La presente ponencia, es un esfuerzo por determinar si la distribución del Fondo de Infraestructura Social Municipal que hace la Administración Pública del Estado de Hidalgo a sus respectivos Municipios, obedece a criterios distributivos, políticos o ambos. En ese sentido, se estima un modelo de regresión lineal en el que el monto que acogen los municipios por concepto de este Fondo, está en función de ese tipo de criterios. Se concluye que en Hidalgo, el reparto del recurso financiero hacia los municipios, obedece ciertamente a criterios compensatorios. Sin embargo, existen determinantes políticas que influyen en dicha distribución: la competencia electoral municipal medida a través de indicador RAE, así como el nivel de abstencionismo municipal.
Palabras clave: Administración Pública, finanzas públicas, transferencias, municipios.
The present paper is an effort to determine if the Fund distribution of Municipal Social infrastructure, which the Public Administration of the State of Hidalgo does to its respective Municipalities, obeys to either distributive or political criteria or both. In this regard, a model of lineal regression is estimated in which the amount that the municipalities receive for concept of this fund depends on this type of criteria. It was concluded that in Hidalgo the distribution of the financial resource towards the municipalities obeys certainly to a compensatory criteria. Nevertheless, there exist determinant policies that influence the aforementioned distribution: the electoral competition, measured through the RAE indicator, as well as the level of municipal abstentionism.
Keywords: Public administration, public finance, transfers, municipalities.
La mayoría de municipios mexicanos posee una cantidad limitada de recursos, especialmente económicos, para llevar a cabo sus funciones y cumplir sus responsabilidades, en mayor o menor medida, tanto las legalmente establecidas en el art. 115 constitucional, como las que surjan de la cotidianidad. Las fuentes de sus recursos son de distinta índole. Se encuentran por una parte las que provienen de otras órdenes de gobierno, tales como las participaciones federales que representan transferencias no condicionadas, y las aportaciones federales que al contrario de las anteriores, vienen destinadas a un fin predeterminado. Así mismo, tenemos las fuentes propias de ingresos, integradas por la suma de los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejora municipales.
Y por último, las fuentes extraordinarias tales como el endeudamiento. A nivel nacional, los municipios dependen en mayor proporción de las primeras fuentes citadas. De las segundas, la situación es muy precaria, la mayoría no dependen significativamente de sus ingresos propios. La tercera, es una opción que poco a poco los municipios están integrando como medio para financiar sus políticas públicas municipales.
Los municipios cuando deciden qué servicios y bienes públicos van a ofrecer y cómo los van a producir, resuelven en realidad, cómo van a asignar todos esos recursos económicos expuestos anteriormente a los distintos gastos que tienen en su campo de acción. Así, los municipios tienen que decidir cuánto personal deben contratar para su propio funcionamiento, o dicho de otra manera, cuánto factor trabajo tienen que adquirir para el logro de sus objetivos.
A su vez, qué infraestructura, maquinaria, equipo móvil se obligarán a contratar para producir servicios o bienes públicos; en otras palabras, cuánto capital se debe contratar. Por supuesto, no pueden faltar los insumos para el funcionamiento habitual del municipio: cuántos y qué consumibles van a comprar para la labor diaria municipal. Lo más importante quizás, es determinar cuántos recursos se van a invertir en obras públicas y acciones sociales, tales como la construcción de carreteras locales, banquetas, alumbrado público, servicios públicos -como el agua potable-, puentes, etc. Este tipo de decisiones, son las que continuamente enfrentan los funcionarios municipales. Son decisiones que como todo, están sujetas a restricciones políticas, sociales y económicas.
Dentro de los ingresos públicos más importante para los municipios se encuentran las transferencias condicionadas representadas por el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)[1] que es uno de los fondos que integra el Ramo 33. Su objetivo primordial es el financiamiento de obras y acciones sociales básicas que impacten positivamente a aquella población vulnerable a nivel municipal.
En términos de distribución, el FISM en un primer momento es repartido de la federación a las entidades federativas. En un segundo instante, cada entidad tendrá que repartir esos montos económicos entre sus municipios y a la vez cada uno de éstos a sus respectivas comunidades. Cabe aclarar, que las “reglas de este juego” se encuentran en la Ley de Coordinación Fiscal, en el primer caso; y en el otro, cada entidad federativa se enmarcará en su respectiva ley de coordinación estatal.
La presente ponencia es un esfuerzo por determinar si la distribución del Fondo de Infraestructura Social Municipal que hace la Administración Pública del Estado de Hidalgo a sus municipios, obedece a criterios políticos, distributivos o ambos. Para evaluar tal conjetura, se estima un modelo de regresión lineal en el que el monto que reciben los municipios por concepto de este Fondo está en función de criterios distributivos y políticos.
El resto de la ponencia se divide en cuatro apartados. El primero, contiene la revisión de la literatura concerniente a las finanzas públicas locales en México; tangencialmente se comenta el funcionamiento del Fondo de Infraestructura Social Municipal. El segundo describe la metodología que se utilizó para probar las hipótesis de trabajo. Posteriormente se presentan los resultados de las estimaciones econométricas para finalizar con la discusión y conclusión del estudio.
En los últimos años, los trabajos de investigación que abordan las finanzas públicas locales mexicanas han ido en aumento. Los estudios que se han configurado son diversos y ricos en aportaciones para la explicación de los problemas financieros públicos. Así, de la revisión de la literatura se considera que hay varias líneas de investigación de las finanzas públicas locales en México que han sido construidas por distintos empiristas de distintas instituciones y que representan antecedentes de investigación y referencias importantes para esta ponencia.
Por un lado, se encuentran los estudios que describen el comportamiento de los ingresos y egresos públicos municipales. Cabrero y Orihuela (2000 y 2002) hacen una revisión de estos rubros de 1978 a 1998. Para ello utilizan una serie de indicadores financieros y concluyen que a pesar de existe un incremento de los recursos financieros municipales per cápita –debido principalmente al aumento de las participaciones federales (en los municipios rurales) y a la captación de mayores ingresos propios (en los municipios urbanos) - el proceso ha evolucionado en función del tipo de municipio que se trate: los urbanos tienen ventajas en comparación con los rurales.
A su vez, varios estudios explican la alta dependencia financiera que presentan los gobiernos locales –municipales y estatales- del gobierno central. Ibarra et al (1999) analizan empíricamente las determinantes de la dependencia de las haciendas municipales en las participaciones; como variables explicativas utilizan la concentración de los ingresos tributarios en la federación, los cambios en la coordinación fiscal y la modificación de Art. 115 constitucional en 1983.
En un trabajo posterior, y ahora concentrándose en las finanzas públicas a nivel estatal, Ibarra (2003) compara la dependencia financiera de los estados fronterizos y la de los que no lo son; sus hallazgos son que los primeros dependen financieramente del gobierno central menos que el otro grupo de entidades. Más adelante, Ibarra (2013) se concentra en analizar los efectos del entorno político sobre la dependencia en las participaciones a nivel estatal; las variables de entorno político se construyeron a partir de la afiliación política del gobernador, la composición de los congresos locales, la afiliación política del presidente de la república y los ciclos electorales; sus resultados muestran evidencia de que el efecto sobre la dependencia financiera de la confluencia y los ciclos políticos es diferente, dependiendo de la afiliación política del gobernador.
Lo interesante de los trabajo de Ibarra et al (1999) e Ibarra (2003 y 2013) es que concluyen que no sólo los factores institucionales, económicos, fiscales y sociales intervienen sobre la dependencia financiera estatal: las variables políticas también importan.
Otros trabajos académicos han ensayado sobre el impacto que tienen las transferencias y participaciones en la recaudación de ingresos propios. La hipótesis que evalúan básicamente es si las transferencias y/o participaciones han generado un efecto negativo en la recaudación de ingresos propios. Dentro de estos trabajos se encuentra el de Sour (2004) quien concluye en su estudio, cuya muestra fue de 155 municipios de los años de 1993 a 2000, que tanto las transferencias como las participaciones han tenido una influencia negativa en la recaudación fiscal de los municipios urbanos[2] ; paralelamente, muestra que la política de transferencias ha desestimulado en mayor medida el esfuerzo fiscal de los grandes municipios que el de los pequeños, siendo los medianos los que mejor desempeño han mostrado.
También halla que hay diferencias en el desempeño fiscal de gobiernos de igual tamaño. Años posteriores, Sour (2006) realiza otro estudio pero ahora con una muestra más amplia que la anterior (2412 gobiernos locales); sus resultados confirman las mismas conclusiones de su anterior trabajo: las transferencias condicionadas y no condicionadas han tenido un impacto negativo sobre la recaudación y esfuerzo fiscal del municipio. En esa misma línea, Raich (2003) evalúa nuevamente esa hipótesis a nivel municipal. Sus resultados revelan que existe una asociación inversa entre las asignaciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) y la recaudación municipal medida a través de los ingresos por predial y derechos de agua. Broid (2010 cit. por Sánchez, 2011) reafirma nuevamente que las transferencias federales tienen un impacto negativo sobre la recaudación de impuesto predial y además la competencia política a nivel municipal influye positivamente en la recaudación. A partir de esos estudios se confirma que aun existe uno de los tres problemas que enfrentan las finanzas públicas municipales mexicanas planteaba por Díaz (1997): la presencia de incentivos perversos en el federalismo fiscal mexicano que no promueven el esfuerzo recaudatorio municipal.
Pero no sólo se ha testeado esa hipótesis a nivel municipal. A nivel estatal, Sánchez (2011) evalúa las finanzas públicas encontrando que las transferencias federales impactan positivamente la recaudación de los ingresos estatales. Otro hallazgo interesante en ese mismo estudio es que la competencia política para llegar al poder en las entidades federativas influye positivamente en la recaudación financiera. En líneas de investigación parecidas, Bonet y Reyes-Tagle (2010 cit. por Sánchez, 2011) determinan el impacto del tamaño de la economía estatal, la estructura económica del estado y el grado de formalidad en la recaudación de impuestos estatales de Baja California y Michoacán.
Por otro lado, otros estudios han tomado como objeto de estudio el gasto público, y sobretodo observan el efecto flypaper[3] , ya sea a nivel municipal o estatal. A nivel municipal, Moreno (2007) trata de explicar el monto del gasto de infraestructura así como el gasto corriente a partir de variables políticas tales como la competencia política y la alternancia, los años electorales, la yuxtaposición política y el tipo de partido así como variables financiera tales como el monto de participaciones federales, la recaudación propia, la deuda municipal, los recursos etiquetados del FISM así como la entrada en vigor de la descentralización fiscal.
Este autor concluye que: “antes de que el gobierno federal descentralizara la provisión de infraestructura básica en 1998, la competencia electoral y la alternancia partidista sólo estimulaban el gasto corriente, pero no el de obras públicas” (Moreno, 2007: 431). La situación cambió después de entrar en vigor la política descentralizadora. Así, la reforma de 1998 tuvo un efecto en el vínculo competencia partidista-gasto de inversión: antes de ese año no había una clara relación; después la competencia política tuvo un claro efecto positivo en el gasto de inversión.
Por su parte López (2004) encuentra, a través de un estudio de las elasticidades del gasto municipal, que el gasto corriente es más eficiente cuando los fondos para apalancarlo provienen de los ingresos fiscales del municipio y no de los recursos federales. Asimismo, confirma que el gasto publico municipal responde más a las variaciones de las aportaciones federales que a las de los ingresos propios: “ante un aumento porcentual de las aportaciones federales los gastos se incrementan en un porcentaje mayor que el generado por aumento en los ingresos propios (López, 2004:43). Años posteriores, Sour (2009) confirma que el efecto flypaper se presenta en las transferencias no condicionadas que reciben los municipios y además que las variaciones en el gasto municipal se determinan por las variaciones en la competencia político electoral.
A nivel estatal, Velázquez (2006) trata de explicar el comportamiento del gasto a partir de diversas variables políticas y de las transferencias federales; sus hallazgos confirman el efecto positivo de la competencia política en el gasto estatal. Sin embargo, éste no aumenta en años electorales. Asimismo, identifica que los estados gobernados por el PRD gastan más en comparación con los del PRI, y estos tienen comportamientos parecidos en el gasto con respecto a los del PAN. En temas similares, Gámez e Ibarra (2009) confirman que el gasto público estatal, contrario a la opinión de Velázquez (2006), se expande en años electorales; confirman también que el gasto estatal se contrae en el siguiente; sin embargo no se expande un año antes de las elecciones.
El desempeño financiero a nivel estatal y municipal es otro de los tópicos abordados por la literatura de finanzas pública locales. A nivel estatal, el trabajo de Jorge Ibarra et al (2005) revelan que una entidad federativa con menor población, PIB per cápita alto, baja marginación y ubicación en la región fronteriza del norte, impactan en el desempeño gubernamental estatal; ni el monto de deuda pública estatal ni la afiliación política del gobernador incluyen en el desempeño estatal.
A nivel municipal, Juan Fernando Ibarra et al (2006) plantean como pregunta de investigación: ¿cuál es la relación entre la creciente competitividad electoral municipal y el desempeño gubernamental medido como capacidad financiera? Su hipótesis es que si se incrementa la competencia política se incrementan los incentivos para que los gobiernos locales muestren a los ciudadanos que han tenido un buen desempeño. Lo interesante de este último trabajo científico es que proponen como medida de desempeño de la eficiencia hacendaria el indicador “capacidad financiera”, que es el cociente de los ingresos propios entre el gasto corriente municipal. Este cociente resulta interesante como instrumento de comparación de las finanzas públicas municipales porque toma elementos tanto del ingreso como del gasto público.
El trabajo de estos autores confirma que cuando el candidato del partido ganador obtiene una diferencia no significativa o mínima en votos, respecto al segundo lugar, alta competencia política, se sentirá políticamente comprometido a realizar su trabajo de la mejor manera; su objetivo será la permanencia de su partido en el gobierno en los próximos comicios. Una forma de lograrlo es hacer, ante los ojos de los ciudadanos, bien su gestión.
Los factores que determinan las variaciones en las transferencias condicionadas y no condicionadas a nivel estatal han sido abordados por Flamand (2006). Ella propone que las determinantes de esa variable independiente son la competencia electoral, el gobierno dividido verticalmente y el tipo de partido en el poder. Sus resultados son contundentes: los estados gobernados por partidos políticos diferentes al partido del presidente y los que experimentas elecciones competitivas experimentan mayores incrementos tanto en las transferencias condicionadas como no condicionadas.
Asimismo, otros estudios han evaluado si el FISM mitiga el problema para el cual fue diseñado, es decir, reducir la brecha entre las zonas más pobres y ricas del país. Al respecto, Hernández y Jarillo (2007) intentan determinar si los recursos etiquetados con este Fondo se distribuyen con criterios compensatorios. Su conclusión es que sí hay compensación, aunque es débil. Muestran, también, que en la asignación de este recurso se presenta un espacio de discrecionalidad relacionado con tres variables: poder de negociación entre el gobierno estatal y municipal, poder económico del municipio y tamaño de la población.
Estudios más recientes como el de Moreno (2012) también evalúan si este mismo fondo sigue criterios compensatorios, así como las consecuencias que las decisiones de gasto provocan sobre la participación electoral a nivel municipal. Concluye que “la distribución territorial de los recursos federales para infraestructura básica mejora sustancialmente su lógica compensatoria en términos generales, aunque con grandes disparidades entre los estados, lo cual abre la posibilidad de que los recursos públicos sean asignados con demasiada discrecionalidad y poco énfasis en reducir la pobreza. También es cierto que las decisiones de asignación del gasto han servido para promover electoralmente a los partidos gobernantes a nivel estatal y municipal” (Moreno, 2012: 12).
Lo interesante de todos estos estudios mencionados ut supra, es que incluyen variables políticas como determinantes del comportamiento de las finanzas públicas. Se trata de variables políticas que de una u otra forma se vinculan con la democracia como forma de gobierno. Así la competencia política, la alternancia, la confluencia política, los gobiernos divididos verticalmente, el tipo de partido político en el poder, la confluencia política son factores que de una forma han moldeado la actividad financiera pública. En ese sentido, el presente trabajo tiene como objetivo aportar elementos a esa discusión. Y en específico, concentrarse en las transferencias intergubernamentales condicionadas.
La transferencias intergubernamentales general son los recursos transferidos de un orden de gobierno a otro con el fin de financiar las necesidades de gasto del ámbito receptor (Peña y Wence, 2011). En ese sentido, se refieren a los recursos que el gobierno federal transfiere a los estados y municipios que pueden cumplir dos tareas por separado o la vez:
En México hay dos fondos destinados a fomentar tales objetivos: las Participaciones o Ramo 28; y las Aportaciones representadas por el Ramo 33, que según Peña y Wence (2011), son transferencia compensatoria condicionada. Compensatorias porque la distribución de ese fondo toma en cuenta “el nivel de rezago, marginación o pobreza como criterio para asignar las transferencias. Se trata de fórmulas que asignan más recursos a los estados o municipios con mayores índices de marginación o cualquier otro elemento que ponga en evidencia su mayor condición de vulnerabilidad” (2011: 25)[4] . Condicionadas porque “el orden de gobierno que transfiere establece etiquetas a los gobiernos receptores, sobre los rubros en los que deben gastarse los recursos transferidos” (2011: 26).
Cabe aclarar que en la repartición del Fondo de los estados a los municipios, y para el caso hidalguense, el Fondo tiene también criterios inerciales, puesto que en su distribución considera montos de distribución del FISM pasados[5] .
Con base en la revisión de la literatura, se encontró que las decisiones financieras obedecen no sólo a criterios sociales sino que los criterios políticos de una u otra manera influyen en el sector gubernamental financiero. Las finanzas públicas locales no son la excepción. En ese sentido, proponemos dos hipótesis principales a evaluar en el terreno empírico hidalguense.
Por un lado, se sospecha que aquellos municipios gobernados por el mismo partido que el gobernador tendrán cierta preferencia en el reparto del recurso federales (Flamand 2006). En ese sentido, proponemos como primera hipótesis que:
H1: Lo municipios hidalguenses gobernados por el mismo partido que el gobernador[6] tendrán mayores recursos del FISM.
Por otro, consideramos que aquellos partidos distintos al del gobernador en turno que gobiernan algún municipio en el estado pero además en el trienio pasado también han gobernado pueden ser disminuidos en sus recursos del FISM. Así la hipótesis a evaluar sería:
H2: Los municipios gobernados por la oposición en el actual y último trienio reciben menos recursos del FISM que aquellos gobernados por el mismo partido que el gobernador en turno ya sea en el actual o último trienio.
Hemos incluido otras dos hipótesis secundarias a evaluar y que incluyen las siguientes variables políticas, que de una u otra manera ya han sido revisadas en otros trabajos empíricos (Hernández y Jarillo, 2007; Moreno 2012): la competencia política y el abstencionismo. Con respecto a la primera, sospechamos que en aquellos municipios donde haya habido mayor competencia electoral, medida a través del índice RAE, tendrán mayores recursos del FISM. Asimismo, donde hubo menor abstencionismo electoral (o mayor participación electoral de los ciudadanos) habrá mayores transferencias condicionadas.
A partir de lo anterior, formulamos el siguiente modelo econométrico:
(Modelo 1)
Dónde:
FISMi= Monto del FISM asignado al municipio i en 2015 (Fuente: Periódico Oficial del gobierno del Estado de Hidalgo).
PPEi= Personas en pobreza extrema del municipio i en 2010 (Fuente: CONEVAL)
CPPPEi= Carencias promedio de personas en pobreza extrema 2010 (Fuente: CONEVAL)
RAEi= Índice Rae de las elecciones 2011 del municipio i[7] (Fuente: Instituto Electoral del Estado de Hidalgo).
ABSi= Abstencionismo electoral 2011 del municipio i. (Fuente: Instituto Electoral del Estado de Hidalgo).
SAi= Sostenibilidad de la alternancia; variable dicotómica que toma valor de 1 si en municipio i gobierna un partido distinto al PRI, Verde Ecologista o Nueva Alianza y en el trienio anterior también; caso contrario, es igual a cero. (Fuente: Instituto Electoral del Estado de Hidalgo).
Hi= Confluencia vertical; variable dicotómica que toma valor de 1 si en municipio i gobierna el PRI, Verde Ecologista o Nueva Alianza (Fuente: Instituto Electoral del Estado de Hidalgo).
e= error estocástico.
Los resultados de la estimación, utilizando mínimos cuadrados ordinarios, se muestran en el cuadro 1. Cabe destacar que se estimaron dos modelos, uno como el planteado originalmente (modelo 1) y el cual tiene como variable dependiente el monto del FISM asignado a cada municipio hidalguense (FISM). El otro modelo considera como variable dependiente el Logaritmo Natural de esa misma variable dependiente (LN FISM).
Cuadro 1: resultados de la regresión utilizando mínimos cuadrados ordinarios
Modelo 1 Variable dependiente: FISM |
Modelo 2 Variable dependiente: LN FISM |
|
Coeficientes |
Coeficientes |
|
Intercepción |
-553139.19 (-0.02) |
10.84 (6.05) |
PPE (Personas en pobreza extrema 2010) |
4138.79*** (20.26) |
0.00*** (10.84) |
CPPPE (Carencias promedio de personas en pobreza extrema 2010) |
5947420.36 (0.96) |
1.61*** (3.57) |
RAE (Competencia política) |
-8250762.23 (-0.84) |
-1.48** (-2.09) |
ABS 2011 (Abstencionismo) |
-47253167.90*** (-5.08) |
-0.56 (0.83) |
SA (Sostenibilidad de la alternancia) |
2594802.74 (0.92) |
-0.10 (0.47) |
H (confluencia vertical) |
2450587.32 (1.22) |
0.08 (0.57 |
R2 ajustado |
85.5% |
67.44% |
F |
82.62 P-value: 0.00 |
29.65 P-value: 0.00 |
N |
84 |
84 |
Fuente: elaboración propia.
Estadístico t entre paréntesis.
***Significativas al 1%.
**Significativas al 5%
El primer comentario al respecto del cuadro 1 es que en los modelos estimados, el coeficiente de determinación ajustado es alto (R2 ajustado). Aunque el del primero es mayor, por ende, tiene mayor predictivo. En ambos modelos, la variable que resulta significativa con un impacto positivo en el monto del FISM es el número de personas en pobreza extrema municipal. En ese sentido, parece ser que hay fuerte evidencia que los criterios distributivos son considerados al distribuir los recursos de infraestructura federales condicionados entre los municipios hidalguenses. En cuanto a las hipótesis principales, parece ser no tuvieron suficiente apoyo empírico.
La principal conclusión es que en la distribución del FISM a los municipios por parte del gobierno estatal sí sigue criterios distributivos, es decir, aquellos municipios donde hay más personas en situación de pobreza extrema se les asigna mayor recurso. Al menos eso mostró la evidencia empírica para el año 2015. Y fue confirmado tanto en el modelo 1 como en el modelo 2. Estos resultados concuerdan con los estudios de Hernández y Jarillo (2007) y Moreno (2012) quienes encuentran evidencia de criterios compensatorios, aunque mínimos, en el FISM.
Pero lo que queda pendiente evaluar, para futuros trabajados, es si la distribución -de los recursos federales etiquetados- al interior de los municipios continúa con esos mismos criterios. Puede ocurrir que los Ayuntamientos al distribuir los fondos no necesariamente se destinen a obras de infraestructura de las colonias o barrios con más pobreza o vulnerabilidad social; en cambio, se consignen a sitios que no necesariamente tengan esas condiciones y que sí beneficien a intereses particulares de algún funcionario municipal o del propio presidente local a pesar de que sea un municipio catalogado por el CONEVAL con hartas personas en pobreza extrema.
En cuanto a las variables políticas relacionadas con la democracia, la competencia política y el abstencionismo, hay cierta evidencia que apoya nuestras hipótesis secundarias. En el primer modelo estimado, resultó significativo el abstencionismo.
El impacto fue negativo, en aquellos municipios donde se presenta mayor abstencionismo, las asignaciones del FISM son menores. Dado que el abstencionismo se relaciona inversamente con la participación electoral, sospechamos que aquellos municipios donde hay menor participación en las urnas probablemente sean muy indiferentes a la vida política local y estén poco interesados en el desempeño del gobierno. Por lo tanto, si se decide darles poco recurso del FISM no cuestionarán esa decisión o no se revelarán u organizarán para movilizarse ante ese hecho.
En el segundo modelo, la variable política que resultó significativa fue la competencia electoral. El efecto fue negativo. En los municipios donde hubo más competencia política, las asignaciones del FISM fueron menores. Esto se puede interpretar como un desincentivo para aquellos municipios donde el partido que ganó las últimas elecciones, no le fue tan fácil obtener el triunfo. Fueron elecciones muy cerradas o quizá donde había muchos candidatos fuertes políticamente.
Las otras dos variables políticas importantes para este estudio –la sostenibilidad de la alternancia y la confluencia vertical- no resultaron significativas estadísticamente. Es decir, no se encontró evidencia que reforzará la hipótesis de que aquellos municipios gobernados por el mismo partido que el gobernador (confluencia vertical) tienen preferencia en el reparto de los recursos del FISM ni aquellos administrados -en el actual y último trienio- por la oposición (sostenibilidad de la alternancia). Sería interesante que en futuros estudios se analice si ese mismo comportamiento se presenta en otros escenarios o es exclusivo de los municipios hidalguenses.
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[1] EL nombre completo es Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones del Distrito Federal (FISM) el cual es uno de los dos fondos que integra el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). El otro es el Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE).
[2] Otros estudios llevados a cabo en 2004 o antes y que tienen el mismo objetivo de investigación son los de Hernández (1997); Hernández e Iturribarría (2003); Díaz Cayeros (2003); Gutiérrez (2003); Cabrero y Carrera (2004); Cabrero (2004). Todos ellos llegan a la misma conclusión que Sour (2004 y 2006).
[3] El análisis empírico del efecto “flypaper” estima un coeficiente para determinar el impacto de las variaciones de las transferencias no condicionadas sobre el gasto público (Gamkhar y Oates, 1996 citado por Sour 2009:2).
[4] Los otros criterios son los resarcitorios, que toman en cuenta el nivel de recaudación o el dinamismo o características económicas del gobierno receptor; distributivos, que toman en cuenta criterios demográficos o territoriales; históricos o inerciales, que están en función de los montos distribuidos en años pasados; y, los criterios de incentivos o avances programáticos, que consideran el grado de avance, cumplimiento u obtención de metas establecidas en programas, convenios o estrategias específicas (Peña y Wence 2011: 24-26).
[5]Véase Periódico Oficial de Hidalgo con fecha 26 de enero de 2015.
[6]Se considera que el partido del gobernador es el PRI, Verde Ecologista o Nueva Alianza.
[7] Véase Anexo 1 para conocer el cálculo del RAE.
[a] Profesor investigador del ICSU – UAEH.