El presente trabajo tiene la finalidad de evaluar los servicios de salud mental derivados de la política en salud mental implementada en México a partir del 2014 por la Secretaria de Salud y Asistencia Pública. Para lograr el objetivo propuesto, se realizó una revisión bibliográfica de artículos académicos relacionados con el impacto de la salud mental en América Latina e informes relacionados los con los principales indicadores a explorar: infraestructura, cobertura, calidad y eficacia.
La salud mental es una prioridad en la agenda de la Salud Pública, la divergencia entre la necesidad de tratamiento de los trastornos mentales y la prestación de servicios es grande en todo el mundo. En América latina y el caribe las afecciones psiquiátricas y neurológicas explicaban el 8.8% de la carga total de la enfermedad expresada por los años de vida ajustados por discapacidad (DALYs) y en el 2002, esta carga aumento al 22.2% y las dos principales causas de mortalidad a nivel internacional y nacional tienen una alta comorbilidad con trastornos psiquiátricos y del 10 a 15% de todas las consultas en atención primaria corresponden a trastornos de ansiedad.
Palabras clave: Salud mental, salud pública, años ajustados por discapacidad, comorbilidad psiquiátrica, enfermedades crónico-degenerativas.
This work aims to evaluate the mental health services resulting from policy mental health implemented in Mexico form 2014 by the Secretary of Health and Public Assistance. To achieve the proposed objective, was carried out a literature review of scholarly articles related to the impact of mental health in Latin America and reports related to the main indications to explore: infrastructure, coverage, quality and efficiency.
Mental health is a priority on the agenda of public health, the divergence between the need for treatment of mental disorders and the provision of services is big around the world. In Latin America and the Caribbean the psychiatric and neurological conditions accounting for 8.8% of the total burden of disease expressed in years of the adjusted by disability and in 2002, this burden increased the 22.2% and the two main causes of mortality at national and international level have a high comorbidity with psychiatric disorders and 10-15% of all primary care consultations correspond to anxiety disorders.
Keywords: Mental health, public health, disability-adjusted years, psychiatric comorbidity, chronic degenerative diseases
La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su informe sobre salud en el mundo en el año 2001, establece que la salud mental es una parte integral de la salud (“no hay salud sin salud mental”) y es fundamental para el bienestar general de las personas, de las sociedades y de los países y es preciso su abordaje desde una nueva perspectiva, con base en la declaración de Caracas, Venezuela, establece una serie de objetivos como son la atención comunitaria, descentralizada, integral, continua y preventiva.
La OMS define la salud mental como “un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad” [1].
La salud está determinada por la relación entre los componentes físicos y mentales, de esta forma, las enfermedades físicas incrementan el riesgo de padecer trastornos mentales y, éstas a su vez, aumentan el riesgo de padecer enfermedades transmisibles y no transmisibles; por ejemplo, la prevalencia de depresión en pacientes con diabetes mellitus es del 30% [2] y la prevalencia de diabetes mellitus en pacientes con depresión es del 26.1%. La salud mental, física y el bienestar social son componentes vitales ligados, por lo que la salud mental es crucial para asegurar el bienestar general de los individuos, sociedades y países.
La salud mental está determinada por múltiples factores de interacción social, psicológica y biológica, de la misma forma en que lo está la salud y la enfermedad en general, es un componente fundamental e inseparable de la salud y está directamente relacionada con el bienestar personal, familiar y comunitario, por lo que su promoción y desarrollo requiere la instrumentación y aplicación de políticas y programas por parte de los sectores gubernamentales y comerciales, incluyendo los sectores de educación, trabajo, justicia, transporte, vivienda y asistencia social, así como actividades específicas en el campo de la salud relacionadas con la prevención y tratamiento de los problemas de salud [3].
En 2011, la OMS, elaboró el Atlas en Salud Mental con base en la evaluación de países de América de Sur, Centro América y México, para dar continuidad al acuerdo de Caracas, Venezuela, en 2001. Después de casi 11 años, la OMS demostró la persistente escasez de recursos invertidos para atender las necesidades de salud mental, señala su distribución inequitativa y el uso ineficiente los recursos asignados a la atención mental, que comprende un gasto mundial anual inferior a los dos dólares por persona y en países de bajos recursos, el gasto es inferior a 0,25 dólares. El 67% de esos recursos económicos se asignan a hospitales exclusivamente psiquiátricos, a pesar de que los servicios brindados por estas unidades se asocian con una baja cobertura, malos resultados sanitarios y violaciones a los derechos humanos de los usuarios, asimismo, la OMS resaltó el acceso difícil y restringido a la atención mental por encontrase centralizada en estas unidades de internamiento, lo cual se traduce en una insuficiente cobertura.
Los servicios de salud mental brindados en estas unidades manicomiales se caracterizaron por tener una insuficiente infraestructura, deficiente calidad en la atención, recursos humanos pobremente capacitados, nihilismo terapéutico y la generación de secuelas derivadas de la violación a los derechos humanos durante la prestación de servicios y discriminación y estigmatización de las personas con trastornos mentales y con discapacidades sociales [4].
Perspectivas globales de la salud mental en América Latina y el Caribe
En América latina y el Caribe, se estimó en 1990 que las afecciones psiquiátricas y neurológicas explicaban el 8.8% de la carga total de la enfermedad expresada por los años de vida ajustados por discapacidad (DALYs) y, en el 2002, esta carga aumentó al 22.2%. Este incremento ascendente y progresivo de la enfermedad mental obedece a la transición demográfica y epidemiológica presente en América latina y el Caribe [5].
En América Latina y el Caribe las psicosis no afectivas comprendieron una prevalencia a lo largo de la vida del 1.4 a 1.6%, el trastorno depresión del 8.7%, el trastorno bipolar del 1.4%, los trastornos de ansiedad del 5.5%, las crisis de pánico del 1.6%, el trastorno obsesivo compulsivo del 1.9%, la dependencia al alcohol del 11.3% y la dependencia a alguna sustancia ilícita del 0.5 al 0.7%.
La depresión mayor y la dependencia al alcohol por si solos afectaron alrededor de 31.1 millones de adultos, sin embrago, más de la tercera parte de las personas con psicosis no afectivas y más de la mitad de personas que padecían un trastorno de ansiedad y alrededor de tres cuartas partes de las personas que tenían problemas relacionados con el consumo de etanol, no recibieron ningún tratamiento psiquiátrico formal, esta brecha en el acceso al tratamiento revela la estructuración inadecuada y limitada de los servicios de salud mental, su carga abultada y su capacidad resolutiva insuficiente [6].
Los trastornos con mayor prevalencia como son los trastornos depresivos unipolares, se han incrementado del 8.7% al 13.2% del año 2010 al 2012 y los producidos por el consumo compulsivo de alcohol, han presentado una prevalencia oscilante entre el 6.6% y el 11%, dependiendo de la zona evaluada. A pesar de la magnitud de la carga que representan los trastornos mentales y neurológicos, la brecha del tratamiento es abrumadora y el porcentaje de personas con trastornos mentales que no recibe tratamiento alguno se incrementa de forma progresiva [7].
Las políticas nacionales de salud mental a lo largo de América latina y el Caribe fueron elaboradas siguiendo las recomendaciones desarrolladas por la Organización Mundial de la Salud. En América Central, México y el Caribe latino sólo ocho países tienen una política nacional de salud mental. Nicaragua y Haití no la poseen. Respecto al acceso gratuito a los psicotrópicos esenciales, en América Central, México y el Caribe latino, incluida Haití, el promedio al acceso gratuito es del 57% de la población total. En Cuba, El Salvador y Honduras la cobertura es total. En los ocho países de América del Sur evaluados por la OMS, la cobertura subregional fue de 52%, oscilando entre 0% en algunas provincias de Argentina, 1% en Bolivia y Ecuador y 100% en Brasil y Chile. En la mayoría de los países evaluados por la Organización Mundial de la Salud no existe una línea de financiamiento específica para salud mental.
La tasa de dispositivos de atención ambulatoria para la salud mental en América Central, México y el Caribe latino es de 1,2/100.000 habitantes. En América del Sur, 1,6/100.000 habitantes y en el Caribe no latino de 15,5/100.000. La tasa de personas atendidas por cada 100.000 habitantes en los dispositivos ambulatorios de los diez países de América Central, México y el Caribe latino evaluados por la OMS es de 588, con una variación de 145 usuarios por 100.000 habitantes en México y 2.206 en Cuba [8].
Perspectivas globales de la salud mental en México
En México, la Encuesta Nacional de Salud Mental estimó una prevalencia de trastornos neuropsiquiátricos en la población general del 5 al 18% (15 millones de mexicanos), el trastorno depresivo fue el más frecuente en ambos sexos (4.9 hombres y 9.7% en mujeres) y el 1.6% de la población adulta ha cometido un intento suicida a lo largo de su vida y la tasa de suicidio ha mostrado un incremento del 125% (1.13% a 2.55% de 1970 a 1991). Respecto a la patología adictiva, más de tres millones de personas son adictos al alcohol, existen 13 millones de fumadores y 400 mil personas adictas a sustancias ilícitas.
Actualmente, el 9% de la población cursa con un trastorno del estado de ánimo, 5% con un trastorno de ansiedad, el 10% de los adultos mayores de 65 años sufren cuadros demenciales y el 15% de la población comprendida entre los 3 a 15 años presenta un trastorno psiquiátrico (140 mil niños con trastornos del aprendizaje, 35 mil con discapacidad intelectual y 2 mil con trastornos de la conducta). Se espera en los próximos doce años un incremento en la prevalencia global de los trastornos psiquiátricos del 29% [9].
La prevalencia creciente de los trastornos psiquiátricos asociada a la discapacidad que producen, determina que la salud mental sea una prioridad para la salud pública, a pesar de que las autoridades de salud reconocen que los trastornos mentales y el abuso de sustancias constituyen importantes problemas de salud, investigaciones realizadas en los últimos años sobre su prevalencia, repercusión y costos asociados demuestran que se ha subestimado su magnitud. Se calcula que el número de personas con trastornos mentales en la región de las Américas aumentará de 114 millones en 1990 a 176 millones en 2010 [10].
El incremento progresivo de la prevalencia de los trastornos psiquiátricos ha producido que la respuesta de los servicios de salud mental sea limitada o inadecuada, con una carga abultada y de capacidad resolutiva es insuficiente, por lo que es necesario superar la brecha en el acceso al tratamiento a través del incremento de los escasos recursos destinados a la atención mental, la reestructuración de los servicios dedicados a su atención, la capacitación adecuada de los recursos humanos disponibles, así como la planeación y redirección del presupuesto destinado a la salud mental (80% de presupuesto es derivado a unidades manicomiales). Ante estas demandas es necesario plantear un nuevo modelo de atención en salud mental de tipo comunitario en donde los principales ejes de acción comprendan el combate contra el estigma para garantizar el libre acceso a los servicios de salud de forma temprana y oportuna, la coordinación en la atención clínica para erradicar el nihilismo terapéutico y la protección de los derechos humanos de las personas con enfermedades mentales [11].
El Informe de Evaluación del Sistema de Salud Mental en México, 2011, indica que el gasto en salud en la República Mexicana equivale al 6.5% del PIB y el gasto destinado a la atención en salud mental representa sólo el 2% del presupuesto total en salud. El 80% del gasto destinado a la salud mental es asignado a la operación de los hospitales psiquiátricos. México cuenta con 46 unidades psiquiátricas para internamiento distribuidas a lo largo del territorio nacional, 13 unidades de internamiento psiquiátrico en hospitales generales y 8 establecimientos residenciales. En relación al internamiento de pacientes agudos y crónicos que padecen una enfermedad mental, esta red contiene 5 camas por cada 100 mil habitantes y sólo el 3% está reservado a niños y adolescentes. Se cuenta con 8 establecimientos residenciales comunitarios, que atendieron 0.50 personas por cada 100 mil habitantes, 20% fueron mujeres y 2% niños con una estancia promedio de 120 días, asimismo, se tienen 13 unidades de internamiento psiquiátrico en hospitales generales con un total de 147 camas, lo que representa 0.14 por cada 100 mil habitantes. La atención ambulatoria se brinda en México en 544 unidades de salud mental, que atienden a 310 usuarios por cada 100 mil habitantes, del total de usuarios atendidos, 56% fueron mujeres, 44% hombres y 27% niños y adolescentes. Los hospitales psiquiátricos atienden a 47 usuarios por cada 100 mil habitantes, 50% eran mujeres y 6% niños y adolescentes, su estancia promedio fue de 24 días (58% menos de un año, 4% de uno a cuatro años, 7% de 5 a 10 años y el 31% más de 10 años).
El número total de recursos humanos dedicados a la atención de la salud mental en México asciende a 10 mil y la tasa por cada 100 mil habitantes se distribuye de la siguiente manera: 1.6 psiquiatras, 1 médico general, 3 enfermeras, 1 psicólogo, 0.53 trabajadores sociales, 0.19 terapeutas y 2 técnicos de salud mental. El 43% de los psiquiatras trabajan en el sector privado y en establecimientos de salud mental con fines de lucro, mientras que la quinta parte lo hizo en instituciones gubernamentales. El 69% del personal psicosocial (psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros y terapeutas) en instituciones públicas, el 22% en sector privado y el 9% en ambos sectores. 379 psiquiatras laboraron en unidades de consulta externa, 34 en las unidades de internamiento psiquiátrico en hospitales generales y 502 en hospitales psiquiátricos. La mayoría de los médicos generales trabajaron en la consulta externa y en los hospitales psiquiátricos, 440 y 479 respectivamente, en cuanto a los enfermeros, 544 trabajaron en consulta externa y 2843 en hospitales psiquiátricos. En las unidades de internamiento psiquiátrico, en hospital general, hay por cada cama 0.23 psiquiatras y 0.36 trabajadores de la salud mental, en hospitales psiquiátricos, la tasa es de 0.09 psiquiatras por cama y de 0.48 trabajadores de la salud [12].
Sólo una de cada cinco personas con algún trastorno psiquiátrico afectivo recibieron atención especializada y sólo una de cada diez con un trastorno de ansiedad lo obtuvieron y la latencia para la atención especializada en salud mental oscila entre 4 a 20 años a lo largo de la República Mexicana, sólo el 50% de los que acudieron a salud mental especializada recibieron un tratamiento adecuado y el 77% de las camas para atención especializada en salud mental están ubicadas en las ciudades más grandes, lo cual genera desigualdad en el acceso a los servicios de salud [13].
Sistema de Salud mental en Hidalgo
El Modelo Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental emerge en el año 2002 para brindar una atención en salud mental fuera de las unidades psiquiátricas, brindar una mayor cobertura en salud mental, reintegrar a los pacientes con sus familiares e insertarlos en el contexto social para facilitar su rehabilitación.
El Modelo Miguel Hidalgo tiene como antecedentes mundiales en Italia, representados principalmente por la experiencia de Trieste. Italia se ve como uno de los principales exponentes de la Reforma Psiquiátrica, con la elaboración y promulgación en 1977 de la Ley 180, que asume la necesidad de cerrar los manicomios y crear un sistema de servicios alternativos en la comunidad. Es en el estado de Hidalgo donde se inicia una serie de transformaciones acordes a la NOM-025-SSA-2-1994, a partir del Modelo Hidalgo de Salud de Mental para crear estructuras diferentes al hospital psiquiátrico tradicional y otorgar atención a los usuarios en casa habitación convencional, con privacidad, sentido de pertenencia y libertad. Esta red está conformada por una área de Consulta externa, hospitalización para agudos, casas de medio camino, módulos de salud mental en centros de salud (Pachuca, Mineral de la Reforma y Tulancingo), así como una red para la atención contra las adicciones (Centro Estatal para la Atención integral a las Adicciones en Pachuca y Centro de Atención integral de las Adicciones en Tulancingo) y unidades contra la violencia en la mujer.
Hidalgo cuenta con una unidad psiquiátrica especializada para internamiento, Villa Ocaranza, que cuenta con 155 camas de las cuales el 62% se encuentran ocupadas de forma permanente y el 38% restante se encuentran inhabilitadas por remodelación nosocomial. Ninguna de las camas de hospitalización está asignada para pacientes menores de 18 años. En el año 2012 registró un total de 96 consultas, 44.8% fueron hombres y 55.2% fueron mujeres. Los principales diagnósticos atendidos fueron 13 usuarios por trastorno por consumo de sustancias (13.2%), 18 usuarios con esquizofrenia (18.4%), 28 usuarios con trastorno del estado de ánimo (28.6%), 16 usuarios con trastorno por ansiedad (16.4%), 12 usuarios con trastorno de la personalidad (12.2%) y 11 usuarios con otros trastornos (trastornos de la conducta alimentaria, retraso mental y trastornos del desarrollo psicológico en la infancia: 11.2%). La estancia promedio de internamiento hospitalario en Villa Ocaranza en el año 2012 fue de 78 usuarios (76.5%) con una estancia mayor de 10 años (pacientes con internamiento crónico), 12 usuarios (11.7%) con una estancia entre 5 a 10 años, 4 usuarios (3.9%) con una estancia de uno a cuatro años y 8 usuarios (7.6%) con estancia inferior a un año. Esta unidad psiquiátrica registra un total de 7 psiquiatras basificados por la Secretaría de Salud y asistencia social, lo cual representa una tasa de 0.04 psiquiatras por cama hospitalaria, se cuenta con 5 médicos generales, 30 enfermeras, 8 psicólogos, 10 trabajadores sociales y 15 terapeutas [14].
El Estado de Hidalgo cuenta 89 módulos básicos de salud mental, uno por cada cabecera municipal, en el año 2012 se atendieron un total de 9 423 consultas, 38% fueron brindadas a hombres y 62% a mujeres, 18.3% del total de las consultas se brindaron a menores de 18 años. Se registró una tasa de 402 consultas en salud mental por cada 100 mil habitantes, casi el doble de la media nacional. El tiempo promedio de espera para acudir a consulta fue de 30 días. Los principales diagnósticos realizados en los 89 módulos básicos de salud mental en el año 2012 comprendieron los trastornos por consumo de sustancias con un total de 658 consultas, lo cual representó el 7% del total de la atención brindada, psicosis no afectivas con 1 245 consultas (13.3%), trastornos del estado de ánimo con 2 150 consultas (22.8%), trastornos de ansiedad con 4 426 consultas (25.7%), trastornos de la personalidad con 892 consultas (9.5%) y otros trastornos de psiquiátricos como trastornos de la conducta alimentaria, retraso mental y trastornos del desarrollo psicológico en la infancia con un total de 41 992 consultas, esto es, 51.1% del total de las consultas brindadas.
Los recursos humanos en el Estado de Hidalgo asignados para la atención a la salud mental de forma ambulatoria comprende tres psiquiatrías ubicados en Pachuquilla, Pachuca de Soto y Tulancingo, 89 enfermeras en cada uno de los módulos básicos de salud mental y 15 psicólogos. De manera interesante, no se menciona en los Indicadores Básicos para la atención mental proporcionados por el Instituto Nacional de Psiquiatría a los 89 médicos generales asignados a cada uno de los módulos de salud mental, uno por cada cabecera debido, posiblemente, a que cuentan con régimen de contrato por lo cual no pueden ser contabilizados como recursos para la atención.
En relación a la comorbilidad psiquiátrica en las dos principales enfermedades médicas causantes de mortalidad: las enfermedades cardiovasculares y la diabetes mellitus; la primera, ocupó el primer lugar de mortalidad a nivel mundial con 17,5 millones de muertes en 2012 (3 de cada 10 fallecimientos), en México 116,002 y en el Estado de Hidalgo 2 585 en el año 2012. En relación a las cardiopatías isquémicas se ha observado una frecuencia elevada de manifestaciones depresivas que va de 17 a 27%, lo cual incrementa el riesgo de eventos cardiovasculares y fallecimiento [15]. Un estudio reciente efectuado en Dinamarca vigiló durante un año a 763 pacientes que sufrieron un infarto, para determinar si la depresión elevaba la mortalidad. Se concluyó que la mortalidad se incrementó en pacientes con depresión grave [16]. Otro estudio reciente de pacientes que sufrieron infarto agudo de miocardio, en quienes la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo fue menor de 35%, mostró una relación directamente proporcional entre la puntuación obtenida en el Inventario para la Depresión de Beck y la mortalidad, los enfermos con 0 a 3 puntos tuvieron una mortalidad de 2.6%; con 4 a 9 puntos tuvieron una mortalidad de 17.1%; la mortalidad se elevó a 23.3% en pacientes con calificaciones de 10 o más. Estos datos muestran que a mayor gravedad de la depresión mayor mortalidad en pacientes con isquemia coronaria [17].
En el estudio realizado por González Losa y colaboradores en servicio de medicina interna del Hospital Regional núm.12, del 1 de abril al 30 de septiembre del 2006 con una población de 56 pacientes; seis (11%) tenían diagnóstico de infarto agudo de miocardio, 34 (61%) de angina estable y 16 (28%) de angina inestable con un promedio de edad de 68.4 (33 a 90) años, ll promedio global del inventario de depresión de Beck fue de 21.08 ± 9.7 puntos y la prevalencia de síntomas depresivos fue de 77% (43/56), 79% (23/29) en hombres y 74% (20/27) en mujeres [18].
La Diabetes mellitus es la novena causa de mortalidad a nivel mundial, causó 1,5 millones de defunciones en 2012 con un incremento del año 2000 de 1,0 millones (1,9%) a 1.5 millones (2.7%), pero en México y el Estado de Hidalgo representan la segunda causa de mortalidad con 89,420 y 1 737 defunciones en el año 2012 respectivamente.
La prevalencia de comorbilidad entre diabetes mellitus y depresión se ubica en el 20 a 30%, sin embargo, se han reportado prevalencias más altas en estudios independientes como el realizado por Cecilia Colunga-Rodríguez y colaboradores en la Unidad de Medicina Familiar Número 3 de la ciudad de Guadalajara, el cual mostró una prevalencia de depresión del 63%, en una proporción de 3 a 1, mayor en mujeres que en hombres con razón de momios 3,17 (IC 95% 2,08-4,82) [19].
Las personas con diabetes corren un riesgo como mínimo dos veces mayor de desarrollar depresión en comparación con quienes no la tienen [20], asimismo, la depresión aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 [21]. Las investigaciones más recientes sobre diabetes y depresión indican que tener ambas afecciones aumenta el riesgo de desarrollar complicaciones diabéticas, como enfermedad cardiovascular. La depresión también puede tener un efecto importante sobre el control glucémico, el autocontrol de la diabetes y la calidad de vida en general. Las personas con diabetes y depresión tienen más probabilidades de morir a una edad temprana [22].
La prevalencia de los trastornos psiquiátricos en América Latina y en México permanece en continuo aumento debido a la transición demográfica y epidemiológica que atraviesa la región, este constante incremento implica un reto creciente para la salud pública de cualquier nación debido a su tendencia a la cronicidad e inicio en edades relativamente tempranas. A pesar de la amplia demostración en la literatura especializada y el quehacer médico cotidiano, así como el incremento progresivo de los días ajustados por discapacidad a lo largo de la vida causados por las enfermedades mentales, el papel que juega la salud mental en los múltiples ámbitos de la salud y la enfermedad, el trabajo y la recreación, el aprendizaje y las relaciones humanas, continúa siendo relegada a un ámbito de aislamiento y escasa o nula interacción con otras disciplinas, tanto médicas cómo asistenciales y sociales, ya sea por la desconfianza que produce el desconocimiento sobre lo que es la salud mental, ya por el estigma generado por los estereotipos fomentados por los medio masivos de comunicación.
En el ámbito de la asistencia sanitaria, el constructo biomédico, que permite y mantiene la fragmentación de la enfermedad, el individuo y la comunidad, no sólo ha propiciado el parcelamiento del abordaje de la enfermedad y la salud, sino también favorece que la comorbilidad psiquiátrica en las enfermedades no transmisibles se ha pasado por alto como un factor de riesgo para el incremento de complicaciones de las enfermedades de base y un mayor gasto en recursos e intervenciones de mayor complejidad por sus complicaciones.
La permanencia estanca de la salud mental está determinada por múltiples factores, en primera instancia, la falta de formación de los profesionales de la salud en el ámbito de la salud mental acentúa una atención médica desarticulada, donde es pasado por alto los principales síntomas somáticos derivados de los dos trastornos mentales más comunes en la consulta de primer nivel: el trastorno depresivo y los trastornos de ansiedad. La falta de reconocimiento de los síntomas de ambas condiciones médicas (principalmente los síntomas dolorosos) generan costos médicos innecesarios para los usuarios debido a la realización de estudios de laboratorio y gabinete con la finalidad de buscar diagnósticos que, por su presentación clínica, no encajan en los esquemas biomédicos para los cuales los profesionales de la salud fueron capacitados. Asimismo, la escasa formación en la atención en salud mental, propicia, que en la mayoría de los casos, se brinde un tratamiento inadecuado de tipo farmacológico, terapéutico y social…cuando se ofrece, y, si a esto agregamos, la ausencia de organismos gubernamentales que regulen las diferentes prácticas relacionadas con la atención en salud mental de naturaleza no médica y psicoterapéutica, la salud mental se convierte en “tierra de nadie”. Este fenómeno de ausencia de regulación en la atención a la salud mental se ha denomina nihilismo terapéutico.
La ausente o deficiente promoción de la salud mental en su ámbito universal y específico genera la presencia de estigmas sobre la enfermedad mental, tanto en la población general como en los profesionales de la salud y equipo paramédico, ha producido la renuencia o negativa de brindar atención en los tres niveles de salud a usuarios que sufren una enfermedad mental, reflejo de ello, como hemos visto, es el reducido número de camas en hospitales generales para pacientes psiquiátricos, quienes cursan con otras comorbilidades médicas como son el síndrome cardiometabólico, nefropatías y hepatopatías derivadas, en parte, del consumo crónico de psicofármacos que presentan efectos adversos como la insuficiencia renal en el caso del carbonato de litio e incremento de peso e intolerancia a los carbohidratos como en la olanzapina, en parte, por la transición epidemiológica de la población en la que se encuentran inscritos estos pacientes.
La falta de coordinación e integración de los servicios de atención en la salud mental en el marco del primer, segundo y tercer nivel de atención en salud produce un retraso significativo en la detección diagnóstica, referencia a unidades especializadas en salud mental y tratamiento oportuno, así como en su contrarreferencia a primer nivel de atención para su seguimiento y descripción de evolución en su unidad médica más próxima a su domicilio, finalidad por la cual el Modelo Hidalgo fue conformado, no obstante, el promedio de rezago en la atención en salud mental en México oscila entre los 4 a 20 años.
Es necesario una redistribución del financiamiento otorgado a la salud mental, tanto en monto como en dirección, del total del presupuesto a la salud, sólo el 1% del gasto total es derivado a la atención de la salud mental y de este 1%, el 80% es dirigido a las unidades de internamiento psiquiátrico, que sólo brindan una fracción de la atención psiquiátrica en México, por ello es una prioridad redirigir el presupuesto asignado a la atención ambulatoria en salud mental, que corresponde sólo al 20% del gasto total adjudicado. Este desequilibrio del financiamiento persiste a pesar de que el número de pacientes atendidos es mayor en las unidades ambulatorias, que los adscritos a las unidades hospitalarias de internamiento como en Villa Ocaranza, asimismo, el acceso a las unidades ambulatorias es mayor debido a que comprenden una distribución más amplia a lo largo del territorio nacional, sin embrago, la falta de capacitación de los recursos humanos asignados para la atención en salud mental, la constante rotación y movilidad del personal debido a su situación laboral, así como la ausencia de iniciativa para la inversión en recursos materiales para mejoría en la infraestructura, han hecho que las líneas de referencia y contrarreferencia en la atención ambulatoria a unidades de especialidad en salud mental y viceversa, mine su eficacia y calidad por el incremento constante de la demanda de atención y la menguante oferta de servicios, sature las unidades de especialidad y disminuya su capacidad de derivación a unidades ambulatorias por su menor capacidad resolutiva, asimismo, la fragmentación del sistema de salud en México inhibe la capacidad de generar enlaces con otras instituciones para brindar otros servicios (consejería genética, nutricional y rehabilitación social y laboral), tanto a los familiares del usuario como a los pacientes para reintegrarlos al ámbito laboral y social.
Un último ejemplo de la necesidad de una reforma en la política de atención en salud mental es el tiempo de espera para acceder a un servicio de salud mental, que va 1 mes en las unidades ambulatorias hasta 4 a 20 años en México.
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[a] Estudiante de la Maestría en Salud Pública del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México.
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