Cuidado del texto: Gabriela Cruz Valdez.