El informe Política, dinero y poder. Un dilema para las democracias de las Américas, constituye uno de tres informes que, con relación al espinoso tema de la influencia del dinero en la política, publicó entre 2004 y 2011, la Organización de los Estados Americanos, en colaboración con el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.
Pero a diferencia de los otros informes, Política, dinero y poder consiste en un trabajo más acabado en términos teóricos y empíricos, ya que el informe: Financiamiento de los partidos políticos en América Latina, publicado también en 2011, presenta más bien un diagnóstico respecto al tema, en los 18 países de la región, considerando además sus posibles implicaciones en el funcionamiento de la democracia (Gutiérrez y Zovatto, 2011); mientras que el informe: De las normas a las buenas prácticas. El desafío del financiamiento político en América Latina, publicado en 2004, consiste en un diagnóstico inicial de carácter comparativo a nivel regional y subregional (Centroamérica, Región Andina y Cono Sur) respecto al mismo tema del financiamiento político a los partidos, pero basado en una identificación de los tipos y las formas de control del financiamiento existentes en los diferentes países latinoamericanos (Griner y Zovatto, 2004).
En cambio, el informe que aquí se reseña, supone incluso un esfuerzo mayor en términos de la definición de un marco conceptual y teórico adecuado al tema de la relación: política-dinero. De ahí que el principal planteamiento del informe consista en señalar que esa relación no supondría una simple abstracción, sino también un hecho real debido a la lógica de los intereses que la determinarían.
En ese sentido, más que referirse puntualmente a los contenidos de los seis capítulos que constituyen el informe, entre los cuáles cabría destacar, sin embargo, el tercer capítulo: “Dinero, política y democracia”, que fue redactado por Adam Przeworski, conviene exponer una visión del conjunto del documento, en la medida en que es en las conclusiones generales en donde radica la virtud del informe.
Así, con base en una diversidad de datos cuantitativos, que constituyen el insumo fundamental de los informes globales, el documento refiere “el poder, la política y el dinero como un triángulo que tendría un peso decisivo en las democracias”. Dicho de modo igualmente ilustrativo, la democracia aparecería en el centro de ese triángulo, por lo que éste no solamente sería decisivo sino también determinante en el funcionamiento de la democracia, máxime si el problema del dinero en la política se encontraría relacionado con las desigualdades y la concentración del ingreso en pocas manos en una región que sería considerada como la más desigual del planeta. En esas condiciones, la concentración de riqueza tendría como correlato la concentración de poder y ello supondría la posibilidad de que la voluntad del pueblo llegue a ser desvirtuada, la competencia electoral alterada y las decisiones políticas, al nivel del Estado, definida por la influencia de los más poderosos. El principio un ciudadano un voto aparecería en ese sentido como incompatible con la concentración de la riqueza, lo que provocaría la fragilidad de la democracia o el constante peligro de su legitimidad.
El problema de la relación dinero-política-poder sería más complejo aún en la medida en que en ningún país de la región los gobiernos escaparían a la influencia de quienes ejercerían poder sobre el dinero, tal como en el capítulo: “Dinero, política y democracia” señala Przeworski: “debido a las condiciones de desigualdad existiría una dependencia estructural de los gobiernos hacia los agentes privados o poseedores de dinero, lo cual supondría un vínculo inevitable entre democracia y mercado, y la persistencia de la desigualdad”.
En función de ese entendido, aunque el informe realmente no se lo propone de manera explícita, la relación política-dinero-poder es referida a través de tres escenarios fundamentales: el ámbito del financiamiento político, el ámbito de la influencia política y el ámbito de la competencia política.
En primer lugar, en cuanto al ámbito del financiamiento político, el informe establece que debido a las condiciones estructurales de la región, la participación de los agentes privados como financiadores políticos constituiría una inevitabilidad. Este tipo de financiamiento derivaría además de la necesidad de protección de los intereses privados, por lo que en un sentido más profundo, la influencia no dependería ni del color ni de la ideología del partido, ya que tanto la izquierda como la derecha no tendrían la posibilidad de escapar a esa influencia. En ese sentido, tres serían las instancias en las cuales se produciría dicha influencia: los periodos de campaña electoral, el lobbying político y el diseño de las políticas públicas. Por tanto, el resultado de esa infiltración de intereses privados sería la falta de cumplimiento de promesas de los políticos, la ausencia de discrecionalidad en la administración de la cosa pública y la protección de intereses mediante agendas políticas que tenderían a beneficiar a los financiadores o “padrinos políticos”. Por esos motivos, el ámbito del financiamiento político constituiría uno de los primeros escenarios de corrupción política, pues entre los financiadores no se encontrarían únicamente grupos empresariales, quizá los agentes privados más visibles, sino también narcotraficantes, grupos del crimen organizado y “círculos extremadamente reducidos de donantes”.
Por ello, el informe distingue el financiamiento lícito del financiamiento ilícito; sin embargo, a ambas formas se las identifica como igualmente tendientes a la corrupción política. En el primer caso, porque el financiamiento lícito fomentaría el clientelismo, los gastos inflados en propaganda, la promoción de obra pública, etc.; y en el caso del financiamiento ilícito, su control resultaría prácticamente imposible sobre todo debido a la carencia de mecanismos universales frente a la forma particular de funcionamiento de ese tipo de financiamiento.
En segundo lugar, en cuanto al ámbito de la influencia política, éste estaría íntimamente relacionado con el anterior, por lo que la presencia del financiamiento político ocurriría en la campaña electoral, el lobbying político y el diseño de las políticas públicas. En ese sentido, los poseedores de dinero intentarían definir el rumbo de la política y ello sería perceptible a partir de las acciones que asumirían los diferentes gobiernos. Sin embargo, como en el anterior escenario, dar cuenta de quienes financian y la forma en la que influyen sería un hecho completamente sombrío y difícil de comprobar, pese a la existencia de evidencias innegables que incluso se esparcirían a través del vox populi. La falta de datos supone en ese sentido otra limitante para la acción efectiva sobre los intereses privados y sus influencias en las decisiones políticas de los gobernantes.
Ese no sería precisamente el caso de la competencia política, que en tercer lugar supondría el escenario más importante en la identificación de la relación: dinero, poder y política. No sería así, porque la competencia electoral sería susceptible de regulación a través del financiamiento público de las campañas. Sin embargo, visto el escenario de la competencia política a través de la financiación y la influencia política, también resultaría sombrío debido a que la competencia electoral sería el ámbito fundamental de la influencia de los grupos con poder económico, especialmente a falta de financiamiento público de las campañas. Y aunque fuera así, la influencia en este nivel constituiría una necesidad por el hecho de que quienes compiten en las elecciones tenderían a excluir de sus decisiones y su agenda política aquellos temas que podrían provocar el rechazo de los dueños del capital; de ahí que los resultados de las elecciones sean importantes para los intereses privados y sus representantes procuren su amistad con los partidos buscando incidir en los resultados de las elecciones.
Por ello, los grupos de poder económico intentan influir en la definición de los programas políticos de los partidos, cooperar en la movilización de los electores, financiar los gastos de logística, e incluso buscan insertar a sus representantes en las listas de candidatos. Pero más que profundizar en esos aspectos el informe se concentra sobre todo en la relación que se establecería entre los medios de comunicación privados y el Estado, debido a que éste controlaría recursos que los primeros desearían tener. En ese sentido, la relación Estado-medios de comunicación se convertiría en un problema de difícil solución, en la medida en que el Estado mantendría un control discrecional de recursos fundamentales para la economía de los medios, lo que derivaría en la constitución de un “clientelismo mediático” por la relación de conveniencia que se produciría entre ambos actores.
Sin embargo, a falta de datos y evidencias reales de un tema que es considerado de antemano como muy difícil, el informe dice ofrecer simples deducciones de los temas que se refieren a lo largo del documento. Pero a pesar de la ausencia de evidencias, el propio informe aduce que es posible afirmar el financiamiento, la influencia y el rol competitivo de los grupos con poder económico, debido a que ello se ha llegado a constituir como un verdad incluso vulgarmente propagada.
El informe plantea así una serie de recomendaciones destinadas a limitar o reducir la influencia del dinero en la política mediante una cuenta bancaria única, un límite global y sobre cada donación; la acreditación de un tesorero único, la prohibición de los aportes del Estado, la repartición de bienes públicos, con base en un sistema mixto; la prohibición o restricción de avisos pagados, el fortalecimiento del organismo electoral, la transparencia, las actividades pedagógicas y culturales en la sociedad civil y la regulación del lobby y el cabildeo políticos.
Sin embargo, siguiendo al propio Przeworski para quien no todo dependería de procedimientos regulatorios, el propio informe señala que el problema del dinero y de los intereses que éste representa no dependería únicamente de las reformas legales que incrementen la regulación, sino también de los “instrumentos democráticos de la transformación social”; vale decir, de los políticos, los partidos, el Estado y las organizaciones sociales.
De cualquier forma, el informe apuesta hacia correctivos sobre los efectos del dinero en la política y no hacia las causas; es decir, el informe apunta hacia el control y no hacia la rectificación o transformación de las condiciones estructurales a las que reconoce contradictoriamente como determinantes de la corrupción política, del debilitamiento de la democracia y de la falta de respeto a la voluntad popular. Y resulta indudable que los correctivos legales tampoco constituyen la vía para alterar las condiciones estructurales que hacen que el dinero se convierta en un problema en la medida de la existencia de las desigualdades, quizá por eso el informe se satisface con algo que dice Przeworski que tomándolo muy en serio parece imposible, y tomándolo como broma parece muy buena: “Quizá en vez de regular sería más eficaz implementar mecanismos con los cuales la gente pobre pudiera unir sus recursos a fin de contrarrestar la influencia de los ricos”.
Gutiérrez, Pablo y Daniel Zovatto [coordinadores] (2011), Financiamiento de los partidos políticos en América Latina. México: IDEA-OEA-Universidad Nacional Autónoma de México.
Griner, Steven y Daniel Zovatto [editores] (2004), De las normas a las buenas prácticas. El desafío del financiamiento político en América Latina. Costa Rica: OEA, IDEA.
Organización de los Estados Americanos (OEA) (2011), Política, dinero y poder. Un dilema para las democracias de las Américas. México: OEA-Fondo de Cultura Económica-Instituto Federal Electoral-Agencia Española de Cooperación Internacional-International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
[a] Profesor investigador adscrito al Área de Ciencias Políticas y Administración Pública, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.