Gráfico 1.
Factores de riesgo asociados a la generación de comportamientos delictivos. Gráfico elaborado con información de Hein, A. (2004, p. 8-12)
En este trabajo, la piratería se constituyó como el objeto de estudio, pero no se abordó desde la perspectiva de seguridad pública, es decir, como un delito, sino desde el concepto de seguridad ciudadana plasmado en el Programa Nacional de prevención social de la violencia y la delincuencia [(2014-2018).
El propósito de la metodología aplicada no fue determinar cuál es la perspectiva correcta entre seguridad pública o seguridad ciudadana para dar lectura a la piratería, la intención fue participar en el debate respecto a lo que se entiende por seguridad ciudadana en México, desde una postura orientada a la sociedad del conocimiento, en la que se equilibre el progreso tecnológico y económico que aportan los procesos de creación, con el factor de cambio social inherente a la formación del licenciado en seguridad ciudadana.
Palabras clave: Piratería, seguridad ciudadana, prevención social
In this article, piracy was established as the object of study, but not addressed from the public safety perspective, it means, as a crime, but as a concept of Public security embodied in the National Program of Social Prevention of Violence and Crime (2014-2018).
The purpose of the methodology used was not determined which is the proper perspective between public security or citizen security to read the phenomenon of piracy, the purpose was to participate in the debate about of what public safety means in Mexico, from a position oriented to the knowledge society, in which the technological and economic progress that bring the processes of creation, be equilibrate with the factor of social change inherent in the training of the Graduate of the Citizen Safety Program.
Keywords: Piracy, public safety, social prevention.El Acuerdo Nacional contra la Piratería señala que se entiende por piratería, de manera enunciativa y no limitativa, toda aquella producción, reproducción, importación, comercialización, almacenamiento, transportación, venta, arrendamiento, distribución y puesta a disposición de bienes o productos en contravención a lo previsto por la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial. (Estados Unidos Mexicanos, 2007, junio 3)
Conforme a lo anterior, el Programa Nacional de Seguridad Pública (2014-2018) establece que se constituyen como parte de la economía ilegal: los delitos que afectan a los sectores productivos, menoscaban la economía nacional y las finanzas públicas; y que vulneran normas sobre derechos de autor, propiedad industrial, comercio exterior, riesgos sanitarios y protección al medio ambiente. Abarca delitos contra los derechos de autor y la propiedad industrial, contrabando, adulteración de bebidas alcohólicas y medicamentos, delitos ambientales, robo a transporte de carga, así como robo y comercialización ilícita de hidrocarburos. Por tanto, los delitos en materia de derechos de autor o propiedad industrial se encuentran tipificados en la fracción II y III del Artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial y el título Vigésimo Sexto del Código Federal Penal (Estados Unidos Mexicanos., 2014b, abril 30).
En México, la prevención del delito parte de la existencia de un hecho tipificado por las leyes, es decir, por la existencia de un hecho, de una víctima y de un victimario. Que se sustenta por una parte, en una postura represiva que se centra en el delito como causa de la imposición de las penas como ejemplo disuasivo y disciplinador; por otra, en una postura preventiva, basada en la necesidad de actuar sobre las causas del delito. (Carrión, Pontón y Armijos, 2009, p. 14).
No obstante, los esfuerzos por combatir la piratería, según el estudio realizado por Centro de Investigación para el Desarrollo [CIDAC] y la American Chamber of Commerce of Mexico [ACCM] (2015), el 50% de los encuestados no ve a la piratería como algo grave y el 48% compra productos ilegales porque, aseguran, las autoridades no lo castigan.
En este trabajo, la piratería se constituyó como el objeto de estudio, pero no se abordó desde la perspectiva de seguridad pública, es decir, como un delito; sino desde el concepto de seguridad ciudadana plasmado en el Programa Nacional de prevención social de la violencia y la delincuencia (2014-2018). (Estados Unidos Mexicanos., 2014a, abril 30)
La aproximación al objeto de estudio se hizo desde una investigación exploratoria. El problema se planteó en relación a que la piratería desde la prevención social, no es un delito, sino una actividad que se desarrolla en “entornos de ilegalidad”, que son considerados como factores de riesgo que incrementan las probabilidades de que las personas desarrollen conductas violentas o delictivas.
Las preguntas a responder en este documento son las siguientes:
Para dar respuestas a la preguntas anteriores, ante la flexibilidad metodológica de las investigaciones exploratorias, se empleó una metodología propia del pensamiento crítico, a fin de proceder al análisis, evaluación y contextualización de la búsqueda del estado del arte; con el objeto de identificar los contenidos, entenderlos correctamente, apropiarlos, internalizarlos y expresar puntos de vista documentados; esto implicó discriminar la calidad de la información, pensar de manera autónoma para elaborar juicios y tomar decisiones, y apoyar el debate de las posturas en juicios (Educarchile, 2015).
El propósito de la metodología aplicada no fue determinar cuál es la perspectiva correcta entre seguridad pública o seguridad ciudadana para dar lectura a la piratería, sino participar en el debate respecto a lo que se entiende por seguridad ciudadana en México, desde lo académico y lo profesional; desde una postura orientada a la sociedad del conocimiento, en la que se equilibre el progreso tecnológico y económico que aportan los procesos de creación, con el factor de cambio social inherente a la formación del licenciado en seguridad ciudadana.
La prevención social en los términos del artículo 2 de la Ley General de prevención social de la violencia y la delincuencia, es el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir los factores de riesgo que favorecen la generación de la violencia y delincuencia.
En términos más específicos, cuando se habla de factores de riesgo, Hein (2004) hace referencia a la presencia de situaciones contextuales o personales que, al estar presentes, incrementan la probabilidad de desajustes adaptativos de la capacidad para contribuir y participar activamente en la sociedad, y señala los siguientes:
Gráfico 1.
Factores de riesgo asociados a la generación de comportamientos delictivos. Gráfico elaborado con información de Hein, A. (2004, p. 8-12)
La multiplicidad de orígenes de los factores de riesgo contribuye a la complejidad su estudio y prevalencia de determinados comportamientos problemáticos.
En esa línea, el programa sectorial correspondiente, es decir, el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (2014-2018) tiene por objeto atender los factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y la delincuencia; para efectos del programa mencionado, los factores de riesgo son aquellas situaciones de tipo individual, familiar, escolar o social que incrementan las probabilidades de que las personas desarrollen conductas violentas o delictivas:
Gráfico 2.
Factores de riesgo que el PNPSVD identifica, resaltando que la confluencia de ellos aumenta la probabilidad de cometer actos de violencia y delincuencia. Gráfico elaborado con información de Estados Unidos Mexicanos (2014a, abril 30).
Asimismo, se destaca que la combinación de varios factores de riesgo aumenta la probabilidad de cometer actos de violencia y delincuencia.
Por otra parte, el fundamento del programa de prevención social descansa en el enfoque de seguridad ciudadana, mismo que privilegia la participación ciudadana en la construcción de ambientes seguros a través de la prevención, además de entender la seguridad como un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado pero que a su vez, debe ser coproducido por todos los actores sociales.
A efecto de entender qué es la seguridad ciudadana, la fracción I del el artículo 22 del Reglamento de la Ley General de prevención social de la violencia y la delincuencia, así como el Programa mencionado exponen un concepto: “Seguridad Ciudadana - Obligación del Estado de garantizar la seguridad de la persona, actuando sobre las causas que originan la violencia, la delincuencia y la inseguridad”. Del concepto anterior se desprende que si los factores de riesgo incrementan las probabilidades de que las personas desarrollen conductas violentas o delictivas; entonces desde la perspectiva de seguridad ciudadana, se debe actuar sobre las causas que generan esos factores de riesgo.
En el 2013, el Instituto Mexicano para la Competitividad [IMCO] declaró que México era el tercer país con el mayor índice de piratería de software a nivel mundial, con una tasa de 57%, es decir, 1.5 veces la media mundial que era del 37%.
Para Aguiar (2010, p. 144), la piratería pone de manifiesto un conflicto de legitimidad en México, “donde la coexistencia de lo legítimo (de facto) y lo ilegal (percibido como derecho natural, reclamado como ilegitimidad lícita) da prueba de un orden legal maleable. Esto evidencia las imperfecciones de la autoridad política en el mantenimiento del estado de derecho”.
El estudio realizado por el CIDAC y la ACCM (2015) confirma lo expuesto; los resultados reflejan que existe una aceptación social generalizada hacia la piratería a pesar de que la mayoría de la gente sabe que es ilegal. La frase “es ilegal pero no grave” es, posiblemente, lo que mejor resuma el estatus que tiene la piratería en el imaginario colectivo. También se percibió la ineficiencia del Estado de Derecho y la ineficacia de las normas. Además, entre 40% y 63% de los entrevistados opinaron que la mayoría de la gente en México incurre en conductas ilegales o poco éticas.
La tolerancia al incremento en actividades ilegales o precursoras de ambientes de ilegalidad tiene sus orígenes en la creación de las ciudades y localidades (Secretaría de Gobernación [SG], 2011). A lo largo de la historia, los productores de bienes y servicios, y la población han trasgredido los marcos legales, pero también, los gobiernos lo han permitido por la corrupción, impunidad y aplicación discrecional de la ley.
México ocupa el puesto 95 a nivel mundial en el Índice de Corrupción 2015, según un estudio de Transparencia Internacional; entre los 34 países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos [OCDE], es el país que se percibe como más corrupto (Transparency International, 2015). De igual forma, se ubicó en el segundo lugar en un ranking de 59 países que conforman a la Organización de las Naciones Unidas [ONU], de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2015 (Fundación Universidad de las Américas Puebla, 2015).El programa de prevención social de la violencia y la delincuencia refiere que los entornos de ilegalidad deben ser considerados como un factor de riesgo, ya que promueven ambientes ilegales e ilegítimos que transgreden las leyes y normas que permiten la convivencia pacífica de la ciudadanía. Por lo tanto, la naturalización del espacio público como entorno ilegal ha permitido que la ciudadanía incurra en la compra y venta ilícita de artículos, y realice actos que no están permitidos por la legislación, lo que ha fomentado el consumo y reproducción de productos ilegales e impulsa la delincuencia y el uso de la violencia. El hecho que la sociedad considere común este tipo de prácticas implica que no se perciban los efectos negativos de éstas en las formas de convivencia y en el uso del espacio público, de tal forma que no se ha considerado necesaria la organización social para solucionarlas. La cultura de la ilegalidad se constituye en un factor precursor de la violencia.
Existe un doble discurso, por un lado se exige el combate a la ilegalidad, pero por el otro se practica un consumo y venta de artículos ilegales, aunado a la comisión de actos de corrupción.
La experiencia histórica demuestra que los desequilibrios económicos y en la distribución de bienes fomentan fenómenos como el de la piratería, así lo explican García y Piedras (2008), la que se manifiesta en diversas maneras dependiendo de la idiosincrasia de cada lugar; en algunos países desarrollados se tiende a una apropiación ilegal de bienes y servicios culturales más intensiva tecnológicamente, pero en México, la piratería es una cotidianeidad, algo que ha pasado a formar parte de la vida diaria.
Cuando se lee la piratería como un delito en materia de derechos de autor o propiedad industrial, se asume una postura disuasiva y disciplinar; el contexto se convierte en un asunto de acciones policiales, administrativas y penales con sus correspondientes impactos económicos. Cualquier propuesta de prevención irá encaminada a actuar sobre las causas del delito.
Por ejemplo, la Asociación Protectora de Cine y Música [APCM] informó que en 2014, la Procuraduría General de la República [PGR] llevó a cabo 1,500 operativos contra la piratería; se detuvieron a 58 personas, de las cuales 11 fueron consignadas. Por su parte, los jueces federales sentenciaron a 20 personas con penas de seis a siete meses de prisión y más de 5,000 días multa, equivalentes a $306,900 pesos.
En razón a lo antes señalado, se procedió a dar respuesta a la primera pregunta formulada:
• ¿Cuál es la lectura de la piratería desde el concepto de seguridad ciudadana en México?
Como ya se mencionó, en los términos del concepto referido en la fracción I del el artículo 22 del Reglamento de la Ley General de prevención social de la violencia y la delincuencia, la seguridad ciudadana es obligación del Estado de garantizar la seguridad de la persona, actuando sobre las causas que originan la violencia, la delincuencia y la inseguridad.
De la búsqueda del estado del arte se identificaron diversas posturas que explicaban en términos económicos, las causas de originan la piratería, vinculadas a la curva de la demanda, a la oferta, a la teoría de los juegos, incluso a la perspectiva del productor, del vendedor o del consumidor. Generalmente, la piratería se mide en términos de un negocio masivo, que se enfrenta a disyuntivas relacionadas con el desempleo, la desigualdad, la falta de solidaridad, entre otras; es un hecho que se encuentran involucradas cuestiones no sólo económicas, sino sociales, culturales y personales.
Ante la falta de consenso, partimos de la propuesta del Observatorio Mundial de lucha contra la Piratería [WAPO] de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] que explica que el fenómeno de la piratería tiene raíces de orden social, económico y legal. Entre sus causas se encuentran las siguientes:
Gráfico 3
Causas de la piratería. Gráfico elaborado con información de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] (s/f).
A las causas generales enunciadas por la UNESCO, se añaden las causas particulares identificadas en México.
Esquivel (2015) explica que conforme a la base Standardized World Income Inequality Database, y a la base de datos del Banco Mundial conocida como World Development Indicators, independientemente de la metodología empleada, ambas bases de datos coinciden en que México tiene un Coeficiente de Gini superior al promedio es de 0.373, por lo que se encuentra dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo.
Al respecto a lo anterior, desde la postura del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (2012) es la impunidad y no la marginación, el determinante de la violencia. De acuerdo a un estudio realizado por Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial [GMSI], en el 2010, las edades de quienes realizan actos contra los derechos de autor o la propiedad industrial oscilan en mayor porcentaje entre los 18 y 25 años (Vargas, I. 2011, abril 25). Y es precisamente, sobre este segmento de la población que en la Encuesta Nacional sobre Discriminación, en el apartado correspondiente a los jóvenes, se afirma que la falta de oportunidades de empleo y de experiencia son los principales problemas de la juventud en México (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación [CONAPRED], 2011). Por lo tanto, la inmersión en entornos ilícitos puede resultar atractiva ante la perspectiva de un mayor ingreso, en un menor tiempo con un menor esfuerzo. Pero los jóvenes no sólo fueron el grupo que más se dedicó a la venta de piratería; la ACCM (2011) apunta a que también son los mayores consumidores.
El CIDE (2015) revela que los patrones de consumo de los productos pirata no son homogéneos. Existen distintos perfiles de consumidores que desarrollan y procesan de diferente manera su decisión de consumir piratería. Otra distinción importante que señala CIDE se puede hacer entre piratería tradicional, que es el consumo de productos físicos (ropa, calzado, CD’s, DVD’s, juguetes, entre otros), y piratería digital (software, música y películas por internet).
Las características del grupo el grupo poblacional con mayor consumo de piratería son:
“En este grupo predominan personas de 15 a 34 años, con escolaridad alta, usuarios de internet y que cuentan con computadora en casa. Son personas solteras o que viven en unión libre y no tienen hijos. Hay un pequeño porcentaje dentro de este segmento que consiste en amas de casa. Las personas dentro de este grupo manifestaron haber comprado casi cualquier tipo de productos pirata y expresan que consumir piratería siempre es su primera opción. Es un grupo de jóvenes donde el factor aspiracional, y de sentirse con derecho a ciertos contenidos, está muy presente. Es un grupo que se caracteriza primordialmente por el consumo de piratería digital. En este grupo la motivación para consumir piratería se resume en la frase “tiene beneficios para mí”. El consumo de piratería aquí es un tema casi ideológico, donde las personas se sienten con derecho a no pagar por productos y servicios en línea”. (p. 40-41)
Estos son consumidores que no vinculan la piratería con consecuencias legales por parte de las autoridades, ni con consecuencias en su bienestar individual (a manera de pérdida de información, archivos y/o virus).
Cuando se lee la piratería desde una perspectiva de seguridad ciudadana, en los términos del concepto señalado en el programa de prevención social de la violencia y la delincuencia, debe abordarse desde la relación de los factores contextuales (individuales, familiares, grupales, educativos, comunitarios, sociales y culturales), de acuerdo al siguiente gráfico[1]:
Gráfico 4
Pirámide de la violencia. Factores de riesgo asociados a la violencia y delincuencia. Gráfico tomado de Estados Unidos Mexicanos (2014a, abril 30).
Es decir, la lectura de la piratería desde el concepto de seguridad ciudadana vigente en México gira en torno a la actuación sobre las causas que generan los factores de riesgo asociados a la violencia y la delincuencia; el contexto se convierte en un asunto multifactorial que debe abordarse a través de la prevención social.
En cuanto a la segunda pregunta:
• ¿Cómo se refleja el impacto económico de la piratería desde el concepto de seguridad ciudadana en México?
El 70% de la población sabe que la piratería tiene efectos negativos para el país aunque el 58% considera que no son grave (CIDE 2015).
Desde una perspectiva orientada a la seguridad pública, el impacto económico de la piratería se reflejará en las pérdidas que genera la comisión del delito para quienes poseen los derechos de autor o propiedad industrial y para el Estado. El CIDAC (2015) estimó que en 2014, la proyección del consumo de piratería alcanzó hasta 43 mil millones de pesos; este monto representó 28% más que el presupuesto total del 2015 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología [CONACYT]; 34 veces más que el presupuesto 2015 del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial [IMPI], y una pérdida recaudatoria de poco más de 6,000 millones de pesos por Impuesto al Valor Agregado (IVA).
El impacto económico de la piratería desde el concepto de seguridad ciudadana en México se reflejará en los factores de riesgo por los cuales se desarrolla la piratería, es decir, en sus causas; por ejemplo: la UNESCO identifica el precio elevado de los bienes culturales como una de las causas de la piratería; también hay que considerar a la pobreza y el desempleo como factores que contribuyen al consumo de piratería, con su correspondiente impacto económico multifactorial. En ese contexto, habría que analizar las causas por las hay más de 10 millones de personas con ingresos por debajo de dos salarios mínimos al día; que existen casi 30 millones de personas en la informalidad; y 4 millones que no reciben ingresos por el trabajo (Fuentes, M. 2013, febrero 19), lo que hace prácticamente imposible acceder a bienes culturales protegidos por derechos de autor o de propiedad industrial de manera lícita.
Además, en la lectura del fenómeno, es probable que deban tomarse en cuenta, entre otros, aspectos como la medición multidimensional de la pobreza, por ejemplo, en México el 9.8% de la población infantil y adolescente vivía en rezago educativo; 29.8% no tenía acceso a los servicios de salud; 64% no contaba con acceso a la seguridad social; 20% carecía de espacio y calidad en la vivienda, y prácticamente, el 30% no obtenía acceso a la alimentación. (Fuentes, M. 2013, febrero 19)
Sin embargo, no podemos dejar de lado las motivaciones ideológicas y aspiracionales de quienes participan en la piratería, tanto los que producen o venden, como los que consumen (CIDE, 2015); no todo se simplifica en razón al costo de los bienes culturales, el precio solo es una variable relevante en algunos contextos. Entender temas como la accesibilidad y disponibilidad de los productos pirata, así como el perfil del vendedor y el consumidor, además del tipo de consumo, es fundamental para identificar los impactos económico, sociales, incluso políticos.
Para concluir el presente trabajo exploratorio, cabe recordar que el propósito de la metodología aplicada no fue determinar cuál es la perspectiva correcta entre seguridad pública o seguridad ciudadana para dar lectura a la piratería. Se coincide con la postura de Solórzano, M; Ruíz, R; Chinas, D. y Vázquez, M. (2015) queda mucho por discutir respecto a la seguridad ciudadana en México y en consecuencia sobre la lectura de la piratería desde esa perspectiva.
El reto hacia la construcción de las sociedades del conocimiento, es lograr el equilibrio entre el progreso tecnológico y económico que aportan los procesos de creación relativos a los derechos de autor y de propiedad industrial, con el factor de cambio social que es inherente a la formación del licenciado en seguridad ciudadana.
Aguiar, J. (2010) La piratería como conflicto. Discursos sobre la propiedad intelectual en México en Íconos. Revista de Ciencias Sociales. Núm. 38, Quito, septiembre, [pp. 143-156], Ecuador: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
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[1] Pirámide de la violencia. Factores de riesgo asociados a la violencia y delincuencia. Gráfico tomado del Programa Nacional de prevención social de la violencia y la delincuencia. (Estados Unidos Mexicanos., 2014a, abril 30)
[a] Alumna de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, comisionada para la prestación del servicio social en modalidad no presencial (virtual) en el programa “Apoyo a proyectos de investigación” mediante oficio 184/SUV/2016A con fecha 20 de enero de 2016. Esta ponencia es producto del trabajo realizado durante la prestación del servicio social.
[b] Asesora del programa “Apoyo a proyectos de investigación” de la Licenciatura de Seguridad Ciudadana para la prestación de servicio social en modalidad no presencial (virtual).