En el presente ensayo se abordan las escalas de valores utilizadas para la caracterización del patrimonio edificado, planteada desde un ámbito concepción teórico-política, así como las políticas públicas encaminadas a la salvaguarda de dicho patrimonio y su divergencia con las políticas orientadas al desarrollo social y urbano; lo anterior con la intención de someter a discusión y analizar el por qué a pesar de la existencia de numerosas Instituciones y programas no se ha logrado mediar entre la conservación de los valores identitarios, históricos y estéticos del patrimonio, y su inserción las dinámicas de la ciudad contemporánea.
Palabras clave: patrimonio edificado, caracterización, políticas públicas
In this essay, are addressed the value scales used to characterize the built heritage, made from theorical political scope; as well as public policies to safeguard this heritage and its divergence with the ones oriented to social and urban development; this with the intent to bring discussion and analyze why, despite the existence of numerous institutions and programs, there's not been successful in mediating between preservation of identity, historical and aesthetic heritage values, and their insertion in the dynamics of contemporary city.
Keywords: built cultural heritage, characterization, public policies
Las ciudades que hoy día apreciamos son el resultado de la contribución de diferentes generaciones en un espacio concreto, que se caracterizan por el establecimiento de vínculos especiales con el pasado y una estrecha relación con la identidad y sentido de pertenencia de la sociedad; entendiendo por ciudad al espacio determinado que ocupa un grupo social, en el cual se va formando la memoria colectiva de los aconteceres cotidianos.
El caso de las ciudades de México no es la excepción, ya que en su mayoría están conformadas por una estratificación de dinámicas urbanas tanto del pasado como actuales, por lo que una de las principales preocupaciones desde la perspectiva de la restauración y conservación del patrimonio edificado, es la salvaguarda de los elementos patrimoniales, a través de políticas públicas que permitan su inserción en las dinámicas de la ciudad contemporánea.
Sin embargo, a pesar de la existencia de instituciones y políticas públicas encaminadas a dicha tarea, existen diversidad de problemas en torno al patrimonio edificado, tales como la destrucción, alteración, banalización, mercantilización, “museificación” y creación de “elefantes blancos”.
En el presente ensayo, se considera que hay dos factores determinantes para dichas problemáticas. El primero de ellos, son los esquemas interpretativos y escalas de valores a través de los cuales se realiza la caracterización o selección del patrimonio edificado, que en el caso de México se basan principalmente en una visión “conservacionista” o “tradicionalista”, una “mercantilista” y una “antropologista” o “nacionalista”; todas ellas, centran su atención en el objeto y dejan de lado al sujeto, a pesar de que en los documentos internacionales (desde la Carta de Atenas de 1931, hasta la actualidad) se considere que la mejor garantía para asegurar la conservación del patrimonio cultural, reside en la apreciación y apropiación que la sociedad tenga de su patrimonio (Morate, 2007: 3).
El segundo de ellos, son las políticas públicas encaminadas a la protección del patrimonio edificado que generalmente se encuentran desligadas del desarrollo urbano y social; esto se debe a que en un país como México, se considera que dentro de las necesidades sociales no prima la protección del patrimonio edificado, por lo que en los planes de desarrollo no se toma en cuenta como uno de los elementos a cubrir; la separación entre las políticas públicas orientadas a la dotación de servicios básicos, las vialidades, la zonificación funcional, etc. y aquellas en materia de conservación del patrimonio, colabora al aislamiento de los monumentos o zonas históricas de la dinámica urbana contemporánea y al desconocimiento de los objetos patrimoniales por parte de la sociedad.
De todos los objetos producidos por el hombre, son caracterizados como bien patrimonial aquellos que poseen relevancia dentro de la escala de valores de la cultura a la que pertenecen, y por tanto se consideran dignos de preservarse para el conocimiento y disfrute de las generaciones futuras, teniendo como finalidad la conformación de la memoria colectiva, así como la integración y continuidad de la cultura presente. Para el caso de México se han desarrollado esquemas interpretativos y escalas de valores para la caracterización de los bienes patrimoniales basados en un modelo occidental, como representación de los “esfuerzos por constituirse en cultura nacional, única, homogénea y generalizada” (Bonfil, 2004:32).
Esta perspectiva “tradicionalista” o “conservacionista”, tiene sus raíces en el Renacimiento y define a la cultura como “la obra más relevante de un grupo humano, durante un periodo definido y en un lugar geográfico determinado” (Chanfon, 1996: 27-55); dado lo anterior, se ve una tendencia selectiva donde sólo ciertos elementos “monumentales”, “excepcionales” y por tanto poco representativos, se conservan.
No obstante, el mismo autor (ibídem) considera que el patrimonio cultural en México, no sólo ha sido abordado desde la perspectiva occidental sino que existe también una segunda forma de acercamiento enraizada en los orígenes prehispánicos, la cual nombra “antropologista” (que para fines prácticos del presente ensayo y para evitar confusiones, será nombrada “nacionalista”), que tiene sus inicios en el siglo XIX y considera como cultura a “las actividades del hombre en sociedad, para adaptarse a su medio ambiente”, ampliando el concepto al conjunto de bienes que hacen posible la vida y permiten transformarse y reproducirse como grupo social, de una generación a las siguientes.
Esta corriente nacionalista del siglo XIX que se opuso a la hegemonía de los valores occidentales (Florescano, 2004: 16), se llevó a la práctica después de la Revolución Mexicana, al tratar de buscar el reconocimiento de las tradiciones propias, a través de programas de recuperación de la memoria histórica y el patrimonio cultural, proceso en el que se fundaron las primeras instituciones dedicadas a forjar y proteger la identidad nacional.
La unificación a nivel ideológico que buscó el Estado, no corresponde a la diversidad cultural que conforma el territorio mexicano, porque al seleccionar ciertos rasgos como los representativos de la cultura nacional, se excluyen muchos otros que son los equivalentes del rasgo seleccionado en otras regiones, dando como resultado un proyecto centralista y excluyente. Así lo menciona Bonfil Batalla (2004:50):
[…] la cultura nacional y el patrimonio cultural correspondiente, no expresan el pluralismo de la sociedad mexicana; antes bien, lo niegan sistemáticamente en un esfuerzo centenario por uniformar a la población en términos del modelo de cultura dominante. De ese desencuentro se derivan los problemas de fondo en la conservación, valoración y desarrollo del patrimonio cultura.
A las perspectivas anteriores faltaría agregar la “mercantilista” que se practica tanto en el ámbito arquitectónico, como en el urbano, político y económico de las ciudades contemporáneas, la cual considera al patrimonio como un producto que colabora a la conformación de una “ciudad marca” y cuyo valor radica en el espíritu mercantil o de lucro de lo que supuestamente no debiera ser objeto de comercio.
Tanto la perspectiva “conservacionista” que da cierta preferencia a elementos monumentales, “auténticos” o “excepcionales”, la “nacionalista” donde se seleccionan ciertos objetos como los representativos de todo un país, sin importar si existe o no apreciación y apropiación por parte de la población, como la “mercantilista que ve el patrimonio como un producto más para la conformación de una marca, han llevado a la disciplina de la conservación del patrimonio edificado a un reduccionismo, provocando una separación entre la dicotomía sujeto-objeto, necesaria para dar significado a la arquitectura.
Asimismo, dicha tendencia selectiva impide la correcta inserción del patrimonio edificado en las dinámicas de la ciudad contemporánea, teniendo como efectos la destrucción de objetos que quedan fuera del criterio de selección, la “museificación”, banalización y creación de “productos culturales” o “elefantes blancos” que no representan valor patrimonial para la misma sociedad que los habita o usa.
Dado lo anterior, se considera que la caracterización del patrimonio cultural, debe estar ligada a su contexto social, haciendo que la misma sociedad participe en su valoración, conservación y difusión; creando conciencia del valor que posee, desligándonos de la visión occidental y creando una propia que no caiga en centralismos excluyentes; siendo un primer paso, distinguir cuales bienes tangibles e intangibles lo conforman y cuál es la importancia o qué beneficio brinda a la sociedad (Batalla, 2004: 28-32), tratando de buscar una dicotomía entre objeto y sujeto.
Generalmente se define como política pública, a los programas que el Estado desarrolla en función de un problema o situación determinada, a través de acciones que buscan dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad. A decir de Aguilar Villanueva (1992: 24) “las políticas públicas se pueden entender como el ámbito privilegiado de realización de un “pacto” entre Estado y sociedad […] con un sentido de participación entre estos dos actores, y con el objetivo final de beneficiar a la población”. Éstas también tienen que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios, ya que consisten, en reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la diversidad de necesidades, intereses y preferencias de la sociedad.
En lo que respecta a la relación entre las políticas públicas y el patrimonio cultural, ésta proviene del reconocimiento de la cultura como variable fundamental en el desarrollo sostenible (Mercado, 2009: 3); así como, de la necesidad del reconocimiento de las características de identidad de cada cultura, las cuales se han ido dispersando por factores como el turismo masivo y la globalización, creando una conciencia de valorización y protección del pasado (Paulhiac, 2002: 73).
Dado lo anterior, la mayoría de los países han implementado diversas políticas públicas en pro de la conservación del patrimonio cultural, con dos variables de intervención principalmente: la primera que proviene del modelo europeo, y que fue adoptada por la mayoría de los países de Latinoamérica, dónde se da “fuerte énfasis en una combinación de la intervención directa del Estado en la propiedad y gestión pública del patrimonio cultural con limitaciones impuestas a la propiedad privada de bienes culturales”. La segunda, que proviene del modelo anglosajón, donde“se confiere al Estado un significativo rol indirecto a través de beneficios fiscales, especialmente tributarios, a la iniciativa privada en la protección del patrimonio, combinado con una elevada valoración social del mecenazgo y del voluntariado privado” (Mercado, 2009: 3).
Las categorías de actuación de las políticas públicas en materia de patrimonio cultural, para el caso de los países latinoamericanos son las siguientes: 1) definición del patrimonio cultural; 2) intervención pública directa a través de la propiedad pública del patrimonio y el gasto en su adquisición, mantenimiento y gestión; 3) limitaciones legales al derecho de propiedad privada de patrimonio cultural; 4) incentivos económicos del Estado al incremento del patrimonio cultural y a su protección por el sector privado; 5) privatización de propiedad o gestión del patrimonio; 6) educación; y 7) ordenamiento territorial (Mercado, 2009: 3).
Cabe mencionar, que para el caso de México, la actuación se ha enfocado principalmente a la caracterización de los objetos patrimoniales, situación que ha dado como resultado una participación diferenciada en el proceso de selección y apropiación de dichos bienes, dados los diferentes criterios y el interés desigual que la sociedad tiene por conservar ciertos objetos de carácter patrimonial.
Dicha caracterización ha tenido dos directrices en las políticas públicas, una de tipo cultural, que considera el conjunto de edificaciones y espacios urbanos existentes como una referencia y conformador de la memoria colectiva como símbolo de identidad social. Y otra de orden económico, que se establece por el valor de uso del patrimonio edificado, por el cual merece ser conservado:
Propone además que si bien la selección del patrimonio cultural es creadora de valor simbólico y político, también lo es de valor económico, por lo cual no es posible pretender que los bienes culturales se encuentren disponibles para el disfrute universal, en especial aquellos de propiedad privada, ya que se encuentran sujetos a las normas de la economía (Op cit, 2009: 2).
Dado el valor de uso de los elementos patrimoniales inmersos en la mancha urbana contemporánea, estos no pueden desligarse de su entorno, en cambio, deben integrarse a él y ser parte de los procesos de cambio; y por tanto debieran ser considerados también en las políticas de desarrollo urbano y social, dónde se destinan usos de suelo sin tomar en cuenta estas preexistencias, colaborando a su deterioro, abandono y desaparición.
Asimismo, es necesario que las políticas públicas en materia de conservación del patrimonio edificado, tomen en cuenta el entorno y propicien una vigencia funcional y económica, ya que la salvaguarda además de tener el objetivo de mantener el patrimonio para el disfrute comunitario actual y de las generaciones futuras, busca insertarlos en las formas de producción económica establecidas en el ordenamiento territorial.
En el proceso de caracterización y salvaguarda del patrimonio edificado, se ha dejado de lado su valor primigenio, el cual va más allá de su materialidad y se inserta en el ámbito de la memoria, identidad y sentido de pertenencia de la población. Existen diversas políticas públicas, que no han logrado integrar los elementos de carácter patrimonial al desarrollo social, económico, político, urbano y cultural de la ciudad; sin embargo, se considera que es posible conciliar dichos elementos con la dinámica cultural contemporánea, a través de su caracterización y aceptación como objetos culturales, buscando que se destinen usos y funciones acorde a las necesidades actuales, evitando al máximo crear "productos culturales" que no satisfacen las demandas de la sociedad.
En la conformación de la noción de una identidad nacional intervienen muchos factores (como un territorio y un idioma comunes), siendo uno de los más notables, la existencia y reconocimiento de una historia compartida. La historia de un pueblo es la de sus logros colectivos, sus prácticas culturales comunes, y sus elementos simbólicos; que en su conjunto, colaboran a la conformación de la identidad y del sentido de pertenencia a una comunidad.
La idea de nuestro patrimonio cultural se empezó a forjar en la búsqueda de una identidad nacional, después de la Guerra de Independencia, acentuándose en el periodo Posrevolucionario, donde intervino en un primer ámbito el Estado, posteriormente la academia y finalmente fue transmitida a través de la misma sociedad; donde los objetos patrimoniales fueron caracterizados como producciones culturales, dictaminados en un ámbito eminentemente político, en el cual el Estado buscó dar sentido de pertenencia a una comunidad, a través de un espacio, tiempo y cultura compartidos, para consolidar una historia nacional, un pasado legítimo y unidad social.
Dicha conformación de la idea de nuestro patrimonio, ha provocado divergencias entre la legislación que reconoce y protege solo ciertos elementos y la misma sociedad, dado que no existe una apreciación generalizada en todo el país, tanto por la diversidad de culturas existentes como por la desigualdad social en las posibilidades de acceso a los bienes culturales; se considera que el patrimonio edificado debiera ser caracterizado y por consiguiente conservado a través de políticas públicas específicas, definidas por las dinámicas culturales propias de cada región, donde la misma sociedad participe en su valoración, conservación y difusión, creando conciencia del valor que poseen dichos objetos.
Parte de la tarea de la salvaguarda de los objetos patrimoniales, es el conocimiento y valoración del pasado, no obstante, se considera que es prácticamente imposible perdurar un objeto tal cual fue creado en un principio, ya que son precisamente las llamadas segundas y terceras historias las que le han permitido adaptarse a distintas épocas y lo han hecho permanecer hasta nuestros días, de tal manera lo menciona García Ros “Conocer la historia es no sólo recomendable sino imprescindible. Elevarla a la categoría de lo sagrado es del todo desaconsejable” (op cit, 1997:36).
La consideración de que un edificio que ha existido por siglos pueda conservarse intacto, es prácticamente imposible, ya que como cualquier objeto cultural, la arquitectura está sujeta a cambios para brindar satisfacción a las necesidades de la sociedad que lo vive. La autenticidad no significa demeritar la adaptación del inmueble a los procesos de cambio: “Valoración de la materia menos relacionada con su carácter de reliquia o con su cronología, y más con su capacidad de mantener vigente cualquiera de esas facetas de la esencia del monumento (González, 1996:19).
Si se hiciera un recorrido a través del devenir histórico de las prácticas de salvaguarda del patrimonio cultural, resultaría evidente la utilización constante de conceptos tales como monumento, contexto, historia y sociedad; no obstante, también sería notorio que cuando se trata del patrimonio edificado, se tiende a elevar al objeto, de tal manera que pierde el sentido de producción cultural creada por y para el hombre y que por tanto cambia según los requerimientos del mismo.
Aguilar Villanueva, L. F. (1992). El estudio de las políticas públicas. México D.F.: Miguel Ángel Porrúa.
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[a] Estudiante del doctorado en filosofía con orientación en arquitectura y asuntos urbanos, Universidad Autónoma de Nuevo León. Maestra en arquitectura, investigación y restauración de sitios y monumentos, UMSNH. Licenciada en arquitectura, BUAP.
[b] Profesor Investigador del Instituto de Ciencias Económico Administrativas en el Área de Comercio Exterior de la UAEH