La teoría de la transición: un análisis conceptual

“… y los jóvenes salimos a las calles a decir basta, fin a la transición política, empecemos a construir una democracia plena, verdadera, donde el Estado deje de ser… subsidiario… neoliberal y pase a ser verdaderamente garante, de derechos sociales, universales donde la ciudadanía pueda participar en la toma de decisiones…”

Camila Vallejo (2012)

Resumen

En este ensayo se critica el paradigma de la transición democrática que sirvió para explicar el cambio político de múltiples naciones a partir de identificar las anomalías que contiene como modelo explicativo. Luego, se discuten sus dimensiones de análisis para identificar y criticar su postura ideológica porque prescribe: un tipo ideal de Estado funcional para la economía de mercado; y una forma de igualdad entre ciudadanos limitada al derecho de votar. El principal objetivo consiste en identificar las anomalías del paradigma porque pretende establecer los elementos analíticos que permitan criticar el modelo explicativo alternativo de la Calidad de la democracia

Palabras clave:transición, ideología, Estado, calidad democrática.

Abstract

This paper looks at the paradigm of democratic transition that served in explaining political change in several nations starting from the identification of the anomalies of this paradigm as an explanatory model. The dimensions of analysis are discussed in order to identify and criticize its ideological position, which provides: an ideal type of functional state for the market economy, and a form of equality between citizens limited to the right to vote. The main objective is to identify the anomalies within the paradigm since we aim to establish the analytical elements that will allow the criticism of the alternative explanatory model of the Quality of democracy.

Keywords: transition, ideology, state, democratic quality



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Introducción

De alguna forma, cuarenta años atrás, la democracia representó un estado final deseable para un grupo numeroso de naciones. Entre otras cosas guió el esfuerzo de algunos de sus actores sociales para construir un estado final más satisfactorio que los alejara de las condiciones vividas en los países con algún grado de autoritarismo. Así, se vio en la democratización un camino para generar mejoras en las sociedades porque los regímenes/sistemas políticos de carácter autoritario perdieron su capacidad de mejorar las condiciones sociales de sus habitantes. Cuarenta años después, luego de la inundación de la tercera ola, la situación se revirtió. A principios del siglo XXI se percibe un desencanto generalizado, agudo y peligroso, porque se coquetea en algunos casos con el regreso a formas de organización antidemocráticas o formas tradicionales de organización sociopolítica.[1] Este proceso de transformación se explicó, en otros se prescribió, a partir del paradigma de la transición, que contenía algunas anomalías importantes.[2]



1. Conceptos clave de la tercera ola democrática en América Latina:

En este paradigma, la concepción de “tercera ola democrática” determina en gran medida su postura, características y pretensiones, por eso se inicia analizando sus diferentes componentes. Aunque, en general, nos referiremos a las reglas escritas (leyes positivas que garantizan el voto), donde se rigen las decisiones por el principio de mayorías, lo que implica la existencia de derechos civiles liberales y diversidad de opciones a elegir. En este sentido se entiende la “tercera ola democrática” en América Latina a través de un: “Conjunto de reglas fundamentales –normativamente consagradas, en un caso, efectivamente cumplidas, en el otro– que establecen quién está autorizado a tomar decisiones y cumple con: el involucramiento de la mayoría de la población adulta, el procedimiento de toma de decisiones se rige por el principio de mayorías y están garantizadas un conjunto de libertades básicas (de opinión, de información, de asociación, de reunión, etcétera) que permiten a los sujetos involucrados presentar y/o elegir opciones políticas definidas sin que medien sobre ellos mecanismos de coacción (Camou, 1992:56).

En la siguiente definición se incorpora la necesidad de un conjunto de instituciones encargadas de ofertar opciones a través de partidos políticos, con la oportunidad real de ser elegidos para gobernar, esto es en un sistema competitivo. En este sentido, Robert Dahl (1989:47) establece cinco principios básicos que debe establecer una democracia poliárquica: “participación efectiva, igualdad de voto, comprensión ilustrada, control de la agenda e inclusión de los adultos”. De manera que, se refiere a la democracia como un sistema político que facilita la oposición, la rivalidad y la competencia entre el gobierno y sus antagonistas a través de tres condiciones fundamentales: formular sus preferencias, manifestarlas y recibir igualdad de trato por parte del gobierno en la ponderación de las preferencias.



1.1 El concepto de “transición política”


A través de este concepto se describe e intenta explicar el proceso por medio del cuál se logra un cambio político. Idealmente implica un cambio de régimen/sistema político de carácter autoritario o semiautoritario (en todo caso no-democrático) a uno democrático: “Intervalo que se extiende entre un régimen/sistema político y otro, siendo su principal característica el hecho de que, durante la transición, las reglas jurídico-políticas del juego político no están plenamente definidas, incluso se hallan en flujo permanente y, por lo general, son objeto de una ardua contienda a efectos de establecer los espacios y procedimientos cuya configuración determinará los recursos que legítimamente pueden aplicarse en la arena política y los actores a los que se permitirá participar en ella” (Camou, 1992:57).

Una característica genérica, de países como México, España y las dictaduras militares consistió en el papel decisivo los actores que estaban en el poder. Estos controlaban institucionalmente el rumbo, el ritmo y tiempo a que estuvieron sujetos los procesos políticos, pues el gobierno era más fuerte que los actores de la oposición. El proceso excluía de forma sistemática la violencia como mecanismo de cambio, prescribiéndose como un modelo reformista basado en la negociación entre las élites.

De acuerdo a O’Donnell y Scmitter (1988), primero, se inicia con un proceso de liberalización que implica la redefinición y extensión de los derechos políticos, como: la libertad de expresión, asociación, privacidad e información. Por una parte se encuentran las demandas políticas y por la otra una concesión de las élites en turno. Por tanto, se otorgan derechos a través de pactos negociados, donde se estima su alcance y garantías. Para Robert Dahl (1971:15) esta etapa equivale al trato igualitario por parte del gobierno en la ponderación de preferencias: libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de voto, elegibilidad para el servicio público, derecho de los líderes políticos a competir en busca de apoyo, derecho de los líderes políticos a luchar por los votos, diversidad de fuentes de información, elecciones libres e imparciales e instituciones que garanticen que la política del gobierno dependa de los votos y demás formas de expresar las preferencias

Segundo, la democratización consiste en un proceso paralelo o bien en una eventual consecuencia de la liberalización, que implica la adquisición formal y operación de los criterios de la democracia contenidos en definiciones analizadas previamente: a) la cobertura de la ciudanía política, reducida al derecho de votar y ser votado extendida a la mayoría de los adultos, b) un sistema de representación donde el voto de cada ciudadano posee el mismo grado de influencia, c) se encuentran garantizadas las condiciones para ejercer el voto de forma libre, d) existe una diversidad de opciones entre las cuales se puede elegir y que cada una tenga la posibilidad real de ganar, e) la construcción de decisiones se rija por el principio de mayoría y f) que se garantice legalmente la protección de los derechos civiles y políticos de las minorías (Bobbio, 1996).



1.2 El concepto de “tercera ola”


Consiste en un movimiento social valorativo[3], en el que alrededor de treinta países de Europa del Este, América Latina, África y Asia, transitaron a la democracia a partir de la década de los setenta. El tipo de democracia construido a partir de este se limitó a los aspectos formales de la democracia. Ésta es una visión restringida de democracia: “el procedimiento principal de la democracia consiste en la selección de líderes a través de elecciones competitivas por parte de las personas gobernadas” (Huntingtón, 1990:18). La transición demandó: a) la formación o consolidación de la oposición de cada régimen no democrático, aunque quedaba excluida sistemáticamente la violencia; b) durante la transición de algunos países se permitió la agrupación extra partidaria de colectivos que demandaran la democratización, pero una vez pactada la alternancia de poderes se censura la participación de colectivos que no pertenecen a ningún partido político; c) luego de superar la etapa autoritaria los partidos políticos y los grupos colectivos no partidarios se enfrascan en demandas reformistas, es decir se pasa de la elección libre de quienes gobiernan a la demanda sistemática para administrar cambios legales una vez agotada la legitimidad de enfrentar a los autoritarios.



1.3 El concepto de “consolidación”


O’Donnell y Shmiter (1988) señalaron inicialmente que luego de las fases de liberalización y democratización seguía una fase de socialización o establecimiento de mecanismos sociales que impidieran alguna regresión. Las anomalías de este paradigma de la transición provienen justamente de la falta de consenso sobre este concepto. Por una parte la diversidad de posturas académicas al respecto provienen del mismo grupo original que se percataron de su inconsistencia: Huntington (1997), Linz y Stepan (1996) así como Morlino (1986). El primero sugiere establecer como criterio de consolidación la alternancia en el poder a través de los mecanismos democráticos formales y el mantenimiento de la competitividad del sistema de partidos. El segundo y tercero sugieren que sea aceptada, a pesar de sus inconvenientes, por la mayoría de los actores políticos la democracia formal como única opción de organización del régimen político. Es decir, que los grupos opositores acepten los resultados electorales, no generando crisis de magnitudes tales que los gobiernos de turno carezcan de legitimidad.[4]

Por su parte Morlino (1986) destaca la estabilidad del sistema electoral y de partidos para dotar de legitimidad las acciones de los grupos políticos de turno. Es decir, que se mantenga abierta la formación de nuevos partidos en un sistema competitivo, el cumplimiento del Estado de derecho y, sobre todo, la resolución de conflictos por medio de canales institucionales. Como se puede apreciar, las diversas posturas coinciden en señalar un criterio específico, como los acordados con respecto a la definición de democracia. En buena medida, esto se complicó en las regiones donde después de las dos primeras fases se estancó esta etapa final o deseable de acuerdo a la visión teleológica del paradigma.

En América latina el contexto socioeconómico de amplios sectores se caracteriza por la pobreza y la desigualdad. Este contexto supuso un serio cuestionamiento de las tesis de democratización y consolidación de la democracia en los países de América Latina. A estas controversias siguieron diferentes esfuerzos colectivos para explicar la falta de consistencia de la teoría de la consolidación democrática como paradigma explicativo. Surge así un nuevo intento de explicación de lo que ocurre con las democracias latinoamericanas, el de la calidad de la democracia.



2. El modelo ideal de Estado y las dimensiones de la democratización


En lo que sigue aclararemos algunos elementos vitales del paradigma de la transición, porque probablemente sea ahí donde se aloje la explicación de unas anomalías, que luego son reproducidas por la teoría de la calidad democrática y las investigaciones que la tienen en cuenta.

En primer lugar, cabe señalar el hecho que el Estado democrático, en nuestras sociedades, se diseñó en términos reducidos, adquiriendo una organización específica mínima. Se trata de una forma estatal de pequeñas dimensiones, donde el monopolio legítimo de la coacción física no se encuentra a discusión, y la transición se ubica en un nivel de negociación pacífica de los cuadros administrativos vigentes y la oposición, que sirve para aceptar como criterio de integración a las elecciones. No se trató de eliminar la forma estatal vigente durante la transición, más bien de reformarla, para adquirir los mecanismos formales democráticos.

Además se aceptó que la reforma implicara ese Estado mínimo o reducido, diferente al configurado en la etapa previa, la de los años setenta, la del bienestar. Con ello llegaron nuevas formas de gestión y técnicas administrativas para su funcionamiento: descentralización, privatización, profesionalización, así como reducción de capacidades económicas y disciplina presupuestaria que supuso el abandono de responsabilidades sociales como el combate a la pobreza y desigualdad.

Enseguida, este paradigma concentro sus esfuerzos en explicar la democratización, o incluso prescribirla a partir de dimensiones claramente asumidas: política, económica y social.

Política, tanto la definición de democracia como su proceso de transición (liberalización, democratización y consolidación) se dieron en el ámbito exclusivo de la esfera política, es decir, sólo a nivel de régimen político. La estructura institucional del Estado reformó lo requerido para implementar un sistema electoral y de partidos competitivo, representativo, funcional y estable, con apego a la ley. Fuera de esta esfera se negó la inclusión de otro tipo de temas.

Económica, donde se obstaculizó sistemáticamente la inclusión de democratizar las relaciones entre capital y trabajo. Prácticamente se pretendió separar esta esfera de la política. Por eso, cuando se acota la democracia a una forma de gobierno, se niega toda posibilidad de extenderla al orden social. Para Polanyi (1944)[5], el fundamento democrático se sustenta en la posibilidad de participar libremente en las decisiones públicas que afectan a los dos componentes que limitan la conducta del hombre en sociedad: poder político y económico.

Social, si bien se excluyó sistemáticamente el tema económico, el social también. En este sentido, se consideró en este modelo que estas dos esferas se democratizarían automáticamente al adquirir mecanismos de elaboración de decisiones formales. Su lógica de operación implicó asumir que las democracias políticas eran una cosa ajena a los otros procesos, que los autoritarismos o semiautoritarismos eran los responsables de los problemas sociales y económicos, por tanto eliminarlos solucionaría la desigualdad históricamente normada.



3. Postura ideológica y noción de igualdad


La parte central explicativa de la separación entre las esferas política, económica y, en general, social obedece a la postura ideológica en torno al modelo económico de mercado autorregulado. La forma mínima de Estado implica la aceptación de los presupuestos teóricos de la economía clásica, según la cual el mercado opera en condiciones favorables sólo si se respetan las leyes de la oferta y la demanda. Por tanto, cualquier intervención artificial altera el funcionamiento natural de esta Institución. En palabras de Samuel Huntington: (1989:6) “La democracia no puede coexistir con una economía de planificación centralizada”. Por tanto, el Estado debe desempeñarse estrictamente en su esfera, la estrictamente política.

Adicionalmente, la reforma del Estado emprendida en la década de los ochenta coincidió con la tercera ola e incluyo, cuatro ámbitos: político, que tendía hacia la democratización; económico, de tipo neoliberal; administrativo, al que se reducía su tamaño en aras de la eficacia y eficiencia; y legal, que servía para integrar las normas del nuevo marco de acción, que sustituía al anterior. Consecuentemente, la reforma hacia afuera incluyó diferentes dimensiones, pero en su interior se negó que existiera algún vínculo entre ellas. Es decir, la igualdad estrictamente política, reducida a la capacidad de votar y ser votado, funcionó como un mecanismo ideológico que el Mercado estableció al amparo de los grupos dominantes que ocupaban los puestos clave del Estado, impidiendo que se dieran mediaciones estatales efectivas, a través de la regulación de los mercados, entre Mercado y Sociedad. Lo que tuvo como consecuencia que los procesos democratizadores no incidieran, como se esperaba, en las desigualdades socioeconómicas históricas que sufren los países latinoamericanos.

Aceptar que cada esfera obedece a lógicas distintas permite justificar y explicar la convivencia entre democracia, pobreza y desigualdad. Pero presenta dificultades, no sólo de orden ético sino también de objetividad teórica. Y es que la negación de las conexiones entre las tres dimensiones apuntadas, que sólo se sustenta desde un componente ideológico, es uno de los elementos más importantes de la crítica al paradigma de la consolidación democrática. La importancia creciente otorgada a la conexión de estos tres ámbitos dio lugar a nuevos modelos explicativos, y puso de manifiesto el agotamiento de la teoría de la consolidación, que era incapaz de conectar aquéllos en sus presupuestos, y que por tanto ocultaba los entrelazamientos de unas esferas que definen la democracia de una forma más global, al tanto que específica.

El tipo de democracia considerado por la teoría de la consolidación contiene dos inconvenientes: el primero, se produjo durante el movimiento de la “tercera ola”, y viene definido por el “desencanto” hacia la democracia de los actores sociales. Al respecto Graciela Medina (2005:183) apunta “Para los que esperaban un cambio radical, el desengaño fue inmediato; pero para la mayoría, el desencanto se fue gestando con el desenvolvimiento progresivo de la democracia, cuando ésta mostró sus limitaciones, y se desvaneció la expectativa de que a través de ella se accedería a un estado ideal de justicia y equidad”.

Segundo, la apropiación como proyecto deseable, en México y los países involucrados en la “tercera ola”, no fue casual, sino el resultado de una inducción ventajosa por parte de actores internacionales, de ahí que la discusión sobre las democracias políticas se redujera invariablemente al tópico de las transiciones. Esta versión de la democracia, predominante en nuestros países, se comenzó a elaborar –bajo la influencia teórica de Shumpeter–, bajo los auspicios de la Comisión Trilateral, -a la que pertenecías destacados académicos de Estados Unidos, Francia y Japón-, en plena crisis de los estados benefactores, y a través del financiamiento de la Fundación Rockefeller. En esta Comisión participaron académicos conservadores como: Michel Crozier, Samuel Huntington y Joji Watanuki[6]. Su objetivo manifiesto fue desacreditar la economía del Estado de bienestar y promover una de libre mercado basado en los supuestos teóricos clásicos de la oferta y la demanda.

Una de las principales recomendaciones que realizaron los autores de la Comisión Trilateral fue la de restringir los alcances de la democracia. Al respecto, la esfera social y económica se separaban de la esfera política, pero está quedaba a cargo de los mecanismos de coacción social que beneficiaran al Mercado, órgano regulador de lo económico y de lo social.

La estrategia señalada multiplicó el conflicto y acabó con la paz social vinculada con los estados del bienestar, aunque éstos no se llegaron a fracturar del todo, por la permanencia de solidaridades colectivas que iban en dirección contraria a los dictados individualizantes del mercado. El proceso conllevó un aumento del asociacionismo colectivo y de movimientos sociales que se articularon en torno a exigencias de: igualdad social, protección estatal ante las fuerzas del mercado, aspectos de derechos sociales y de protección de la naturaleza.

Por último, Rafael Farfán (1996:19) indicó que esta forma entender la democratización asumió una postura ideológica que se oculto en sus pretensiones de objetividad: “el equipo de investigadores encabezado por Guillermo O’Donnell, y así surgió lo que, al paso del tiempo, se ha convertido en un <<modelo>> descriptivo y prescriptivo del cambio político referido sobre todo a países que guardan las peculiaridades de Argentina, Brasil, Uruguay y Chile”.



Conclusiones

El modelo alternativo de interpretación del cambio político predominante en las últimas décadas del siglo XX, o de los efectos generados por la transición, se conoce como calidad de la democracia. Cuyo origen se encuentra vinculado a los mismos autores del paradigma de la transición y la consolidación democrática. Además, sus esfuerzos se pueden entender como un intento manifiesto para enmendar las anomalías de dicho modelo explicativo y se encuentran motivadas a las manifestaciones de inconformidad de grupos de actores respecto de la democracia formal.

Por tanto, se pude esperar que sus presupuestos teóricos y metodológicos alberguen la misma intención: legitimar la continuidad de un tipo de Estado para extender longevidad del tipo de economía de mercado autorregulado. Probablemente, la postura ideológica sea reproducida en el mismo sentido, el de mantener dislocadas las dimensiones social y económica, de la política. Por eso mismo, se requiere de una serie de posturas analíticas y críticas para mantener bajo la lupa, el uso social que se le dé a este nuevo paradigma.

Bibliografía


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Crozier, Michel, Huntington, Samuel y Watanuki, Joji, (1975), The Crisis of Democracy. Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission, Nueva York: New York University Press.
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Smelser, Neil, (1995), Teoría del Comportamiento Colectivo, México, FCE.
Vallejo, Camila (2012), Discurso frente a los estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana campus Xochimilco, en junio, México, D.F.



[a] Maestro en Gobierno, Gestión y Democracia por el Colegio de Tlaxcala. Estudiante del doctorado en Ciencias Sociales, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. <<

[a]Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor-investigador del Área Académica de Ciencias Políticas y Administración Pública del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. <<


[1]Cherán en 2011 estableció una forma de gobierno autóctono integrado por un Consejo comunal semejante al consejo de ancianos purépecha. Esta medida incluye una prohibición a cualquier forma liberal de intervención o promoción partidista de estas instituciones con presencia en la región: Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Acción Nacional (PAN). En palabras de los pobladores de la región, estos partidos dividieron a las pequeñas comunidades en secciones de presencia partidista. Una vez iniciada la movilización en busca de autonomía se desarrollaron formas de asociación comunitaria para organizarse políticamente y combatir el crimen organizado y la deforestación de sus recursos. <<

[2]La noción de anomalía expuesta por T. Khun (1995:92) implica el reconocimiento de que en cierto modo, el hecho estudiado, ha violado las expectativas inducidas por el paradigma, en este caso el de la transición. En seguida, se produce una exploración más o menos prolongada de la zona de la anomalía, que sólo concluye cuando la teoría del paradigma ha sido ajustada, de tal modo que lo anormal se haya convertido en lo esperado. La asimilación de un hecho de tipo nuevo exige un ajuste más que aditivo de la teoría; y en tanto no se ha llevado a cabo ese ajuste, el nuevo hecho no es completamente científico, en este caso el de calidad de la democracia. <<

[3]Neil Smelser (1995) definió a la democracia como un movimiento social de tipo valorativo por ser un esfuerzo colectivo para restaurar, proteger, modificar o crear valores en nombre de una creencia generalizada, en este caso la democracia liberal representativa. Por valor entiende el estado final deseable que actúa como guía del esfuerzo humano, para la construcción de un estado final más satisfactorio que el vigente. Algunos de los rasgos establecidos como predominantes en los movimientos sociales valorativos son: a) puede buscar formar una unidad política o someter por la fuerza a una autoridad de un orden vigente para sustituirla; b) formar un grupo colectivo no precisamente político, sino sólo que sea perdurable dentro de un sistema por un tiempo determinado; c) desaparecer aquellas condiciones de represión por las cuales fuera la causa de dicho movimiento que podrían derivar en otro tipo de movimiento, por ejemplo normativo. <<

[4]Claudio Holzner (2007:70) indica, por ejemplo, para el caso mexicano una transición concluida con la alternancia del partido de gobierno en el nivel federal, a nivel de titular del ejecutivo: “Este cambio democrático culminó en el año 2000 con la derrota del PRI en las elecciones presidenciales”. En este caso se indica la culminación de la etapa de liberalización y democratización, así como el inicio del periodo anhelado de los impulsores de este tipo de democracia: la consolidación. Así se sabe, para el caso mexicano, la fecha de inicio de la misma, claro está, de acuerdo a este autor. <<

[5] Su concepto de democracia, en opinión de Javier García Sánchez (1998:710), representa un esfuerzo por estructurar la idea de democracia económica. Su propuesta consiste, básicamente, en trasladar los principios democráticos de igualdad y libertad, de la política a la economía. Mediante el voto democrático se deben elaborar las decisiones sobre la asignación del trabajo, así como de la producción. “En este caso, las decisiones sobre qué producir, a qué precios, y en qué cantidades, no serían tomadas de un modo automático por el mecanismo de mercado, fruto del afán de ganancia de los empleadores, sino mediante métodos democráticos, que subordinarían las decisiones a los intereses de la comunidad” <<

[6]Estos tres miembros son autores de la siguiente frase, contenida en el octavo informe de la comisión titulado La Crisis democrática. "En el curso de los últimos años el funcionamiento de la democracia parece haber provocado un desmoronamiento de los medios clásicos de control social, una deslegitimación de la autoridad política y una sobrecarga de exigencias a los gobiernos... De igual modo que existen unos límites potencialmente deseables de crecimiento económico, también hay unos límites deseables de extensión democrática. Y una extensión indefinida de la democracia no es deseable...” (1975). <<