La integración jurídica de los derechos humanos de los(as) jóvenes

…hoy muchos jóvenes mexicanos sí quieren ser jóvenes y proclamar que ello no les impide participar desde esa condición (Reguillo, 2010, p.425).

Resumen

El objetivo de este artículo es analizar algunos marcos teóricos y jurídicos que permiten y/o limitan la configuración de los(as) jóvenes como sujetos(as) de derechos humanos.

A través de un breve análisis de derecho comparado entre las leyes elaboradas para la población de jóvenes, en los estados de: Hidalgo, San Luis Potosí y la Ciudad de México, identificamos que en las tres entidades se requiere una legislación detallada sobre el derecho al trabajo para este sector. En Hidalgo la legislación sobre esta población proviene de un marco adultocéntrico, y en fechas recientes comienzan esfuerzos por integrar la perspectiva de juventud.

Es fundamental considerar la condición juvenil en la creación de leyes, así como, el desarrollo de estrategias de acción desde la educación superior, para la adecuada apropiación y el ejercicio de los derechos humanos en los(as) jóvenes.


Palabras clave: jóvenes, derechos humanos, derecho comparado, perspectiva de juventud.

Abstract

The objective of this article is to analyze some theoretical and legal frameworks that allow and /or limit the configuration of young people as subjects of human rights.

Through a brief analysis of comparative law among the laws developed for the youth population, in the states of: Hidalgo, San Luis Potosí and Mexico City, we identified that in the three entities a detailed legislation is required on the right to work for this sector. In Hidalgo, the legislation on this population comes from an adult-centered framework, and recently, efforts have begun to integrate the youth perspective.

It is fundamental to consider the juvenile condition in the creation of laws, as well as the development of action strategies from higher education, for the adequate appropriation and exercise of human rights in young people.


Keywords: young people, human rights, comparative law, youth perspective

Introducción

El objetivo de este artículo es analizar algunos marcos teóricos y jurídicos que permiten y/o limitan la configuración de los(as) jóvenes como sujetos(as) de derechos humanos.

Los derechos humanos son creados con el objetivo de proteger a las personas y a su dignidad. En 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, se funda la Organización de las Naciones Unidas y en 1948 se lleva a cabo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuya definición es la siguiente: “Son el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad y se definen como intrínsecos a toda persona por el mero hecho de pertenecer al género humano” (Naciones Unidas. Derechos Humanos, 2017).

Aun cuando en la actualidad predomina la difusión de los derechos humanos a través de la educación formal y los medios masivos de comunicación, tal vez muchas personas, incluidos(as) los(as) jóvenes, se enfrentan con dificultades para explicarlos con exactitud o para afirmar su significado con plena certeza, lo que posiblemente se debe a la desvinculación de las personas con sus propios derechos, como si les fuesen ajenos o relativamente alcanzables en el ejercicio de la vida cotidiana, lo que limita que elaboren y apropien una definición clara, comprensible y útil. Por otro lado, como concepto, los derechos humanos representan a un conjunto, esto quizá dificulta la familiarización con las ideas clave que los definen, las cuales son: garantizar jurídicamente el respeto a la dignidad de la persona, a que reciba un trato de igualdad y  pueda ejercer libertad sobre su vida. Llevarlos a la práctica, acerca al individuo a la construcción de justicia y  al ejercicio de poder dentro de la sociedad.

Este artículo se divide en dos apartados en los que se relaciona a los derechos humanos de las y los jóvenes, por un lado, con el marco adultocéntrico, y por otro, con el marco jurídico en México, donde se analizan en particular las legislaciones concernientes al empleo en los estados de Hidalgo, San Luis Potosí y la Ciudad de México.

Los derechos humanos de las y los jóvenes y el marco adultocéntrico

A partir de la declaración de los derechos humanos en 1948, en México como en otros países que la signaron, no fue inmediata la institución de legislaciones al respecto. Es hasta el año 2011 cuando se realiza una reforma al artículo 1º de la Constitución Nacional, donde se reconoce plenamente a los mexicanos como personas con derechos humanos, así se expone:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

La declaración explícita de los derechos humanos en las normas jurídicas en México, favorece a los(as) jóvenes, pues permite promover y dirigir esfuerzos para representarlos(as) como sujetos(as) con dignidad. Esto requiere también profundas modificaciones en las teorías académicas relativas a este sector. Desde la psicología y las ciencias sociales, los estudios concernientes a la juventud colaboran en el desarrollo de enfoques explicativos relativos a las características de este grupo, a través de la generación de indicadores que estipulan el término de esta etapa de vida y el ingreso a la edad adulta, tales como: la paternidad, el trabajo, la independencia económica y residencial.  

Un ejemplo de lo anterior, es lo establecido por la neuropsicología en torno al desarrollo cerebral que permite la planeación, análisis y toma de decisiones en las y los jóvenes: “La capacidad para practicar el pensamiento reflexivo parece surgir entre las edades de 20 a 25 años. Sólo entonces las regiones completamente mielinizadas de la corteza cerebral pueden manejar el pensamiento de nivel superior” (Papalia y otros, 2009, p.435). Desde este marco el valor de la palabra de los(as) jóvenes es cuestionable, al menos hasta cumplir los 25 años de edad, enfoque propiciatorio para considerarlos(as) como inacabados en los ámbitos: físico, social, emocional y cognitivo, esto les limita el acceso a un trato digno y en condiciones de igualdad, es decir, son devaluados(as) como sujetos(as) de derechos humanos. Bourdieu (2002) sostiene que la lógica donde se plantea una división entre los jóvenes y los viejos representa la segmentación del poder, por  tanto, el establecer una clasificación por edad es una forma de marcar límites dentro de los cuales deben mantenerse los(as) jóvenes.

Las ciencias sociales y la psicología por medio de sus aportes teóricos acerca de los(as) jóvenes, favorecen la perspectiva adultocéntrica (cabe aclara que se han generado nuevas posturas en ambas ciencias, respecto a estudios más integrales sobre ellos(as)). El adultocentrismo, para el caso de las personas jóvenes, se entiende como “… la relación asimétrica que busca sostener las relaciones económicas y de poder de personas adultas hacia […] las personas jóvenes […], el poder lo ejerce el grupo adulto brindando privilegios a las personas adultas” (Educiac, 2017). Este enfoque resta validez a la voz de las y los jóvenes, no es relevante escucharlos, sino ejercer autoridad para dirigirlos(as) o encausarlos(as) a cumplir con lo establecido para ellos(as), por lo tanto, es un mecanismo de control social. El adultocentrismo también configura estereotipos de género que indican lo esperado socialmente de las mujeres y los hombres jóvenes.  

El adultocentrismo ha permeado en los diseños de políticas públicas para los(as) jóvenes, prueba de ello, es que por décadas estas políticas eran de corte asistencialista, paternalista y/o con fines de cooptación, además, su vigencia correspondía, por lo común, a los periodos de los gobiernos que las originaban (Cuna y Pérez, 2006; Monsiváis, 2004).

Aunque en la actualidad las leyes incluyen a  los derechos humanos, este avance no es equiparable al reconocimiento social, situación que es más marcada en la población joven en comparación con los adultos. La categoría de joven surge en el siglo XX y responde a las condiciones sociales, políticas y económicas de la modernidad, lo que permitía hasta cierto punto, que esta población cumpliera con determinadas expectativas, tales como, el ingreso al mundo laboral, elemento fundamental para convertirse en adulto, situación que es distinta hoy en día, pues los jóvenes logran emanciparse -de forma parcial o total-, cada vez a edades más avanzadas.

Ahora, debido a la menor predicción de las dinámicas sociales, económicas y políticas que gobiernan en el mundo, las experiencias de los jóvenes son más diversas, con relación a ello, Rosana Reguillo (2010) propone como opuesto a la “categoría joven” el término “condición juvenil”, y lo define como:

… conjunto multidimensional de formas particulares, diferenciadas y culturalmente “acordadas” que otorgan, definen, marcan establecen límites y parámetros a la experiencia subjetiva y social de las/los jóvenes […] Entonces, la condición juvenil alude a los mecanismos tanto estructurales como (especialmente) culturales que enmarcan los procesos de inserción de sujetos concretos, considerados jóvenes, en una dinámica sociocultural histórica y geopolíticamente configurada.

Dicho de otro modo, la “condición juvenil” es un concepto que posibilita analizar, de un lado, el orden y los discursos prescriptivos a través de los cuales la sociedad define lo que es “ser joven” y, de otro, los dispositivos de apropiación o resistencia con que los jóvenes encaran estos discursos u órdenes sociales. Se trata de armar un análisis de doble vía que no elude los marcos constrictivos de las estructuras sociales y que busca incorporar la dimensión subjetiva de los jóvenes en su proceso de constitución como actores sociales (p. 401-402).  

Lo anterior insta a realizar investigaciones referentes a las distintas maneras en que los(as) mexicanos(as) experimentan el ser jóvenes, pues difiere de la juventud “tradicional” que respondía a estructuras sociales más “predecibles”, producto de la hegemonía cultural de la modernidad. Existe una estructura en la que los jóvenes construyen sus biografías, pero también, es importante tomar en cuenta que las condiciones juveniles también presentan múltiples vulnerabilidades, las cuales debemos analizar para lograr una mayor comprensión de esta población.

Las personas  jóvenes en la actualidad presentan varios desafíos para alcanzar un trato digno, esto plantea la necesidad atender de forma permanente: el cómo se construyen social y jurídicamente como sujetos(as) de derechos humanos.

Los derechos humanos de las y los jóvenes y el marco jurídico

En México, en los últimos años se ha conformado el marco jurídico en perspectiva de derechos humanos, lo que demanda que las leyes de los estados garanticen el cumplimento de los derechos enunciados en la Constitución. Ante esta condición nos cuestionamos: ¿cómo garantizan el Estado los derechos humanos de los jóvenes? ¿Existe desigualdad  jurídica respecto a las y los jóvenes mexicanos(as)?

Como miembro de la Organización Iberoamericana de Juventud (actual Organismo Internacional de juventud para Iberoamérica), en el año 2005, México firmó la Convención Iberoamericana de Derechos de juventud. En el año 2008 se ratificó esta convención, sin embargo, el país ha pospuesto dicho compromiso, la justificación es que la reforma al artículo 1º constitucional en el año 2011 contempla los derechos de la población joven, no obstante, el pertenecer a este acuerdo internacional obliga a los países que lo integran, a supervisar que todos cumplan las políticas de la Convención (González, 2017). Además, es contradictorio el que un país se comprometa a trabajar en materia de derechos humanos y lo haga de forma aislada, omitir la colaboración de organismos internacionales en el apoyo a la protección y regulación de estos derechos, es un acto que vulnera la integridad de los derechos –o garantías- de las y los jóvenes, lo que da margen a invisibilizar los comportamientos jurídicos hacia este sector.

Por otro lado, en años recientes se han desarrollado leyes estatales para esta población. La Ley de la Persona Joven para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, entra en vigencia en el año 2012. Surge como una propuesta de iniciativa de ley cuyo objetivo es reconocer a los(as) jóvenes como sujetos(as) de derechos, esta acción es promovida por la asociación civil Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac) (Educiac, 2017). Posteriormente, se conforma por la participación de varias asociaciones civiles, instancias de gobierno, especialistas y los propios jóvenes a través de “foros de juventud” organizados en diferentes regiones del Estado (Exposición de motivos de la Ley de la Persona Joven para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, 2012).

Por su parte, La Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, entra en vigencia en el año 2015. Es creada entre los años 2011 y 2012, a partir del esfuerzo conjunto de organizaciones civiles, dependencias de gobierno, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), así como, el Mecanismo de Evaluación y Seguimiento del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (MSyEPDHDF) (Concha, 2014).

El estado de Hidalgo cuenta con la Ley de la Juventud del Estado de Hidalgo, creada en el año 2007 por el Instituto Hidalguense de la Juventud, no obstante, en parte, abona a la visión adultocéntrica de los(as) jóvenes, como ejemplo, en el nombre de la ley se omite la palabra derechos, y esta aparece hasta el capítulo I, que es denominado: los derechos de los jóvenes.

En el Estado de Hidalgo -como en otros estados del país- la legislación para las personas jóvenes es creada a través del Instituto Hidalguense de la Juventud, pero en su origen no incluye la perspectiva de juventud, sobre la cual el Programa Nacional de Juventud refiere:

%Es fundamental que […] las instituciones de todos los poderes y órdenes de gobierno, adopten y ejecuten […] la perspectiva de juventud, a través de la cual se eliminen las barreras en el ejercicio de los derechos y se dé impulso a la población juvenil para eliminar cualquier tipo de desventaja creada por pertenecer a un cierto sector de la juventud, una determinada clase social, vivir en un espacio geográfico específico o tener cualquier otra condición o característica personal o de grupo (Instituto Mexicano de la Juventud. Programa Nacional de Juventud (2014-2018), 2014, p.15).

Por otro lado, La Ley de la Persona Joven para el Estado y Municipios de San Luis Potosí en su artículo 9 sección XIV, establece que la perspectiva de juventud debe estar presente en el diseño e implementación de las políticas públicas para esta población (Ley de la Persona Joven para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, 2012). Por su parte, la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México obliga a todas las instituciones públicas y privadas a incorporar la perspectiva juvenil; contempla la participación de los jóvenes en la conformación de legislaciones, políticas públicas y programas sociales que les conciernen como población (Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, 2015).

De modo que, para el caso de Hidalgo la toma decisiones concernientes a la población joven, basada en derechos humanos pero sin integrar a este sector de manera directa en la construcción de la legislación, resulta contradictorio, y refuerza el marco adultocéntrico.

El enfoque de juventud permite conceptualizar a las personas jóvenes como propositivas y con pensamiento crítico, así mismo, el incluir sus realidades a través de su participación política, desarrolla los mecanismos de justicia y atención a sus derechos humanos. Labor que implica no solo el considerarlos como sujetos con derechos,  además, el  que ellos(as) mismos(as) se asuman como tales, dos elementos clave para alcanzar el pleno ejercicio de su autonomía.

A pesar de la presencia de propuestas teóricas y metodológicas sobre la perspectiva de juventud, se requiere de una gran labor para alcanzar su integración a través de acciones concretas, tanto en la esfera pública como privada. Al respecto, Ernesto Rodríguez (2003) sugiere que así como la perspectiva de género pretende incorporarse en las políticas públicas más significativas, producto de una serie de esfuerzos de largo aliento por parte de varios(as) actoras(es) sociales, será necesario un proceso similar, para lograr la visibilización de la perspectiva de juventud.

Como ejemplo, a partir de las inquietudes señaladas por los universitarios de la Escuela Superior de Actopan Hidalgo, desarrollamos un ejercicio de derecho comparado para detectar áreas de oportunidad en torno a las leyes y políticas púbicas que incurren en cuestiones que afectan a los(as) jóvenes. Presentamos un breve análisis comparativo entre los estados de San Luis Potosí, la Ciudad de México e Hidalgo, en relación con la aplicación de la perspectiva de juventud en la legislación laboral para las personas jóvenes.

En voz de los(as) jóvenes universitarios(as) (quienes asistieron el 3 de octubre de 2017 al tercer módulo del seminario permanente Educación, salud mental y sociedad, titulado: jóvenes y derechos humanos, en la Escuela Superior de Actopan, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; sesión impartida por la autora), un problema central, es la falta de atención de las políticas públicas en torno a su incorporación al mundo laboral.

La Ley de la Juventud del Estado de Hidalgo (artículo 24), la Ley de la Persona Joven para el Estado y Municipios de San Luis Potosí (artículo 30), y la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México (artículos 11 y 13), mencionan establecer convenios con empresas públicas y privadas para motivar el empleo, así como, estímulos fiscales para las empresas con la finalidad de dar inicio a la inserción laboral de las y los jóvenes. Sin embargo, en la ley de Hidalgo solo se plantea como un deber general - las otras leyes son más específicas-, lo que minimiza los compromisos de este estado referentes al desarrollo de acciones concretas para la integración inicial de los(as) jóvenes al mundo laboral. (Ver Tabla I).

Cabe aclarar que el día 3 de octubre de 2017 se validó el programa de la Secretaría de Desarrollo Económico del estado de Hidalgo “mi primer empleo mi primer salario”. En su fundamento jurídico contempla el eje 2 línea de acción 2.1.1.1.1 del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 (Secretaría de Desarrollo Económico. Programas de apoyo. Mi primer empleo mi primer salario), que indica: “Incentivar la contratación de personas recién egresadas de carreras técnicas y universidades mediante el otorgamiento de becas de Mi Primer Empleo”[1] (Plan Estatal de Desarrollo, 2016, p.62). Este programa se fundamenta en el artículo 84 de la Constitución política del Estado de Hidalgo, que indica que el Estado brindará estímulos a las empresas privadas y del sector social si coadyuvan al desarrollo económico y social (Constitución Política para el Estado de Hidalgo. Artículo 84, p.34).

El programa “mi primer empleo mi primer trabajo” es una política pública que se deriva del cumplimiento de un compromiso de campaña del actual gobernador, no obstante, en Hidalgo aún no se ha generado una ley del fomento al primer empleo que incluya de manera directa a las personas jóvenes. De manera que, es posible que el  programa  sea vigente únicamente durante la administración actual.

Retomando el análisis comparativo entre las legislaciones para los jóvenes en los Estados de Hidalgo, San Luis Potosí y la Ciudad de México, en relación con la atención de los(as) desocupados(as), no aparece nada en la Ley de la Juventud del Estado de Hidalgo, en contraparte, se presenta en la legislación de San Luis Potosí (artículo 30) y en la de la Ciudad de México (artículo 13), aunque en estas últimas es de una manera general, pues dejan a la interpretación las acciones que puede llevar a cabo el Estado en relación con este derecho. (Ver Tabla I).

La falta de legislación detallada sobre los derechos laborales de los(as) jóvenes plantea un imaginario social que no contempla la condición de desocupación laboral en estas personas, o no se reconoce como una problemática grave. Por otro lado, si trabajan, no requieren mantenerse económicamente por completo, lo que los(as) representa como exentos(as) de responsabilidades económicas, las que al parecer, terminan solventadas por otros, como la familia; supuestos que invisibilizan sus derechos y los de sus familias o red(es) de apoyo más cercana(s).

También implica una limitación de la serie de independencias que conlleva obtener un ingreso monetario. Todo ello niega la diversidad de autonomías económicas en los jóvenes, se les representa como tutelados(as) y esto limita integrarlos(as) con sus diversas biografías juveniles. Visibilizar estas omisiones permite comprender que en las legislaciones mexicanas, aún se requiere trabajo en perspectiva de juventud.

Ley de la Juventud del Estado de Hidalgo Ley de la Persona Joven para el Estado y Municipios de San Luis Potosí La Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México
Artículo 30.- Las Dependencias y Entidades de los Gobiernos Estatal, Municipal y Organismos Públicos autónomos, establecerán los lineamientos que incentiven la creación, promoción y protección del empleo de los jóvenes en la modalidad de primera experiencia laboral.
Artículo 31. El Programa deberá promover el desarrollo de la primera experiencia laboral de los jóvenes por medio del cumplimiento de los siguientes objetivos:
I Lograr que los jóvenes puedan adquirir conocimientos prácticos sin suspender sus estudios.
II Consolidar su incorporación a la actividad económica mediante una ocupación específica y formal, promoviendo su contratación en el sector público o privado; y
III Establecer mecanismos para garantizar los derechos de los jóvenes en el área laboral, sin menospreciar su condición social, económica, su religión, opinión, raza, color, sexo, edad, orientación sexual y lengua. La primera experiencia laboral se entenderá como el proceso de integración de los jóvenes de catorce a veintinueve años de edad al mercado laboral, el cual permitirá a la persona joven participar en procesos de capacitación y formación laboral.
Artículo 24. El Gobierno deberá contemplar un sistema de empleo, bolsa de trabajo, capacitación laboral, recursos económicos para proyectos productivos, convenios y estímulos fiscales con las empresas de los sectores público y privado que promuevan la inserción juvenil al mercado laboral, estableciendo así políticas públicas que promuevan la creación de empleos, capacitación laboral y organización social
Artículo 30. El Estado adoptará las medidas necesarias para generar las condiciones que permitan a las personas jóvenes capacitarse para acceder o crear opciones de empleo, y generará las políticas necesarias que fomenten el estímulo a las empresas para promover actividades de inserción y calificación de los y las jóvenes en el trabajo.

Las personas jóvenes tienen derecho a la igualdad de oportunidades y trato en lo relativo a la inserción, remuneración, promoción y condiciones en el trabajo. El Estado establecerá programas que promuevan el primer empleo.

El gobierno estatal y los ayuntamientos promoverán por todos los medios a su alcance, el empleo y la capacitación laboral de la juventud del Estado realizando convenios con empresas públicas y privadas que garanticen este derecho.
El Plan Estatal de Desarrollo, dentro de sus lineamientos base, debe contemplar un sistema de empleo, bolsa de trabajo, capacitación laboral, recursos económicos para proyectos productivos, convenios y estímulos fiscales con las empresas del sector público y privado teniendo como objeto principal el favorecer laboralmente a la juventud y garantizar con esto, su derecho al trabajo.
 Artículo 11
El Gobierno y las delegaciones promoverán el empleo y la capacitación laboral de las personas jóvenes a través de la firma de convenios con empresas públicas y privadas que garanticen este derecho
Artículo 13
Las políticas públicas de la Ciudad de México deben contemplar un sistema de empleo, bolsa de trabajo, capacitación laboral, recursos económicos para proyectos productivos, convenios y estímulos fiscales con las empresas del sector público y privado, teniendo como objeto principal favorecer laboralmente a la juventud y garantizar con esto su derecho al trabajo; así como prácticas profesionales remuneradas vinculadas con la formación profesional.
Artículo 14.- Las políticas públicas que implemente el Gobierno deberán promover el desarrollo de la Primera Experiencia Laboral de las personas jóvenes en la Ciudad por medio del cumplimiento de los siguientes objetivos: a) Procurar que las personas jóvenes adquieran conocimientos prácticos sin suspender sus estudios; b) Consolidar su incorporación a la actividad económica mediante una ocupación específica y formal, promoviendo su contratación en el sector público o privado; y c) Establecer mecanismos para garantizar los derechos de las personas jóvenes en el área laboral en condiciones de igualdad y no discriminación.

Tabla I. Legislaciones en torno al primer empleo en los estados de: Hidalgo, San Luis Potosí y la Ciudad de México.

A pesar de que la Ley de la Juventud del Estado de Hidalgo surge en el año 2007, es hasta el año 2016 -nueve años después-, cuando los diputados legislan para crear el Consejo Consultivo de la Juventud, acción que implica dar voz a los jóvenes para opinar acerca de los marcos normativos que los involucran. Es así como, hasta julio del año 2016 en Hidalgo se genera una legislación para incluir a las y los jóvenes en la creación, promoción y desarrollo de las políticas públicas sobre juventud (“Reforman diputados locales Ley”, 2016). Del mismo modo, en enero del 2016 se desarrolla la agenda estatal de juventudes: “Yo por Hidalgo”, cuyo objetivo es incluir a las y los jóvenes del Estado en la construcción de las políticas públicas para este sector, para ello, llevaron a cabo consultas presenciales y virtuales (“Instalan agenda de juventudes”, 2016). El principal objetivo de la agenda es crear un Sistema Estatal de la Juventud, cuya función sea detectar los problemas de los jóvenes e involucrarlos en las soluciones (Instituto Hidalguense de la Juventud. Yo por Hidalgo, 2016).

La necesidad apremiante de generar políticas con perspectivas de juventud demanda el ejercicio en paralelo de cambios culturales y en la educación. Por tanto, en Hidalgo es momento de aprovechar esta coyuntura, pues conforme los marcos jurídicos visibilicen a los jóvenes y se armonicen con sus realidades – y sean reconocidos como sujetos de derechos en sus contextos socioculturales- se plantea la posibilidad de una mejor sociedad, en especial si dicho ejercicio se lleva a cabo con jóvenes provenientes de contextos de vulnerabilidad social.

Son fundamentales los esfuerzos por armonizar los marcos normativos, en este sentido, la Ley General de Educación, en el artículo 7 fracción VI, señala que la educación debe suscitar el conocimiento y respeto de los derechos humanos (Ley General de Educación, 2017). Por tanto, en la educación superior será idóneo el impulso de  acciones institucionales y programáticas a favor de la promoción, respeto y desarrollo de los derechos humanos de las y los universitarios(as). Además, el papel de la academia es fundamental en el estudio y creación de estrategias dirigidas a esta población, todo ello permite atender a una de las características fundamentales de los derechos humanos: el que son progresivos (evolucionan y surgen nuevos derechos) (Vázquez y Serrano, 2017), para lograrlo, se requiere de espacios permanentes que involucren de forma activa a los(as) jóvenes en la  reflexión, evaluación y generación de propuestas que permitan la vigencia y garantía de sus derechos humanos.

Conclusiones

La categoría de jóvenes ha sido construida culturalmente, sin embargo es dinámica, por lo tanto, es responsabilidad de las ciencias como las sociales, la medicina, la psicología, el derecho, el contribuir a una configuración teórica más justa y apegada a la realidad de las personas jóvenes, para ello es fundamental considerar su integralidad, camino clave para reconocimiento de sus derechos humanos.

En México, no es igualitaria la legislación referente a los(as) jóvenes, lo que presenta un desafío central para conciliar las leyes con la condición juvenil, debido diversas vulnerabilidades que enfrenta esta población, así pues, se requieren esfuerzos de investigación académica para profundizar en su conocimiento, para generar propuestas de intervención que favorezcan la difusión de los derechos humanos de las y los jóvenes, así como, la conformación de espacios donde ellos(as) puedan: conocer sus derechos, reflexionarlos, analizar de forma crítica su condición juvenil y expresarse para inferir en los marcos jurídicos, de modo que, estos ejercicios les permitan no sólo saber cómo defender sus derechos y los de su grupo, sino además, mantenerse involucrados e integrar a las generaciones venideras en la construcción y reconstrucción de sus derechos.

Los derechos humanos de los(as) jóvenes es un tema emergente de estudio y representa un reto el abordarlo a partir de sus voces, biografías y diversidades, tanto culturales como regionales. Para el caso de Hidalgo en este texto tratamos en específico la necesidad de ampliar la legislación en cuestión al primer empleo, sin embargo, se requiere fortalecer la Ley considerando la perspectiva de juventud. Trabajar directamente con los(as) jóvenes puede beneficiar la progresividad de sus derechos, lo cual se está haciendo en los proyectos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, como el que se desarrolla en la escuela superior de Actopan, titulado: Apropiación del derecho a una vida de violencia: los(as) jóvenes universitarios(as).

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[1] Recibirán una beca-salario por 4 mil pesos a cargo del erario público y empresas que los contraten.

A través de un comunicado, el gobierno del estado informó acerca de una inversión superior a los 24 millones de pesos para este año, mientras que las pequeñas empresas aportarán 500 pesos al mes por becario, mil cuando se trate de medianas empresas y mil 500 cuando sea una empresa grande.

Al finalizar el periodo, el empresario se compromete a contratar a uno de cada dos profesionistas que participaron en el programa (Arranca programa mi primer empleo, agosto 2017).

 

[a] Profesora investigadora de tiempo completo adscrita a la Licenciatura en Psicología de la ESAc, rosamaria_huerta@uaeh.edu.mx

[b] Alumna del noveno semestre de la Licenciatura en Psicología de la ESAc.

[c] Profesora investigadora de tiempo completo adscrita a la Licenciatura en Psicología de la ESAc.