El trabajo de mujeres en el Censo Agropecuario 2022

Introducción

Los estudios sobre el trabajo de las mujeres rurales en México han abordado su relevancia para las economías de los hogares, las comunidades y las regiones desde la década de 1990 (González, 1999) . Desde una mirada antropológica, se han investigado las implicaciones del trabajo doméstico remunerado y no remunerado en comunidades rurales, para visibilizar las violencias e inequidades de género y caracterizar los sistemas de opresión económica y social (Blanco y Pacheco, 2005) . Los estudios cualitativos han aportado información sobre el trabajo de mujeres frente a la

reestructuración económica que experimentó el país desde la década de 1990 y las estrategias de reproducción social implementadas para lidiar con la austeridad como la intensificación del tiempo de trabajo remunerado y no remunerado de mujeres, particularmente entre las más pobres (Arizpe y Botey, 2014; Benería, 1992; Chant, 1994; García, 2005).

Para proveer sustento, los hogares diversificaron estrategias: la emigración masculina, el jornaleo femenino y la maquila fueron de las primeras alternativas (Wilson, 1993). La reestructuración de los mercados industriales y agrícolas también demandó trabajo de mujeres rurales en cultivos de exportación, parques industriales y en la maquila a domicilio (González, 1999) . En consecuencia, desde 1990, los ingresos de los hogares rurales mexicanos se diversificaron y ganaron relevancia los ingresos no agrícolas: 67.4% de las mujeres rurales estaban inmersas en este tipo de actividades (Appendini, 2007; Garay, 2014).

La ocupación laboral de las mujeres se triplicó frente a la masculina del 2000 al 2020 (Contreras et al., 2023) . La reorganización del trabajo no se limitó al contexto doméstico y en los últimos 30 años, la participación de mujeres rurales en el trabajo remunerado es activa, heterogénea y se caracteriza por la pluriactividad (Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria [Cedrssa], 2016). Las mujeres rurales se emplean en el sector servicios, el jornaleo, trabajan en la parcela, bordan, venden artesanías y algunas de ellas son propietarias de unidades de producción y dirigen empresas colectivas rurales (INEGI: Resultados definitivos del Censo Agropecuario, 2023) .

Los estudios antropológicos de corte cualitativo proveen una mirada compleja del trabajo de las mujeres para esclarecer los desafíos estructurales que enfrentan y las estrategias que podrían resultar exitosas para lidiar con ellos (Soto-Alarcón y Sato, 2019; Cruz-Torres, 2012; Riaño y Okali, 2008). Mientras que las estadísticas censales y en particular; el Censo Agropecuario, provee una mirada panorámica del trabajo de las mujeres y de la diferencia de género en aspectos tan relevantes como la propiedad de la tierra, el acceso a medios de producción y a programas gubernamentales, que desde la década de 1990 han sido estudiados como variables que inciden en el nivel de vida de las mujeres y sus familias, sean propietarias de la unidad de producción o trabajadoras (Agarwal, 1997; Deere, 2011; 2020).

El objetivo de este artículo es analizar el trabajo de las mujeres rurales con datos del Censo Agropecuario del año 2022 considerando la propiedad de las unidades de producción, superficie y el acceso a programas públicos. También se analiza la mano de obra contratada diferenciada por sexo en la unidad de producción y la brecha de las remuneraciones entre hombres y mujeres a nivel estatal. El análisis de estas variables diferenciadas por género esclarece las condiciones estructurales que enfrentaron las mujeres en el campo entre octubre de 2021 y septiembre de 2022. A continuación, se presenta el marco metodológico para distinguir la relevancia de los datos censales, las variables, la organización y el análisis implementado. Seguido de la presentación y discusión de resultados.

Metodología

A partir del primer Censo Agrícola-Ganadero y el primer Censo Ejidal, desde 1930, México genera datos estadísticos respecto de la producción agrícola y ganadera del país. Se han aplicado instrumentos para la recolección de estos datos con una periodicidad de diez años de 1930 a 1991. Posteriormente, el Censo Agropecuario se llevó a cabo en el año 2007 y el siguiente levantamiento ocurrió entre el año 2021 y 2022. Es decir, hubo una brecha de quince años entre los últimos datos censales. Esta diferencia destaca la relevancia del Censo Agropecuario del 2022 (CA, 2022) ya que, durante este periodo, ocurrieron cambios sustanciales como las políticas de ajuste estructural, el cambio de las políticas hacia el campo y la transición de la propiedad social que impactó en las condiciones de las unidades de producción rural.

El Censo provee las estadísticas más actualizadas sobre las características económicas, tecnológicas, ambientales y sociales de las unidades de producción agrícolas, ganaderas y forestales de México. El periodo de recolección de datos comprendió de octubre de 2021 a septiembre de 2022. El principal interés consistió en analizar la producción, el tamaño de las unidades de producción y su estructura, además de su distribución geográfica (CA, 2022 Metodología, pág.2). Este Censo es la única fuente del país que muestra las características del campo y del sector agropecuario y forestal en todo el territorio nacional con altos niveles de desagregación, toda vez que proporciona datos por unidad de producción, por municipio, regiones y microrregiones; por cultivo, especie pecuaria y especie forestal; por ciclo agrícola; por tipo de agricultura, entre otros. Finalmente, el Censo provee información sobre el 98.61% de la superficie con uso y vocación agropecuaria y forestal (INEGI, Resultados definitivos, CA, 2022) .

Las unidades de producción agrícola, pecuaria, agropecuaria y forestal conforman las unidades de observación censal. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la “unidad de explotación agropecuaria consiste en una unidad económica bajo una gestión única, que puede administrar ganado, tierra, agricultura y puede tener una o varias parcelas”. La gestión de esta unidad puede estar administrada por una persona o más, por un hogar o conjunto de hogares, por una comunidad, un clan, entre otras formas de organización. Estas parcelas pueden colindar o estar separadas; sin embargo, comparten la gestión de la producción, por ejemplo: administran coordinadamente la mano de obra, edificios agrícolas, maquinarias o animales de tiro (CA, 2022). De acuerdo al Censo, la unidad de producción agrícola, pecuaria, agropecuaria y forestal puede estar integrada por terrenos con determinada extensión de tierras y se emplean como sinónimos de lotes, predios y parcelas. El CA del año 2022 clasifica a las unidades de producción como grandes, medianas y pequeñas bajo los criterios de extensión de la superficie y capacidad de producción. Para el presente estudio se consideran únicamente las unidades de producción con actividades agropecuarias y se dejan fuera del estudio las unidades de producción forestal y el cuestionario ampliado que investiga las dinámicas de las grandes unidades de producción. La delimitación del estudio responde al objetivo de presentar una mirada panorámica de la diferencia de género, por ello se centra en la unidad de producción agropecuaria que representa el 45.9% del total de la superficie dedicada a actividades agrícolas, pecuarias y forestales (Resultados definitivos CA, 2022). La Unidad de producción agropecuaria presenta al menos un cultivo agrícola y una especie ganadera albergada en sus terrenos.

Resultados

• Principales cambios entre 2007 y 2022

De los 196.3 millones de hectáreas (ha) que posee la nación, 191.7 corresponden a espacios rurales y 4.6 representan centros de población, cuerpos de agua y otros lugares con características geográficas particulares. Respecto del Censo Agropecuario del 2007, se observó que la superficie agrícola disminuyó para el 2022, ya que pasó de 29,902,092 a 29,806,776 ha, es decir, dejaron de tener vocación agropecuaria 95,316 ha en quince años.

También se detectó que el 74% de la superficie agrícola depende del temporal y solo el 26% tiene acceso a riego. Sin embargo, la superficie irrigada aumentó respecto del Censo Agropecuario del 2007, pues pasó de 5,310,622 a 6,683,986 ha; es decir, la irrigación llegó a 1,373,364 ha adicionales.

La mayor parte de la superficie cultivada se destina a la siembra de maíz blanco (28%). A pesar de la disminución en la superficie sembrada, la producción de granos básicos se ha mantenido durante quince años. En el año 2007 se produjeron 35.1 millones de toneladas respecto de las 34.6 millones cosechadas en el 2022. Por otro lado, se ha incrementado la producción de cultivos industriales; en 2007 se produjeron 50.8 millones de toneladas, mientras que para el 2022 la producción fue de 64.1 millones de toneladas; estos cultivos comprenden la caña de azúcar, el algodón, el agave, el café y la soya (Resultados definitivos, CA, 2022).

• La diferencia de género en las Unidades de Producción Agropecuarias del CA, 2022

El censo reportó 5,194,342 unidades de producción con vocación agropecuaria, de las cuales 89% están activas y 11% en descanso. En los últimos quince años la presencia de las mujeres en el ámbito productivo rural disminuyó, pues en el 2007 el 19.7% de las unidades de producción estaba bajo la responsabilidad de una mujer, mientras que para el 2022 este dato fue del 16% en promedio nacional. Sin embargo, en algunas entidades federativas se observa mayor presencia de las mujeres como propietarias de unidades de producción; se ubican principalmente en el centro y sur del país (ver Tabla 1).

Tabla 1

El acceso a la tierra es fundamental para las actividades agropecuarias. La tenencia de la tierra no solo habilita la producción agrícola, sino que también constituye una fuente de negociación dentro del hogar; diversos estudios han investigado su relevancia en latitudes muy diferentes (Agarwal, 1997; Deere, 2011).

En los resultados del CA 2022 se observa que las unidades de producción lideradas por hombres poseen el 87.68% de la superficie con vocación agropecuaria, mientras que las mujeres poseen el 12.32% del total de la superficie, como promedio nacional.

En las entidades con mayor porcentaje de superficie con vocación agropecuaria como Chihuahua (posee el 15.53% de la superficie), las unidades de producción bajo responsabilidad de las mujeres con acceso a la tierra sólo representan el 8.83%. En la Tabla 2 se observan las entidades en donde las mujeres, como jefas de las unidades de producción, tienen acceso a tierra por encima del promedio nacional. Destacan Querétaro, Tabasco y México.

En la Gráfica 1 se observa que el 58% de las unidades de producción lideradas por una mujer poseen tierra ejidal, aunque con menor superficie, 39% del total. La propiedad privada representa el 27.88% de las unidades de producción encabezadas por mujeres y tiene acceso al 55.16% de la superficie.

Las entidades en donde las mujeres tienen mayor acceso a tierra comunal son Quintana Roo (96%) y también poseen mayor superficie (93%), seguido de Sinaloa, en donde el 84% de las unidades de producción lideradas por mujeres están localizadas en tierra ejidal y poseen el 73% de la superficie disponible para las mujeres de dicha entidad. Otra forma importante de tenencia de la tierra es la privada, cuya superficie en manos de mujeres productoras es del 55%. Las entidades con mayor porcentaje de superficie de este tipo de tenencia son: Chihuahua (81.78%) y Sonora (87.98%).

Tabla 2

El CA del 2022 también proporciona información sobre el acceso a programas de fomento de la producción agropecuaria. En el caso de las unidades de producción encabezadas por mujeres, solo el 37.81% reportó tener acceso a algún programa público. El programa con mayor presencia nacional fue “Producción para el Bienestar”, que benefició al 72.05% de las unidades de producción lideradas por mujeres con acceso a programas públicos. Este programa busca mejorar la producción de granos, caña de azúcar, café, cacao, nopal y miel de abeja. El apoyo es anual y varía acorde con el tipo y modalidad de cultivo, así como con la superficie. El segundo programa con mayor presencia fue “Fertilizantes para el Bienestar”, que benefició al 20% con la entrega gratuita de fertilizantes y, en tercer lugar, el programa de “Sembrando Vida” (15.76%), cuyo objetivo es cubrir las necesidades alimentarias de las y los campesinos. Sembrando Vida otorga apoyos económicos, monetarios y en especie a personas mayores de edad que habitan en localidades rurales, cuyos municipios se encuentran con niveles de rezago social y que poseen terrenos con una extensión de 2.5 hectáreas disponibles para trabajarlos bajo un proyecto agroforestal. Para el 2025, este programa tuvo una cobertura de 1,139,372.5 ha en 24 entidades del país (https://programasparaelbienestar.gob.mx/produccion-para-el-bienestar/).

En la Tabla 3 se observan las entidades en donde las unidades de producción lideradas por mujeres reportan mayor acceso a programas públicos.

Tabla 3

En cuanto al acceso a tecnología, a nivel nacional el 57% de las unidades de producción dirigidas por mujeres emplean semilla criolla, 18% semilla mejorada, 8.72% semilla certificada o registrada y 1.54% semillas genéticamente modificadas. Las entidades con mayor empleo de semilla criolla por parte de las unidades de producción encabezadas por mujeres son: Zacatecas (81%), Chihuahua (76.97%) y Nuevo León (75.92%).

La semilla mejorada tiene menor presencia en las unidades de producción encabezadas por mujeres. Jalisco y Morelos son las entidades que presentan mayor porcentaje (40% y 32.5% respectivamente). La semilla certificada se emplea principalmente en Sonora (66%), Sinaloa (55%) y Baja California (58%). En la Tabla 4 se observan las entidades en donde las unidades de producción lideradas por mujeres presentan mayor porcentaje en el uso de abonos naturales, animales de tiro o yunta y en la rotación de cultivos. Este tipo de prácticas agrícolas son consideradas más saludables para los suelos desde una perspectiva agroecológica (Altieri y Toledo, 2011) .

Tabla 4

En la Tabla 5 se observan las entidades en donde las mujeres como propietarias de la unidad de producción emplean tecnología agrícola de origen químico mayor al promedio nacional.

Tabla 5

Mientras que en la tabla 6 se presentan aquellas unidades de producción dirigidas por mujeres con empleo de técnicas de origen orgánico.

Tabla 6

En lo que respecta al acceso a instalaciones, el CA 2022 informa que en promedio nacional solo el 8.19% de las unidades de producción encabezadas por mujeres tienen acceso a bodegas o almacenes, mientras que el 16.21% posee graneros, silos o patios para resguardo de cosecha. Las instalaciones como desfibradoras, secadora, empacadoras, cuarto frío u otro tipo de instalaciones están presentes en menos del 0.20% de las unidades de producción bajo dirección de una mujer.

• Diferencia de género en el trabajo remunerado a nivel estatal

Otra manera de analizar el trabajo de mujeres se refiere al empleo remunerado. La Gráfica 2 ilustra la participación porcentual de las mujeres en el trabajo agropecuario, distinguiendo entre mano de obra remunerada y no remunerada. El resultado más notable es que, casi en todas las entidades federativas, el porcentaje de participación femenina es mayor en el trabajo no remunerado. Esto sugiere que una gran parte de la contribución laboral de las mujeres al sector se da en el contexto de la unidad familiar, sin una compensación económica directa, sosteniendo la producción a través de roles a menudo invisibilizados en las estadísticas económicas tradicionales.

Se observan importantes variaciones regionales. Por un lado, estados como Baja California (33.4%) y Baja California Sur (32.6%) muestran los porcentajes más altos de participación femenina en el empleo remunerado, lo que podría estar asociado a estructuras agroindustriales con una demanda específica de mano de obra jornalera femenina. Por otro lado, entidades como Campeche (3.3%), Quintana Roo (1.5%) y Tabasco (2.6%) registran los niveles más bajos, evidenciando mercados laborales agropecuarios predominantemente masculinos en el ámbito formal. En contraste, estados como el Estado de México (36.6%), Querétaro (31.9%) y Puebla (31.5%) presentan los mayores porcentajes de mujeres en trabajo no remunerado, subrayando la intensidad de la contribución femenina al sostenimiento de las unidades de producción familiar en el centro y sur del país.

La Gráfica 3 expone la brecha salarial de género para la mano de obra jornalera, calculada como la diferencia porcentual entre el pago diario promedio de hombres y mujeres. Los datos muestran que, en 27 de las 32 entidades federativas, los hombres reciben una remuneración diaria superior a la de las mujeres. La brecha es especialmente pronunciada en estados como Nuevo León, donde los hombres ganan en promedio un 52.2% más que las mujeres, seguido por Guanajuato (49.9%) y Aguascalientes (46.0%). Estos hallazgos apuntan a una desvalorización sistémica del trabajo femenino en el mercado jornalero.

Un resultado particularmente llamativo emerge en cinco estados, donde la brecha salarial se invierte: Oaxaca (-26.3%), Puebla (-26.1%), México (-17.3%), Quintana Roo (-14.3%) y Campeche (-1.8%). En estas entidades, el pago diario promedio reportado para las mujeres jornaleras fue superior al de los hombres. Si bien este es un hallazgo descriptivo que no permite establecer causalidad, constituye un punto fundamental para futuras investigaciones, que podrían explorar si este fenómeno se debe a la especialización en ciertos cultivos, a dinámicas de mercado locales o a posibles sesgos en la autodeclaración de la información.

Discusión

Al examinar las unidades de producción con vacación agropecuaria bajo responsabilidad de las mujeres, se encuentra que ha disminuido su presencia y trabajan en condiciones de desigualdad respecto de sus pares masculinos. Estos hallazgos son consecuentes con la literatura sobre la diversificación de actividades y el crecimiento de los ingresos no agrícolas en los hogares rurales (Cedrssa, 2016; Garay, 2014). Las condiciones que enfrentan las mujeres como productoras refuerzan esquemas desiguales de género ya que tienen menor acceso a activos productivos, por ejemplo, poseen solo el 12% de la superficie con vocación agropecuaria, y en particular tienen mayor presencia en la forma de tenencia ejidal, en donde prevalecen patrones de sucesión patriarcal documentada en diversos estudios de caso (Deere y León, 2004; Deere, 2011; Vázquez, 2001). En Quintana Roo y Sinaloa las mujeres productoras tienen mayor acceso a la tierra ejidal y el mayor porcentaje de superficie de propiedad privada en manos de mujeres se observa en Chihuahua y Sonora.

El acceso a programas de apoyo para las unidades de producción encabezadas por mujeres también es limitado, pues solo el 37.81% de las dueñas de unidades de producción tienen acceso a algún apoyo gubernamental. El programa con mayor cobertura es “Producción para el Bienestar”, seguido de “Fertilizantes para el Bienestar” y en tercer lugar “Sembrando Vida que llega al 15.76% de las unidades de producción lideradas por mujeres. Destacan Quintana Roo y Guerrero como las entidades en donde más mujeres dueñas de la unidad de producción acceden a este tipo de programas.

En cuanto al acceso a tecnología, el CA 2022 indica que el 57% de las unidades de producción encabezadas por mujeres emplean semilla criolla, mejorada o genéticamente modificada. Las técnicas agroecológicas como abonos verdes, yunta y rotación de cultivos son aplicadas en el 27.34%, 16.14% y 6.57% de las unidades de producción respectivamente, donde las mujeres son responsables. Baja California Sur destaca entre las entidades con mayor uso de abonos verdes entre las mujeres productoras. En general, el uso de tecnologías de origen orgánico y el acceso a instalaciones más sofisticadas como empacadoras, desfibradoras u otro tipo de maquinaria para almacenamiento y tratamiento postcosecha son más limitados entre las unidades de producción lideradas por mujeres.

Al analizar el trabajo de las mujeres como trabajadoras, se observa la existencia de una brecha salarial a favor de los hombres en la gran mayoría del país; esto no es un fenómeno aislado, sino el reflejo de estructuras de desigualdad profundamente arraigadas en el mercado laboral rural. La disparidad puede estar vinculada a una segregación ocupacional, donde hombres y mujeres son asignados a diferentes tareas que son valoradas económicamente de forma distinta, incluso si requieren un esfuerzo similar. Actividades consideradas "femeninas", a menudo relacionadas con la cosecha de frutas y hortalizas que requieren mayor destreza manual, pueden ser sistemáticamente peor remuneradas que aquellas asociadas a la fuerza física, tradicionalmente asignadas a los hombres.

El hecho de que la participación femenina en el empleo remunerado sea minoritaria en la mayoría de los estados (con una media nacional por debajo del 50%) y que este trabajo sea peor pagado sugiere la existencia de una doble barrera para las mujeres rurales. La primera es el acceso al mercado de trabajo asalariado y la segunda, una vez dentro, es la obtención de una remuneración equitativa.

El hallazgo de una brecha salarial a favor de las mujeres en estados como Oaxaca y Puebla no invalida la tesis de la desigualdad, más bien la complejiza y señala la agenda de investigación de este trabajo. Una posible explicación es que, en estas regiones, la demanda de mano de obra para cultivos específicos (posiblemente hortalizas o productos de exportación) valora particularmente las habilidades atribuidas a las mujeres, generando nichos de mercado donde su trabajo es mejor compensado. Sin embargo, también es crucial considerar si este fenómeno es generalizado o se concentra en periodos estacionales cortos, lo que no garantizaría una estabilidad económica a largo plazo.

Conclusión

El trabajo de las mujeres es un pilar fundamental en el sector agropecuario; sin embargo, en los datos censales destaca el desigual acceso, uso y manejo de activos cruciales como la tenencia de la tierra, la tecnología (de origen químico y orgánico) y los programas de gobierno cuya finalidad es potenciar la producción. Aunque entidades como Puebla y Tabasco presentan el mayor porcentaje de unidades de producción en manos de mujeres (25%), en la mitad de las entidades, las unidades de producción lideradas por mujeres son de apenas 12% y sus condiciones de tenencia de la tierra, tecnología y apoyos gubernamentales son precarias.

Cuando el análisis se realiza sobre el empleo remunerado y no remunerado en las unidades de producción con vocación agropecuaria, se detecta cómo el trabajo de las mujeres se invisibiliza, ya que su contribución se concentra abrumadoramente en el trabajo no remunerado; esta condición perpetúa su dependencia económica y subestima su aporte real a la producción.

Cuando las mujeres logran acceder al trabajo asalariado, enfrentan una significativa brecha salarial. En la mayoría del territorio nacional, su trabajo es remunerado por debajo del de sus contrapartes masculinas, evidenciando una discriminación económica que limita su autonomía y bienestar.

La desigualdad de género en el campo no es homogénea. Las marcadas diferencias entre entidades federativas, tanto en participación laboral como en remuneración, demuestran que las dinámicas de género interactúan con las estructuras productivas y los mercados laborales locales. Los casos atípicos donde las mujeres reciben un mayor pago promedio merecen una investigación a fondo, ya que podrían contener claves sobre las condiciones bajo las cuales el trabajo femenino es mejor valorado.